Justicia de clase: Ser político o adinerado asegura un trato diferente de las autoridades judiciales.

Cuando el juez de conocimiento del proceso seguido contra Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares al final de cada audiencia pide autorización a Jaime Granados, abogado suplente de una de las acusadas para fijar la siguiente fecha de audiencia con la finalidad que la misma no interrumpa las actividades del abogado, comienza uno a preguntarse quién maneja el proceso. Cuando se observa que los políticos capturados por diversos delitos reciben como lugar de reclusión su domicilio, escuelas del ejército o la policía donde no tienen régimen disciplinario alguno y  los hermanos Nule viven en un cómodo apartaestudio con cocinero particular negándose a asistir a diligencias judiciales a su antojo, se acentúan más las inquietudes sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sola llegada de cualquiera de estos procesados a la audiencia donde se les juzga haría presumir a cualquier desinformado que se encuentran en cualquier situación menos detenidos: De saco y corbata o vestido, nunca esposados y hablando por teléfono.

La extradición en abril pasado del estudiante de la Universidad del Rosario Oscar Guillermo Sierra Fierro de 21 años por ser presuntamente socio del Loco Barrera autorizada por la Corte Suprema de Justicia a pesar de las comunicaciones enviadas por sus compañeros donde daban fe de sus calidades personales, aunadas a las débiles pruebas presentadas por la fiscalía americana que noventa días después de su llegada a Estados Unidos  no ha podido llamarlo a ser parte de proceso alguno contrastan con la negativa de la misma Corte hace menos de tres años en extraditar a Daniel Angel Rueda, directivo de DMG, la mayor estafa colectiva que recuerde la historia de Colombia, por considerar que al haber suscrito un preacuerdo con la fiscalía por el delito de lavado de activos, no era posible que fuera juzgado en el exterior por la misma causa. A los demás miembros de la cúpula de dicha empresa criminal, conocidos en esferas sociales menos importantes no los cobijó la misma interpretación y todos fueron extraditados. Angel fue condenado a 53 meses, de los cuales no alcanzó a estar privado de la libertad 30 debido a que por su trabajo como aseador de la cárcel redimió algunos meses de su condena. Hace algún tiempo disfruta de su libertad mientras Guillermo Sierra espera la primera visita de un delegado de la Cancillería colombiana. Afortunadamente, el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos es el doctor Carlos Urrutía Valenzuela, amigo personal del presidente y socio de Brigard&Urrutía, quién  seguramente tendrá entre sus prioridades ayudar a éste  compatriota en dificultades legales.

En un proceso común el juez no pide permiso al abogado para fijar el horario de las audiencias, los procesados no eligen su lugar de reclusión y los estafadores de miles de personas no pagan dos años de cárcel. La comprobada existencia de tratamiento especial a ciertos ciudadanos por su posición política o su condición social revela  un sello de la sociedad, la inequidad.  

Leyes de Honores: El 20% de las leyes que se aprueban en Colombia son conmemoraciones de aniversarios y exaltaciones de “personajes nacionales”.

Desde su llegada al gobierno, el presidente  Juan Manuel Santos ha sancionado 160 leyes. ( de la ley número 1407 a la 1564, incluyendo las leyes 1254,1343 y 1345). Durante los últimos dos años la Nación se ha unido a la conmemoración de los 410 años de Zipaquirá, 200 de Anorí y Guatapé ,100 de Viterbo, 150 de Pereira, 200 años de Sogamoso  “que desde el primer momento se adhirió con fervor inigualado a la causa de la emancipación americana y contribuyó con sus servicios a consolidar las ideas de libertad.” (art.1 ley 1543), 450 de Yolombó, 476 de Jamundí, para mencionar algunos de los municipios agasajados.

La costumbre legislativa de tramitar leyes de honores para los aniversarios de municipios y festivales folclóricos tiene como fundamento la inclusión indispensable de un artículo que permite al gobierno nacional realizar traslados presupuestales para unirse a la celebración, situación que permitirá al parlamentario de acuerdo a su importancia y lobby, el direccionamiento de recursos para su zona de influencia.  Pareciera no compadecerse el desgaste de la tramitación de una ley ante dos cámaras para dicha finalidad.

Debido a que el Congreso también se preocupa por asuntos culturales, fueron incorporados al patrimonio cultural nacional el Carnaval del Perdón y la Reconciliación del Valle de Sibundoy en Putumayo, la Concatedral de Nuestra Señora del Socorro en ese municipio de Santander,  la Institución Educativa Andrés Rodríguez en Sahagún, Córdoba y el Festival Nacional de Acordeoneros en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, entre otros.

El excongresista Luis Guillermo Vélez fue reconocido como ilustre ciudadano y tendrá un busto en mármol en el salón de su mismo nombre en el Capitolio. La memoria de la actriz Fanny Elisa Mikey también es motivo de exaltación y por ello se ordena la edición de sus obras, elaboración de estampillas, documentales  y la realización de una escultura en su memoria que será exhibida en el Teatro La Castellana. Con motivo del fallecimiento de Gloria Valencia de Castaño, la Nación rinde público homenaje y exalta su memoria, vida y obra, por “su lucha ambiental”, entre otras cosas. Igualmente se ordena la realización de un  libro biográfico que deberá  ser distribuido a todas las bibliotecas públicas del país, imagino que en varios ejemplares para satisfacer la amplia demanda que tendrá aquella pieza de colección. Finalmente, la memoria del eminente jurista Benjamín Iragorri Díez es exaltada “como ejemplo permanente para todas las generaciones del país” Su busto será expuesto en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Cada tres años se realizara un evento en ese centro universitario para conmemorar su vida y obra. De esta manera el padre del Senador Aurelio Iragorri Hormaza quien lleva más de treinta años en el Congreso de la República es debidamente exaltado.

Es difícil que a unos congresistas ocupados en leyes tan importantes les quede  tiempo para leer los actos legislativos que reforman la Constitución Política.

Cuando Santofimio salvó el gobierno de Gaviria

El próximo 22 de julio se cumplen veinte años de la fuga de Pablo Escobar del lugar donde permaneció poco más de un año en el municipio de Envigado. Cuando se fueron conociendo los hechos escandalosos que ocurrían en La catedral, el Gobierno no tuvo alternativa diferente a ordenar la captura de Escobar para su traslado a un verdadero centro de reclusión. El operativo fue una cadena de errores que facilitaron la fuga y permitieron conocer quien tenía el verdadero control de ese singular  “centro penitenciario”. Como consecuencia de lo ocurrido fueron destituidos importantes mandos militares y el Viceministro Eduardo Mendoza quien tuvo la infeliz idea de cumplir las funciones de notificador para comunicarle al patrón su traslado y en razón a ello, terminó secuestrado por los “presidiarios” de la catedral. Durante el mes siguiente (agosto de 1992), el senador Andrés Pastrana citó a un debate de control político a Rafael Pardo Rueda, para ese entonces Ministro de Defensa. En dicho debate expuso las inquietudes sobre la operación realizada y de manera precisa pregunto si el gobierno iba a trasladar o capturar a Escobar. La defensa del Gobierno de Cesar Gaviria estuvo presidida por el senador tolimense Alberto Santofimio Botero quien con su verbo encendido logró cambiar la esencia del debate al negarle autoridad a cualquier persona en Colombia para recriminar las actuaciones del gobierno. Está frase resume el sentido de su intervención: "Usted, doctor Pardo, está pagando sobre sus hombros el pecado de quienes nos asomamos jóvenes al poder y somos víctimas de la enfermedad de la envidia colombiana..." La Cámara de Representantes era presidida en ese momento por  César Pérez García, quien logró la suspensión del debate de control político al que había sido citado el Ministro Pardo Rueda. De esta manera no existieron responsables políticos por la fuga de Escobar. Algún lector desorientado se preguntara si ese senador Santofimio no fue él mismo que fue condenado el 31 de agosto de 2011 por la Corte Suprema de Justicia como coautor responsable del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y otras dos personas el 18 de agosto de 1989, es decir, escasos tres años antes del debate citado. También se preguntara si Pérez García, no es el mismo exparlamentario que perdió la investidura por violación del régimen de inhabilidades y en la actualidad espera el fallo del proceso que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia por la masacre de Segovia ocurrida en noviembre de 1988 donde fueron asesinadas 43 personas. En efecto, ambos congresistas fueron fundamentales para contrarrestar la mayor crisis política del gobierno de César Gaviria. Con su colaboración, nadie respondió políticamente por lo sucedido y se configuro el principio de irresponsabilidad política que se ha mantenido incólume hasta nuestros días. En el Cementerio Central el 20 de agosto de 1989 Juan Manuel Galán Pachón entregó las banderas de su padre a César Gaviria y debido a ello éste fue Presidente. El mismo Juan Manuel públicamente en diferentes ocasiones sostuvo que hubo políticos que participaron en el homicidio de Luis Carlos Galán. Fue con ocasión al recurso de casación interpuesto por su apoderado que Alberto Santofimio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.  ¿Nadie compartía esas opiniones en 1992? Porque solo son válidas dos opciones: O el gobierno elegido como un homenaje a Galán terminó aliado políticamente con su asesino o  la Corte Suprema de Justicia condenó a un inocente. Cualquiera de la dos opciones apesta. Si la primera opción fuera cierta, difícilmente habría mayor demostración de pragmatismo en la historia de Colombia, curiosamente usado por alguien que llegó al poder con la foto en sus vallas del último político que represento ideales. Solo por las dudas, Galán hubiera preferido renunciar a ser salvado por Santofimio.

¿A quién le importa Toribio?

Mientras los medios se peleaban para mostrarnos en exclusiva las imágenes del matrimonio de fritanga y las redes sociales colapsaban de opiniones al escrito de Alejandra Azcarate sobre las mujeres obesas, en Toribio la gente luchaba por su vida por los ataques demenciales de las farc contra este municipio. La W radio es un termómetro de los temas sobre los cuales debatimos. Allí fue entrevistada durante más de 45 minutos la autora de escrito que causo la polémica  desde París donde suspendió momentáneamente su descanso para explicarnos las motivaciones del mismo. Ese fue el tema de día el viernes 6 de julio y recibió más de cinco mil opiniones en la página del diario El Tiempo. Las viviendas afectadas en Toribio por los últimos enfrentamientos son las mismas que hace un año recibieron el impacto de una chiva bomba que dejó tres muertos, más de 100 heridos y 460 casas destruidas. Si está noticia hubiera ocurrido en otro continente, posiblemente Julito habría llamado a algún  representante del Gobierno de ese país y previa traducción simultánea, habríamos conocidos los sucesos ocurridos. Pero Toribio queda en el Cauca, tiene una importante población indígena y es pobre. Cumple todos los requisitos para no ser tenido en cuenta por los ciudadanos de la cuarta economía de Latinoamérica. La indiferencia por lo que pasa en ese municipio refleja nuestra actitud por todo lo que pasa fuera de Bogotá . Es como si la guerra que se vive en esas zonas ocurriera en otro planeta. Si los enfrentamientos con las Farc quedan relegados a estas zonas alejadas de nuestra cómoda civilización, tengamos por seguro que ni la guerra se terminara ni jamás habrá proceso de paz alguno, porque lo que no afecta no interesa. Ojala la Azcarate haga algún escrito sobre Toribio para que todos sepamos que ese lugar también es Colombia y que sus habitantes también merecen vivir en un lugar donde su mayor preocupación sea discutir columnas de opinión.