Hace tres años el Consejo de
Estado determinaba que la elección de Vivian Morales como Fiscal General de la
Nación se había realizado vulnerando el reglamento de la Corte Suprema de
Justicia y por ello resolvió anular su elección. El expresidente Uribe y sus
seguidores habían considerado un desacierto el nombramiento de una persona
lejana a sus planteamientos como cabeza de esta institución y consideraban que
dicha funcionaria había iniciado una suerte de persecución contra los probos
funcionarios del gobierno que partió en dos la historia de Colombia. A los
pocos días y luego de elaborarse de manera ágil la terna para la designación
del fiscal fue elegido el abogado penalista Eduardo Montealegre,
exviceprocurador, exmagistrado de la Corte Constitucional quien para esa fecha
ejercía su profesión de abogado
asesorando a personas tan transparentes y
claras como Carlos Palacino, gerente de Saludcoop a cambio de algunos
pocos millones de dólares. Su trayectoria académica aseguraba tener en el cargo
a alguien que conocía del tema , además ser discípulo del exprocurador Bernal
permitía inferir que podría realizar una tarea similar a la de su maestro: Cuatro
años dedicado a enterrar acusaciones importantes y hacer noticias con casos
pequeños en que los encartados carezcan de patrimonio e influencias políticas.
Una nueva decepción tendrían
el presidente Uribe y sus amigos. El nuevo fiscal asumió desde finales del 2012
de hecho el cargo de Ministro del Interior. Se convirtió en un defensor acérrimo
del proceso de paz y con la reforma a la fiscalía quedó con un importante poder
para designar miles de funcionarios. Realizó de facto una reforma al código de
procedimiento penal y desde el caso de Siguifredo López a quien acusó de ser
cómplice en el secuestro de sus compañeros diputado de la Asamblea del Valle,
resolvió que la mejor manera de notificar el inicio de procesos y diligencias
era a través de los medios de comunicación. La entrevista con W radio de esta
semana donde notificó a Oscar Iván Zuluaga de su citación a la fiscalía es la última de sus actuaciones en ese sentido. Parece
que le hubiera ido mejor a los uribistas si Vivian Morales hubiera terminado su
periodo como fiscal.
A 27 meses de la estafa
colectiva de Interbolsa, sus principales autores intelectuales y beneficiarios
de la misma continúan en libertad, algunos incluso viviendo fuera del país bajo
la mirada asombrada de los estafados. Los
hallazgos de la Contraloría General sobre el mayor desfalco a la
historia de la salud en Colombia calculado en 1,4 billones de pesos no tuvieron
como consecuencia el inicio de acciones penales contra ninguno de los
implicados en dicha defraudación. Su antiguo abogado, hoy fiscal general de la
nación ni siquiera se ruboriza cuando se le pregunta sobre el tema. Los
congresistas vinculados al escándalo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes fueron reelegidos o se retiraron a disfrutar su pensión sin
realizar siquiera una entrevista ante la fiscalía por las irregularidades
ocurridas en esa entidad. La única acusación por la que demostró interés el
ente acusador en los últimos tres años fue el proceso express realizado contra
la excontralora Sandra Morelli, acaso la única funcionaria que se atrevió a
pedirle explicaciones al fiscal por sus relaciones con Saludcoop EPS. Si a lo anterior adicionamos
que los procesados o condenados por procesos
de corrupción salen del país para no atender sus procesos o cumplir sus
condenas como en los casos de Liliana Pardo o Andrés Felipe Arias, tenemos una idea de la nueva concepción de “justicia” que ha traído este oscuro periodo
de la fiscalía.
Hace algunos años la Revista
Semana denunciaba el carrusel de los magistrados mediante el cual funcionarios
de la rama judicial eran encargados por meses de unos cargos en algunos
despachos judiciales para duplicar o triplicar su pensión. Por esas conductas
que perjudicaban el patrimonio del Estado fue procesado una secretaria del
Consejo Superior de la Judicatura a quien se acusó de “manejar” esos
nombramientos mediante elaboración de resoluciones que hacía firmar a los inocentes
magistrados. Nada más se investigó por esos hechos y los magistrados siguieron
en sus cargos y los nuevos pensionados disfrutan en la actualidad de sus millonarias mesadas. Esta semana que termina se anunció la captura de 48 profesores en
Chocó que mediante documentación falsa querían subir sus pensiones de 1 a 2
millones de pesos. El CTI en pleno se encargó de la captura de tan peligrosos
delincuentes y anunció que continuarían con los operativos para perseguir a
quienes defraudaran al Estado. Los
profesores no tenían secretaria a quien culpar de su conducta ni su patrimonio
era importante para eludir la actuación de la justicia. Sin poder ni dinero no cumplían con los
requisitos exigidos en la nueva era de la fiscalía para no ser procesados. Por
eso, da risa cuando uno se pone a pensar que un personaje como el actual fiscal
es uno de los principales defensores de la “paz” en Colombia.