27 SAS para burlar la ley

Fue tan burda la forma en que Riopaila adquirió 27 predios en el Vichada para involucrarlos en un proyecto de desarrollo productivo que las explicaciones de sus sofisticados abogados para justificar  la gambeta a la ley sustentada en la “interpretación” que debe hacerse de la misma producen una combinación de risa e indignación.

Risa, debido a que la cantidad de sociedades  por acciones simplificadas  a nombre de la misma persona, con idéntico domicilio y sin capital pagado corresponden a la cantidad de predios individuales que fueron adquiridos mediante un “mandato sin representación”, para luego ceder la propiedad de las personas jurídicas a otras con domicilio en el exterior, manteniéndose formalmente la distinción de 27 predios con 27 propietarios diferentes, situación que permite no violentar la ley agraria formalmente y consiguen la finalidad buscada de establecer una megafinca sin importar la legislación vigente. Si la maniobra la hubiera realizado un abogado del común se haría referencia a una tinterillada pero al ser realizada por un prestigioso bufete de abogados se considera una “estrategia corporativa integral”.

Indignación, por la frescura y desparpajo con la cual se responde ante el hallazgo de una transgresión legal por parte de la azucarera más grande del país y sus asesores. Lo anterior, sin involucrar la justificación brindada para la creación de sociedades españolas con domicilio en Luxemburgo que terminaron de propietarios de las 27 sociedades por acciones simplificadas referente al Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia. En  términos más sencillos, una sociedad de capital colombiano, que deriva sus ingresos de los productos que comercializa en el país desea que sus inversiones en Colombia reciban los beneficios destina dos a las empresas españolas por un acuerdo del gobierno colombiano con ese Estado y que tiene como fin último discutir ante tribunales diferentes a los nacionales las diferencias que pudieren surgir entre esos inversionistas  extranjeros y el Estado. Todos unos patriotas.

Mientras se desarrollaba esa estrategia corporativa para adquirir predios en la altillanura colombiana, el mercado interno del azúcar registraba algunas situaciones poco usuales. Entre 2006 y 2010 los principales ingenios del país, incluido Riopaila mantuvieron constantes su participación en el mercado. En el año 2010 quienes necesitaron azúcar para la elaboración comercial de sus productos pagaron por el insumo cinco veces lo que costaba el Nueva York. Igualmente, en ese lapso existió un bloqueo a la importación de azúcar boliviano por parte de los productores nacionales. Los anteriores hechos están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio y se encuentran en la actualidad en un proceso administrativo que busca establecer la existencia de un acuerdo de productores que buscaba mantener alto el precio interno del producto, en otras términos, se busca establecer si existía un cartel que fijaba los precios del azúcar.

Los mismos beneficiarios de los elevados precios del azúcar en el mercado colombiano, cuando realizan inversiones en territorio nacional desean que las mismas tengan la protección ofrecida al capital extranjero. Las normas nacionales sirven para aumentar sus utilidades pero prefieren que lo relacionado con sus inversiones, de ser necesario, sea debatido en tribunales extranjeros. Todo lo anterior patrocinado por abogados que tienen como principio guía que la ley no se cumple sino que se interpreta.

Algunos  de los insumos que tienen los populismos son los abusos del poder de las élites y la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia que tienen como resultado la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, a los cuales se les aplican normas diferentes, dependiendo el rango donde se encuentren. El punto común de los discursos de Maduro, Correa, Evo, Ortega y Cristina es la necesidad de reordenar cada uno de sus países que se encuentran en mala situación debido a las actuaciones de grupos de oligarcas que en el pasado actuaron en contra de los intereses generales. Sin ir más lejos, este tipo de actuaciones abonan el discurso anti establecimiento de un grupo tan poco representativos como las farc. Y cuando llegan al poder líderes con esas banderas lo de menos es como interpretar las normas porque en su afán de construir un nuevo Estado, la única voluntad que cumplen es la suya, con aplausos de la galería. No tengo claro que tan cerca o lejos estará Colombia de este tipo de gobiernos, pero es claro que está clase de abusos allana el camino para que esto ocurra más temprano que tarde,

Colombia y los incentivos para ser delincuente.

La discusión relativa a la posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas de  prisión por los delitos cometidos en desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz. Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería insoportable resistir para la sociedad colombiana.

La anterior tesis supondría la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente ante los ojos de toda la comunidad.

En el año 2007 prescribió la pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los pormenores del metro más caro del mundo.

En pocos días quedara en libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel, sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue extraditado a estados Unidos  pagó una severa condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos y  prácticas contrarias a la ley para obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.

La respuesta del Estado a las actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”