Pasaron más de diez años y
cuatro alcaldes para que en Bogotá se
expidiera la norma que regulara el desarrollo del Norte de la ciudad, desde la calle 170 hasta
los límites con el municipio de Chía. Mediante el Decreto 043 de 2010, el
Alcalde de Bogotá expidió la norma que dio vida al Plan de Ordenamiento Zonal
del Norte. En desarrollo de dicha norma y mediante un acuerdo de valorización,
se comenzaron a recaudar los recursos que permitirían la financiación de la ampliación de las Avenida Boyacá y
Carrera Novena entre Calle 170 y Calle
200 que permitirían aliviar en algo las congestiones de tráfico que se
presentan en la Autopista Norte. La misma norma
establecía los usos de los terrenos de los suelos ubicados en áreas de
expansión urbana en esa zona y la forma de desarrollo a través
de planes parciales. Cuando comenzaban a ser recaudados los recursos y se
iniciaba el trámite para los procesos de licitación de la construcción de estas
vías se dio el cambió de gobierno en Bogotá. A los pocos meses de su posesión
el Alcalde Petro sin estudio técnico alguno y soportado en su voluntad resolvió
que las vías del Plan Zonal del Norte no se construirían y tampoco se daría
prioridad en su administración al desarrollo del norte de Bogotá. Cuando se
preguntaba sobre los derechos de los ciudadanos que realizaron transacciones
comerciales con base a normas expedidas por el Distrito y quienes confiaban en
la construcción de las obras públicas por las cuales habían pagado la
contribución de valorización la respuesta era: Quien gana las elecciones,
gobierna y decide. Y Petro ganó las elecciones y decidió que no hace las obras.
Cosas de la democracia. Situación similar ocurrió con la Avenida Longitudinal
del Occidente (ALO) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en los cuales
se impusieron las ideas del Alcalde sin tener en cuenta estudios técnicos ni
normas legales. Incluso el POT fue expedido por Decreto a pesar de haber sido
rechazado por el Concejo en una interpretación de la ley leguleya adoptada por
quien se autodenomina un defensor de la democracia. ¿Dónde estaban los derechos
de los ciudadanos en esas decisiones? Estas manera de administrar era propia de
un demócrata o más cercana a las autocracias regionales donde la voluntad de
los soberanos tropicales se impone incluso contra la ley.
Por lo anterior, causa
desconcierto ver al emperador de ayer con la Convención Americana en la mano
denunciando el atropello de sus derechos. ¿Acaso hablamos de la misma persona
que durante dos años adoptó decisiones solo consultando su voluntad? Sí, es la
misma persona pero ahora su rol es el de víctima. Se declara víctima de una
conspiración de toda la derecha y el
establecimiento colombiano que quieren impedir la finalización de su obra de
“gobierno” en Bogotá. Y en sus discursos
se escuchan verdades pero se mezclan tanto los temas, los nombres y los fines
que no termina uno por entender si quien habla es un indignado o un gobernante.
Pero no, quien habla asumió un cargo complejo para el que no estaba preparado
ni tenía equipo de gobierno. El cambio constante de funcionarios no permite que
nadie conozca quien es el encargado de los temas en Bogotá. Por ello, un
funcionario desorientado como el Alcalde de Bogotá ha recibido no un castigo
sino un premio. En un proceso bastante discutible, el Procurador le está
haciendo el favor de retíralo de un cargo en el que no sabe qué hacer. Y nadie
se acuerda ya de los dos años perdidos en la ciudad sino que todos nos volvimos
expertos en derechos humanos y derecho disciplinario. Paradojicamente, Ordoñez
le está salvando la carrera política a Petro quien de terminar su obra de
demolición de Bogotá en otros dos años habría quedado inhabilitado para acceder
a cualquier cargo público por votación. Iba camino de convertirse en otro Lucho
Garzón. Pero el vanidoso procurador lo salvó y ahora tenemos un mártir de la
democracia para rato.
