El Estado que funciona sin rama judicial.

Se cumplen dos meses del cese de actividades de los funcionarios de la rama judicial sin vislumbrar un acuerdo que ponga fin a la protesta. Tampoco se observe interés del gobierno en resolver las diferencias de más de veinte años con los huelguistas. Por su parte, los trabajadores saben que los gobiernos son muy amplios para firmar acuerdos pero poco rigurosos al cumplirlos y por esto en esta oportunidad parecen ir por el todo o nada. El momento para realizar peticiones extravagantes no es el mejor debido a que el actual presidente hipoteco el presupuesto de la próxima década para su reelección pensando en un barril de petróleo con un precio superior a los noventa dólares y ahora que el valor de este recurso va cuesta abajo no sabe que inventarse para cumplir los compromisos “programáticos” con varios de sus aliados. Que en  un país con aspiraciones de entrar a la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico) la administración de justicia suspenda sus labores por más de sesenta días es algo que debía ser relevante y su solución prioritaria para el gobierno. Durante este tiempo de paro judicial, el presidente ha estado pendiente de asuntos más importantes como reunirse con James Rodríguez en Madrid, recibir a su alteza el príncipe Carlos y recibir grados honoríficos de universidades extranjeras. Ocupaciones tan importantes no permiten que en la agenda del ejecutivo se incorporen temas menores como la ausencia de administración de justicia.

Para las personas del común, la existencia de un paro judicial afecta a quienes han tenido la desventura de ventilar un proceso ante los juzgados de cualquier jurisdicción y jerarquía. A menos de quince días para el inicio de la vacancia judicial, quienes tuvieran algún trámite urgente tendrán que pensar que hasta febrero del año entrante comenzaran a tramitarlo debido a que las primeras semanas de enero se perderán mientras los funcionarios al regreso de sus vacaciones reprogramam audiencias y turnos que han sido modificados por la protesta. Y algunos piensan que Venezuela  o México son ejemplos de estados fallidos. Ahora, ¿Cuál es la justicia que se encuentra en cese de actividades ? La misma que después de dos años no ha imputado cargos a los cerebros de la estafa de Interbolsa. O la misma que no realizó acción alguna en casos como los de Saludcoop y por el contrario, llevó a la cúpula de la fiscalía al abogado de estos oscuros personajes. O aquella justicia que condena al borrachín pobre pero permite que el borrachín rico “ repare” a sus víctimas y siga su vida con un anécdota más que contar. O la justicia que suspende consultas populares a horas de su realización y en favor de la industria petrolera.  La indiferencia del gobierno y los ciudadanos ante el actual paro judicial es un efecto de la percepción que se tiene de la justicia en Colombia.  Pareciera no existir diferencia en que la rama judicial se encuentre o no operando, pues quienes infringen la ley de manera sistemática y notoria jamás son castigados. Solo basta revisar la forma como el Gobierno se encuentra dedicado a expedir una ley para “subsanar” las ilegalidades cometidas por la acumulación de baldíos  por parte de empresas nacionales y extranjeras asesoradas por abogados sofisticados.

Nota: El Edificio de la sede de Unasur se llama Néstor Kirchner. El Secretario General que lo inaugura es Ernesto Samper con la presencia del demócrata Nicolás Maduro. Puede desde ya imaginarse el tono ético de la Organización. Y quieren crear una Corte del Sur¡¡. Nadie mejor que nuestro actual fiscal como miembro de la misma dada su inigualable integridad. 

Los inamovibles de las farc.

La finalización del proceso electoral hace cinco meses en Colombia coincidió con la disminución de la premura de la partes en la negociación de La Habana de llegar a acuerdos sobre los puntos faltantes de la agenda acordada hace dos años. De lograr acuerdos sobre dos temas de manera concomitante con el proceso de reelección presidencial se pasó a la exasperante lentitud del segundo semestre del año, en el cual han brillado las farc por su incapacidad de reconocer el daño que han causado en medio del conflicto. La soberbia de Márquez y el resto de miembros de la cúpula de las farc hace recordar los días del Caguán.

La lectura de los acuerdos firmados hasta el momento referentes a reforma agraria, estatuto de oposición y drogas ilícitas parecieran generar solo responsabilidades  a cargo del Estado y ninguna a cargo del grupo guerrillero. La tímida referencia sobre el asunto de las drogas en el conflicto ha sido recibida como una victoria del Gobierno debido a que las farc jamán habían aceptado su inocultable relación con el narcotráfico. La demora de los puntos de la agenda que quedan por acordar (victimas, dejación de armas y fin del conflicto) tiene sustento en que sobre esos temas el grupo guerrillero tiene que asumir responsabilidades y compromisos. El problema es que la conducta histórica de las farc indica que jamás aceptan errores y rehúyen los compromisos.

Por lo anterior, la reciente visita del presidente Santos a varios países europeos en compañía de su hijo y algunos ministros tenía como finalidad más que buscar recursos en países que tienen problemas económicos, en buscar apoyo para los acuerdos que se espera suscribir con la guerrilla de las farc en los cuales no habrá verdad, tampoco justicia y mucho menos reparación. Así las cosas, es claro que la guerrilla no ha cedido ni cederá en los siguientes puntos:

1-) La cúpula de las farc no pagará un día de cárcel: Aunque fue muy criticado, en el proceso de desmovilización de grupos de autodefensa en el gobierno de Uribe se establecieron penas alternativas de hasta ocho año de prisión para los integrantes de estos grupos. En este proceso no habrá cárcel. La condición de “delincuentes políticos” de las farc aceptada por el Gobierno impide que delincuentes como Romaña que sembraron de terror el llano colombiano paguen un día de prisión. Es un punto no negociable.

2-) Las farc no reparara con sus recursos a sus víctima:. A pesar de ser reconocidos los recursos económicos de los que dispone está organización provenientes especialmente del narcotráfico, las farc no desembolsaran un peso para reparación a víctimas debido a que no aceptan su condición de victimarios.

3-) Las farc no realizaran un reconocimiento expreso de perdón por las atrocidades cometidas en cincuenta años: No es gratuita la propuesta de analizar todo el tema del conflicto desde los años treinta. Con un espacio temporal tan amplio, el grupo guerrillero justificara su existencia e indicara que los muertos de esta lamentable violencia son en su mayoría causados por el Estado. Su comportamiento con las víctimas que han viajado a La Habana deja entrever su posición en la materia.

Sin cárcel, reparación a las víctimas, verdad ni  perdón los guerrilleros esperan saltar a la actividad política como si ningún delito de lesa humanidad hubiera cometido.  La posición sobre estos temas es similar a la que tuvieron en procesos pasados. Los verdaderos inamovibles siempre han estado en el lado de las farc. La oferta es esa o “guerra”. El presidente Santos ha aceptado la oferta y ahora está dedicado a idear la mejor manera de presentarla a sus conciudadanos. Nadie imagina el tamaño del sapo que tocara tragarse.

La justicia en épocas de Montealegre

Pareciera que la única forma  en que  la Fiscalía General de la Nación actúa de manera ágil y contundente es cuando los investigados son contradictores del megalómano hombrecillo que preside esa dependencia. Los procesos contra Sandra Morelli y Pablo Bustos son una prueba de ello. Mientras el ente acusador gasta su tiempo en tan importantes expedientes, los delincuentes que realizan estafas masivas tipo Interbolsa o defraudaciones millonarias estilo Saludcoop no son llamados a responder por sus delitos. Han sido tan pobres las acciones de la fiscalía en los últimos años que en todos los procesos que han sido publicitados ha tenido resultados negativos. Desde el falso positivo contra Siguifredo López hasta la sentencia absolutoria de Carlos Cárdenas, el sello de esta fiscalía es el fracaso.

A la feria de contrataciones con objetos superfluos denunciada por El Espectador, se suma la constante aparición del jefe de la entidad en los medios de comunicación haciendo las veces de vocero del Gobierno para impulsar normas de punto final para los guerrilleros que participan en el proceso de paz. En las últimas semanas, ha aumentado su apuesta proponiendo un proceso de desmovilización de las bandas criminales, eufemismo que utilizamos para designar a grupos de asesinos que extorsionan y chantajean a placer en diversas partes del país. En lugar de perseguir a los delincuentes, ésta fiscalía se dedica a idear fórmulas para que sus penas sean bajas o inexistentes.

El abogado de Saludcoop en su forma de proceder es  un discípulo adelantado de su maestro, del cual fue viceprocurador en un cuatrenio en que dicha entidad la única sanción importante que impuso contra Leonor Serrano de Camargo,  gobernadora de Cundinamarca fue luego declarada nula por el Consejo de Estado.

Los casos por los desfalcos a la Dirección Nacional de Estupefacientes se estancaron de manera indefinida mientras que la única preocupación del fiscal en la impresentable reforma de poderes que se tramita en el Congreso es mantener un fuero que le permita actuar sin ningún tipo de preocupaciones.

Montealegre es el fiel representante de la forma en que se ejerce el derecho en la Colombia actual donde imperan las influencias y las intrigas por encima del derecho y  las normas. La justicia en Colombia depende del grado de influencia que tenga el encartado y su abogado. Por eso, son tan diferentes los destinos de un ladrón de gallinas y del representante legal de una institución de salud acusada de robar 1,4 billones de pesos. El primero es condenado a cárcel y el segundo vive cómodamente en Miami. Este es el clima propicio para que figuras como Montealegre, ayer abogado de defraudadores y hoy fiscal que solo propone medidas que favorecen los delincuentes sean quienes manejan la justicia en Colombia.  Es lo que da la tierra.

Como hundir reformas constitucionales en repúblicas bananeras

El 20 de junio de 2012 el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que se denominó la “reforma a la justicia”. El Ministro de Justicia al cerrar las sesiones donde se aprobó la conciliación final del texto de la reforma manifestaba que “…Quiero agradecer el trabajo de los honorables senadores ponentes que estuvieron todo el tiempo acompañando el proyecto, de los miembros del equipo de conciliadores que participaron ayer..” No habían pasado 24 hora de aprobada la reforma cuando los medios de comunicación y algunos ciudadanos se mostraban contrariados por el contenido de la misma. La prolongación del periodo de los magistrados de las altas cortes y el aumento de su edad de retiro forzoso  ,los cambios en el juzgamiento de los congresistas y la modificación de algunas causales de inhabilidad fueron algunos de los temas que no fueron bien recibidos por la sociedad en general. El Ministro que la noche anterior felicitaba a los congresistas ahora anunciaba demandas contra la reforma aprobada y se lamentaba de los cambios realizados por los conciliadores. A su turno, el presidente de la Cámara de Representantes reconocía en público que había votado la reforma sin haberla leído siguiendo las instrucciones del Gobierno. Debido al aumento del rechazo popular, el presidente Santos resolvió convocar a sus consejeros legales más cercanos quienes sugirieron que convocara al Congreso a sesiones extraordinarias para que estudiara unas objeciones presidenciales al acto legislativo aprobado (reforma constitucional) y de esta manera lo hiciera desaparecer del ordenamiento jurídico. Así se hizo y el Congreso sumiso siempre a la mermelada del ejecutivo avalo las objeciones presentadas y archivo el acto legislativo que días antes había aprobado y por el cual había sido felicitado por el Gobierno. Solo existía un inconveniente: No existe fundamento legal que permita al Presidente de la República objetar reformas constitucionales y mucho menos convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para tramitar dichas objeciones. Lo anterior, que podría tener importancia en un país en que se respete el Estado de Derecho no fue siquiera tenido en cuenta por el Presidente de la República que una vez más nos enseña que el fin justifica los medios.

El Decreto mediante el cual el Presidente realizó la convocatoria a sesiones extraordinarias fue demandado ante el Consejo de Estado. Después de 27 meses de juicioso estudio y con la celeridad propia de la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala Plena de éste tribunal en decisión dividida resolvió declarar la nulidad del citado decreto debido a la falta de competencia  que tiene el Presidente de la República para convocar a sesiones extraordinarias con la finalidad de estudiar objeciones a reformas constitucionales. En otras palabras, se vulneró la Constitución por parte del presidente de la república  a la vista de todos los ciudadanos y las autoridades de Colombia. ¿Y qué efectos tiene esto? Ninguno. El mismo Consejo de Estado señala que el fallo no tiene efectos retroactivos, con lo cual, aunque las objeciones presidenciales y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tramitarlas son ilegales, los efectos de estos actos se mantienen en el ordenamiento jurídico. Eso sí, el tribunal señala de manera enfática que en el futuro no puede repetirse esta situación. Resumamos lo que paso en lenguaje cotidiano: Juan Manuel Santos lidero una reforma constitucional a algunos aspectos de la rama judicial y al régimen de juzgamiento de los congresistas. La reforma fue aprobada con el apoyo del Gobierno que felicito a quienes participaron en la misma. Debido al rechazo de la ciudadanía al contenido de la reforma, el presidente violo la Constitución al realizar objeciones  a un acto legislativo y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar éstas. El Consejo de Estado decreta la nulidad de los actos del presidente por no tener fundamento legal, es decir, por ser ilegales pero determina que el efecto de su sentencia regirá hacia el futuro, por lo cual  no se afectaran las decisiones adoptadas con base en una ilegalidad.  Conclusión: El presidente vulnero la Constitución y la ley sin consecuencia alguna.  ¿Puede pasar esto en un “ Estado de Derecho”? ¿Qué diferencia existe entre un monarca y un presidente constitucional que puede violentar cuando quiera la Carta política? La respuesta es sencilla: Esto es materia común de repúblicas bananeras donde la Constitución se interpreta y acomoda de acuerdo a las necesidades del mandatario de turno.

Y cuando sale esta noticia, tenemos nuevamente al mismo presidente en compañía de  su actual Ministro del Interior y para el 2012 congresista quien participó en la fallida reforma, acompañados del actual vicepresidente, quien para esa época era Ministro del Interior, unidos con el  expresidente a la Cámara que votó la reforma constitucional sin leerla y en premio de ello es hoy Director Nacional de Planeación “liderando” una nueva reforma constitucional sobre los mismos temas.  Ellos están tranquilos porque saben que en Colombia pueden vulnerar la Constitución y la ley sin consecuencia alguna. Por si las moscas, eligieron al abogado de la empresa que cometió el mayor fraude en la historia de Colombia como fiscal y acaban de elegir como Contralor una persona a quien se le vence el periodo en año y medio por cumplir la edad de retiro forzoso. Bueno, eso importaría si estuviéramos en un Estado de Derecho. Y para completar de apoderarse de los organismos de control, en la reforma modelo 2014 proponen que sea el presidente quien terne a todos los candidatos a Procurador.  Si esto lo hubiera hecho Uribe se hablaría de un golpe de Estado pero como lo hace Santos es un “reacomodamiento institucional.” El lobo se quita el disfraz de oveja pero nadie parece darse cuenta.

De Mechas a la Contralora: Ciudadanos de primera y segunda.

Las fotos no podían ser más conmovedoras. El magnánimo Juan Manuel II entregaba a “Doña Mechas” una casa nueva en la cual la imagen del generoso benefactor tendría mejor lugar que el sagrado corazón. La beneficiaria de dicho regalo presidencial fue la misma que mediante un video casero replicado miles de veces manifestó su intención de voto por Santos en lugar de su contrincante en las pasadas elecciones. La escena no debería provocar algo diferente a una sonrisa por parte de los desprevenidos lectores de prensa que observaban al pacificador repartiendo prosperidad por Colombia. Sin embargo, este acto refleja algo diferente: es la continuación  de la costumbre de los políticos  de usar los recursos púbicos como propios para “premiar” a sus seguidores. Además, es la reiteración de nuestra cultura de no respetar la fila. Mientras la seguidora de Santos solo necesito de la influencia de su padrino para obtener una vivienda gratis, en Villavicencio hay cientos de familias desplazas y vulnerables que desde hace más de una década esperan la entrega de sus viviendas en la Urbanización San Antonio. Familias con subsidios asignados desde 2003 continúan esperando que les entreguen sus viviendas en la misma urbanización donde fue asignada la vivienda a la seguidora ´presidencial. Marchas, tutelas, procesos y quejas ante todas las instancias existentes en el ordenamiento jurídico colombiano no han podido conseguir que finalice la construcción de estas viviendas. El pasado sábado el presidente Santos anunciaba que se entregarían 7000 millones de pesos para terminar más de 600 viviendas que debieron terminarse hace ocho años. Así, los que están haciendo la fila hace 10 años continúan su espera mientras los recomendados del todopoderoso reciben los beneficios de “juanpa”.

La igualdad en el trato de los ciudadanos solo existe en la Constitución. En la vida diaria el tratamiento recibido por el Estado depende las más de las veces de las condiciones económicas, influencia o recomendaciones del ciudadano. La Fiscalía General de la Nación presidida por el abogado de la empresa acusada del mayor desfalco a la salud en la historia de Colombia y que sólo después de tres años ha tenido la idea de solicitar una entrevista con el cerebro de dichas operaciones anunció de manera pública la citación a audiencia de imputación de cargos por diferentes delitos a la Contralora saliente Sandra Morelli. La acusan de diversas irregularidades en el traslado de la sede administrativa de la Contraloría de un viejo edificio en el centro de Bogotá a una cómoda sede en otra parte de la ciudad, lugar donde existía suficiente espacio para albergar  el ego de la funcionaria pagando a  cambio  más de 2.800 millones de pesos mensuales de arriendo. Esa austera entidad es la que tiene por función constitucional realizar el control fiscal en Colombia. Las acusaciones de la fiscalía mencionadas en la rueda de prensa, lugar donde mejor se maneja el ente acusador bajo esta nefasta administración, informan de  la pérdida de miles de millones de pesos debido al traslado realizado. A pesar de las graves acusaciones, el ente acusador informa que no solicitara medida de aseguramiento contra la Contralora Morelli. Es decir, la acusan de delitos contra la administración pública que generaron la pérdida de miles de millones de pesos pero no consideran pertinente solicitar que la acusada sea detenida. ¿Y cuál es la razón para ello? Si  ciudadanos acusados de delitos mucho menores son privados de su libertad diariamente no se entiende como una persona a quien se acusa de haber  cometido tan graves delitos no deba ser cobijada por una medida de aseguramiento. Bueno, aunque en este caso, al menos han existido acusaciones. Mientras tanto, en casos como los de   Saludcoop e Interbolsa, sus principales protagonistas siguen libres sin siquiera acusación de parte de la fiscalía. No hace falta saber cuáles son las causas del trato diferenciador en estos casos.

Pero como toda situación mala es susceptible de empeorar, la aplanadora del Congreso de Santos entregó la Contraloría a Edgardo Maya. Dando muestra de su lucidez y conocimiento de la entidad que va a presidir, horas después de su elección en entrevista con El Tiempo decía el nuevo Contralor: “ Qué va a hacer con el tema de la minería ilegal? La minería ilegal y el medio ambiente en general serán grandes componentes de la Contraloría. Además, vamos a tener mucho que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos.” Maya desde la Contraloría espera ejercer las funciones del Ministerio Público. Ojala alguien le explique en qué consisten las funciones de su nuevo cargo.

Podemos reformar la constitución las veces que queramos pero mientras el Estado siga siendo manejado por presidentes que piensan que pueden entregar casas sin respetar la fila, fiscales que asumen su cargo a pesar de los evidentes impedimentos que tienen y contralores que no tienen idea las funciones de su despacho nada va a cambiar. Juan Manuel II tuvo la oportunidad de realizar cambios en este aspecto pero prefirió asegurar su “gobernabilidad” a la sombra de los corruptos de ayer, hoy y mañana. Salvo el proceso de paz, en su forma de gobernar y actuar cada día se parece más a Alvaro Uribe. Y cuando uno ve al pobre Uribe en la plenaria del Senado rogando que lo dejen hablar u observa a Gaviria llorando por su candidato a Contralor recuerda que el poder es efímero. Ojala Juan Manuel II se dé cuenta a tiempo.

Los dueños ocultos de Colombia en la posesión presidencial.

Entre los cientos de asistentes  a la posesión de Juan Manuel II resaltaba la figura de un oscuro personaje que repartía abrazos y saludos a diestra y siniestra. No me refiero al reencauchado expresidente que estrena cargo internacional. Su transparente proceso fue archivado hace 18 años por la Cámara de Representantes y es cosa juzgada. Su intachable conducta es desde esa época ejemplo para los mandatarios locales y regionales en el país. El personaje del que hablo es el dueño de la política y los presupuestos públicos en el departamento de Bolívar hace lustros. A pesar de haber sido condenado por sus acciones como servidor público, dichas decisiones judiciales no tuvieron como consecuencia su retiro de la actuividades públicas. Al contrario. La posibilidad de actuar a la sombra aumento su poder de manera significativa. Su esposa, Piedad, la “barbie” del Congreso tomó una curul en el Senado que mantuvo hasta que la Corte Suprema de Justicia la llamó a juicio por presuntos nexos con el paramilitarismo. (La palabra presuntos se utiliza en Colombia para evitar demandas de personajes que consideran lesionado su derecho a la honra por realizar afirmaciones sin que medie sentencia judicial) Cuando comenzaba el proceso judicial que hoy se encuentra en la etapa de juicio, la distinguida pareja asitía a eventos sociales como la boda de la hija del procurador Ordoñez.

Este nuevo impase no significo ninguna dificultad para éste cacique electoral. Postulo en las elecciones de marzo a uno de sus hijos, quien ahora es flamante senado del partido de la Unidad Nacional. El pueblo de Bolívar con sus envidiable indicadores de educación, salud y servicios públicos se empeña en reelegir a miembros de la misma familia para que dirigan sus destinos. El nuevo senador se encargara de continuar la tarea de sus antecesores. Por ello, jamás lo escucharan en debate alguno. Su labor consiste en votar los proyectos del gobierno de turno a cambio del manejo de entes territoriales. Se encontrara el joven senador con su tía en la misma corporación. La tía Teresita reemplazó en su curul a su hermano Alvaro quien fue condenado a 40 años de cárcel por la Masacre de Macapeyo en la cual fueron  asesinados 15 campesiones y 200 familias fueron desplazadas. Alvaro es uno de los dueños de la polítca en el departamento de Sucre donde en la elecciones de marzo pasado su hermana Teresita sacó más de 25.000 votos por el Partido Opción Ciudadana (antiguo PIN), organización política creada para recibir todos los candidatos que por razones gastricas no eran aceptados por los movimientos políticos ya existentes. El partido Opción Ciudadana obtuvo algo más de medio millón de votos en la última elección, distinguiendos en sus listas como mayor elector  de esa organización el hijo de Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander condenado a prisión por concierto agravado para delinquir. El hermando del Senador es el actual Gobernador de Santander. De tan selecta lista también fue elegido el hijo del Gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, impoluto personaje conocido en los medios políticos. Esos distinguidos ciudadanos son los compañeros de partido de Teresita. Como un homenaje a las minorías políticas, el Congreso eligió el pasado 20 de julio a Teresita como Segunda Vicepresidenta del Senado. 

Lejos de recibir una condena social por sus evidentes actos de corrupción, el exsenador Juan José García es frecuentado por dirigentes nacionales. Su apoyo es una garantía de triunfo en algunos departamentos del norte del país. García se convierte día a día en un modelo a replicar en diferentes localidades y regiones de Colombia. Ha demostrado que ante el poder económico y político que tiene los Uribes y Santos de turno se inclinan para contar con su favor. La Colombia real está llena de figuras como García que se adueñan de regiones y manejan las entidades públicas como si fuera de su propiedad ante la mirada atónita de los ciudadanos que observan como en lugar de ser señalados, estos personajes son agasajados. Mucho esperamos del proceso de paz. Todos deseamos la desmovilización de la guerrilla y su “inserción” a la vida civil, pero mientras no se desmovilicen quienes han tenido secuestrado al país y sus instituciones desde hace décadas, de nada servira la firma de un acuerdo de paz. Ningún mensaje más contradictorio para una sociedad que aspira a ser, según Juan Manuel II la “ más educada de Latinoamérica en 2025” que ver a delincuentes de invitados de honor en la posesión del presidente de la república.