martes, 10 de diciembre de 2013

Petro y las consecuencias de hacer pactos con el diablo.


Hace cinco años el exmagistrado Alejandro Ordoñez Maldonado tenía razones para estar contento. Acaba de ser elegido por el Senado como Procurador General de la Nación de manera apabullante. Con 81 votos a favor había vencido a Camilo Gómez y Germán Bustillo, quienes habían sido ternados por la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. La “campaña” que precedió su elección fue desigual debido a que mientras Ordoñez fue ternado por sus excompañeros del Consejo de Estado con meses de anticipación a la elección, sus contrincantes fueron designados con días de anticipación a la misma, situación que permitió que Ordoñez realizara acuerdos burocráticos con sus electores sin competencia alguna, lo que  explica la importante votación obtenida. Para el momento de su primera elección, Ordoñez era conocido en Santander pero con escasa visibilidad a nivel nacional. Los únicos hechos por los cuales había obtenido figuración fueron la demanda a Daniel Samper Ospina y Fernando Vallejo por una publicación de la Revista Soho en la cual se hacía una representación de la crucifixión de Cristo y por su paso como presidente del Consejo de Estado donde resolvió cambiar un cuadro de Francisco de Paula Santander en una sala de juntas por un crucifijo. Para la fecha de su elección eran conocidas sus ideas sobre la libertad de expresión y su nostalgia por el estado confesional que terminó con la Constitución de 1991.

Como es costumbre en el Congreso  de Colombia, lo que prevalece a la hora de entregar un voto por un funcionario que realizara funciones públicas en las cuales tendrá poder para designar personal son los acuerdos burocráticos por encima de cualquier tipo de consideración. La habilidad del exmagistrado para realizar este tipo de convenios y garantizar la designación en las procuradurías regionales y provinciales a los recomendados de los  caciques de siempre aseguró su elección. Por ello, en ese momento sorprendió el apoyo que el entonces Senador del Polo Democrático Gustavo Petro  dio a la elección de Ordoñez en el Senado. Debido a las suspicacias por su decisión, incluso en el seno de su partido, el Senador Petro expidió un comunicado en el cual explicaba su voto por Ordoñez, en el cual decía entre otras cosas: "Nuestro compromiso con los derechos humanos, el medio ambiente, las reivindicaciones de las mujeres y en especial las de las minorías en su condición de población más vulnerable, incluidas las minorías sexuales, constituyen la razón fundamental para que asumiéramos la decisión de votar en la elección del nuevo Procurador con la responsabilidad de asegurar que quien fuera designado para esa posición garantizara esos compromisos….. Analicé con cuidado las objeciones que se hicieron a su nombre y examiné algunas de sus decisiones como juez. No encontré, ni nadie hizo pública alguna de la que se pudiera concluir que había hecho uso de su investidura para darle rienda suelta a su fanatismo religioso..Con la famosa parodia fotográfica de la última cena que publicó la revista Soho, sintió Alejandro Ordoñez el deber de católico practicante de hacer respetar los símbolos de la religión que profesa. Para ello acudió a los tribunales y se sometió a su decisión. No nos corresponde como líderes de un Partido que defiende la diversidad, el pluralismo y la libertad religiosa, dar ejemplo de intolerancia"  El senador Petro rechazó cualquier acuerdo burocrático con Ordoñez. Sin embargo a mediados de 2009, con tan solo seis meses en el cargo, el nuevo Procurador designaba a un cercano amigo suyo, Diego Bravo Borda como Procurador Delegado ante el Consejo de Estado. En dicho cargo se mantendría por dos años hasta que renunció para acompañar a Petro en su aspiración en la Alcaldía de Bogotá y luego como Gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Pasaron pocos días del inicio del periodo del Procurador para que los ciudadanos fuéramos conociendo su talante. Su primera decisión consistió en absolver a los Ministros del Interior y Protección Social de las acusaciones de haber realizado acciones contrarias a la ley para lograr el voto de parlamentarios para la reforma constitucional que permitió implantar la  reelección presidencial. Aprovechando que el anterior Procurador en una muestra de su carácter dejó sin firmar la decisión que ponía fin a ese proceso disciplinario, modificó la valoración probatoria y absolvió a los exministros. Debido al rechazo de la opinión pública, en tiempo récord armaría otro proceso disciplinario contra el Ministro del Interior que daría como resultado su destitución y serviría para demostrar que no tenía compromisos con el Gobierno de Uribe. A continuación, comenzaría su cruzada contra los derechos de los homosexuales e impediría el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que estableció los casos en los cuales era permitida la interrupción del embarazo. Se iniciaría una selección de personas a las cuales se aplicaría con todo rigor las normas disciplinarias y otras que tendrían inmunidad total con relación a dichos preceptos legales. En dicha deformación de la función pública, persiguió a Alonso Salazar hasta decretar su destitución mientras que creo nefastos precedentes en materia disciplinaria que permitieron que los Gobernadores y Alcaldes que protagonizaron el escándalo de las fiducias fueran exonerados de responsabilidad mientras sus subalternos eran condenados. La segunda instancia comenzó a tener un manejo especial que permitiría que casos como el del Concejo de Villavicencio en pleno que eligió como Contralora Municipal a una persona inhabilitada y por el cual fueron destituidos los concejales  en primera instancia fuera “milagrosamente” revocado en segunda. Ordoñez  llegó a la Procuraduría General de la Nación  a poner en práctica los mismos métodos de Alejandro VI (el papa Borgia)

Con su elección como Alcalde Bogotá, Gustavo Petro comenzó a adoptar decisiones en las cuales se evidenciaba nula planeación y parecían prevalecer sus conceptos personales por encima de los técnicos o legales. El constante cambio de funcionarios en puestos claves revelaba que quien no estaba con Petro estaba contra él. La manera acelerada y desordenada  en la cual ejecutó el cambio del modelo de las basuras en Bogotá fue la oportunidad que sus contradictores estaban esperando para pasar viejas cuentas de cobro. Que tuviera razón en sus denuncias no significaba que no tuviera que respetar las formas. Lo que ocurrió en adelante era previsible. Una batalla de dos megalómanos.  Petro, el reivindicador de la clases populares y Ordoñez el paladín de la lucha contra la corrupción. Por nuestro actual ordenamiento jurídico, quien tenía la de ganar era el Procurador, quien para el pesar de muchos cuenta con las facultades legales para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos mediante el voto.  Y con base en esas facultades, destituyó y terminó la carrera política de su antiguo elector y su exprocurador delegado. Todos los adjetivos con los cuales califica hoy el alcalde destituido al actual procurador no eran desconocidos hace un lustro, cuando el entonces senador  apoyó con su voto la elección de Ordoñez.  Que no nos venga  ahora con cuentos de golpes de estado, extralimitaciones de funciones o turbias conspiraciones. Cuando se le vende el alma al diablo, debe recordarse que éste algún día reclamara la misma. El voto de ayer permitió la llegada del oscuro personaje que hoy entierra su carrera política y nadie puede alegar su propia culpa para eximirse de responsabilidades.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Los nuevos patrones del mal


Mientras en el país nos entretenemos diariamente con el “intercambio de ideas” entre el anterior presidente y el actual mandatario por los diálogos con las farc en La Habana, avanza la conformación de listas de los diferentes partidos políticos para las elecciones de marzo. El partido de la U creado hace 8 años por el actual presidente con base en la imagen y los principios de Uribe es ahora de propiedad de Santos. A él pertenecen personajes del peso intelectual y moral de Armandito Benedetti,  Roy Barreras, Aurelio Iragorri  que se han especializado en salir al auxilio de los vencedores de las elecciones, tengan las ideas que tengan. El partido Liberal, dirigido por el hijo del César, quien luego de confesar públicamente que votó una reforma constitucional que no leyó, defender públicamente  al octogenario y transparente gobernador de Sucre, nombrar por un proceso de meritocracia a la hija del Vicepresidente como Gerente de la Campaña e impulsar la reelección de Ordoñez en la Procuraduría ha demostrado que tiene toda la madera para ser director de esa colectividad y aspirante a la presidencia en 2018. Tiene el cinismo del Elefante, el pragmatismo de su padre y le falta aprender en los próximos años como Ministros de Santos  los artes de la traición y la falsedad. En cuatro años Frankestein estará listo para unirse con quien sea sin ruborizarse para lograr su objetivo de ser presidente. Los conservadores que mientras tengan la seguridad de la burocracia y la contratación jamás volverán a tener candidato presidencial están tranquilos, mientras que los demás partidos tienen como meta pasar el umbral y sostener su representación en el Congreso. Fruto de una “fuerte corriente de opinión”, ha surgido el “Uribe Centro Democrático”, movimiento que busca defender las “ideas” del anterior presidente y que se inauguró con una Convención para elegir candidato presidencial donde los principales destinatarios de saludos del máximo jefe y los aspirantes a Medveded criollos, recibían el mismo desde la cárcel donde esperan sus juicios o donde pagan su condenas por acciones cometidas en los años en que tuvimos el honor de ser gobernados por el líder que prometió en público que acataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Nicaragua pero luego aclaró que esa frase era aplicable solo si él mismo era a favor de su país pues en caso contrario no aplicaba la misma. Su lista al Senado se convirtió en un homenaje a tanto colombiano injustamente condenado por la justicia de este país. La esposa de un condenado por desaparición forzosa, el primo hermano del Patrón del Mal, el hijo del Gobernador detenido, la hermana de un condenado por el proceso ocho mil. Lastimosamente el director de la Hora de la Verdad fue inhabilitado y Popeye no alcanzó a salir en libertad para sumar sus nombres en la lista al Congreso del “nuevo partido”. Mientras ocurre todo lo anterior y el próximo semestre se dedica de lleno a la actividad política, en diversas partes del país están ocurriendo hechos que anuncian las próximas tormentas.

En Acacías, Meta en los últimos dos meses fueron asesinados el Personero Municipal y el Registrador. Nadie se atreve a dar hipótesis sobre el móvil de los atentados pero es evidente que los líos de tierras en la región apenas comienzan y los protagonistas de los mismos inspiran más miedo que las farc o las auc en su peor momento. La noticia de la suspensión de una caravana turística con destino a Caño Cristales en el departamento del Meta por la imposibilidad del ejército de brindar protección en la vía nos recuerda porque debe perseverarse en los diálogos en Cuba. Las noticias sobre la forma de hacer política en la Guajira y los métodos para silenciar a los contradictores y levantar un imperio del silencio en la zona son tan alarmantes como el control que ciertas pandillas o bacrim están teniendo en ciertos sectores populares de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. A lo anterior, se suman los escabrosos detalles que semanalmente se conocen del saqueo a Bogotá en el gobierno de los nietos del Dictador.

El tema de la falta de control territorial del Estado en áreas rurales del país es algo que no es nuevo. Sin embargo, la imposibilidad de controlar áreas urbanas donde grupos de hampones se han apropiado de las funciones del Estado es algo diferente.  Es el inicio de una nueva forma de criminalidad que puede ser mucho más difícil de combatir que cualquiera otra que hubiere existido porque el único móvil de quienes comete está clase de delitos es el dinero. La historia reciente es bastante rica en explicar las consecuencias de no enfrentar los problemas cuando estos comienzan. El contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción hubiera tenido un impacto menor si cuando comenzaron a manifestarse estos fenómenos el Estado hubiera dado respuesta efectiva a los mismos. Se conocen los municipios y barrios donde existe un gobierno paralelo que está imponiendo normas y haciendo justicia.   Este tema debería estar en la agenda del gobierno y los candidatos en el próximo debate electoral…Pero, nuestros dirigentes políticos están más interesados en otros temas: El Ministro de Justicia está dedicado a averiguar si el Presidente puede asistir a actos públicos antes del 25 de enero. El Ministro de Agricultura tiene como función principal escuchar de manera ilegal al Senador Robledo. Y los políticos en lo suyo: El delfín Galán se enfrenta a Serpa por el puesto en la lista de los liberales. Los conservadores adulando al abogado de Saludcoop que temporalmente ocupa la Fiscalía con la finalidad que entierre la investigación por el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes…Y así.

Cuando le presten atención al tema, tocará hacer otra ley de justicia y paz para solicitarles a los dueños de barrios y comunas que se entreguen a las autoridades y desistan de sus acciones. Parecemos destinados a repetir nuestra historia.

martes, 12 de noviembre de 2013

Cuando los jueces no se distinguen de los delincuentes

Un abogado señalado de estafar a una viuda y sus hijos es acusado por la Fiscalía General de la Nación de varios delitos y su proceso termina por prescripción de la acción penal en la etapa de juicio debido a las múltiples argucias de sus abogados y su constante cambio de apoderados.  Luego de ello, es elegido magistrado de la Corte Constitucional y desde su posesión se esconde de todos los medios de comunicación para evitar las preguntas por sus actuaciones profesionales y personales. En la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura uno de sus integrantes al parecer recibió aportes para su campaña a una Gobernación de DMG, otro magistrado no paga su cuota alimentaria y uno reconocido con el mote de “El diablo” se hace conocido a nivel nacional por conversar con una persona interesada en un fallo de su despacho a la cual solicita que cuando se reúnan se “encargue” de borrar los registros de sus encuentros. Otros dos miembros de la Sala son investigados por los masivos nombramientos de funcionarios judiciales  en el cargo de magistrados auxiliares por breves periodos de tiempo, gracias a lo cual la pensión de jubilación de estos se duplica o triplica.  Mientras todos ello ocurre, todos los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se van en comisión a Washington a “reunirse” con autoridades norteamericanas por ocho días. Y apenas días después de regresar de este intenso viaje de trabajo se trasladan por once días a Puerto Rico a representar a Colombia en un evento académico. La Sala Penal quedó paralizada por dos semanas por los viajes de todos sus integrantes. (Sobra decir que a mediados de diciembre comienza la vacancia judicial) Paralelo a todo lo anterior, en el Complejo Judicial de Paloquemao son  detenidos funcionarios y jueces que cobraban por el direccionamiento de procesos a algunos despachos judiciales y por el sentido de algunas decisiones.
La situación es que la justicia no fue ajena a los cambios sociales y culturales que han ocurrido en Colombia desde los años setenta. De los marihuaneros, contrabandistas de los setenta, a los narcotraficantes y lavadores de dólares de los ochenta y noventa, pasando a los grupos de contratistas y funcionarios corruptos a nivel nacional y local de las últimas dos décadas, el país se acostumbró a los millonarios repentinos que dedicados a actividades ilegales adquirieron poder y fortuna sin ninguna sanción legal ni social. Por el contrario, su forma de actuar se ha convertido en modelo para quienes desean ascender en la sociedad. Las series de televisión, acaso el único instrumento por el que las nuevas generaciones aprenden ahora algo de historia se ha encargado de recrear con lujo de detalles la biografía de nuestros delincuentes. En una sociedad excluyente la historia de unos hampones que lograron inmensas riquezas por sus actividades delictivas, sin importar su final trágico lejos de ser aleccionadora, se convierte en inspiradora. Con ese contexto de cambios en las relaciones y las fuentes de poder, la justicia fue amoldándose a la nueva realidad e hizo propias las mismas conductas que permitían acceder al “éxito”
Pensar que unas reformas cosméticas podrán alterar el actual estado de cosas es tan cándido como irresponsable. El asunto de fondo es que nadie quiere cambiar nada porque quienes más se benefician del permanente estado de impunidad son los más poderosos.  Basta mirar la situación  de la investigación de la reciente estafa colectiva realizada en la bolsa para lograr contextualizar un poco el tema. O las multas que con argucias infinitas dejan de pagar las multinacionales de comunicaciones. Ni hablar del proyecto de ley que presentará el Gobierno para regularizar las compras ilegales de predios diseñadas por abogados sofisticados. Genera una mueca de horror pensar que el actual Ministro de Justicia  será uno de los impulsores de los cambios en las normas actuales. Y pensar que en otra época esa misma  cartera tuvo el honor de ser representada por personas como el doctor Enrique Low Murtra que aceptaron el cargo para servir al país y no para servirse del mismo.

Por ello, el estado actual de la justicia es un reflejo del estado actual de la sociedad. Las cicatrices y defectos que vemos en el espejo son los mismos que tiene la sociedad. Para sanarlos hace falta mucho más que un proceso de paz. La promoción de una verdadera cultura de valores que en dos o tres generaciones modifique la forma de percibir y de actuar. Pero nuestra inmediatez nos hará elegir en un semestre un nuevo presidente en una campaña entre unas  personas que representan a los mismos con la única diferencia que  unos quieren ver a los miembros de la guerrilla muertos y los otros los quieren ver “haciendo política”, eso sí lejitos de Bogotá y Anapoima, en esas circunscripciones donde solo va la guerrilla y los que viven por allá.  Aparte de esta importante discusión, los demás temas como la educación, la salud, la justicia y la igualdad permanecerán sin espacio en la agenda.

jueves, 17 de octubre de 2013

Delinquir, “delatar” y DISFRUTAR


Emilio Tapia es un modelo del delincuente que circunda por los pasillos de todas las oficinas de la administración púbica en Colombia. No crea nada, no aporta nada. Su labor consiste en estar al lado de Alcaldes y Gobernadores manejando a la sombra la contratación pública, decidiendo quienes ganan licitaciones y cómo debe tramitarse el pago de sobornos a quienes adjudican los contratos. De esta manera, personajes sin preparación y con escaso trabajo de la noche a la mañana aparecen como grandes potentados que avanzan por las calles entre caravanas de escoltas. Se requería de un oscuro personaje como éste para que sirviera de intermediario de sobornos de los nietos de dictador, quienes llevan en sus venas la debilidad por el dinero fácil. Total, a sus ascendientes cercanos la justicia colombiana jamás los procesó por sus múltiples hechos de corrupción. Ellos simplemente repitieron los comportamientos que sus padres y abuelos realizaron y por los cuales obtuvieron reconocimiento social y fortuna personal.

Volvamos al “empresario” Tapia. ¿Dónde se encuentra ahora, que ha caído el telón y se ha descubierto que la fuente de sus extravagantes gastos era dinero proveniente de mordidas millonarias en contratación pública? El doctor Tapia se encuentra “detenido” en su residencia a la espera que un juez apruebe el acuerdo que hizo con la Fiscalía General de la Nación que le permitirá no poner un píe en la cárcel a cambio de dar su valeroso testimonio contra los demás delincuentes que participaron en el asalto a Bogotá bajo el gobierno de los insaciables Moreno Rojas. Está detención no le impide al próspero empresario continuar con sus compromisos diarios en lugares públicos  de la capital a los que acude con su caravana de escoltas. Hace algunos días, al regreso de una “tarde de trabajo”, un vehículo de su escolta fue cerrado, situación que fue registrada en los medios como un atentado contra el “testigo estrella” de la Fiscalía. Sin embargo, a pocas horas de ocurridos los hechos en entrevista a  La Fm, él “empresario” afirmaba que seguiría con su titánica labor de dar testimonio contra sus cómplices en los procesos judiciales que se requirieran. Por su “colaboración”, la Fiscalía mira para otro lado  a la hora de revisar el injustificado aumento patrimonial de Tapia y sus testaferros.

Tapia se constituye en todo un ejemplo a repetirse en el país del Patrón del Mal. Se enriqueció por dinero proveniente de la corrupción a la vista de todos. Cuando debía responder por su actuaciones, realizó un acuerdo con la Fiscalía en el que a cambio de delatar a cómplices de sus delitos no pone un píe en la cárcel, debe devolver apenas una parte de lo robado y circula por Bogotá con caravanas de escoltas que lo protegen. En menos de un lustro, saldrá nuevamente a las calles con pena cumplida, fortuna lavada y chequera lista para continuar su actividad. Robar, delatar y disfrutar. Los verbos que conjugan los delincuentes mientras se burlan de una sociedad cada vez más inerme. Menos mal tenemos con Fiscal General a un individuo que ha dedicado su vida a perseguir el crimen. Solo mentes perversas podrían identificar un conflicto de intereses entre su labor como abogado litigante que recibió más de cuatro mil millones de pesos por interponer unas demandas ante el contencioso administrativo en representación de Saludcoop y su oficio como Fiscal General, en el cual su entidad debería investigar los presuntos delitos cometidos en esa entidad. Pusimos al ratón a cuidar el queso.

P.D. Y siguiendo con lo anterior, a un año del escándalo de Interbolsa, sus artífices y beneficiarios siguen almorzando y departiendo libremente en los mismos sitios que frecuenta Tapia.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Los nuevos dueños del intocable Poder Judicial.


Durante la última década se han adelantado procesos judiciales contra miembros de la Rama Legislativa por hechos que van desde la asociación con grupos al margen de la ley con fines electorales hasta acciones de corrupción en entidades oficiales. De igual manera, han sido llamados a juicio Ministros del Despacho por violaciones a  normas penales. La exigencia de responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias  a integrantes de estas dos ramas del poder público han permitido en algo la depuración del sistema político. Pareciera que el adagio según el cual   “la ley es  para los de ruana” comienza a perder un poco de aplicación con referencia  a los miembros del Congreso y del Gobierno Nacional.

En contraposición con la anterior situación, el fuero de intangibilidad que crece día a día es aquel que cobija a los miembros de las Altas Cortes de Justicia en Colombia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). Estos funcionarios no deben responder ante ninguna autoridad por las acciones u omisiones que cometan en ejercicio de sus cargos. Si alguien tiene plena garantía de impunidad en la Colombia del 2013 son paradójicamente los encargados de administrar justicia. La Constitución establece que quien debe investigar las denuncias contra  los 75 altos magistrados de la Rama Judicial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, institución que jamás ha llevado una sola acusación al Senado contra funcionario alguno. Por ello, es más fácil entender la razón por la cual han permanecido en sus cargos funcionarios que reciben regalos de narcotraficantes o que atropellan los derechos de otros ciudadanos sin siquiera brindar una excusa.

No existe funcionario público dentro de la estructura del Estado en Colombia que pueda solicitar explicaciones a los “altos dignatarios de la justicia”. La investigación fiscal que adelantaba la Contraloría General contra Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que impulsaron el repugnante carrusel de las pensiones en esa entidad mediante el cual funcionarios judiciales multiplicaban de manera geométrica su pensión de jubilación fue enterrada por la Corte Suprema de Justicia al indicar que la única autoridad que puede indagar por las actuaciones de los miembros de la cúpula judicial  es el Congreso de la República. El fallo fue consecuencia de una tutela interpuesta por el abogado de Saludcoop y ahora Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. De esta manera, el Fiscal y los Magistrados de las Cortes en defensa de su fuero notificafron una vez que son intocables.

Mientras nos desgastamos en los últimos años en el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema, no pudimos percatarnos que de manera soterrada y silenciosa la Rama Judicial fue pasando a ser propiedad de un pequeño grupo de personas que manejan los nombramientos de jueces y las decisiones de importancia. La exclusión de miembros de la Academia y litigantes de la conformación de las Cortes es un síntoma del cambio ocurrido. La designación de las 5 vacantes de la Corte Suprema de Justicia ocurrida en los últimos días así lo confirma. Quienes como magistrados negociaron con el Gobierno la ampliación de sus periodos en la vergonzosa reforma a la Justicia después se hicieron nombrar en el Consejo Superior de la Judicatura para seleccionar las ternas de quienes conformaran los cargos vacantes en la Rama Judicial.

Las renuncias de magistrados como Namen y Solarte en los últimos años, unidos a la persecución de Magistrados  como Néstor Raúl Correa Henao en el Consejo Superior de la Judicatura son apenas una muestra de lo que ocurre a quienes piensan diferente a los nuevos dueños del poder judicial. Debe reconocerse que la maniobra distractora fue exitosa. Mientras ganaron apoyo de la opinión por ser la única institución en oponerse al anterior presidente se adueñaron del poder judicial y los últimos acontecimientos han demostrado que quieren ejercer su poder sin ningún control ni medida. Parece que el remedio fue peor que la enfermedad.

jueves, 29 de agosto de 2013

La costumbre de no aplicar las normas y los fallos judiciales.

Angelino Garzón, Vicepresidente de la República en un foro en la Universidad Externado la semana anterior manifestó su contrariedad con el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año pasado que accedió a algunas de las pretensiones de Nicaragua sobre la titularidad de las aguas del Mar Caribe que hasta esa fecha se presumían de propiedad colombiana. Fue enfático en señalar que el fallo emitido por ese Tribunal era inaplicable. Con posterioridad a ese pronunciamiento, diferentes voces apoyaron la posición de Garzón y solicitaron al Gobierno Nacional el despliegue de la poderosa flota marina del país para notificar a los nicaragüenses que no será con “fallos judiciales” que le quitarán a la República una parte de su territorio.
 
Juan Daniel Jaramillo, asesor del Gobierno en una entrevista que publica el Diario El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-juan-daniel-jaramillo-ortiz_13013168-4) respalda la tesis del Vicepresidente y concuerda con la posición según la cual el fallo debe acatarse pero no cumplirse. Las firmas internacionales contratadas por el Gobierno con posterioridad al fallo se han dedicado a buscar justificaciones y errores de la Corte Internacional de Justicia para dar argumentos a la decisión de no dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal. Está posición comienza a ganar simpatías entre diversos sectores que consideran un exabrupto que Colombia deba cumplir un fallo en favor de un país que está “por debajo” del nuestro, además de ser una poderosa fórmula para provocar falsos nacionalismos. Peligrosa situación en un gobierno que ha demostrado lo importante que son las encuestas para tomar decisiones.
Más que el caso particular del pleito con Nicaragua, se revela el talante que hemos construido como sociedad por mucho tiempo: La posibilidad de irrespetar la ley y los fallos judiciales cuando contraríen nuestros intereses. El caso más reciente es el de compañías nacionales y extranjeras que con pleno conocimiento crearon estrategias para vulnerar la ley agraria con relación a la prohibición de acumulación de baldíos. 
 
Alguien recuerda que la EPS más grande de Colombia fue intervenida hace dos años por sus manejos financieros y  las exóticas inversiones de sus directivas y a la fecha nadie ha sido llamado juicio por esas actuaciones, indicando que el asesor de confianza de dicha entidad es ahora el Fiscal General de la Nación. Un ejemplo de “inaplicación” de la ley.
 Con Cerromatoso la situación es aún más especial. De vender la participación de Colombia en la década de los noventa a precio de ganga, el Estado  resolvió renunciar  a la reversión de los activos de la concesión que debía realizarse el año anterior y autorizo una prórroga de la misma lesiva para el país. No hubo necesidad de paros ni amenazas de la empresa concesionaria. Simplemente se resolvió inaplicar el fallo.
 El Consejo de Estado en septiembre del año pasado determinó que Claro debía pagar a ETB más de 97 millones de dólares como consecuencia de un largo litigio entre ambas empresas por el uso de unas redes de interconexión. A estas horas Claro con leguleyadas ha resuelto solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sirva fijar de manera exacta el monto a cancelar a ETB. La empresa acata el fallo pero debido a su “imposibilidad” de cumplirlo decide iniciar otro proceso con la finalidad de que le indiquen el monto a pagar. Una forma elegante de inaplicar el fallo.
 La actitud de eludir las consecuencias de un fallo judicial o inaplicar leyes existentes es un elemento fundamental para entender el actual estado de cosas, a lo que debe adicionarse la falta de sanción social para los gambeteadores de la ley.  Estaba desarrollando esa idea cuando leo que en el Congreso de Abogados Javerianos a realizarse en la ciudad de Santa Marta el próximo mes de octubre y en el cual se tratará en una sesión académica el tema de “Etica y probidad: Lucha contra la corrupción”, uno de los expositores invitados es Ernesto Samper Pizano. Qué interesante e instructivo puede ser el testimonio del expresidente. La salva de aplausos del gremio  celebrando los cómicos comentarios del absuelto funcionario recordarán que la inaplicación de la ley a ciertos personajes lejos de ser una excepción, se convirtió en la regla.

lunes, 19 de agosto de 2013

24 años sin Galán. La oportunidad pérdida

Se cumplió otro aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Con su muerte hace 24 años el país perdió la única opción política que anteponía las convicciones a las conveniencias. Según varios testimonios, Galán se encontraba desanimado por la respuesta del país en general al atentado contra su vida descubierto a inicios de agosto de 1989 en la ciudad de Medellín. Pareciera que esa situación le hizo ver que se encontraba completamente solo en su romántica lucha contra el clientelismo y el narcotráfico. Sus banderas de renovación, transparencia e igualdad dejaron de ondear desde la oscura noche en que fue cegada su vida en Soacha.
La campaña presidencia que continuo con posterioridad a la muerte de Galán se vio manchada de sangre por el asesinato de otros dos candidatos presidenciales. El político pereirano César Gaviria recibió de manos del hijo mayor de Galán las banderas de éste y con la finalidad de recordar permanentemente el origen de su aspiración y las ideas que representaba, en todas su publicidad incorporó la imagen del líder asesinado junto a la suya. Una vez elegido como presidente Gaviria guardo las ideas y las imágenes de Galán en un cuarto oscuro del que nunca volverían a salir. Si bien es cierto que parte del ideario galanista fue incorporado en la Constitución Política de 1991, debe mencionarse que el carácter y la firmeza en convicciones relativas al  narcotráfico, la justicia, las relaciones internacionales y el desarrollo rural fueron suplantadas por ideas ajenas a las que impulso Galán desde su primera candidatura presidencial. El pragmatismo de Gaviria se vio reflejado en la manera como diseño la política de sometimiento a la justicia con la cual se buscó que narcotraficantes fueran juzgados y condenados a cambio de penas irrisorias. A menos de dos años del magnicidio de Galán, el gobierno elegido en su memoria negoció con su verdugo la incorporación de un artículo en la Constitución que prohibiera la extradición de nacionales y se sometió a todas las condiciones impuestas por un criminal para su entrega a la justicia. Luego, cuando los excesos del delincuente fueron de público conocimiento y el gobierno intento capturarlo, éste huyó de su “lugar de reclusión”. En el debate político que surgió como consecuencia de esta situación, el Gobierno resolvió que su defensa en el Congreso fuera realizada por el senador Alberto Santofimio Botero (http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2012/07/cuando-santofimio-salvo-el-gobierno-de.html), quien dos décadas después sería condenado por el homicidio de Galán. Nunca estuvo en la doctrina del líder asesinado una política de apertura económica como la implementada por Gaviria ni tampoco una política internacional que tuviera como foco principal las relaciones con Estados Unidos.  Las ideas defendidas por Galán y su manera de entender y hacer la política se terminaron con la llegada al poder de quien accedió a éste con su recuerdo como carta de presentación.
El debate que en Octubre de 1980 adelanto el entonces Senador Galán sobre el Convenio suscrito entre Carbocol e Intercor para la explotación de las minas del Cerrejón en el cual se demostró más allá de toda duda las enormes inconsistencias del mismo y se observaba el enorme daño hecho al interés nacional por un contrato confuso redactado por los abogados sofisticados de la época que entregaba el control total del proyecto a la filial de la Exxon fue apenas el preámbulo de una serie de hechos que terminaron con la venta de la participación del Estado en esa empresa por 400 millones de dólares en octubre de  2000 luego de que se habían invertido 1500 millones de dólares en 25 años. (El Ministro de Hacienda de la época era el Dr. Juan Manuel Santos y hasta julio de 2000 había sido Director de Planeación el Dr. Mauricio Cárdenas. Los mismos que ahora como Presidente y Ministro de Hacienda quieren vender Isagen)  Precisamente fue comenzando el siglo XXI cuando el consumo de carbón comenzó a aumentar de manera consistente, al igual que su precio. Colombia fue “socio” del proyecto durante toda la etapa de inversión y cuando los precios del producto fueron bajos. Una vez comenzó la demanda mundial de carbón y su precio se incrementó de manera considerable se precipitó la venta de la participación en el Cerrejón como consecuencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba realizar tal operación como condición para obtener un crédito de 2700 millones de dólares.
La política que siguió a la muerte de Galán ha estado caracterizada por la intervención permanente y constante de los dineros del narcotráfico que lograron inclinar la elección presidencial en 1994. El Estado fue cooptado en diversas partes del país por una combinación de grupos delincuenciales y narcotraficantes que impusieron una forma diferente de hacer política. Desde hace poco más de un lustro se ha comenzado a conocer lo ocurrido y judicializar a sus participantes.
La mayor pérdida con la muerte de Galán fue la extinción de una forma de hacer política que no contara con el clientelismo y el dinero como sus protagonistas principales. Sumado a lo anterior y por la debilidad institucional propia, en diversos frentes de la vida nacional se ha secuestrado el interés general para lograr el avance del interés particular. Lo más repugnante de esta situación es que todo ocurre bajo el manto de la legalidad. El reciente capítulo de los baldíos es apenas una muestra de cómo intereses particulares no tienen ningún límite ético ni legal para  lograr sus propósitos. Y el Gobierno, en especial el actual, ha demostrado de qué lado está.
El 18 de Octubre de 1981 en Rionegro (Antioquia), Luis Carlos Galán lanzaba su candidatura a la Presidencia de la República por el Nuevo Liberalismo. Un extracto muy breve de sus postulados y el diagnóstico de una realidad que tres décadas después se mantiene igual:“…..Tales postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana; unificar a la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas; asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de América; acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos oprimidos por la miseria; conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad del territorio; reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad, por encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aún más en aras de un teórico progreso; lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria de tal manera que todos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo espiritual.
Entendemos que estos grandes propósitos nacionales sólo serán posibles si recuperamos la dignidad de los poderes del Estado; si modernizamos la organización de las distintas colectividades políticas; si transformamos la vida político-administrativa del país dentro del marco de una nueva ética social y si aseguramos que el poder de intervención del Estado tenga como fin fundamental garantizar a la nación que Colombia nos pertenece a todos y no a unos pocos privilegiados que aprovecharon la debilidad de nuestras instituciones democráticas para conseguir las más grandes concentraciones de poder económico y político que haya registrado nuestra historia.”

martes, 30 de julio de 2013

Por la cara del marrano: Una ley para Urrutía y otra para los campesinos.


El pasado 5 de junio el Representante a la Cámara Wilson Arias denunció las adquisiciones irregulares de bienes baldíos por parte de una empresa colombiana. De la misma manera, sus investigaciones apuntan  a que la multinacional Cargill, el Grupo Sarmiento, Mónica Semillas y otras empresas privadas han adquirido bienes baldíos contiguos para formar grandes predios en contravía de  normas legales que prohíben de manera expresa tal situación. El debate originado por estas  denuncias tuvo como consecuencia la renuncia del Embajador de Colombia en Estados Unidos, cuya firma asesoró a Cargill y Riopaila en el diseño jurídico que permitió la apropiación de esos inmuebles mediante la creación de diversas personas jurídicas que formalmente eran distintas pero en realidad pertenecían al mismo dueño. La respuesta del Gobierno por intermedio de su Ministro de Agricultura fue vigorosa en un principio al considera que debían reversarse las adquisiciones de baldíos en contra de normas legales. La anterior postura se fue desdibujando y de unas actuaciones irregulares de unos particulares que debían ser investigadas se fue dando paso al “debate” sobre la política agraria en Colombia. De esta forma, en lugar de que los empresarios nacionales y extranjeros respondieran  por sus actuaciones ante la justicia ordinaria, el Gobierno ambienta un proyecto de ley que modifica  la ley 160 de 1994 y “regulariza” la situación de los adquirentes de baldíos que acapararon grandes extensiones de tierra. (Solo los predios adquiridos por  Cargill y Riopaila suman aproximadamente 95.000 Hectáreas). En menos de dos meses, una denuncia de actuaciones irregulares en adquisiciones de baldíos al sur del país terminó no con la judicialización de sus actores intelectuales y materiales sino con la puesta en marcha de una política pública que con la distracción de promover el desarrollo del campo busca legalizar las actuaciones de empresarios y abogados que contrariaron el ordenamiento jurídico de manera vulgar. El Congreso que discutirá la propuesta gubernamental es él mismo que hace poco más de un año aprobó la reforma política sin siquiera leerla. No se requiere ninguna capacidad especial para predecir cuál será el futuro de esta nueva ley que lejos del principio de generalidad tiene destinatarios específicos. Es lo que podría llamarse un  “blanqueo jurídico”, promovido desde la Presidencia de la República.

Mientras ocurría lo anterior, en ese otro país que parece no existir para algunos medios de comunicación, los afectados por diferentes situaciones decidieron movilizarse y en ejercicio de su derecho a protestar iniciaron paros y  realizaron bloqueos de algunas vías. Especial atención ha merecido la situación del Catatumbo en Norte de Santander, donde la comunidad pide la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), la suspensión de la erradicación de los cultivos de coca, el envío de recursos y planes específicos que indiquen como se realizara la sustitución de cultivos que remplacen al de coca. La discusión que ha llegado a los centros de opinión es si esa movilización está o no auspiciada por las farc, pues en la eventualidad de que ello fuera así la “conclusión” es que no pueden siquiera discutirse las peticiones de los campesinos. Igualmente se ha estigmatizado la figura de las ZRC, indicando que las mismas serían territorios sin ley donde la guerrilla quiere promover su constitución  para mandar a sus anchas en las áreas que se distingan bajo esa categoría. La figura de las ZRC no es nueva. Al contrario, existe desde la ley 160 de 1994, siendo su principal objetivo el de fomentar la pequeña propiedad rural, regular la ocupación y aprovechamiento de los baldíos de la nación, en la cual se realizarán  titulaciones a campesinos de escasos recursos. Es requisito la integración de una comunidad organizada a la cual apoyara el Gobierno para la efectividad de sus derechos económicos, sociales  y culturales. Se requirió de los paros cocaleros de 1996 en el sur del país para que el Gobierno mediante el Decreto 1777 de 1996 reglamentara la figura. Entre 1997 y 2002 fueron constituidas 6 ZRC en Guaviare, Pasto-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur de Bolívar (Municipios de Morales y Arenal), Cabrera (Cundinamarca) Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís, Putumayo) y Valle del Río Cimitarra (Magdalena Medio).

Mediante la resolución No. 2060 del 11 de agosto de 2011 del Incoder se inició el trámite administrativo para la selección, delimitación y constitución de la ZRC del Catatumbo, de 365.865 has correspondientes a 339 veredas. El Plan de Desarrollo Sostenible fue socializado y entregado al Incoder en 2012 y se encuentra en proceso de revisión. La ZRC solicitada por los campesinos que están cerca de cumplir dos meses de protesta se encuentra respaldada en una ley vigente hace 19 años y cuyo trámite fue iniciado durante el gobierno del actual presidente. La ZRC constituye un modelo de desarrollo agrícola distinto centrado en pequeños propietarios protegido por el Estado donde no habría cabida para la conformación de latifundistas y mucho menos para la  implementación de megaproyectos agroindustriales que conviertan al campesino en trabajador de salario mínimo. La respuesta del Gobierno ha sido contradictoria. Mientras reconoce el abandono de la zona y las necesidades de inversión, impugna la marcha por la presunta infiltración de las farc, acaso el mismo grupo al cual éste gobierno le retorno el estatus político y con el cual lleva más de un año de diálogos en La Habana. En medio del inmenso desprestigio de las farc, el poco espacio político que les ha quedado se circunscribe a apoyar protestas sociales como las del Catatumbo en las cuales existen peticiones de reivindicación agraria.

Dos problemas con soluciones diferentes. De una parte, la vulneración de la ley por una élite empresarial con ayuda de prestigiosos abogados lejos de ser motivo de repudio y sanción se convierte en una causa defendible por el Gobierno que tramita  leyes exculpatorias y para beneficiarios con nombre propio. De otra, una protesta que busca la aplicación de una norma legal que tiene una vigencia cercana a dos décadas y pretende la promoción de la pequeña propiedad rural en una zona de conflicto es rechazada y condenada. 

 
Y todavía nos preguntamos cuáles son las causas de nuestro eterno conflicto……..

martes, 23 de julio de 2013

El país que no controla el trago


 

Los accidentes automovilísticos que suceden regularmente en el país ocasionados por conductores que manejan en estado de embriaguez producen repudio y pesar. Se escuchan propuestas de aumentar las penas para quienes incurran en ese tipo de conductas y de ésta manera propiciar que se reduzca el número de conductores que manejan vehículos después de consumir alcohol. Dejando a un lado la discusión sobre la política pública que debe desarrollar el Estado para prevenir y controlar esta situación es preciso buscar algunas causas más profundas que no permiten que la relación que como sociedad tenemos con el alcohol sea modificada.

Es bueno recordar que el mayor patrocinador de la Selección Colombia desde hace 22 años es el mayor productor de bebidas alcohólicas del país. Nuestro equipo, acaso el más importante símbolo de la nacionalidad es un elemento de publicidad de la marca de bebidas que impulsa sus productos con sus triunfos. Pareciera no existir escenario mejor que un partido de fútbol, camiseta amarilla y cerveza sin límite. Es la misma firma que durante las décadas de los setenta y ochenta pulverizó a sus competidores con el desarrollo de prácticas desleales a pesar de existir normas que prohibían las mismas y obtuvo un monopolio que disfruto durante muchos años. Hace 20 años el entonces Ministro de Hacienda del Gobierno de César Gaviria se atrevió a mencionar que dicha empresa evadía impuestos. Nada ocurrió salvo que hoy el exministro denunciante  es miembro de la Junta Directiva de esa empresa. Cuando las pruebas sobre la financiación de su campaña presidencial por narcotraficantes acosaban a Ernesto Samper, una de sus reiteradas defensas era que el grueso de su financiación provenía de los propietarios de la empresa cervecera. Cuando Hernán Darío Gómez protagonizó en estado de embriaguez un escándalo en Bogotá que terminaría con su salida de la Selección Colombia, la empresa patrocinadora presionó el retiro del entrenador por su conducta en contra de las mujeres. Nunca se mencionó que el origen del problema era las bebidas con las cuales se había intoxicado el entrenador.

Hacemos parte de una cultura complaciente con el consumo y abuso  de las bebidas embriagantes. Las consecuencias del mismo, sean riñas, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar han sido siempre consideradas como algo sin mayor importancia. En nuestro entorno de violencia, la muerte producida por algunas de las anteriores situaciones parecería ser lo más parecido a una causa natural. Mientras en la región el 16% de la población  entre 18 y 65 años es abstemia, en Colombia esa cifra solo llega al 4,2%.[1]

En la generación de la que hago parte crecimos consumiendo alcohol mucho antes de llegar a la Universidad. Los eventos en que socializamos en nuestra adolescencia estaban vinculados al consumo de bebidas embriagantes. Aprendimos que no existe bazar ni evento en que el patrocinador de nuestra Selección no esté atento para facilitarnos carpas, sillas, orquestas y personal a cambio de  promover desinteresadamente su producto. Ahora, que somos padres y tíos vemos con preocupación cómo continuamos sin tener una política pública de salud que  desde la enseñanza primaria explique y divulgue los peligros del consumo de bebidas embriagantes, entre ellos, el de conducir vehículos y/o motocicletas.

No es cambiando normas legales sino estimulando comportamientos diferentes desde la infancia que podemos conseguir que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Así como existe en la actualidad un rechazo al consumo de tabaco y normas que prohíben su publicidad en eventos deportivo sería deseable por lo menos comenzar un debate sobre la conveniencia que para los futuros ciudadanos tiene que sus ídolos promuevan el consumo de bebidas embriagantes.  

Pareciera mucho pedir, máxime cuando la empresa que patrocina nuestro equipo nacional es a la vez el mayor patrocinador de quienes acceden al poder por la vía democrática, situación que explica que nuestra realidad en este tema no es una consecuencia de omisiones gubernamentales sino el resultado de una estrategia de un comerciante de un producto que ha ejecutado una política beneficiosa para él y desastrosa para los ciudadanos de un país.

 



[1] Estudio sobre Patrones de  Consumo nocivo de Alcohol en Colombia 2012. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

miércoles, 19 de junio de 2013

27 SAS para burlar la ley


Fue tan burda la forma en que Riopaila adquirió 27 predios en el Vichada para involucrarlos en un proyecto de desarrollo productivo que las explicaciones de sus sofisticados abogados para justificar  la gambeta a la ley sustentada en la “interpretación” que debe hacerse de la misma producen una combinación de risa e indignación.

Risa, debido a que la cantidad de sociedades  por acciones simplificadas  a nombre de la misma persona, con idéntico domicilio y sin capital pagado corresponden a la cantidad de predios individuales que fueron adquiridos mediante un “mandato sin representación”, para luego ceder la propiedad de las personas jurídicas a otras con domicilio en el exterior, manteniéndose formalmente la distinción de 27 predios con 27 propietarios diferentes, situación que permite no violentar la ley agraria formalmente y consiguen la finalidad buscada de establecer una megafinca sin importar la legislación vigente. Si la maniobra la hubiera realizado un abogado del común se haría referencia a una tinterillada pero al ser realizada por un prestigioso bufete de abogados se considera una “estrategia corporativa integral”.

Indignación, por la frescura y desparpajo con la cual se responde ante el hallazgo de una transgresión legal por parte de la azucarera más grande del país y sus asesores. Lo anterior, sin involucrar la justificación brindada para la creación de sociedades españolas con domicilio en Luxemburgo que terminaron de propietarios de las 27 sociedades por acciones simplificadas referente al Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia. En  términos más sencillos, una sociedad de capital colombiano, que deriva sus ingresos de los productos que comercializa en el país desea que sus inversiones en Colombia reciban los beneficios destina dos a las empresas españolas por un acuerdo del gobierno colombiano con ese Estado y que tiene como fin último discutir ante tribunales diferentes a los nacionales las diferencias que pudieren surgir entre esos inversionistas  extranjeros y el Estado. Todos unos patriotas.

Mientras se desarrollaba esa estrategia corporativa para adquirir predios en la altillanura colombiana, el mercado interno del azúcar registraba algunas situaciones poco usuales. Entre 2006 y 2010 los principales ingenios del país, incluido Riopaila mantuvieron constantes su participación en el mercado. En el año 2010 quienes necesitaron azúcar para la elaboración comercial de sus productos pagaron por el insumo cinco veces lo que costaba el Nueva York. Igualmente, en ese lapso existió un bloqueo a la importación de azúcar boliviano por parte de los productores nacionales. Los anteriores hechos están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio y se encuentran en la actualidad en un proceso administrativo que busca establecer la existencia de un acuerdo de productores que buscaba mantener alto el precio interno del producto, en otras términos, se busca establecer si existía un cartel que fijaba los precios del azúcar.

Los mismos beneficiarios de los elevados precios del azúcar en el mercado colombiano, cuando realizan inversiones en territorio nacional desean que las mismas tengan la protección ofrecida al capital extranjero. Las normas nacionales sirven para aumentar sus utilidades pero prefieren que lo relacionado con sus inversiones, de ser necesario, sea debatido en tribunales extranjeros. Todo lo anterior patrocinado por abogados que tienen como principio guía que la ley no se cumple sino que se interpreta.

Algunos  de los insumos que tienen los populismos son los abusos del poder de las élites y la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia que tienen como resultado la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, a los cuales se les aplican normas diferentes, dependiendo el rango donde se encuentren. El punto común de los discursos de Maduro, Correa, Evo, Ortega y Cristina es la necesidad de reordenar cada uno de sus países que se encuentran en mala situación debido a las actuaciones de grupos de oligarcas que en el pasado actuaron en contra de los intereses generales. Sin ir más lejos, este tipo de actuaciones abonan el discurso anti establecimiento de un grupo tan poco representativos como las farc. Y cuando llegan al poder líderes con esas banderas lo de menos es como interpretar las normas porque en su afán de construir un nuevo Estado, la única voluntad que cumplen es la suya, con aplausos de la galería. No tengo claro que tan cerca o lejos estará Colombia de este tipo de gobiernos, pero es claro que está clase de abusos allana el camino para que esto ocurra más temprano que tarde,

miércoles, 12 de junio de 2013

Colombia y los incentivos para ser delincuente.

La discusión relativa a la posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas de  prisión por los delitos cometidos en desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz. Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería insoportable resistir para la sociedad colombiana.
La anterior tesis supondría la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente ante los ojos de toda la comunidad.
En el año 2007 prescribió la pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los pormenores del metro más caro del mundo.
En pocos días quedara en libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel, sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue extraditado a estados Unidos  pagó una severa condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos y  prácticas contrarias a la ley para obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.

La respuesta del Estado a las actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”

miércoles, 8 de mayo de 2013

Cuando nadie defiende los ahorradores


Paso desapercibida la semana pasada la noticia sobre la sentencia condenatoria de primera instancia a Pablo Albir Sotomayor, expresidente del Fondo de Pensiones y Cesantías  Porvenir a diez años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad en documento público por la apropiación entre 2002 y 2008 de 10.330 millones de pesos de la entidad que representaba.
El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir  tiene la participación mayoritaria en el mercado de las pensiones del régimen de ahorro individual con un 26,5% del total, porcentaje que se incrementara a una cifra superior al 40% del mercado cuando la Superintendencia Financiera autorice la adquisición del Fondo de Pensiones BBVA Horizonte. El Fondo de Pensiones Porvenir hace parte del Grupo Aval, quien por sus entidades bancarias tiene una participación del 28% del mercado financiero colombiano mediante los Bancos Bogotá, Popular, Avvilas y Occidente.
Una de las últimas adquisiciones del grupo fue el diario El Tiempo, que informaba sobre la noticia relativa a la condena del ex directivo de Porvenir  el 2 de mayo pasado con un lacónico “Condenan a expresidente de Fondo de Pensiones.” 
La noticia es mucho más grave de lo que parece. Ha sido condenado por hurto continuado durante seis años la persona encargada de administrar los recursos de quienes realizan aportes para sus pensiones. Es preciso recordar que durante la década anterior y debido a la “crisis internacional”, quienes tenían sus ahorros para su pensión vieron severamente disminuidos los mismos debido a la baja en las inversiones realizadas por estos fondos privados. Para ocultar esta situación, se comunicó a los ahorradores que su inversión en largo plazo tenía los rendimientos mínimos adecuados y  debido a las buenas decisiones de inversión del primer lustro del siglo XXI se habían logrado importantes utilidades, una disminución era natural y ello era normal por el entorno mundial. Hasta allí llegaron las explicaciones sobre las importantes pérdidas ocurridas. El ente de control del gobierno pasó de agache y con tecnicismos se solventó una crisis que hoy parece nunca hubiere existido.  Por ello, ahora que la justicia ha dictaminado que la principal cabeza de la entidad que maneja la mayoría de los recursos del régimen de ahorro individual era un delincuente surge la inquietud de cómo fue el manejo de los dineros que los ciudadanos le confiaron durante su gestión, la cual era aplaudida y promocionada como exitosa en diversos medios de comunicación.
Como abogado, se tiende a creer que existen normas legales diseñadas para regular temas específicos que deben ser cumplidas y acatadas por los operadores financieros so pena de sanciones de los órganos de control que se encuentran verificando el cumplimiento de las mismas, especialmente en campos como el derecho financiero donde se presume tanta sofisticación, teniendo incluso terminología propia entendida por pocos expertos en la materia. La realidad, es que, como muchas cosas en el país, son simple enunciaciones que revisten el carácter de formalidad pero no pasa de ser más que eso. Las situaciones de falta de competencia en el sistema financiero son apenas un ejemplo. La posición dominante de un grupo en el mercado es un hecho innegable, que sin embargo no genera supervisión  ni auditoria ninguna.
Hace seis meses que el desfalco de Interbolsa y la estafa de cientos de inversionistas es conocida por toda Colombia y todavía la fiscalía anda “pensando” si imputa algún delito a quienes deambulan tranquilos por la calle dando declaraciones a los medios, como si nada hubiera ocurrido.  Pablo Albir fue procesado por las autoridades con ocasión de delitos cometidos contra el patrimonio de la entidad que administraba Cuando ocurrió la masiva pérdida de dinero de los ahorradores por la crisis internacional nadie considero prudente preguntar sobre la calidad de las inversiones realizadas. Esa diferencia de comportamientos es una buena muestra del actuar de la justicia. Cuando el afectado fue el Grupo Aval, investigaron, acusaron y condenaron. Cuando los afectados fueron los ahorradores, no existió quien estuviera interesado en averiguar nada.  Y ahora ni El Tiempo se interesa en esas noticias.

miércoles, 24 de abril de 2013

Unas preguntas sobre el proceso de paz


La intolerancia del gobierno colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual se refiere a su contraparte en actos públicos y  privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado” y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión, únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante generoso, está percepción de la realidad  podría tener  alguna relación con los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir, cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán  como heredero de las banderas de su padre, y una vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para  su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto Santofimio Botero en el Congreso de la República.  Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento que Gaviria fue ungido como su sucesor.
En aquellos años, apenas iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares, además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas, bombas  explosivas y  minas antipersonales.  Con las políticas adelantadas en los ocho años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo de un proceso de paz a la sombra auspiciado por  dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política de quien las realiza.
Durante el proceso de desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.
En el proceso de paz que se adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad, justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante relevante.  Pocas de sus víctimas han sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”.  ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas contra el Estado?  Y en la eventualidad que se considerara esa posibilidad,  ¿no debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?.  La “organización rebelde” se niega siquiera a pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose víctima con un discurso del siglo pasado.  El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.
Decir esto no significa que alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que es “para el bien de todos”.

miércoles, 3 de abril de 2013

Chávez y la revolución del humo


A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del gobierno venezolano de la muerte del “Comandante máximo de la Revolución Bolivariana” o “Cristo de los Pobres “, como lo llama su sucesor Nicolás Maduro es preciso realizar alguna reflexión sobre la entidad de la presunta revolución ocurrida en Venezuela después de catorce años de gobierno del Coronel Hugo Chávez.
Cuando Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 el precio del barril de petróleo no alcanzaba los nueve dólares y la situación económica era precaria debido a varios lustros de bajos precios del crudo, situación que  ocasionó la adopción de medidas de ajuste económico en los segundos mandatos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes habían gobernado en épocas pretéritas en plena bonanza económica por el elevado costo del barril de petróleo que se presentó en la década de los setenta. Ambos expresidentes eran recordados por la infinita generosidad con la cual repartieron recursos en sus primeros mandatos y el  recuerdo de esa época fue fundamental para sus reelecciones.
El nuevo presidente proponía algunas reformas institucionales, consideraba que Cuba era gobernada por una dictadura y descartaba reformas que atentaran contra el derecho de propiedad en su país. La conversión en  “Comandante” de la “Revolución Bolivariana” fue concretándose en la medida que los precios del barril del petróleo se dispararon, aunado a un acercamiento a la dinastía que gobierna Cuba y al intento de derrocamiento en 2002. Manejando en menos cinco años un presupuesto que cuando menos cuadriplicaba el de su antecesor, el Presidente y su equipo dieron el remoquete de socialista a su gobierno y promocionaron la distribución de renta como  algo que ocurría por sus preferencia ideológicas y no por el alto precio internacional del petróleo. Con fondos  en las arcas jamás imaginados en 1999, poco quedaba ya del tímido Coronel que había llegado al poder como símbolo de cambio, abriéndose paso al megalómano que hablaba varias horas por televisión de cuanto tema existiera a semejanza de su inspirador Fidel Castro (según El diario El Universal  entre 1999 y 2010 había transmitido más de 1.300 horas en 2.000 alocuciones en cadena nacional.[1]), siendo  el paso siguiente el logro del control total del Estado, para lo cual era necesario lograr el quebrantamiento de la división de poderes, ahogar cualquier expresión contraria a sus políticas y crear enemigos que permitieran inventar una  cruenta lucha  para la cual  el Comandante había sido llamado por la historia a salvar a su patria.
El poder legislativo trasladó sus funciones al ejecutivo mediante las denominadas leyes habilitantes por medio de las cuales autorizó al Presidente a legislar en su lugar y bajo cuya modalidad se expidieron 224 normas entre 1999 y 2012. Entre 2006 y 2011 la Presidencia de la Asamblea Nacional fue ejercida por Cilia Flores, esposa del Canciller Nicolás Maduro. Con el poder judicial, debido a la ausencia de mayoría automática en el Tribunal Supremo se resolvió modificar su composición en mayo de 2004  pasando de 20 a 32 integrantes, situación que tuvo como consecuencia el  control del máximo tribunal de justicia  por magistrados afines a la “revolución.” La obsesión por acallar las voces contrarias a las políticas oficialistas fue otra de las “batallas” que libró decididamente el gobierno revolucionario, situación para  lo cual las renovaciones de licencias fueron un  elemento decisivo para acallar voces de contradictores públicos cumpliendo todos los requisitos de ley. Sin embargo, su lucha más frontal fue contra el gobierno  imperialista de Estados Unidos al cual no dudaba en insultar en público pero en privado mantenía unas vigorosas relaciones comerciales que lo convertían en el tercer socio comercial de Estados Unidos en la región, solo superado por México y Brasil sin existir entre su país y el norteamericano un Tratado de Libre Comercio.
El siglo XXI ha sido de abundancia para los venezolanos por los precios del petróleo que han permitido mejorar de manera sustancia los recursos del gobierno y la respectiva redistribución de los mismos a la población. Más de una década después de este periodo de oro no se ha creado riqueza en ese país. La iniciativa privada ha sido herida de muerte por un gobierno que aplica políticas que no respetan la propiedad privada y no estimulan a nacionales y extranjeros a invertir recursos o capital humano en el país debido  a la promulgación de añejas y fracasadas ideas sobre la división de la sociedad entre buenos y malos. Una década que debió marcar un cambio coyuntural en una nación afortunada por la naturaleza fue desperdiciada dividiendo a la sociedad y auspiciando la confrontación entre iguales. La revolución consistió en cambiar el sistema democrático en el cual es fundamental la división de poderes y la oposición por la imposición de un gobernante vitalicio, todopoderoso, sin vigilancia de nadie que por refrendar su poder en elecciones desiguales cada seis años tenía la autoridad para gobernar sin rendir cuentas a nadie diferente a su persona.. Solo la temprana desaparición del “Comandante Supremo” impidió que éste condenara a los habitantes de su país a vivir  gobernados por el mismo breve periodo que llevan en Cuba los Castro. Y a pesar de tener todo a su favor, el país que más armas compra de la región en mercados internacionales es a su vez el más violento, refugio predilecto de narcotraficantes y terroristas de Colombia y otros lugares. La deuda externa desbordada, la inflación descontrolada, el cambio de divisas desenfrenado, la producción de PDVSA por debajo de su capacidad en los mayores años de precio del petróleo con el triple de empleados a su servicio son apenas algunas de las herencias que el aplomado diplomático Nicolas Maduro y su esposa Cilia, pareja que seguramente aspirara a dirigir la “revolución” las próximas dos décadas, deberá afrontar en los próximos meses, porque pareciera que ni siquiera un barril de crudo a los actuales precios podrá contener la  caída de una “revolución” que lejos de obras concretas, lo único que dejara como recuerdo es la retórica de su carismático líder.





[1] Diario El Universal, 15 de febrero de 2011.