miércoles, 24 de octubre de 2012

Borracho rico y borracho pobre


Debido al incremento de accidentes automovilísticos con consecuencias fatales en los cuales los conductores que los causaban se encontraban en estado de embriaguez, la Fiscalía  General de la Nación comenzó a variar la tipificación del delito de homicidio culposo a homicidio en la modalidad de dolo eventual con la finalidad de poder solicitar penas más severas para los ciudadanos que incurran en esa conducta delictiva.  La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de agosto 25 de 2010 validó la teoría del dolo eventual y en virtud de ello un conductor  que en estado de embriaguez  chocó con otro vehículo y ocasionó la muerte de sus dos ocupantes fue condenado a 18 años de prisión.  Haciendo a un lado la discusión estrictamente jurídica sobre la modalidad culposa de esta clase de delitos, es preciso contrastar eso con el tratamiento que han tenido recientemente casos similares.
Hace algunos meses un conductor en estado de embriaguez arrolló una caravana de motociclistas en la vía al municipio de La Calera en la ciudad de Bogotá, ocasionando la muerte de tres personas. Hace algunos días por diferentes medios de comunicación  se anunciaba el acuerdo logrado entre el conductor detenido y los familiares de las víctimas por el cual el primero pagaría a éstos más de mil cuatrocientos millones de pesos y a cambio de ello la Fiscalía cambiaría la modalidad del delito de homicidio doloso a culposo, con el cual la pena no pasaría de cinco años, los cuales con estudio y trabajo quedarían reducidos  a menos de la mitad, además de poder pasar el tiempo de la pena en detención domiciliaria. Algo similar sucedió  con otro conductor que en estado de embriaguez ocasionó la muerte de varias personas al norte de Bogotá.
Si el acuerdo a que ha llegado la sociedad es que debe castigarse con severidad  la conducta de quien causa daños como consecuencia de manejar un vehículo en estado de embriaguez debe por los menos ser motivo de reflexión si el tratamiento que se otorga a los infractores de esa norma difiere de manera sustancial si quien comete el delito tiene recursos o no para reparar a las víctimas del delito. La reparación es un derecho de las víctimas y un deber del victimario pero  cuando se convierte en un factor que modifica la modalidad culposa de un delito se abre el camino hacia la discriminación de los ciudadanos en razón de sus recursos económicos y se quiebra el principio de igualdad de todos ante la ley.  En otras palabras, si el hecho de tener recursos garantiza una menor pena al propietario de los mismos, el sistema penal está propiciando una justicia diferente de acuerdo a la clase social del infractor de las normas penales.
Esas sutiles diferencias en el tratamiento de los ciudadanos promovidas desde el Estado y consolidadas en el acontecer diario son las que profundizan las situaciones de inequidad existentes en Colombia.  Solo cuando se recupere la igualdad de todos ante la ley comenzará el verdadero fin del conflicto, que es mucho más que firmar un documento con las farc.

jueves, 11 de octubre de 2012

La impunidad como regla. De Samper a Valerie Dominguez


Desde que Ernesto Samper lleva a juicio a periodistas por la vulneración de su honra es posible que todo pase en el sistema legal colombiano. ¿Cuántos procesos por injuria y calumnia llegan a juicio? Son tan pocos y precisamente el iniciado por quien llegó al poder gracias a los aportes del narcotráfico es uno de ellos. Aunque Claudia López fue absuelta de  las acusaciones de la Fiscalía, siempre quedara  el recuerdo de un proceso absurdo promovido por quien casi dos décadas después de los hechos sigue sin reconocer su responsabilidad y vende la teoría según la cual Fernando Botero y Santiago Medina ingresaron a su campaña con el único fin de enriquecerse con la solicitud de aportes económicos a los narcotraficantes. La otra explicación es peor, él recibía apoyo ilimitado de Bavaria, empresa dedicada a la venta de bebidas embriagantes. En ambos casos su presidencia se consiguió con el apoyo de los empresarios del vicio. La decisión de la Cámara de Representantes de no  acusar al Presidente  ante el Senado  debe ser respetada por todos los ciudadanos en un Estado de Derecho y esa ha sido la patente de corso que exhibe Samper para seguir opinando sobre todos los aspectos de la vida nacional.  Así como existen campeones sin corona, coexisten culpables sin sentencia.
Estas semanas han ocurrido hechos que permiten confirmar el crecimiento y consolidación de la impunidad selectiva en el país. Julio Gómez, permanece libre luego de una condena irrisoria de cinco años de prisión por los delitos relacionados con la contratación en Bogotá. Una exigua devolución de dinero puso a salvo su cadena de empresas contratistas públicas de propiedad de sus familiares. Emilio Tapia y Alvaro Dávila, cómplices del carrusel de contratos en el Distrito se convierten en testigos estrella y en el peor de los casos pagarán penas exiguas y saldrán indemnes del saqueo realizado a Bogotá en el nefasto periodo de Samuel Moreno, a su vez nieto e hijo de insignes custodios de los recursos públicos que incrementaron su patrimonio sin castigo en las épocas de la dictadura de su abuelo. Nunca fue más apropiado el refrán según el cual “ lo que se hereda, no se hurta.” Finalizando con la actriz y reina Valerie Domínguez quien solicitó subsidios del programa Agro Ingreso Seguro a su nombre y luego de que fuera destapado el escándalo de irregularidades en dicho programa optó por devolverlos indicando que había sido engañada por su novio y la familia de éste. La familia beneficiada que obtuvo miles de millones al dividir sus propiedades para tomar más recursos realizó un acuerdo con la Fiscalía, declaró en contra de la peligrosa exreina, devolvió los dineros recibidos y fue condenada a pocos meses de prisión, los cuales no deberán pasar en ningún centro penitenciario. La actriz fue declarada inocente por el juez con argumentos que rayan en lo insólito. Como colofón ni reina ni familia fueron alcanzados por ninguna sanción, más allá de las carátulas de revistas del corazón que narran el “drama” de  estos personajes de novelón criollo.
Como si lo anterior fuera poco, la Ministra de Justicia presentara un proyecto de ley en el cual  se pretende implantar la posibilidad de purgar penas en todos lugares menos en centros penitenciarios. Hace algo más de un año el Presidente Santos anunciaba el hallazgo del escándalo de corrupción más grande de la historia en el campo de la salud, situación que tuvo como consecuencia la intervención de Saludcoop. Pocos meses después ternaba para fiscal general al abogado de ésta entidad quien es propietario de un inmueble en un conjunto cercano a Villavicencio en compañía de funcionarios y contratistas de Saludcoop, personajes tan distinguidos como el hijo del excontralor Turbay, nieto del inolvidable luchador por la pulcritud de la república, Julio Cesar Turbay Ayala. Después del anuncio presidencial, no existió la más mínima investigación y pareciera que no  ocurrió nada. De otra parte, uno de los aspectos que se debatirán en los nuevos diálogos de paz es la extinción de penas para los miembros de las farc. De esta manera, quienes cometieron delitos de lesa humanidad no deberán siquiera disculparse con sus víctimas.
La lección es sencilla: El delito paga. Una sociedad en que los delincuentes tienen la certeza de que no recibirán castigo por sus delitos necesita mucho más que un proceso de diálogo para vivir en paz. 

miércoles, 3 de octubre de 2012

Participación ciudadana. De la teoría a la práctica.


La ampliación de mecanismos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos fueron dos banderas de la Constitución de 1991. Los textos que comentan asuntos constitucionales de Colombia describen con lujo de detalles la abundancia de formas en que los ciudadanos pueden participar en los asuntos del Estado. Sin embargo, el camino de la teoría a la práctica ha demostrado que todo quedo en deseos.
El actual presidente del Congreso ha sido militante del Partido Liberal, Cambio Radical y ahora del Partido de la U. Igual ocurre con varios parlamentarios que cada periodo modifican su filiación partidista. El último candidato liberal a la Presidencia fue Ministro de Defensa de  César Gaviria, apoyó a Andrés Pastrana en la Alianza por el Cambio, lideró la modificación a la Constitución para la reelección de Alvaro Uribe, rivalizó con Santos en las últimas elecciones presidenciales y es ahora Ministro de Trabajo. Los liberales terminaron convertidos en una minoría presidida por un delfín que apoya la reelección en la Procuraduría de un personaje que confunde la Iglesia con el Estado, acaso uno de los principios fundadores de esa organización política. El Partido Conservador nunca volvió a presentar candidato propio para elecciones presidenciales. Además del proceso de desmaterialización de los dos partidos históricos, se crean partidos cuya aspiración de permanencia histórica no supera un periodo legislativo. El pasado 30 de septiembre el Estado gastó no menos de 35.000 millones de pesos en unas inoportunas consultas internas de tres partidos políticos en las cuales participaron 500.000 ciudadanos y votaron por la integración de comités internos de MIRA, los delegados al Congreso Nacional del Polo Democrático y los delegados al Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Verde.  Las normas que regulan la materia han logrado destruir lo que existía y han promovido los partidos de oportunidad que tienen como única finalidad la próxima elección.
Con los mecanismos de participación ciudadana, la situación es parecida. El único referendo realizado (promovido por el Gobierno) no tuvo efectos en su gran mayoría de preguntas por no alcanzar el número mínimo de votantes. Sacar más de la cuarta parte del censo electoral a votar sin el apoyo de las maquinarias de siempre es una tarea casi imposible. Eso explica porque el Procurador Ordoñez propone que los temas del aborto sean sometidos a referendo. La revocatoria del mandato, promocionada como la figura que permitiría el control ciudadano sobre sus gobernantes ha sido un estruendoso fracaso. Se han realizado 37 revocatorios en diferentes municipios de Colombia y en ninguna de ellas se ha logrado reunir el 50% de los votos que participaron en la elección en la cual fue elegido el mandatario que se solicita revocar. La forma como  está diseñada la figura implica el gasto de dos campañas, una para revocar y otra para elegir al nuevo mandatario, situación que trae como consecuencia un costo económico demasiado alto para quienes está interesados en impulsar el uso de este mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito no ha sido utilizado, mientras que la iniciativa popular no ha tenido mayor trascendencia. El Cabildo Abierto ha tenido algún desarrollo en los municipios y la Consulta Popular fue exitosa en el caso del Día sin carro en Bogotá realizada en 1997, anotando que coincidió con la fecha de votación de  elecciones de autoridades locales. En síntesis, las iniciativas que han provenido de grupos ciudadanos referidos a revocatorias e iniciativas populares no han tenido ningún éxito.  Sería el momento de repensar la normatividad que rige los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de darles la vitalidad de la cual han carecido después de más de dos décadas de la expedición de la Constitución.