Los diferentes significados de la paz.

Después de diez años y seis meses de la terminación de los diálogos realizados con las farc durante el gobierno de Andrés Pastrana, inicia una etapa de acercamientos con esa guerrilla para adelantar un proceso de diálogos que permita poner fin al enfrentamiento de ese grupo con el Estado colombiano. Todos esperamos que llegue el día en que finalice el conflicto con los grupos guerrilleros que ha dejado miles de muertos en casi medio siglo. El inconveniente es que existen diferencias sustanciales sobre lo que consideramos debe ser el resultado de un proceso de paz con las farc.

Algunos aseguran que la desmovilización total de la guerrilla sin condiciones y su sometimiento a la ley de justicia y paz es la salida al conflicto. Sustentan su posición en la declaratoria internacional de terroristas de las farc  y en su relación con el narcotráfico. No aceptan darle condición de interlocutor para dialogar sobre aspectos estructurales del país. Su futuro político depende del fracaso de las negociaciones de paz. Hace doce años Alvaro Uribe peleaba con el margen de error de las encuestas a escasos 20 meses de las elecciones. Su posición crítica al proceso de paz lo convirtió en el primer presidente que triunfó en primera vuelta desde la Constitución de 1991. A sus herederos políticos, comenzando por el exministro Zuluaga no les parecerá  nada descabellado repetir la fórmula.

Otros esperan que en la mesa de diálogos se realice un debate sobre todos los temas del país y los acuerdos sobre los mismos se  reflejen en una Asamblea Constituyente. No deben existir temas vetados y el bien máximo de un acuerdo de paz, merece cualquier sacrificio por parte del Estado. Las farc deben ser reconocidos como alzados en armas que representan legítimos intereses de un sector de la sociedad que jamás han sido escuchados. Los sectores afines a este pensamiento solicitaran espacios en la mesa de negociación para “contribuir” a la eficacia del proceso. Cualquier persona que opine de manera diferente será llamada “enemiga de la paz”. La gran pregunta que surge de esta posición es cual puede ser la legitimación de un grupo alzado en armas para llegar a acuerdos que resulten obligantes para el Estado cuando su representación de la sociedad, es en el mejor de los casos, escasa.

Para otros, no existe conflicto. La desaparición de las farc de los centros urbanos del  país ha traído como consecuencia la invisibilización misma del conflicto. Una persona de ingreso medio alto que trabaje en alguna de las grandes capitales y no tenga relación con sectores rurales, apenas conocerá la existencia de dificultades en la eventualidad que lea diarios. La incidencia en su vida de un conflicto en el Cauca es parecida a la que puede tener el cambio de gobierno en Siria. Para ese sector, cada vez mayor debido a la concentración demográfica en las ciudades, una salida negociada con las farc hace un tiempo dejó de ser su principal preocupación, y el tema solo es relevante en la medida que pueda afectar su situación económica.

Corresponde al gobierno actual conservar el equilibrio entre las diversas posturas existentes para lograr darle legitimación a los acuerdos que puedan llegarse a suscribir con la guerrilla. Las reformas y los anuncios adelantados por el presidente Santos en la primera mitad de su gobierno deberían allanar el camino. Leyes como la restitución de tierras y la igualdad en la prestación de los servicios de salud para todos los colombianos no habrían tenido éxito en el pasado y serían la consecuencia de un acuerdo de paz. Al existir estas normas en el ordenamiento legal y las sentencias emanadas de la Corte Constitucional en temas como el desplazamiento, parecería que la agenda a tratar debe tener un contenido menor a la de diez años antes.

La consolidación del proceso y los eventuales acuerdos que se realicen dependerá de que todos compartamos el mismo significado de la paz. Olvidar las posiciones de las diferentes partes es abrir la puerta para el inició de otra espiral de violencia, donde los excluidos de la negociación tendrán justificación para el inicio de otro conflicto, situación que puede presentarse si solo se promueven indultos y anmistías para una sola de las partes. Será difícil lograr la firma de la paz, cuando cientos de militares se encuentran procesados unos y purgando condenas otros por acciones derivadas del conflicto. Incluir una solución a esta situación puede contribuir a que el significado de la paz sea común a todos.

Historias similares: La discriminación de los hijos naturales y los homosexuales.

El pasado 24 de febrero se cumplieron 30 años de la expedición de la ley que  otorgó  igualdad de derechos herenciales a los hijos  legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Un siglo antes, el Código Civil establecía clasificaciones entre hijos legítimos, aquellos que eran concebidos durante el sagrado vínculo del matrimonio de sus padres o aquellos que eran legitimados mediante el matrimonio posterior a la concepción, e hijos ilegítimos, los cuales se dividían en naturales, aquellos que eran concebidos por personas que no eran casadas al tiempo de la concepción; de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez se dividían en adulterinos si algunos de sus padres estaba casado al momento de la concepción o incestuosos si sus padres tenían algún grado de parentesco que les impedía contraer matrimonio.  Los hijos ilegítimos sufrieron señalamientos y discriminaciones en un Estado con una constitución conservadora y confesional, en la cual gobernó el mismo partido desde 1886 hasta 1930. En 1936, durante el gobierno de López Pumarejo, mediante la ley 45 se comenzaron a realizar modificaciones legales que atenuaron la desventajosa situación de los hijos concebidos fuera del matrimonio. Mediante la ley 75 de 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo se avanzó en los procesos de filiación de paternidad. Curiosamente, en el gobierno del presidente cuyos hijos eran legítimos y a la vez incestuosos fue aprobada la igualdad de derechos herenciales. No importo lo anterior para que nuestro expresidente pudiera anular velozmente su matrimonio de décadas y ser Embajador ante la Santa Sede en compañía de su segunda esposa. Algo parecido había ocurrido con el Regenerador y Soledad Román un siglo antes. Para las anulaciones matrimoniales nada influía la condición de expresidentes de los solicitantes. Mientras tanto, miles de personas que  querían divorciarse o cesar los efectos del matrimonio católico tuvieron que esperar hasta la Constitución de 1991 para legalizar su situación. Finalmente, mediante la ley 721 de 2001 se autorizó la práctica de exámenes de ADN que permite mayor celeridad en los proceso de filiación que se adelantan. Los avances legislativos que crearon espacios de igualdad requieren reformas audaces debido a posiciones jurisprudenciales que continúan construyendo caminos de discriminación. De esta manera, los alimentos que los jueces otorgan a favor de hijos extramatrimoniales cuando no ha existido convivencia son iguales a medio salario mínimo legal mensual, sin importar la capacidad económica del padre, situación que origina una evidente desigualdad entre los hijos de un mismo padre o madre. Se adiciona  a lo anterior, la imposibilidad de impedir la desintegración del patrimonio del padre o madre con hijos extramatrimoniales en detrimento de éstos. La creación de sociedades o fiducias donde se concentran los activos ha traído como consecuencia que la igualdad lograda con la ley 29 de 1982 sea formal pero no real debido a que cuando fallece el padre no existe patrimonio para repartir entre sus sucesores debido a la hábil e impune insolvencia creada de antemano. Culturalmente, la diferencia entre hijos legítimos y naturales se mantiene intacta. Luis Alfonso Galán, hijo mayor de Luis Carlos obtuvo su filiación en 1996 después de haber validado su bachillerato y trabajado como mensajero mientras sus hermanos terminaban su educación en Europa con su madre como Embajadora. Menos mal han cambiado tanto las leyes. 

Con los homosexuales ocurre algo similar, de ignorarlos inicialmente, se paso a considerarlos enfermos, hasta que desde hace tres lustros comenzaron a reconocerse algunos de sus derechos. Aunque con timidez, se ha comenzado a reconocer el derecho de opción sexual de cada persona como un derecho inherente a la misma. Los enemigos de estos avances son los mismos ayer y hoy, los propietarios de la verdad revelada por un ser superior que juzga y condena todo cuanto sea diferente a su predicación. Monseñor Builes ayer, Alejandro Ordoñez hoy, son los representantes de la doble moral que señala conductas ajenas pero no reflexiona sobre las propias. Un siglo duraron los cambios para lograr algo de  igualdad en los descendientes de un mismo padre, ojala que sea un tiempo mucho menor el que dure el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. El respeto por las minorías y la tolerancia con la diferencia es lo que nos distingue de las sociedades que durante siglos fueron divididas entre buenos y malos. Por eso, sus derechos no son una concesión ni un favor, son un deber moral de quienes integramos la sociedad.

Cuando los contratistas gobiernan

Las elecciones para la Gobernación del Meta para el periodo 2008-2011 fueron ganadas por Darío Vásquez, candidato del Partido de la U. Sus antecedentes profesionales se circunscribían a la realización en calidad de contratistas de cientos de contratos con diferentes entidades públicas, la mayoría con influencia en el Departamento del Meta. En poco menos de un año paso de ser un reconocido contratista a una revelación electoral que le ganó las elecciones a Maritza Martínez, esposa del líder político  Luis Carlos Torres.

Las regalías provenientes de la explotación del petróleo incrementaron en la última década  el presupuesto del Meta, en 2011 por ejemplo recibió por este concepto más de un billón de pesos. El manejo de un presupuesto importante tuvo como consecuencia el aumento del costo de las campañas electorales. La reciente reforma constitucional que modifica la distribución del dinero de las regalías y afecta especialmente a los departamentos productores de petróleo ha sido rechazada por sus dirigentes y es calificado como un “raponazo” de sus recursos. Sin embargo, los hechos que comienzan a salir a la luz pública sobre algunas millonarias contrataciones realizadas en  2011 no contribuyen a la reclamación realizada y por el contrario, sirven de argumentos para justificar la decisión de centralizar el manejo de estos recursos en Bogotá.

Dos ejemplos: Mediante licitación  pública se adjudicó el diseño y construcción de la nueva sede administrativa de la Gobernación del Meta por una cifra superior a 14.000 millones de pesos. En el proceso realizado solo participo un oferente que obtuvo una calificación de 500/1000 puntos, obteniendo 0 puntos en lo relacionado con condiciones de experiencia específica del personal profesional y técnico. El 9 de febrero de 2011 se celebró el contrato de obra número 063 con un plazo de 12 meses para su ejecución. El anticipo pactado fue de 50% del valor total, luego de suspensiones, el contrato se reanudo en septiembre pasado  y su avance no ha sido el mejor por un pequeño problema: Luego de hacer los diseños, el contratista indicó que el valor total de la obra era de 28.000 millones de pesos. Así las cosas, avanzara hasta donde alcance el dinero y el Departamento deberá hacer las adiciones correspondientes para no dejar a medias la obra. Curiosamente, existen “veedurías” ciudadanas tan preocupadas por esta situación que elaboran derechos de petición exigiendo la adición del 50% del contrato y el inicio de licitación por el valor restante para terminar la construcción.

Villavicencio requiere la ampliación del anillo vial, una vía de 6 kilometros planos entre dos puntos estratégicos de la ciudad. Con la finalidad de solucionar esta necesidad, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio unieron esfuerzos en 2010 para realizar la gigantesca obra. Los proyectos respectivos fueron incorporados al Banco de Proyectos en el segundo semestre de 2010 y el 30 de diciembre de mismo año comenzó el proceso licitatorio que terminó con la adjudicación del contrato de obra al Consorcio Muresp integrado por empresas regionales y personas naturales que literalmente pulverizó a los otros participantes, entre los cuales se encontraban empresas como Conconcreto. El 13 de mayo de 2011 se suscribió el contrato de obra número 088 de 2011 por valor de una cifra superior a 49.200 millones de pesos.  El contrato se divide en el diseño que tiene un valor menor al 1% del valor total y la obra. En mayo de 2012 se inicio a la ejecución del contrato, advirtiendo varias situaciones:-Que luego de realizar los diseños, el valor total de la obra es cuando menos de 84.000 millones- Faltan por comprar 7 predios por donde pasara la vía  y la Alcaldía carece de recursos para realizar estas adquisiciones.

Entrevistado por El Tiempo el  de marzo de 2012, el exgobernador Vásquez manifiesta que las obras del anillo vial cuestan en  total 240.000 millones, pero al no  estar todo el dinero reunido, se  resolvió arrancar con lo que había, sin embargo señala que con el dinero que dejó en el presupuesto de 2011 sin ejecutar, pueden pagarse las adiciones que se necesiten, lo que constituye una visión novedosa de los principios de planeación presupuestal. (www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB NEW NOTA INTERIOR 1127902.html)

Sobra decir que los entes de control no han notado nada anómalo en los procedimientos indicados, por lo cual el control fiscal posterior y selectivo, esperara primero la culminación de la cadena de adiciones a realizar y luego optara por evitar seleccionar estos casos.  La ceguera colectiva no permite observar que un contratista que se convierte en político de la noche a la mañana tiene como finalidad única de su actividad pública, aquella que conoce y maneja: Contratar, al costo que sea, total, es el Estado el que paga.

Las fábulas de Santos

“Es difícil y duro, uno tiene que tomar decisiones y estar dispuesto a gastar su capital político. Tiene que estar dispuesto a que lo chirlen (griten) en todas las plazas públicas. Conmigo lo hicieron, quemaban retratos míos en las plazas de Colombia, y mis hijos, que eran pequeños, me preguntaban por qué cuando lo veían en televisión; yo les decía que era un reconocimiento porque el humo subía donde estaba Dios, pero era mentira. Me quemaban porque todo el mundo estaba en contra de las decisiones muy duras que nos tocó tomar. Uno no sale de la crisis sin hacer grandes sacrificios…” (Entrevista de Juan Manuel Santos con www.huffingtonpost.es, agosto 5 de 2012, reproducida en El País de España y Semana versión digital)

Cuando los vanidosos llegan al poder una de sus obsesiones recurrentes es modificar la historia para convertir cualquier acción intrascendente que hubieran realizado en una aventura épica en la cual su valor y decisión fueron fundamentales para cambiar positivamente el curso de los hechos.  El actual presidente colombiano no es una excepción. En la entrevista reseñada, con su habitual humildad recomienda al presidente español Mariano Rajoy  adoptar decisiones impopulares para superar la crisis sin importar su costo político, en la manera que él lo realizó siendo Ministro de Hacienda en la administración de Andrés Pastrana.

El vértigo con el cual  suceden los acontecimientos en el mundo actual hace que una década parezca una eternidad y pareciera que debido a ello existe licencia para crear sucesos que nunca ocurrieron y presentarlos como reales. Simplemente, para recordar: Santos fue Ministro de Hacienda en el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2000 y el 7 de agosto de 2002. Con el lema de “sudor y lágrimas” asumió el Ministerio y contra la popularidad del presidente en ejercicio adoptó medidas de ajuste que contribuyeron a mejorar la situación de la economía. Salvo que el diario de propiedad de su familia en esos años hubiera decidió ocultar información, no se  recuerdan silbatinas ni quemas masivas de fotografías del ministro en plazas públicas y mucho menos pérdida de capital político, activo del cual carecía hace un par de lustros. Para hacerse una idea del reconocimiento y favorabilidad de su imagen por esos años, puede decirse que es equivalente a la del actual Ministro del Interior, Federico Renjifo en el presente. Lo anterior explica las razones de entregar esas declaraciones a una publicación del exterior.  La ficción se vuelve historia. Y pensar que nadie recuerda que la primera propuesta pública de entregar una zona desmilitarizada a la guerrilla para adelantar conversaciones fue realizada por el actual presidente. (http://elpais.com/diario/1997/10/15/internacional/876866401_850215.html)