El arte de cambiar las noticias.

Haciendo un paréntesis en la novena de aguinaldos y previo a la fecha en que para muchos cambiara de ciclo la tierra de acuerdo al calendario maya, quiero realizar una reflexión sobre algunos hechos recientes:

1-El saldo positivo por los festejos del campeonato de Millonarios:” El general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, calificaron de "altamente positivo" el balance en materia de seguridad, en la noche de celebración del título número 14 de Millonarios…”Durante la jornada se registraron tres homicidios. Al referirse a uno de ellos, el General Martínez manifestaba" Al parecer un hombre fue atacado con arma blanca por unos hinchas, porque la víctima llevaba un buzo de color rojizo. Hay dos personas indiciadas en este hecho de intolerancia", ….. Igualmente, se registraron 1.400 riñas en toda la ciudad, 1.299 personas fueron conducidas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) -cerca de 500 cerca del estadio- y 12 personas resultaron heridas. Otro asunto que destacó la Policía tuvo que ver con la incautación de 61 kilos de pólvora dentro del estadio, aunque Martínez descartó que el material haya entrado por los filtros de seguridad….. Así mismo, 1.794 establecimientos públicos fueron cerrados por violar la ley seca.” (El Tiempo, 17/12/12). No pudieron controlar el acceso de pólvora al estadio, 1794 propietarios de establecimientos infringieron la ley seca, hubo 1400 riñas, 1300 detenidos, un muerto por llevar un “buzo de color rojizo” y estos es celebrado por el Director de la Policía Metropolitana. Difícil encontrar un mejor ejemplo de un FALSO POSITIVO. El Tiempo titulo está noticia como “Policía y Distrito destacan buen comportamiento tras final de fútbol.” Clarín en Argentina titulaba una nota sobre la misma noticia de la siguiente manera: “Trágico festejo de los hinchas de Millonarios”

2-Las conexiones de Interbolsa con el Gobierno: ¿Qué ocurriría si uno de los mayores aportantes a la campaña de Petro fuera accionista y Presidente de una sociedad de bolsa que entró en liquidación por manejos irregulares? ¿Qué pasaría si el Secretario de Hacienda del Distrito hubiera sido miembro de la Junta Directiva de esa sociedad hasta antes de ingresar a su cargo? ¿Se les tendría la misma consideración que al Presidente Santos y al exministro Echeverry? Pueden imaginarse los editoriales de El Tiempo llenos de “indignación patriótica” pidiendo explicaciones y exigiendo retiros de cargos mientras se realizan investigaciones.

3-Por el caso de Santo Domingo defendió a Colombia un abogado que solo tenía experiencia como litigante en Consultorio Jurídico: Los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los cuales es acusada Colombia tienen mínimas probabilidades de ser fallados a favor del Estado. Lo que resulta cuando menos divertido es que el ahora apoderado del Estado en estos litigios, el doctor Rafael Nieto Loaiza, experto en derecho internacional  jamás había ejercido la profesión de abogado hasta que intervino ante la CIDH en los alegatos finales del caso Santo Domingo. Su tarjeta profesional es la número 217.564, la cual debe encontrase en inmaculado estado pues debe tener menos de un año de expedición. En honor a la verdad debe indicarse que es posible que en el Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana hubiera reunido la experiencia necesaria para realizar estas actuaciones a nivel internacional.

4-El cambio de 360 grados en las basuras de Bogotá. Tres meses hablando única y exclusivamente del cambio en la recolección y manejo de las basuras en Bogotá  para que después de dos días de iniciado en “nuevo servicio”, el Alcalde contrate a los “monopolios explotadores” de Lime. Aseo Capital y Ciudad Limpia para continuar prestando el servicio.  Y faltan tres años de ideas innovadoras.

Una Feliz Navidad y un exitoso 2013. 

El desacato y los malos ejemplos.

El reconocimiento de un juez que dirime los conflictos entre los particulares o entre éstos y el Estado después de la realización de un juicio en el cual las partes han tenido la oportunidad de presentar los argumentos que fundamentan sus solicitudes, implica el reconocimiento y aceptación de la decisión que adopte sobre los asuntos puestos a su consideración. Este principio aplica a las relaciones entre Estados cuando han acordado mediante un Tratado que sus diferencias sean resueltas por una Corte ajena a ambos.  En un país de abogados no debería costar mucho conocer este principio básico.  Sin embargo, las reacciones al fallo de la Corte Internacional de Justicia –CIJ- en el litigio con Nicaragua demuestran que nos encontramos más cerca del estado de naturaleza de lo que podríamos creer.

La mayor parte del litigio (2001-2012) transcurrió durante la presidencia de Alvaro Uribe, quien se ha convertido en uno de los principales promotores del desacato a lo que ha denominado el “fallo del despojo”. En su opinión, la única sentencia admisible era aquella que acogiera la posición colombiana, razón por la cual, un fallo contrario no tiene cabida dentro del orden jurídico. Está posición tiene un mayoritario respaldo ciudadano. Debido a lo anterior, el presidente Santos que considera cosa juzgada la parte favorable del fallo y error la desfavorable indica que no cumplirá el mismo hasta que no se garanticen los derechos de los colombianos en el lugar. Por su parte, una de las preocupaciones de la Canciller Holguín es el porvenir de la  reserva de biosfera Seaflower calificada por la Unesco en el año 2000 como de importancia global y que ahora tendrá un porcentaje importante en Nicaragua, que ha expresado su intención de explotar petróleo, situación que pondría en peligro al reserva que Colombia ha protegido, como es su costumbre en temas ambientales. (Los ríos Magdalena y Bogotá son muestras de la rigurosa política en la materia). Algunos analistas indican en que la falla en la representación de Colombia en La Haya consistió en que el Excanciller Londoño no vivió durante los once años del litigio en la sede de la Corte, situación que le otorgó ventaja a los representantes nicaragüenses que si lo hicieron y pudieron trabajar un mejor lobby que los colombianos. Como el que las hace, se las imagina, existe en el imaginario la idea que la justicia allí es igual a la interna en la cual entre almuerzos y juergas se “cuadran” fallos.   Como consecuencia del fallo, el país se retiró del Pacto firmado por los Estados Americanos en abril de 1948 en las ruinas de de Bogotá después de asesinato de Gaitán que otorgaba competencia a la CIJ para resolver conflictos entre Estados y de esa manera evitar posibles litigios internacionales. Adicionalmente, el gobierno cambió de abogados y contrato nuevos expertos para que lo guíen en las decisiones que debe tomar en adelante, siendo que las  mismas se resumen a dos opciones: cumplir o no el fallo de la CIJ.

Más allá de lo que ocurra finalmente con la nueva delimitación marítima impuesta por la CIJ, está posición contraria al acatamiento a un fallo emitido por un juez por considerarlo la parte vencida injusto y contrario a derecho llega en un momento bastante inoportuno. En 2013 deberán acelerarse e incrementarse los procesos e restitución de tierras de la ley estrella del Gobierno Santos y cobra plena vigencia la ley 791 de 2002 que cambió la prescripción extraordinaria de bienes inmuebles, para lo cual solo se requieren 10 años de posesión para adelantar ante un juez un proceso de pertenencia. En otras palabras, se ventilaran en los juzgados procesos que involucran el derecho de propiedad y más de un propietario sobre el cual recaiga una sentencia en contra podrá calificar la misma de contraria a derecho y equivalente a un despojo. Puede ser el comienzo de una institución informal: El desacato al fallo judicial por la injusticia del contenido de la sentencia valorado por el perjudicado. El impacto de este tipo de conductas solo puede ser analizado con el transcurso del tiempo. Un recuerdo: 1- Hace 16 años terminaba en la Cámara de Representantes el proceso contra el Presidente que recibió recursos del narcotráfico para su campaña en medio de la absolución lograda gracias a las dádivas entregadas a sus jueces. Hace 8 años la representante Yidis Medina cambiaba  sorpresivamente su votó en la Comisión de la Cámara de Representantes y el proyecto de modificación a la Constitución para permitir una reelección se volvía incontenible. Hace menos de una semana, la reelección de Ordoñez se logró por la votación de 80 senadores, cuarenta de los cuales se declararon impedidos a votar por su “cercanía” al candidato ganador, sin embargo los impedimentos fueron rechazados por el resto de sus colegas. Lo que antes se ocultaba, ahora es público y dejó de ser pecado.

La única parte positiva del fallo es que los funcionarios del Gobierno y los demás ciudadanos al menos por unos días sabemos dónde quedan San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla. 

Nicaragua y la lección del vanidoso.

Cuando el 6 de diciembre de 2001, el presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán radicó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Colombia donde reclamaba la soberanía de las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas y cayos vecinos, la noticia fue recibida con inusitada tranquilidad en el país.

Guillermo Fernández de Soto, Canciller de la época manifestaba que: “Colombia se encontraba preparada desde hace tiempo para enfrentar una demanda de este tipo….Teníamos muchas informaciones, muchas evidencias que nos llevaron a comprender que la demanda por parte de Nicaragua sería inevitable y por supuesto que estamos preparados, listos para defender los intereses y los derechos legítimos de Colombia.” (El Tiempo, diciembre 6 de 2001)  Primera conclusión: La demanda no fue una sorpresa para el Estado colombiano.

Desde ese momento fueron recurrentes los análisis sobre la favorabilidad de la posición colombiana debido al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, la continuidad del ejercicio de la soberanía en las áreas en disputa jamás reñido por la contraparte, situación que en algunas casos llevó a que se vendiera la idea de una posición invulnerable.  Por lo anterior, en esos primeros días se informaba que la única diligencia pendiente era notificarse de la demanda, para lo cual se solicitaría que el Embajador en Holanda de la época, el diplomático Telesforo Pedraza realizara tal gestión.

Colombia presento unas excepciones preliminares en la cuales indicaba que la CIJ carecía de competencia para dirimir la demanda debido a la existencia de un Tratado previo suscrito por ambas naciones y vigente a la fecha. Muy al estilo de un proceso en Colombia, a los seis años fueron falladas las excepciones preliminares propuestas y en diciembre de 2007 se daba a conocer a las partes la decisión, no sin antes haberse hecho públicas declaraciones del presidente Daniel Ortega en las cuales ponía en alerta a la temible marina nicaragüense para hacer respetar por cualquier vía la posición de su país en el mar Caribe.

El Comunicado de la Cancillería de diciembre 13 de 2007, dice en algunos de sus apartes: “"La Corte Internacional de Justicia admitió las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el sentido que no tiene competencia para conocer la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia en lo que respecta a la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuanto este asunto fue resuelto por el Tratado Esguerra - Barcenas de 1928. La Corte también rechazó las pretensiones de Nicaragua sobre la pretendida nulidad del Tratado, que venía sosteniendo hace varias décadas….En efecto, Nicaragua sufre un revés fundamental en su posición ya que siempre pretendió que el Archipiélago de San Andrés le pertenecía y que el tratado Esguerra-Bárcenas supuestamente era nulo e inválido…” Más adelante, se informaba como algo secundario que: “La Corte se declara competente para estudiar el asunto de la delimitación marítima y lo referente a la composición del resto del Archipiélago.”

En el desarrollo de las noticias de esos días se informa que: “Fuentes diplomáticas colombianas consultadas por EL TIEMPO señalaron además que en este momento "Colombia está segura de que todo está impecablemente bien hecho y que no hay discusión frente a nada". Guillermo Fernández de Soto quien fue Embajador ante el Gobierno de Holanda y coagente ante la CIJ al contestar una entrevista de Yamid Amat,  afirmaba: “Lo que demuestra el fallo es que la estrategia jurídica asumida por Colombia desde hace años ha sido la acertada.”,  Sobre las manifestaciones de alegría de contraparte indicaba que: "Solamente las puedo entender como una justificación a la pérdida de la principal reivindicación de Nicaragua. Ese país ha tenido un grave traspié porque lo que fue desde hace muchos años su aspiración histórica, de quedarse con el archipiélago de San Andrés y con todas sus áreas marítimas, la ha perdido. Así como también la frustración de no lograr que la Corte declarara la nulidad del Tratado. Esas dos aspiraciones marcan un camino para cualquier efecto futuro de lo que podría ser un pronunciamiento de la Corte en materia de jurisdicción marítima. Por lo tanto, no pueden estar muy contentos. Por el contrario, Colombia se siente muy satisfecha de que, en las excepciones de competencia, la Corte haya reconocido su soberanía sobre el archipiélago.” Segunda Conclusión: La decisión de la CIJ que resolvió de manera parcialmente favorable las excepciones propuestas fue tomada como un triunfo de la posición colombiana y se considero como un anticipo de la decisión de fondo, por aquello que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

El 17 de noviembre pasado, el Excanciller Julio Londoño  Paredes,Jefe del Equipo de Defensa de Colombia en el proceso con Nicaragua, en un tono triunfalista previo al fallo afirmaba en entrevista con Edulfo Peña y Luis G. Forero para el diario El Tiempo: “Nicaragua, infortunadamente, es un país camorrero…. La sentencia del 2007 ha sentado doctrina y debe entenderse como una circunstancia jurídica que no se puede rebasar? Claro. La Corte ya dijo hasta dónde llegaba el archipiélago. Entonces la Corte tiene que basarse en lo que dijo: llega hasta el meridiano 82. Por lo tanto,necesariamente, Nicaragua está abocada a lo que la Corte dijo. ¿Se descarta que Nicaragua asuma otro alegato igual o peor de absurdo y lo lleve a La Haya, si no queda satisfecha ahora? A La Haya no, porque para la Corte Internacional de Justicia será cosa juzgada, de tal manera que sería un suicidio. Pero Nicaragua advirtió al inicio de las audiencias y después del fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007, que se reservaba el derecho de poder reivindicar sus derechos en otras instancias, que no dijo cuáles eran. En derecho, ¿qué instancias quedan? Pues yo no veo ninguna posible, pero cualquier cosa es posible para un país que les niega la vigencia de los tratados a los vecinos. Yo no veo que Nicaragua tenga opciones diferentes, a pesar de que así lo declaró en mayo en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia. La CIJ es el máximo tribunal del mundo, entonces es cosa juzgada.” Tercera Conclusión: Nunca fue elaborado un Plan B para una decisión contraria a los intereses colombianos debido a que fue una opción descartada desde el año 2007.

El discurso del Presidente Santos en el que reconoce la parte favorable del fallo como cosa juzgada y rechaza la parte negativa a los intereses colombianos como fruto de un error es un inmejorable ejemplo del significado del término incongruencia. Si en el Mundial de 1994 fuimos campeones antes del inicio de la competecia, en el caso del litigio con Nicaragua se celebró un fallo favorable antes de la existencia del mismo. Desde el momento en que Colombia aceptó la competencia de la CIJ para este litigio internacional se comprometió a respetar la sentencia que emanara de esa Corte.  Parece que aprendimos tarde que los  abogados más peligrosos son aquellos que  garantizan a su cliente una victoria.  

Justicia selectiva: De DMG a Interbolsa

En mayo de este año la Fiscalía solicito nuevamente al gobierno uruguayo la extradición de la esposa de David Murcia Guzmán con la finalidad de que responda en el proceso que por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir le ha iniciado el ente acusador en Colombia.(Mientras eso ocurría con la esposa de Murcía, el fiscal Pabón encargado del caso Nule en épocas de la Fiscal Morales  tramitaba visados de las esposas y familiares de los miembros del clan para resguardad su seguridad) Es el último episodio de la actuación de las autoridades colombianas relacionado con el escándalo de DMG. El cerebro de la pirámide había sido capturado en Panamá gracias a una “operación internacional” liderada por el General Naranjo. Junto con su principal socio y  su asesora jurídica fueron extraditados a Estados Unidos. Los miles de defraudados que entregaron su dinero a la espera de que fuera multiplicado de manera milagrosa apenas recibieron una irrisoria cantidad que no llegó  a un salario mínimo legal mensual. Las indagaciones sobre la vinculación de DMG con sectores políticos se limitaron al proceso contra Francisco Rojas Birry, situación que  no le impidió cumplir su periodo en la Personería de Bogotá durante la nefasta administración de Samuel Moreno en la cual dicho ente jamás se enteró de la existencia de irregularidades en la contratación del Distrito. En otras palabras, cumplió a cabalidad sus funciones y justificó con lujo de detalles su elección. Nunca fueron siquiera interrogados los exprocuradores y abogados que diseñaron la maraña legal que permitió la estafa colectiva. Mientras eso ocurría, el único miembro del staff de DMG de estrato seis no fue extraditado, pagó una mínima condena y salió rápidamente de la cárcel debido a su eficiente trabajo como barrendero del penal.

El tratamiento recibido por el relacionista de DMG que no fue extraditado puede dar una idea del trato que recibirán los responsables de la  debacle de la firma Interbolsa. A pocas horas de haberse iniciado la toma de posesión de la entidad, el Presidente Santos declaraba que "Las personas que tienen inversiones a través de esta firma, en acciones o en bonos o en cualquier papel, esas inversiones no se van a perder. Esas inversiones simplemente se trasladan a otra firma comisionista….Lo sucedido a Interbolsa le puede suceder a cualquier empresa porque se toman decisiones equivocadas, no se planea bien el flujo de caja y se tienen problemas de liquidez"  Era claro hasta ese momento que Interbolsa no necesitaba invertir recursos en abogados, pues de oficio el Presidente de la República se había convertido en el suyo justificando lo ocurrido, como algo de todos los días. Santos ha hecho carrera por su facilidad en emitir juicios y lanzar anuncios que se anuncian en la primera página de su diario y luego son desmentidos por los hechos. (Basta recordar las ruedas de prensa sobre los históricos y billonarios desfalcos en la Dian y la Salud que no terminaron en nada…o bueno si,  con la designación en la Fiscalía del abogado que representaba al mayor operador de la salud en Colombia).  Debido a los hallazgos encontrados por la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de la entidad. En los diferentes medios de comunicación comenzaron a filtrarse noticias sobre los manejos de los recursos depositados en la entidad. Para cualquier analista despistado o  estudiante de derecho primíparo, los anteriores hechos ameritaban que la Fiscalía General de la Nación comenzará a  realizar averiguaciones sobre la comisión de posibles delitos. Para el Fiscal General no. Se fue de puente festivo y apenas el pasado martes 13 de noviembre, en un arranque de suspicacia visitó al Superintendente Financiero para estudiar la posibilidad de indagar la existencia de algún delito. La liquidación de la firma y la pérdida de algunos activos será el único castigo para sus propietarios, por demás, algunos de ellos generosos donantes  a la campaña del actual presidente. La actuación inicial de la cabeza del poder ejecutivo y del encargado de investigar los delitos en el país hace presumir que ocurrirá con esas investigaciones: Nada. El Procurador en proceso de reelección anuncia investigaciones, situación que debe alarmar a los funcionarios de la Superintendencia Financiera, pues nada raro tendría que después de todo esto la culpa recaiga sobre algunos empleados de carrera por cualquier cargo sin conexión con los hechos. Quedan dos lecciones: Una: Mientras o de DMG era un pirámide, lo de Interbolsa un “problema de iliquidez, por inadecuado manejo del flujo de caja”. La forma ordinaria y la manera elegante de describir una estafa. Dos: Una vez más se confirma que la justicia es para lo de ruana (o cola de caballo, en este caso).Mientras tanto, los juzgados completan más de un mes sin atención al público por la reclamación salarial de los funcionarios judiciales. Por la demora de cualquier proceso, pareciera que en paro están desde hace varios lustros.

El eterno paro judicial

El proyecto Doing Business del Banco Mundial que se encarga de realizar una medición de las regulaciones para hacer negocios en 185 países ha entregado la edición 2013 y en ella Colombia ocupa la posición  45, siendo el cuarto país de América Latina y el Caribe por debajo de  Chile (37), Puerto Rico (41) y Perú (44).

Uno de los aspectos que analiza el informe es el relacionado con el cumplimiento de los contratos, para lo cual observa cómo evoluciona una disputa judicial por  actividades comerciales y cuánto es el tiempo, costo y número de procedimientos requeridos desde que un abogado interpone una demanda hasta que se produce el pago.  Con relación al número de días que puede demorar está actuación en Colombia, estima son 1346, lo cual lo ubica como el séptimo país de mundo más lento en la resolución de conflictos llevados ante autoridades judiciales, superado solo   por India, Bangladesh, Guatemala, Afganistán, Guinea-Bissau y Suriname, respetivamente.

Coincide la publicación de este informe con el cese de actividades  de los funcionarios de la rama judicial que completa un mes. El cumplimiento de un parágrafo de la ley  4 de 1992 que menciono algo relativo al ajuste de salarios de funcionarios de la justicia de manera abstracta se convirtió en un derecho adquirido incontrovertible, cuyo cumplimiento exige Asonal Judicial. El acuerdo impulsado por las partes establece compromisos presupuestales superiores al billón de pesos para el próximo lustro con la finalidad de finiquitar el asunto. Nada se menciona de los tres millones de procesos retrasados[1] , la mora crónica de los juzgados y su inexistente atención. Quien tenga el infortunio de acudir como parte a un proceso judicial podrá comprobar que la atención y los tiempos de simples decisiones de trámites en un proceso no son malos, son pésimos. Ingresar al aparato judicial en cualquiera de sus especialidades es comenzar un viaje sin fecha de regreso debido a que no existe manera de predecir de manera aproximada la duración de un proceso, pero con seguridad rebasara los cálculos más negativos que se realice. Las sucedáneas reformas que se realizan a los códigos procesales para buscar agilidad de los procesos no  han tenido efecto alguno. La  intención de volver orales todos los procesos con la finalidad de forzar decisiones ágiles en audiencias funcionan muy bien en el pizarrón pero en la realidad no tienen efecto alguno debido a que cuando una de las partes propone cualquier incidente o realiza cualquier solicitud de mínima complejidad, el juez suspende la diligencia y cita para días o meses después mientras razona su decisión.

Si en cualquier país un servicio público suspende sus actividades por un mes, la población reclama airada la solución del inconveniente al Gobierno. En Colombia el paro de los funcionarios judiciales sólo conmueve a los abogados que ven aún más retrasados que de costumbre sus procesos y a los funcionarios que reclaman la nivelación salarial adeudada. Para el resto de la población es un reclamo que nada tiene que ver con su diario vivir porque se tiene la certeza que eso que llamamos aparato  judicial dejó de funcionar hace mucho tiempo y salvo por las tutelas sobre temas específicos la posibilidad de recibir pronta y cumplida justicia es una quimera.

Por todo lo anterior, era deseable que en el acuerdo con los funcionarios judiciales se hiciera alguna referencia así fuera simbólica al compromiso de realizar actividades extraordinarias para atenuar en algo la endémica morosidad judicial. No había tiempo, se viene la vacancia judicial de diciembre y enero. Y eso que ahora existe Ministerio de Justicia.  Una forma singular de negociar, se entrega todo a cambio de nada. Dios nos tenga de su mano si repiten la misma estrategia en La Habana.

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[1] Dato para el año 2010. Fuente: Revista Carta Financiera No. 157 Enero-Marzo 2012 , Anif. 

Borracho rico y borracho pobre

Debido al incremento de accidentes automovilísticos con consecuencias fatales en los cuales los conductores que los causaban se encontraban en estado de embriaguez, la Fiscalía  General de la Nación comenzó a variar la tipificación del delito de homicidio culposo a homicidio en la modalidad de dolo eventual con la finalidad de poder solicitar penas más severas para los ciudadanos que incurran en esa conducta delictiva.  La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de agosto 25 de 2010 validó la teoría del dolo eventual y en virtud de ello un conductor  que en estado de embriaguez  chocó con otro vehículo y ocasionó la muerte de sus dos ocupantes fue condenado a 18 años de prisión.  Haciendo a un lado la discusión estrictamente jurídica sobre la modalidad culposa de esta clase de delitos, es preciso contrastar eso con el tratamiento que han tenido recientemente casos similares.

Hace algunos meses un conductor en estado de embriaguez arrolló una caravana de motociclistas en la vía al municipio de La Calera en la ciudad de Bogotá, ocasionando la muerte de tres personas. Hace algunos días por diferentes medios de comunicación  se anunciaba el acuerdo logrado entre el conductor detenido y los familiares de las víctimas por el cual el primero pagaría a éstos más de mil cuatrocientos millones de pesos y a cambio de ello la Fiscalía cambiaría la modalidad del delito de homicidio doloso a culposo, con el cual la pena no pasaría de cinco años, los cuales con estudio y trabajo quedarían reducidos  a menos de la mitad, además de poder pasar el tiempo de la pena en detención domiciliaria. Algo similar sucedió  con otro conductor que en estado de embriaguez ocasionó la muerte de varias personas al norte de Bogotá.

Si el acuerdo a que ha llegado la sociedad es que debe castigarse con severidad  la conducta de quien causa daños como consecuencia de manejar un vehículo en estado de embriaguez debe por los menos ser motivo de reflexión si el tratamiento que se otorga a los infractores de esa norma difiere de manera sustancial si quien comete el delito tiene recursos o no para reparar a las víctimas del delito. La reparación es un derecho de las víctimas y un deber del victimario pero  cuando se convierte en un factor que modifica la modalidad culposa de un delito se abre el camino hacia la discriminación de los ciudadanos en razón de sus recursos económicos y se quiebra el principio de igualdad de todos ante la ley.  En otras palabras, si el hecho de tener recursos garantiza una menor pena al propietario de los mismos, el sistema penal está propiciando una justicia diferente de acuerdo a la clase social del infractor de las normas penales.

Esas sutiles diferencias en el tratamiento de los ciudadanos promovidas desde el Estado y consolidadas en el acontecer diario son las que profundizan las situaciones de inequidad existentes en Colombia.  Solo cuando se recupere la igualdad de todos ante la ley comenzará el verdadero fin del conflicto, que es mucho más que firmar un documento con las farc.

La impunidad como regla. De Samper a Valerie Dominguez

Desde que Ernesto Samper lleva a juicio a periodistas por la vulneración de su honra es posible que todo pase en el sistema legal colombiano. ¿Cuántos procesos por injuria y calumnia llegan a juicio? Son tan pocos y precisamente el iniciado por quien llegó al poder gracias a los aportes del narcotráfico es uno de ellos. Aunque Claudia López fue absuelta de  las acusaciones de la Fiscalía, siempre quedara  el recuerdo de un proceso absurdo promovido por quien casi dos décadas después de los hechos sigue sin reconocer su responsabilidad y vende la teoría según la cual Fernando Botero y Santiago Medina ingresaron a su campaña con el único fin de enriquecerse con la solicitud de aportes económicos a los narcotraficantes. La otra explicación es peor, él recibía apoyo ilimitado de Bavaria, empresa dedicada a la venta de bebidas embriagantes. En ambos casos su presidencia se consiguió con el apoyo de los empresarios del vicio. La decisión de la Cámara de Representantes de no  acusar al Presidente  ante el Senado  debe ser respetada por todos los ciudadanos en un Estado de Derecho y esa ha sido la patente de corso que exhibe Samper para seguir opinando sobre todos los aspectos de la vida nacional.  Así como existen campeones sin corona, coexisten culpables sin sentencia.

Estas semanas han ocurrido hechos que permiten confirmar el crecimiento y consolidación de la impunidad selectiva en el país. Julio Gómez, permanece libre luego de una condena irrisoria de cinco años de prisión por los delitos relacionados con la contratación en Bogotá. Una exigua devolución de dinero puso a salvo su cadena de empresas contratistas públicas de propiedad de sus familiares. Emilio Tapia y Alvaro Dávila, cómplices del carrusel de contratos en el Distrito se convierten en testigos estrella y en el peor de los casos pagarán penas exiguas y saldrán indemnes del saqueo realizado a Bogotá en el nefasto periodo de Samuel Moreno, a su vez nieto e hijo de insignes custodios de los recursos públicos que incrementaron su patrimonio sin castigo en las épocas de la dictadura de su abuelo. Nunca fue más apropiado el refrán según el cual “ lo que se hereda, no se hurta.” Finalizando con la actriz y reina Valerie Domínguez quien solicitó subsidios del programa Agro Ingreso Seguro a su nombre y luego de que fuera destapado el escándalo de irregularidades en dicho programa optó por devolverlos indicando que había sido engañada por su novio y la familia de éste. La familia beneficiada que obtuvo miles de millones al dividir sus propiedades para tomar más recursos realizó un acuerdo con la Fiscalía, declaró en contra de la peligrosa exreina, devolvió los dineros recibidos y fue condenada a pocos meses de prisión, los cuales no deberán pasar en ningún centro penitenciario. La actriz fue declarada inocente por el juez con argumentos que rayan en lo insólito. Como colofón ni reina ni familia fueron alcanzados por ninguna sanción, más allá de las carátulas de revistas del corazón que narran el “drama” de  estos personajes de novelón criollo.

Como si lo anterior fuera poco, la Ministra de Justicia presentara un proyecto de ley en el cual  se pretende implantar la posibilidad de purgar penas en todos lugares menos en centros penitenciarios. Hace algo más de un año el Presidente Santos anunciaba el hallazgo del escándalo de corrupción más grande de la historia en el campo de la salud, situación que tuvo como consecuencia la intervención de Saludcoop. Pocos meses después ternaba para fiscal general al abogado de ésta entidad quien es propietario de un inmueble en un conjunto cercano a Villavicencio en compañía de funcionarios y contratistas de Saludcoop, personajes tan distinguidos como el hijo del excontralor Turbay, nieto del inolvidable luchador por la pulcritud de la república, Julio Cesar Turbay Ayala. Después del anuncio presidencial, no existió la más mínima investigación y pareciera que no  ocurrió nada. De otra parte, uno de los aspectos que se debatirán en los nuevos diálogos de paz es la extinción de penas para los miembros de las farc. De esta manera, quienes cometieron delitos de lesa humanidad no deberán siquiera disculparse con sus víctimas.

La lección es sencilla: El delito paga. Una sociedad en que los delincuentes tienen la certeza de que no recibirán castigo por sus delitos necesita mucho más que un proceso de diálogo para vivir en paz. 

Participación ciudadana. De la teoría a la práctica.

La ampliación de mecanismos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos fueron dos banderas de la Constitución de 1991. Los textos que comentan asuntos constitucionales de Colombia describen con lujo de detalles la abundancia de formas en que los ciudadanos pueden participar en los asuntos del Estado. Sin embargo, el camino de la teoría a la práctica ha demostrado que todo quedo en deseos.

El actual presidente del Congreso ha sido militante del Partido Liberal, Cambio Radical y ahora del Partido de la U. Igual ocurre con varios parlamentarios que cada periodo modifican su filiación partidista. El último candidato liberal a la Presidencia fue Ministro de Defensa de  César Gaviria, apoyó a Andrés Pastrana en la Alianza por el Cambio, lideró la modificación a la Constitución para la reelección de Alvaro Uribe, rivalizó con Santos en las últimas elecciones presidenciales y es ahora Ministro de Trabajo. Los liberales terminaron convertidos en una minoría presidida por un delfín que apoya la reelección en la Procuraduría de un personaje que confunde la Iglesia con el Estado, acaso uno de los principios fundadores de esa organización política. El Partido Conservador nunca volvió a presentar candidato propio para elecciones presidenciales. Además del proceso de desmaterialización de los dos partidos históricos, se crean partidos cuya aspiración de permanencia histórica no supera un periodo legislativo. El pasado 30 de septiembre el Estado gastó no menos de 35.000 millones de pesos en unas inoportunas consultas internas de tres partidos políticos en las cuales participaron 500.000 ciudadanos y votaron por la integración de comités internos de MIRA, los delegados al Congreso Nacional del Polo Democrático y los delegados al Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Verde.  Las normas que regulan la materia han logrado destruir lo que existía y han promovido los partidos de oportunidad que tienen como única finalidad la próxima elección.

Con los mecanismos de participación ciudadana, la situación es parecida. El único referendo realizado (promovido por el Gobierno) no tuvo efectos en su gran mayoría de preguntas por no alcanzar el número mínimo de votantes. Sacar más de la cuarta parte del censo electoral a votar sin el apoyo de las maquinarias de siempre es una tarea casi imposible. Eso explica porque el Procurador Ordoñez propone que los temas del aborto sean sometidos a referendo. La revocatoria del mandato, promocionada como la figura que permitiría el control ciudadano sobre sus gobernantes ha sido un estruendoso fracaso. Se han realizado 37 revocatorios en diferentes municipios de Colombia y en ninguna de ellas se ha logrado reunir el 50% de los votos que participaron en la elección en la cual fue elegido el mandatario que se solicita revocar. La forma como  está diseñada la figura implica el gasto de dos campañas, una para revocar y otra para elegir al nuevo mandatario, situación que trae como consecuencia un costo económico demasiado alto para quienes está interesados en impulsar el uso de este mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito no ha sido utilizado, mientras que la iniciativa popular no ha tenido mayor trascendencia. El Cabildo Abierto ha tenido algún desarrollo en los municipios y la Consulta Popular fue exitosa en el caso del Día sin carro en Bogotá realizada en 1997, anotando que coincidió con la fecha de votación de  elecciones de autoridades locales. En síntesis, las iniciativas que han provenido de grupos ciudadanos referidos a revocatorias e iniciativas populares no han tenido ningún éxito.  Sería el momento de repensar la normatividad que rige los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de darles la vitalidad de la cual han carecido después de más de dos décadas de la expedición de la Constitución.

El Procurador como espejo de la sociedad colombiana.

Alejandro Ordoñez Maldonado es un reflejo de la manera como se ejerce el poder en el sector público en Colombia. Hace cuatro años, sus excompañeros del Consejo de Estado lo ternaron con varios meses de anticipación a la elección, situación que le permitió hacer una prolongada campaña, en la cual convenció a todos los sectores del Senado de apoyar su postulación a la Procuraduría General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, demoró varias sesiones la elección de su candidato, razón por la cual cuando eligió a Camilo Gómez, ya no existía manera de hacer contrapeso a la segura designación de Ordoñez. El Presidente Uribe postuló al profesor Bustillo a sabiendas que tendría más posibilidades de ser designado Fernando Vallejo santo pontífice en un cónclave, que el noble profesor en la Procuraduría. Una vez posesionado en el cargo,  suscribió su primer fallo absolviendo de manera escándalos a los Ministros del Interior y de Seguridad Social del proceso disciplinario que su antecesor de manera cobarde no terminó. Y allí comenzó su cruzada por  las buenas costumbres y su obsesivo tema de obstrucción a las políticas de planificación familiar, a pesar de que una de cada cinco  adolescentes colombianas es madre.

Una vez finalizó el gobierno del Presidente Uribe, arremetió contra los funcionarios de ese gobierno y se convirtió en su perseguidor.  Descubrió todas las faltas disciplinarias una vez que los funcionarios no detentaban ningún poder. Los procesos disciplinarios avanzaban de acuerdo al poder político de los cuestionados. De esta manera, en el escándalo de la entrega de dineros por departamentos y municipios a Fiducias para su administración que finalizó con la pérdida de millonarias sumas de dinero, descubrió que los culpables eran los Tesoreros y Secretarios de Hacienda y procedió a absolver Alcaldes y Gobernadores, que en algunos casos habían sido condenados en primera instancia como González Mosquera del Cauca. Las Procuradurías Regionales continuaron como en épocas de Maya Villazón convertidas en estancias temporales de recomendados políticos de sus electores. .La campaña para la reelección no comenzó hace unos meses cuando en el diario El Tiempo solicitó al Presidente que lo ternara sino hace un par de años cuando absoluciones como las señaladas comenzaron a favorecer a aliados políticos de sus electores, los Senadores de la República.

Ante la invitación pública del Consejo de Estado para los aspirantes a la Procuraduria y la demora del Presidente en la nominación de su candidato, la Corte Suprema de Justicia, la misma que hace cuatro años demoró meses la elección de su candidato después de un proceso de selección con varios aspirantes, decidió en una sola sesión que su candidato era Ordoñez, coincidencialmente  el mismo superior jerárquico de familiares y amigos de varios magistrados.

Para evitar inhabilidades  a la hora de votar, la actual esposa del Presidente del Senado, Roy Barreras renunció a su cargo en la Procuraduría. A Ordoñez lo elegirá, el mismo Senado que votó sin inmutarse la Reforma a la Justicia y su victoria será avasallante. A Corso, Iragorri, Benedetti y compañía poco les importa que el representante de la sociedad sea fanático  o ateo, siempre y cuando los funcionarios que designa sea coincidencialmente amigos suyos. Mientras todos discutíamos sobre el aborto, los derechos de los homosexuales y la castidad del Procurador, Ordoñez ajustaba los votos para prolongar cuatro años su permanencia en el Ministerio Público. Una vela a Dios y otra al diablo. Su reelección como representante de todos en cierto modo nos da una idea de la sociedad que hemos forjado en la cual  un funcionario público se burla ante todo un país de una decisión judicial que le ordena una rectificación y en cambio realiza una ratificación.  

Juzgando a Venezuela desde Colombia

Faltando poco más de un mes para las elecciones presidenciales de Venezuela donde Hugo Chávez aspira ampliar su mandato hasta 2019,  causa especial atención la manera displicente en que algunos comentaristas se refieren a la realidad de ese país. Los apuntes irónicos sobre la forma chavista de gobernar que centraliza todo en manos del ejecutivo, el papel secundario del Congreso, la cooptación del poder judicial y la falta de espacio a la oposición son recurrentes. A lo anterior se suman los continuos atropellos a la libertad de prensa. Contrasta la anterior situación con la solidez institucional colombiana que tiene al país en la mira de la inversión extranjera y del crecimiento económico. Pareciera que la comparación entre ambas situaciones  dejara un saldo bastante favorable a Colombia.

Cuando se comienza a ver la viga en el propio ojo, encontramos que muchas de las situaciones que repudiamos y juzgamos como insólitas, se producen en nuestro diario acontecer sin que apenas nos demos cuenta. La reforma a las regalías fue un golpe contra la descentralización promovida en la Constitución de 1991, en adelante en Bogotá se definen las prioridades de inversión en las regiones del país. El Congreso de la República se convirtió en un notario del presidente de turno. De la absolución a Samper a la aprobación de la fallida reforma a la justicia, el Congreso ha demostrado su incapacidad para ser un contrapeso del ejecutivo. El poder judicial ha demostrado que sus miembros gozan de intangibilidad cualquiera sea su comportamiento.  La manera en que fue ternado para su reelección el actual Procurador demuestra el grado de clientelización  de las cortes.  Con relación a la libertad de prensa, puede indicarse que aunque formalmente existe, especialmente en provincia quien se opone al gobernador o alcalde de turno tiene pocas posibilidades de subsistir debido a que la mayor fuente de financiación es la pauta oficial. A nivel nacional,  es tan  independiente la prensa, que el sobrino del presidente dirige la revista más leída del país, el director del diario de mayor circulación tiene a su hermana como embajadora en Brasil  y uno de los  pocos periodistas de oposición es Francisco Santos, primo hermano del presidente.  De otra parte, ante las denuncias por los tratos a sus trabajadores, una empresa petrolera se convirtió en patrocinadora de la selección Colombia y principal anunciante del programa de mayor audiencia radial en la mañana. El Tiempo, principal diario del país fue adquirido por el dueño de la tercera parte del sistema bancario y hombre más rico del país, con intereses en los más variados sectores. La autocensura es evidente y quienes se salen del libreto corren la suerte de la Revista Cambio.

La existencia de división de poderes y ejercicio de libertades son características de los  estados democráticos. La rotación en el poder es necesaria y saludable pero por sí sola no garantiza estos logros. Nada peor para cualquier nación que el mesianismo de un individuo que pretende dirigir un país hasta su desaparición física debido a que convierte su parecer en ley.  Sin embargo, que esto no ocurra no significa que muchos de los problemas que vemos en el espejo no los padezcamos nosotros mismos. El problema de la “normalidad democrática“ es que vuelve todo justificable y de aceptación sumisa por los ciudadanos. Ojala no necesitemos un Chávez, para darnos cuenta que algunas de las cosas que señalamos  de Venezuela hace tiempo ocurren entre nosotros.

Los diferentes significados de la paz.

Después de diez años y seis meses de la terminación de los diálogos realizados con las farc durante el gobierno de Andrés Pastrana, inicia una etapa de acercamientos con esa guerrilla para adelantar un proceso de diálogos que permita poner fin al enfrentamiento de ese grupo con el Estado colombiano. Todos esperamos que llegue el día en que finalice el conflicto con los grupos guerrilleros que ha dejado miles de muertos en casi medio siglo. El inconveniente es que existen diferencias sustanciales sobre lo que consideramos debe ser el resultado de un proceso de paz con las farc.

Algunos aseguran que la desmovilización total de la guerrilla sin condiciones y su sometimiento a la ley de justicia y paz es la salida al conflicto. Sustentan su posición en la declaratoria internacional de terroristas de las farc  y en su relación con el narcotráfico. No aceptan darle condición de interlocutor para dialogar sobre aspectos estructurales del país. Su futuro político depende del fracaso de las negociaciones de paz. Hace doce años Alvaro Uribe peleaba con el margen de error de las encuestas a escasos 20 meses de las elecciones. Su posición crítica al proceso de paz lo convirtió en el primer presidente que triunfó en primera vuelta desde la Constitución de 1991. A sus herederos políticos, comenzando por el exministro Zuluaga no les parecerá  nada descabellado repetir la fórmula.

Otros esperan que en la mesa de diálogos se realice un debate sobre todos los temas del país y los acuerdos sobre los mismos se  reflejen en una Asamblea Constituyente. No deben existir temas vetados y el bien máximo de un acuerdo de paz, merece cualquier sacrificio por parte del Estado. Las farc deben ser reconocidos como alzados en armas que representan legítimos intereses de un sector de la sociedad que jamás han sido escuchados. Los sectores afines a este pensamiento solicitaran espacios en la mesa de negociación para “contribuir” a la eficacia del proceso. Cualquier persona que opine de manera diferente será llamada “enemiga de la paz”. La gran pregunta que surge de esta posición es cual puede ser la legitimación de un grupo alzado en armas para llegar a acuerdos que resulten obligantes para el Estado cuando su representación de la sociedad, es en el mejor de los casos, escasa.

Para otros, no existe conflicto. La desaparición de las farc de los centros urbanos del  país ha traído como consecuencia la invisibilización misma del conflicto. Una persona de ingreso medio alto que trabaje en alguna de las grandes capitales y no tenga relación con sectores rurales, apenas conocerá la existencia de dificultades en la eventualidad que lea diarios. La incidencia en su vida de un conflicto en el Cauca es parecida a la que puede tener el cambio de gobierno en Siria. Para ese sector, cada vez mayor debido a la concentración demográfica en las ciudades, una salida negociada con las farc hace un tiempo dejó de ser su principal preocupación, y el tema solo es relevante en la medida que pueda afectar su situación económica.

Corresponde al gobierno actual conservar el equilibrio entre las diversas posturas existentes para lograr darle legitimación a los acuerdos que puedan llegarse a suscribir con la guerrilla. Las reformas y los anuncios adelantados por el presidente Santos en la primera mitad de su gobierno deberían allanar el camino. Leyes como la restitución de tierras y la igualdad en la prestación de los servicios de salud para todos los colombianos no habrían tenido éxito en el pasado y serían la consecuencia de un acuerdo de paz. Al existir estas normas en el ordenamiento legal y las sentencias emanadas de la Corte Constitucional en temas como el desplazamiento, parecería que la agenda a tratar debe tener un contenido menor a la de diez años antes.

La consolidación del proceso y los eventuales acuerdos que se realicen dependerá de que todos compartamos el mismo significado de la paz. Olvidar las posiciones de las diferentes partes es abrir la puerta para el inició de otra espiral de violencia, donde los excluidos de la negociación tendrán justificación para el inicio de otro conflicto, situación que puede presentarse si solo se promueven indultos y anmistías para una sola de las partes. Será difícil lograr la firma de la paz, cuando cientos de militares se encuentran procesados unos y purgando condenas otros por acciones derivadas del conflicto. Incluir una solución a esta situación puede contribuir a que el significado de la paz sea común a todos.

Historias similares: La discriminación de los hijos naturales y los homosexuales.

El pasado 24 de febrero se cumplieron 30 años de la expedición de la ley que  otorgó  igualdad de derechos herenciales a los hijos  legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Un siglo antes, el Código Civil establecía clasificaciones entre hijos legítimos, aquellos que eran concebidos durante el sagrado vínculo del matrimonio de sus padres o aquellos que eran legitimados mediante el matrimonio posterior a la concepción, e hijos ilegítimos, los cuales se dividían en naturales, aquellos que eran concebidos por personas que no eran casadas al tiempo de la concepción; de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez se dividían en adulterinos si algunos de sus padres estaba casado al momento de la concepción o incestuosos si sus padres tenían algún grado de parentesco que les impedía contraer matrimonio.  Los hijos ilegítimos sufrieron señalamientos y discriminaciones en un Estado con una constitución conservadora y confesional, en la cual gobernó el mismo partido desde 1886 hasta 1930. En 1936, durante el gobierno de López Pumarejo, mediante la ley 45 se comenzaron a realizar modificaciones legales que atenuaron la desventajosa situación de los hijos concebidos fuera del matrimonio. Mediante la ley 75 de 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo se avanzó en los procesos de filiación de paternidad. Curiosamente, en el gobierno del presidente cuyos hijos eran legítimos y a la vez incestuosos fue aprobada la igualdad de derechos herenciales. No importo lo anterior para que nuestro expresidente pudiera anular velozmente su matrimonio de décadas y ser Embajador ante la Santa Sede en compañía de su segunda esposa. Algo parecido había ocurrido con el Regenerador y Soledad Román un siglo antes. Para las anulaciones matrimoniales nada influía la condición de expresidentes de los solicitantes. Mientras tanto, miles de personas que  querían divorciarse o cesar los efectos del matrimonio católico tuvieron que esperar hasta la Constitución de 1991 para legalizar su situación. Finalmente, mediante la ley 721 de 2001 se autorizó la práctica de exámenes de ADN que permite mayor celeridad en los proceso de filiación que se adelantan. Los avances legislativos que crearon espacios de igualdad requieren reformas audaces debido a posiciones jurisprudenciales que continúan construyendo caminos de discriminación. De esta manera, los alimentos que los jueces otorgan a favor de hijos extramatrimoniales cuando no ha existido convivencia son iguales a medio salario mínimo legal mensual, sin importar la capacidad económica del padre, situación que origina una evidente desigualdad entre los hijos de un mismo padre o madre. Se adiciona  a lo anterior, la imposibilidad de impedir la desintegración del patrimonio del padre o madre con hijos extramatrimoniales en detrimento de éstos. La creación de sociedades o fiducias donde se concentran los activos ha traído como consecuencia que la igualdad lograda con la ley 29 de 1982 sea formal pero no real debido a que cuando fallece el padre no existe patrimonio para repartir entre sus sucesores debido a la hábil e impune insolvencia creada de antemano. Culturalmente, la diferencia entre hijos legítimos y naturales se mantiene intacta. Luis Alfonso Galán, hijo mayor de Luis Carlos obtuvo su filiación en 1996 después de haber validado su bachillerato y trabajado como mensajero mientras sus hermanos terminaban su educación en Europa con su madre como Embajadora. Menos mal han cambiado tanto las leyes. 

Con los homosexuales ocurre algo similar, de ignorarlos inicialmente, se paso a considerarlos enfermos, hasta que desde hace tres lustros comenzaron a reconocerse algunos de sus derechos. Aunque con timidez, se ha comenzado a reconocer el derecho de opción sexual de cada persona como un derecho inherente a la misma. Los enemigos de estos avances son los mismos ayer y hoy, los propietarios de la verdad revelada por un ser superior que juzga y condena todo cuanto sea diferente a su predicación. Monseñor Builes ayer, Alejandro Ordoñez hoy, son los representantes de la doble moral que señala conductas ajenas pero no reflexiona sobre las propias. Un siglo duraron los cambios para lograr algo de  igualdad en los descendientes de un mismo padre, ojala que sea un tiempo mucho menor el que dure el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. El respeto por las minorías y la tolerancia con la diferencia es lo que nos distingue de las sociedades que durante siglos fueron divididas entre buenos y malos. Por eso, sus derechos no son una concesión ni un favor, son un deber moral de quienes integramos la sociedad.

Cuando los contratistas gobiernan

Las elecciones para la Gobernación del Meta para el periodo 2008-2011 fueron ganadas por Darío Vásquez, candidato del Partido de la U. Sus antecedentes profesionales se circunscribían a la realización en calidad de contratistas de cientos de contratos con diferentes entidades públicas, la mayoría con influencia en el Departamento del Meta. En poco menos de un año paso de ser un reconocido contratista a una revelación electoral que le ganó las elecciones a Maritza Martínez, esposa del líder político  Luis Carlos Torres.

Las regalías provenientes de la explotación del petróleo incrementaron en la última década  el presupuesto del Meta, en 2011 por ejemplo recibió por este concepto más de un billón de pesos. El manejo de un presupuesto importante tuvo como consecuencia el aumento del costo de las campañas electorales. La reciente reforma constitucional que modifica la distribución del dinero de las regalías y afecta especialmente a los departamentos productores de petróleo ha sido rechazada por sus dirigentes y es calificado como un “raponazo” de sus recursos. Sin embargo, los hechos que comienzan a salir a la luz pública sobre algunas millonarias contrataciones realizadas en  2011 no contribuyen a la reclamación realizada y por el contrario, sirven de argumentos para justificar la decisión de centralizar el manejo de estos recursos en Bogotá.

Dos ejemplos: Mediante licitación  pública se adjudicó el diseño y construcción de la nueva sede administrativa de la Gobernación del Meta por una cifra superior a 14.000 millones de pesos. En el proceso realizado solo participo un oferente que obtuvo una calificación de 500/1000 puntos, obteniendo 0 puntos en lo relacionado con condiciones de experiencia específica del personal profesional y técnico. El 9 de febrero de 2011 se celebró el contrato de obra número 063 con un plazo de 12 meses para su ejecución. El anticipo pactado fue de 50% del valor total, luego de suspensiones, el contrato se reanudo en septiembre pasado  y su avance no ha sido el mejor por un pequeño problema: Luego de hacer los diseños, el contratista indicó que el valor total de la obra era de 28.000 millones de pesos. Así las cosas, avanzara hasta donde alcance el dinero y el Departamento deberá hacer las adiciones correspondientes para no dejar a medias la obra. Curiosamente, existen “veedurías” ciudadanas tan preocupadas por esta situación que elaboran derechos de petición exigiendo la adición del 50% del contrato y el inicio de licitación por el valor restante para terminar la construcción.

Villavicencio requiere la ampliación del anillo vial, una vía de 6 kilometros planos entre dos puntos estratégicos de la ciudad. Con la finalidad de solucionar esta necesidad, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio unieron esfuerzos en 2010 para realizar la gigantesca obra. Los proyectos respectivos fueron incorporados al Banco de Proyectos en el segundo semestre de 2010 y el 30 de diciembre de mismo año comenzó el proceso licitatorio que terminó con la adjudicación del contrato de obra al Consorcio Muresp integrado por empresas regionales y personas naturales que literalmente pulverizó a los otros participantes, entre los cuales se encontraban empresas como Conconcreto. El 13 de mayo de 2011 se suscribió el contrato de obra número 088 de 2011 por valor de una cifra superior a 49.200 millones de pesos.  El contrato se divide en el diseño que tiene un valor menor al 1% del valor total y la obra. En mayo de 2012 se inicio a la ejecución del contrato, advirtiendo varias situaciones:-Que luego de realizar los diseños, el valor total de la obra es cuando menos de 84.000 millones- Faltan por comprar 7 predios por donde pasara la vía  y la Alcaldía carece de recursos para realizar estas adquisiciones.

Entrevistado por El Tiempo el  de marzo de 2012, el exgobernador Vásquez manifiesta que las obras del anillo vial cuestan en  total 240.000 millones, pero al no  estar todo el dinero reunido, se  resolvió arrancar con lo que había, sin embargo señala que con el dinero que dejó en el presupuesto de 2011 sin ejecutar, pueden pagarse las adiciones que se necesiten, lo que constituye una visión novedosa de los principios de planeación presupuestal. (www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB NEW NOTA INTERIOR 1127902.html)

Sobra decir que los entes de control no han notado nada anómalo en los procedimientos indicados, por lo cual el control fiscal posterior y selectivo, esperara primero la culminación de la cadena de adiciones a realizar y luego optara por evitar seleccionar estos casos.  La ceguera colectiva no permite observar que un contratista que se convierte en político de la noche a la mañana tiene como finalidad única de su actividad pública, aquella que conoce y maneja: Contratar, al costo que sea, total, es el Estado el que paga.

Las fábulas de Santos

“Es difícil y duro, uno tiene que tomar decisiones y estar dispuesto a gastar su capital político. Tiene que estar dispuesto a que lo chirlen (griten) en todas las plazas públicas. Conmigo lo hicieron, quemaban retratos míos en las plazas de Colombia, y mis hijos, que eran pequeños, me preguntaban por qué cuando lo veían en televisión; yo les decía que era un reconocimiento porque el humo subía donde estaba Dios, pero era mentira. Me quemaban porque todo el mundo estaba en contra de las decisiones muy duras que nos tocó tomar. Uno no sale de la crisis sin hacer grandes sacrificios…” (Entrevista de Juan Manuel Santos con www.huffingtonpost.es, agosto 5 de 2012, reproducida en El País de España y Semana versión digital)

Cuando los vanidosos llegan al poder una de sus obsesiones recurrentes es modificar la historia para convertir cualquier acción intrascendente que hubieran realizado en una aventura épica en la cual su valor y decisión fueron fundamentales para cambiar positivamente el curso de los hechos.  El actual presidente colombiano no es una excepción. En la entrevista reseñada, con su habitual humildad recomienda al presidente español Mariano Rajoy  adoptar decisiones impopulares para superar la crisis sin importar su costo político, en la manera que él lo realizó siendo Ministro de Hacienda en la administración de Andrés Pastrana.

El vértigo con el cual  suceden los acontecimientos en el mundo actual hace que una década parezca una eternidad y pareciera que debido a ello existe licencia para crear sucesos que nunca ocurrieron y presentarlos como reales. Simplemente, para recordar: Santos fue Ministro de Hacienda en el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2000 y el 7 de agosto de 2002. Con el lema de “sudor y lágrimas” asumió el Ministerio y contra la popularidad del presidente en ejercicio adoptó medidas de ajuste que contribuyeron a mejorar la situación de la economía. Salvo que el diario de propiedad de su familia en esos años hubiera decidió ocultar información, no se  recuerdan silbatinas ni quemas masivas de fotografías del ministro en plazas públicas y mucho menos pérdida de capital político, activo del cual carecía hace un par de lustros. Para hacerse una idea del reconocimiento y favorabilidad de su imagen por esos años, puede decirse que es equivalente a la del actual Ministro del Interior, Federico Renjifo en el presente. Lo anterior explica las razones de entregar esas declaraciones a una publicación del exterior.  La ficción se vuelve historia. Y pensar que nadie recuerda que la primera propuesta pública de entregar una zona desmilitarizada a la guerrilla para adelantar conversaciones fue realizada por el actual presidente. (http://elpais.com/diario/1997/10/15/internacional/876866401_850215.html)

Justicia de clase: Ser político o adinerado asegura un trato diferente de las autoridades judiciales.

Cuando el juez de conocimiento del proceso seguido contra Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares al final de cada audiencia pide autorización a Jaime Granados, abogado suplente de una de las acusadas para fijar la siguiente fecha de audiencia con la finalidad que la misma no interrumpa las actividades del abogado, comienza uno a preguntarse quién maneja el proceso. Cuando se observa que los políticos capturados por diversos delitos reciben como lugar de reclusión su domicilio, escuelas del ejército o la policía donde no tienen régimen disciplinario alguno y  los hermanos Nule viven en un cómodo apartaestudio con cocinero particular negándose a asistir a diligencias judiciales a su antojo, se acentúan más las inquietudes sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sola llegada de cualquiera de estos procesados a la audiencia donde se les juzga haría presumir a cualquier desinformado que se encuentran en cualquier situación menos detenidos: De saco y corbata o vestido, nunca esposados y hablando por teléfono.

La extradición en abril pasado del estudiante de la Universidad del Rosario Oscar Guillermo Sierra Fierro de 21 años por ser presuntamente socio del Loco Barrera autorizada por la Corte Suprema de Justicia a pesar de las comunicaciones enviadas por sus compañeros donde daban fe de sus calidades personales, aunadas a las débiles pruebas presentadas por la fiscalía americana que noventa días después de su llegada a Estados Unidos  no ha podido llamarlo a ser parte de proceso alguno contrastan con la negativa de la misma Corte hace menos de tres años en extraditar a Daniel Angel Rueda, directivo de DMG, la mayor estafa colectiva que recuerde la historia de Colombia, por considerar que al haber suscrito un preacuerdo con la fiscalía por el delito de lavado de activos, no era posible que fuera juzgado en el exterior por la misma causa. A los demás miembros de la cúpula de dicha empresa criminal, conocidos en esferas sociales menos importantes no los cobijó la misma interpretación y todos fueron extraditados. Angel fue condenado a 53 meses, de los cuales no alcanzó a estar privado de la libertad 30 debido a que por su trabajo como aseador de la cárcel redimió algunos meses de su condena. Hace algún tiempo disfruta de su libertad mientras Guillermo Sierra espera la primera visita de un delegado de la Cancillería colombiana. Afortunadamente, el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos es el doctor Carlos Urrutía Valenzuela, amigo personal del presidente y socio de Brigard&Urrutía, quién  seguramente tendrá entre sus prioridades ayudar a éste  compatriota en dificultades legales.

En un proceso común el juez no pide permiso al abogado para fijar el horario de las audiencias, los procesados no eligen su lugar de reclusión y los estafadores de miles de personas no pagan dos años de cárcel. La comprobada existencia de tratamiento especial a ciertos ciudadanos por su posición política o su condición social revela  un sello de la sociedad, la inequidad.  

Leyes de Honores: El 20% de las leyes que se aprueban en Colombia son conmemoraciones de aniversarios y exaltaciones de “personajes nacionales”.

Desde su llegada al gobierno, el presidente  Juan Manuel Santos ha sancionado 160 leyes. ( de la ley número 1407 a la 1564, incluyendo las leyes 1254,1343 y 1345). Durante los últimos dos años la Nación se ha unido a la conmemoración de los 410 años de Zipaquirá, 200 de Anorí y Guatapé ,100 de Viterbo, 150 de Pereira, 200 años de Sogamoso  “que desde el primer momento se adhirió con fervor inigualado a la causa de la emancipación americana y contribuyó con sus servicios a consolidar las ideas de libertad.” (art.1 ley 1543), 450 de Yolombó, 476 de Jamundí, para mencionar algunos de los municipios agasajados.

La costumbre legislativa de tramitar leyes de honores para los aniversarios de municipios y festivales folclóricos tiene como fundamento la inclusión indispensable de un artículo que permite al gobierno nacional realizar traslados presupuestales para unirse a la celebración, situación que permitirá al parlamentario de acuerdo a su importancia y lobby, el direccionamiento de recursos para su zona de influencia.  Pareciera no compadecerse el desgaste de la tramitación de una ley ante dos cámaras para dicha finalidad.

Debido a que el Congreso también se preocupa por asuntos culturales, fueron incorporados al patrimonio cultural nacional el Carnaval del Perdón y la Reconciliación del Valle de Sibundoy en Putumayo, la Concatedral de Nuestra Señora del Socorro en ese municipio de Santander,  la Institución Educativa Andrés Rodríguez en Sahagún, Córdoba y el Festival Nacional de Acordeoneros en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, entre otros.

El excongresista Luis Guillermo Vélez fue reconocido como ilustre ciudadano y tendrá un busto en mármol en el salón de su mismo nombre en el Capitolio. La memoria de la actriz Fanny Elisa Mikey también es motivo de exaltación y por ello se ordena la edición de sus obras, elaboración de estampillas, documentales  y la realización de una escultura en su memoria que será exhibida en el Teatro La Castellana. Con motivo del fallecimiento de Gloria Valencia de Castaño, la Nación rinde público homenaje y exalta su memoria, vida y obra, por “su lucha ambiental”, entre otras cosas. Igualmente se ordena la realización de un  libro biográfico que deberá  ser distribuido a todas las bibliotecas públicas del país, imagino que en varios ejemplares para satisfacer la amplia demanda que tendrá aquella pieza de colección. Finalmente, la memoria del eminente jurista Benjamín Iragorri Díez es exaltada “como ejemplo permanente para todas las generaciones del país” Su busto será expuesto en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Cada tres años se realizara un evento en ese centro universitario para conmemorar su vida y obra. De esta manera el padre del Senador Aurelio Iragorri Hormaza quien lleva más de treinta años en el Congreso de la República es debidamente exaltado.

Es difícil que a unos congresistas ocupados en leyes tan importantes les quede  tiempo para leer los actos legislativos que reforman la Constitución Política.

Cuando Santofimio salvó el gobierno de Gaviria

El próximo 22 de julio se cumplen veinte años de la fuga de Pablo Escobar del lugar donde permaneció poco más de un año en el municipio de Envigado. Cuando se fueron conociendo los hechos escandalosos que ocurrían en La catedral, el Gobierno no tuvo alternativa diferente a ordenar la captura de Escobar para su traslado a un verdadero centro de reclusión. El operativo fue una cadena de errores que facilitaron la fuga y permitieron conocer quien tenía el verdadero control de ese singular  “centro penitenciario”. Como consecuencia de lo ocurrido fueron destituidos importantes mandos militares y el Viceministro Eduardo Mendoza quien tuvo la infeliz idea de cumplir las funciones de notificador para comunicarle al patrón su traslado y en razón a ello, terminó secuestrado por los “presidiarios” de la catedral. Durante el mes siguiente (agosto de 1992), el senador Andrés Pastrana citó a un debate de control político a Rafael Pardo Rueda, para ese entonces Ministro de Defensa. En dicho debate expuso las inquietudes sobre la operación realizada y de manera precisa pregunto si el gobierno iba a trasladar o capturar a Escobar. La defensa del Gobierno de Cesar Gaviria estuvo presidida por el senador tolimense Alberto Santofimio Botero quien con su verbo encendido logró cambiar la esencia del debate al negarle autoridad a cualquier persona en Colombia para recriminar las actuaciones del gobierno. Está frase resume el sentido de su intervención: "Usted, doctor Pardo, está pagando sobre sus hombros el pecado de quienes nos asomamos jóvenes al poder y somos víctimas de la enfermedad de la envidia colombiana..." La Cámara de Representantes era presidida en ese momento por  César Pérez García, quien logró la suspensión del debate de control político al que había sido citado el Ministro Pardo Rueda. De esta manera no existieron responsables políticos por la fuga de Escobar. Algún lector desorientado se preguntara si ese senador Santofimio no fue él mismo que fue condenado el 31 de agosto de 2011 por la Corte Suprema de Justicia como coautor responsable del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y otras dos personas el 18 de agosto de 1989, es decir, escasos tres años antes del debate citado. También se preguntara si Pérez García, no es el mismo exparlamentario que perdió la investidura por violación del régimen de inhabilidades y en la actualidad espera el fallo del proceso que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia por la masacre de Segovia ocurrida en noviembre de 1988 donde fueron asesinadas 43 personas. En efecto, ambos congresistas fueron fundamentales para contrarrestar la mayor crisis política del gobierno de César Gaviria. Con su colaboración, nadie respondió políticamente por lo sucedido y se configuro el principio de irresponsabilidad política que se ha mantenido incólume hasta nuestros días. En el Cementerio Central el 20 de agosto de 1989 Juan Manuel Galán Pachón entregó las banderas de su padre a César Gaviria y debido a ello éste fue Presidente. El mismo Juan Manuel públicamente en diferentes ocasiones sostuvo que hubo políticos que participaron en el homicidio de Luis Carlos Galán. Fue con ocasión al recurso de casación interpuesto por su apoderado que Alberto Santofimio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.  ¿Nadie compartía esas opiniones en 1992? Porque solo son válidas dos opciones: O el gobierno elegido como un homenaje a Galán terminó aliado políticamente con su asesino o  la Corte Suprema de Justicia condenó a un inocente. Cualquiera de la dos opciones apesta. Si la primera opción fuera cierta, difícilmente habría mayor demostración de pragmatismo en la historia de Colombia, curiosamente usado por alguien que llegó al poder con la foto en sus vallas del último político que represento ideales. Solo por las dudas, Galán hubiera preferido renunciar a ser salvado por Santofimio.

¿A quién le importa Toribio?

Mientras los medios se peleaban para mostrarnos en exclusiva las imágenes del matrimonio de fritanga y las redes sociales colapsaban de opiniones al escrito de Alejandra Azcarate sobre las mujeres obesas, en Toribio la gente luchaba por su vida por los ataques demenciales de las farc contra este municipio. La W radio es un termómetro de los temas sobre los cuales debatimos. Allí fue entrevistada durante más de 45 minutos la autora de escrito que causo la polémica  desde París donde suspendió momentáneamente su descanso para explicarnos las motivaciones del mismo. Ese fue el tema de día el viernes 6 de julio y recibió más de cinco mil opiniones en la página del diario El Tiempo. Las viviendas afectadas en Toribio por los últimos enfrentamientos son las mismas que hace un año recibieron el impacto de una chiva bomba que dejó tres muertos, más de 100 heridos y 460 casas destruidas. Si está noticia hubiera ocurrido en otro continente, posiblemente Julito habría llamado a algún  representante del Gobierno de ese país y previa traducción simultánea, habríamos conocidos los sucesos ocurridos. Pero Toribio queda en el Cauca, tiene una importante población indígena y es pobre. Cumple todos los requisitos para no ser tenido en cuenta por los ciudadanos de la cuarta economía de Latinoamérica. La indiferencia por lo que pasa en ese municipio refleja nuestra actitud por todo lo que pasa fuera de Bogotá . Es como si la guerra que se vive en esas zonas ocurriera en otro planeta. Si los enfrentamientos con las Farc quedan relegados a estas zonas alejadas de nuestra cómoda civilización, tengamos por seguro que ni la guerra se terminara ni jamás habrá proceso de paz alguno, porque lo que no afecta no interesa. Ojala la Azcarate haga algún escrito sobre Toribio para que todos sepamos que ese lugar también es Colombia y que sus habitantes también merecen vivir en un lugar donde su mayor preocupación sea discutir columnas de opinión.