lunes, 10 de febrero de 2014

El día que le exigieron a Pedro Gómez cumplir la ley

El paisaje de la sabana de Bogotá comenzó a cambiar de manera drástica hace dos décadas. El afamado constructor de Unicentro adquirió varias hectáreas al lado de la vía que conduce a Sopo y con la autorización de la Alcaldía de Chía procedió a asfaltar la montaña, dividir el predio en cientos de lotes y vender viviendas exclusivas a altos precios. Siguiendo su audaz ejemplo, otros constructores se dedicaron a edificar en los campos de la Sabana, lo que trajo como resultado el paisaje que puede observarse hoy. Montañas cruzadas por carreteras con destino a conjuntos residenciales de acceso limitado. Por la época de esas hazañas no existían los molestos planes de ordenamiento territorial situación que permitía a los mandatarios locales un amplio margen de discrecionalidad para expedir licencias de construcción en zonas que estaban destinadas a la conservación. Aprovechando  vacíos legales se llenaron los cerros orientales de Bogotá de construcciones y barrios privados sin importar las declaratorias de reservas naturales. Solo hasta el año pasado el Consejo de Estado dictó sentencia en una acción popular que confirma que deben respetarse los cerros y prohibirse los desarrollos urbanísticos en esa zona. El asunto es que dicho Tribunal se demoró siete años en “debatir” el asunto y cuando por fin resolvió una acción popular sobre el tema los cerros están inundados de invasiones ilegales y otras muy legales con licencia de construcción firmada por Curador Urbano. En su insaciable búsqueda de terrenos para edificaciones el personaje portafolio del año 2013 por su vida y obra quiso convertir el Seminario Mayor de Bogotá en un conjunto de hoteles y edificios, idea que no pudo concretar debido al escándalo mediático causado por las utilidades que tendría el episcopado por dar en aporte un terreno que en su momento un fiel habría donado con la única destinación de ser un lugar  para la formación de sacerdotes.
En la ciudad de Villavicencio se realizó a mediados de la década pasada la construcción del Centro Comercial Unicentro. La firma dueña de la marca y desarrolladora del proyecto se asoció con el señor Marco Antonio Gil propietario del predio donde se realizó dicha obra. La relación comercial con el señor Gil se terminó en el año 2007 cuando este último ingresó a la lista Clinton. Hace un año Gil, quien tiene el alías de “el papero”, fue detenido y recientemente fue condenado por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a la severa pena de seis años de prisión. Salvo que tenga una lesión como la de Falcao, el papero estará en libertad para asistir al mundial de Rusia en 2018.  Por su parte, su exsocio en el exitoso proyecto de Unicentro Villavicencio manifestó que no tenía idea de las actividades de Gil y por tanto su actuación de buena fe no podía ser puesta en duda por nadie. Este contundente argumento bastó para que la Fiscalía archivara cualquier investigación con relación a la sociedad del papero y el constructor. Pensar que si el constructor se hubiera llamado Pedro Pérez habría tenido que explicar hasta el último de sus días los detalles de sus negocios con el papero. Pero cuando estamos ante personajes de vida y obra tan ejemplar su sola palabra sirve para mitigar cualquier duda sobre su proceder. Medio siglo después el país que describía Salom Becerra en sus libros sigue siendo el mismo.
Durante el segundo semestre del año 2013 se conoció la decisión de la Alcaldía de Chía de no otorgar licencias construcción para el desarrollo de más etapas del Conjunto Encenillos de Sindamanoy en la ciudad de Chía. La constructora que desarrolla el proyecto logró que el Ministerio del Medio Ambiente desafectara del área de reserva natural 72  hectáreas para la construcción de más viviendas campestres que se convertirían en etapas adicionales del proyecto inicial. Era la primera vez que se daba una negativa por parte de la administración de Chía a la empresa del extesorero del partido liberal. La Alcaldía hasta la fecha ha mantenido su decisión, la que tendrá que defender ante los estrados judiciales por las seguras demandas que recibirá por la misma. No obstante lo anterior, la misma firma ha desarrollado el mismo modelo de negocio consistente en urbanizar áreas rurales y asfaltar montañas para construir conjuntos cerrados exclusivos  en los vecinos municipios de La Calera y Sopó. Una vuelta por La Sabana permite observar el estado de sus negocios y la ausencia total de acción de las autoridades ambientales en la protección de los recursos naturales.

Aunado a lo anterior, hace pocos días se conoció la decisión de la Corte Constitucional que ordena la suspensión de la construcción de varias torres de apartamentos en la ciudad de Bogotá en las instalaciones donde funcionaba el Colegio Colsubsidio en un exclusivo sector de la capital colombiana. El meollo del asunto es que el uso del suelo de dicho inmueble era dotacional pero debido a una solicitud realizada por la Caja de Compensación Familiar propietaria del inmueble a la Secretaria de Planeación en el sentido de modificar el uso del suelo, los funcionarios del gobierno de Luchito Garzón en los días previos a finalizar su gestión en diciembre de 2007 resolvieron favorablemente la misma y mediante un acto administrativo autorizaron el uso residencial en dicho inmueble. (Por esos mismos días, en esa misma alcaldía, en otra dependencia se entregaba el contrato de la calle 26 a los hermanos Nule) El único inconveniente que existía es que el cambio de uso de suelo solo puede ser realizado por el Concejo de la ciudad. Sin embargo, con este documento se tramitó  la licencia de construcción, se comercializó el proyecto y comenzó la construcción de los edificios en dicho inmueble. Los vecinos interpusieron los recursos legales contra la licencia de construcción, los cuales no prosperaron. Fue por vía de la acción de tutela que el máximo tribunal constitucional considero afectados sus derechos fundamentales y ordenó la suspensión de la obra. Al saber la noticia, el propietario de la constructora quien fue juez de la república indicó que dicha decisión crea inseguridad jurídica y mediante sus abogados ha solicitado ante la Sala Plena de la Corporación la nulidad de la decisión de la Sala de Decisión que adoptó la determinación que se ha comentado. El tono de las intervenciones del dueño de la constructora afectada en entrevistas como la realizada a Blu Radio han demostrado la soberbia de quien ha realizado su querer en Bogotá y sus alrededores sin que autoridad alguna hubiera tenido jamás la valentía de realizar observaciones sobre  sus proyectos. No se ha dicho la última palabra pero genera algo de satisfacción saber que algunas veces en Colombia las leyes también son para los intocables.