Pareciera que la única forma
en que la Fiscalía General de la Nación actúa de
manera ágil y contundente es cuando los investigados son contradictores del megalómano
hombrecillo que preside esa dependencia. Los procesos contra Sandra Morelli y
Pablo Bustos son una prueba de ello. Mientras el ente acusador gasta su tiempo
en tan importantes expedientes, los delincuentes que realizan estafas masivas tipo
Interbolsa o defraudaciones millonarias estilo Saludcoop no son llamados a
responder por sus delitos. Han sido tan pobres las acciones de la fiscalía en
los últimos años que en todos los procesos que han sido publicitados ha tenido
resultados negativos. Desde el falso positivo contra Siguifredo López hasta la
sentencia absolutoria de Carlos Cárdenas, el sello de esta fiscalía es el
fracaso.
A la feria de contrataciones
con objetos superfluos denunciada por El Espectador, se suma la constante
aparición del jefe de la entidad en los medios de comunicación haciendo las
veces de vocero del Gobierno para impulsar normas de punto final para los
guerrilleros que participan en el proceso de paz. En las últimas semanas, ha
aumentado su apuesta proponiendo un proceso de desmovilización de las bandas
criminales, eufemismo que utilizamos para designar a grupos de asesinos que
extorsionan y chantajean a placer en diversas partes del país. En lugar de
perseguir a los delincuentes, ésta fiscalía se dedica a idear fórmulas para que
sus penas sean bajas o inexistentes.
El abogado de Saludcoop en
su forma de proceder es un discípulo
adelantado de su maestro, del cual fue viceprocurador en un cuatrenio en que
dicha entidad la única sanción importante que impuso contra Leonor Serrano de
Camargo, gobernadora de Cundinamarca fue
luego declarada nula por el Consejo de Estado.
Los casos por los desfalcos
a la Dirección Nacional de Estupefacientes se estancaron de manera indefinida
mientras que la única preocupación del fiscal en la impresentable reforma de
poderes que se tramita en el Congreso es mantener un fuero que le permita
actuar sin ningún tipo de preocupaciones.
Montealegre es el fiel
representante de la forma en que se ejerce el derecho en la Colombia actual
donde imperan las influencias y las intrigas por encima del derecho y las normas. La justicia en Colombia depende
del grado de influencia que tenga el encartado y su abogado. Por eso, son tan
diferentes los destinos de un ladrón de gallinas y del representante legal de
una institución de salud acusada de robar 1,4 billones de pesos. El primero es
condenado a cárcel y el segundo vive cómodamente en Miami. Este es el clima
propicio para que figuras como Montealegre, ayer abogado de defraudadores y hoy
fiscal que solo propone medidas que favorecen los delincuentes sean quienes manejan
la justicia en Colombia. Es lo que da la
tierra.