Durante la última década
se han adelantado procesos judiciales contra miembros de la Rama Legislativa
por hechos que van desde la asociación con grupos al margen de la ley con fines
electorales hasta acciones de corrupción en entidades oficiales. De igual manera,
han sido llamados a juicio Ministros del Despacho por violaciones a normas penales. La exigencia de
responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias a integrantes de estas dos ramas del poder
público han permitido en algo la depuración del sistema político. Pareciera que
el adagio según el cual “la ley es para los de ruana” comienza a perder un poco
de aplicación con referencia a los
miembros del Congreso y del Gobierno Nacional.
En contraposición con la
anterior situación, el fuero de intangibilidad que crece día a día es aquel que
cobija a los miembros de las Altas Cortes de Justicia en Colombia (Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior
de la Judicatura). Estos funcionarios no deben responder ante ninguna autoridad
por las acciones u omisiones que cometan en ejercicio de sus cargos. Si alguien
tiene plena garantía de impunidad en la Colombia del 2013 son paradójicamente
los encargados de administrar justicia. La Constitución establece que quien debe
investigar las denuncias contra los 75
altos magistrados de la Rama Judicial es la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes, institución que jamás ha llevado una
sola acusación al Senado contra funcionario alguno. Por ello, es más fácil
entender la razón por la cual han permanecido en sus cargos funcionarios que
reciben regalos de narcotraficantes o que atropellan los derechos de otros
ciudadanos sin siquiera brindar una excusa.
No existe funcionario
público dentro de la estructura del Estado en Colombia que pueda solicitar
explicaciones a los “altos dignatarios de la justicia”. La investigación fiscal
que adelantaba la Contraloría General contra Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura que impulsaron el repugnante carrusel de las pensiones en esa
entidad mediante el cual funcionarios judiciales multiplicaban de manera
geométrica su pensión de jubilación fue enterrada por la Corte Suprema de
Justicia al indicar que la única autoridad que puede indagar por las
actuaciones de los miembros de la cúpula judicial es el Congreso de la República. El fallo fue
consecuencia de una tutela interpuesta por el abogado de Saludcoop y ahora
Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. De esta manera, el Fiscal y
los Magistrados de las Cortes en defensa de su fuero notificafron una vez que
son intocables.
Mientras nos desgastamos
en los últimos años en el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema, no
pudimos percatarnos que de manera soterrada y silenciosa la Rama Judicial fue pasando
a ser propiedad de un pequeño grupo de personas que manejan los nombramientos
de jueces y las decisiones de importancia. La exclusión de miembros de la
Academia y litigantes de la conformación de las Cortes es un síntoma del cambio
ocurrido. La designación de las 5 vacantes de la Corte Suprema de Justicia
ocurrida en los últimos días así lo confirma. Quienes como magistrados
negociaron con el Gobierno la ampliación de sus periodos en la vergonzosa
reforma a la Justicia después se hicieron nombrar en el Consejo Superior de la
Judicatura para seleccionar las ternas de quienes conformaran los cargos
vacantes en la Rama Judicial.
Las renuncias de
magistrados como Namen y Solarte en los últimos años, unidos a la persecución
de Magistrados como Néstor Raúl Correa
Henao en el Consejo Superior de la Judicatura son apenas una muestra de lo que
ocurre a quienes piensan diferente a los nuevos dueños del poder judicial. Debe
reconocerse que la maniobra distractora fue exitosa. Mientras ganaron apoyo de
la opinión por ser la única institución en oponerse al anterior presidente se
adueñaron del poder judicial y los últimos acontecimientos han demostrado que
quieren ejercer su poder sin ningún control ni medida. Parece que el remedio
fue peor que la enfermedad.
