El pasado 5 de junio el
Representante a la Cámara Wilson Arias denunció las adquisiciones irregulares
de bienes baldíos por parte de una empresa colombiana. De la misma manera, sus
investigaciones apuntan a que la multinacional
Cargill, el Grupo Sarmiento, Mónica Semillas y otras empresas privadas han
adquirido bienes baldíos contiguos para formar grandes predios en contravía de normas legales que prohíben de manera expresa
tal situación. El debate originado por estas denuncias tuvo como consecuencia la renuncia
del Embajador de Colombia en Estados Unidos, cuya firma asesoró a Cargill y
Riopaila en el diseño jurídico que permitió la apropiación de esos inmuebles
mediante la creación de diversas personas jurídicas que formalmente eran
distintas pero en realidad pertenecían al mismo dueño. La respuesta del
Gobierno por intermedio de su Ministro de Agricultura fue vigorosa en un
principio al considera que debían reversarse las adquisiciones de baldíos en
contra de normas legales. La anterior postura se fue desdibujando y de unas
actuaciones irregulares de unos particulares que debían ser investigadas se fue
dando paso al “debate” sobre la política agraria en Colombia. De esta forma, en
lugar de que los empresarios nacionales y extranjeros respondieran por sus actuaciones ante la justicia
ordinaria, el Gobierno ambienta un proyecto de ley que modifica la ley 160 de 1994 y “regulariza” la situación
de los adquirentes de baldíos que acapararon grandes extensiones de tierra. (Solo
los predios adquiridos por Cargill y Riopaila
suman aproximadamente 95.000 Hectáreas). En menos de dos meses, una denuncia de
actuaciones irregulares en adquisiciones de baldíos al sur del país terminó no
con la judicialización de sus actores intelectuales y materiales sino con la
puesta en marcha de una política pública que con la distracción de promover el
desarrollo del campo busca legalizar las actuaciones de empresarios y abogados
que contrariaron el ordenamiento jurídico de manera vulgar. El Congreso que
discutirá la propuesta gubernamental es él mismo que hace poco más de un año
aprobó la reforma política sin siquiera leerla. No se requiere ninguna capacidad
especial para predecir cuál será el futuro de esta nueva ley que lejos del
principio de generalidad tiene destinatarios específicos. Es lo que podría llamarse
un “blanqueo jurídico”, promovido desde
la Presidencia de la República.
Mientras ocurría lo
anterior, en ese otro país que parece no existir para algunos medios de
comunicación, los afectados por diferentes situaciones decidieron movilizarse y
en ejercicio de su derecho a protestar iniciaron paros y realizaron bloqueos de algunas vías. Especial
atención ha merecido la situación del Catatumbo en Norte de Santander, donde la
comunidad pide la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), la
suspensión de la erradicación de los cultivos de coca, el envío de recursos y
planes específicos que indiquen como se realizara la sustitución de cultivos
que remplacen al de coca. La discusión que ha llegado a los centros de opinión
es si esa movilización está o no auspiciada por las farc, pues en la eventualidad
de que ello fuera así la “conclusión” es que no pueden siquiera discutirse las
peticiones de los campesinos. Igualmente se ha estigmatizado la figura de las
ZRC, indicando que las mismas serían territorios sin ley donde la guerrilla
quiere promover su constitución para
mandar a sus anchas en las áreas que se distingan bajo esa categoría. La figura
de las ZRC no es nueva. Al contrario, existe desde la ley 160 de 1994, siendo
su principal objetivo el de fomentar la pequeña propiedad rural, regular la
ocupación y aprovechamiento de los baldíos de la nación, en la cual se
realizarán titulaciones a campesinos de
escasos recursos. Es requisito la integración de una comunidad organizada a la
cual apoyara el Gobierno para la efectividad de sus derechos económicos,
sociales y culturales. Se requirió de
los paros cocaleros de 1996 en el sur del país para que el Gobierno mediante el
Decreto 1777 de 1996 reglamentara la figura. Entre 1997 y 2002 fueron
constituidas 6 ZRC en Guaviare, Pasto-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur
de Bolívar (Municipios de Morales y Arenal), Cabrera (Cundinamarca) Bajo Cuembí
y Comandante (Puerto Asís, Putumayo) y Valle del Río Cimitarra (Magdalena
Medio).
Mediante la resolución
No. 2060 del 11 de agosto de 2011 del Incoder se inició el trámite
administrativo para la selección, delimitación y constitución de la ZRC del
Catatumbo, de 365.865 has correspondientes a 339 veredas. El Plan de Desarrollo
Sostenible fue socializado y entregado al Incoder en 2012 y se encuentra en
proceso de revisión. La ZRC solicitada por los campesinos que están cerca de
cumplir dos meses de protesta se encuentra respaldada en una ley vigente hace
19 años y cuyo trámite fue iniciado durante el gobierno del actual presidente. La
ZRC constituye un modelo de desarrollo agrícola distinto centrado en pequeños
propietarios protegido por el Estado donde no habría cabida para la
conformación de latifundistas y mucho menos para la implementación de megaproyectos
agroindustriales que conviertan al campesino en trabajador de salario mínimo.
La respuesta del Gobierno ha sido contradictoria. Mientras reconoce el abandono
de la zona y las necesidades de inversión, impugna la marcha por la presunta infiltración
de las farc, acaso el mismo grupo al cual éste gobierno le retorno el estatus
político y con el cual lleva más de un año de diálogos en La Habana. En medio
del inmenso desprestigio de las farc, el poco espacio político que les ha
quedado se circunscribe a apoyar protestas sociales como las del Catatumbo en
las cuales existen peticiones de reivindicación agraria.
Dos problemas con
soluciones diferentes. De una parte, la vulneración de la ley por una élite
empresarial con ayuda de prestigiosos abogados lejos de ser motivo de repudio y
sanción se convierte en una causa defendible por el Gobierno que tramita leyes exculpatorias y para beneficiarios con
nombre propio. De otra, una protesta que busca la aplicación de una norma legal
que tiene una vigencia cercana a dos décadas y pretende la promoción de la
pequeña propiedad rural en una zona de conflicto es rechazada y condenada.
Y todavía nos
preguntamos cuáles son las causas de nuestro eterno conflicto……..
