domingo, 25 de enero de 2015

Tres años sin fiscal en Colombia


Hace tres años el Consejo de Estado determinaba que la elección de Vivian Morales como Fiscal General de la Nación se había realizado vulnerando el reglamento de la Corte Suprema de Justicia y por ello resolvió anular su elección. El expresidente Uribe y sus seguidores habían considerado un desacierto el nombramiento de una persona lejana a sus planteamientos como cabeza de esta institución y consideraban que dicha funcionaria había iniciado una suerte de persecución contra los probos funcionarios del gobierno que partió en dos la historia de Colombia. A los pocos días y luego de elaborarse de manera ágil la terna para la designación del fiscal fue elegido el abogado penalista Eduardo Montealegre, exviceprocurador, exmagistrado de la Corte Constitucional quien para esa fecha ejercía su profesión  de abogado asesorando a personas tan transparentes y  claras como Carlos Palacino, gerente de Saludcoop a cambio de algunos pocos millones de dólares. Su trayectoria académica aseguraba tener en el cargo a alguien que conocía del tema , además ser discípulo del exprocurador Bernal permitía inferir que podría realizar  una tarea similar a la de su maestro: Cuatro años dedicado a enterrar acusaciones importantes y hacer noticias con casos pequeños en que los encartados carezcan de patrimonio e influencias políticas.
Una nueva decepción tendrían el presidente Uribe y sus amigos. El nuevo fiscal asumió desde finales del 2012 de hecho el cargo de Ministro del Interior. Se convirtió en un defensor acérrimo del proceso de paz y con la reforma a la fiscalía quedó con un importante poder para designar miles de funcionarios. Realizó de facto una reforma al código de procedimiento penal y desde el caso de Siguifredo López a quien acusó de ser cómplice en el secuestro de sus compañeros diputado de la Asamblea del Valle, resolvió que la mejor manera de notificar el inicio de procesos y diligencias era a través de los medios de comunicación. La entrevista con W radio de esta semana donde notificó a Oscar Iván Zuluaga de su citación a la fiscalía es  la última de sus actuaciones en ese sentido. Parece que le hubiera ido mejor a los uribistas si Vivian Morales hubiera terminado su periodo como fiscal.
A 27 meses de la estafa colectiva de Interbolsa, sus principales autores intelectuales y beneficiarios de la misma continúan en libertad, algunos incluso viviendo fuera del país bajo la mirada asombrada de los estafados. Los  hallazgos de la Contraloría General sobre el mayor desfalco a la historia de la salud en Colombia calculado en 1,4 billones de pesos no tuvieron como consecuencia el inicio de acciones penales contra ninguno de los implicados en dicha defraudación. Su antiguo abogado, hoy fiscal general de la nación ni siquiera se ruboriza cuando se le pregunta sobre el tema. Los congresistas vinculados al escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes fueron reelegidos o se retiraron a disfrutar su pensión sin realizar siquiera una entrevista ante la fiscalía por las irregularidades ocurridas en esa entidad. La única acusación por la que demostró interés el ente acusador en los últimos tres años fue el proceso express realizado contra la excontralora Sandra Morelli, acaso la única funcionaria que se atrevió a pedirle explicaciones al fiscal por sus relaciones con Saludcoop EPS. Si a lo anterior adicionamos que  los procesados o condenados por procesos de corrupción salen del país para no atender sus procesos o cumplir sus condenas como en los casos de Liliana Pardo o Andrés Felipe Arias, tenemos una  idea de la nueva concepción de “justicia” que ha traído este oscuro periodo de la fiscalía.

Hace algunos años la Revista Semana denunciaba el carrusel de los magistrados mediante el cual funcionarios de la rama judicial eran encargados por meses de unos cargos en algunos despachos judiciales para duplicar o triplicar su pensión. Por esas conductas que perjudicaban el patrimonio del Estado fue procesado una secretaria del Consejo Superior de la Judicatura a quien se acusó de “manejar” esos nombramientos mediante elaboración de resoluciones que hacía firmar a los inocentes magistrados. Nada más se investigó por esos hechos y los magistrados siguieron en sus cargos y los nuevos pensionados disfrutan en la actualidad de sus millonarias mesadas. Esta semana que termina se anunció la captura de 48 profesores en Chocó que mediante documentación falsa querían subir sus pensiones de 1 a 2 millones de pesos. El CTI en pleno se encargó de la captura de tan peligrosos delincuentes y anunció que continuarían con los operativos para perseguir a quienes defraudaran al Estado.  Los profesores no tenían secretaria a quien culpar de su conducta ni su patrimonio era importante para eludir la actuación de la justicia.  Sin poder ni dinero no cumplían con los requisitos exigidos en la nueva era de la fiscalía para no ser procesados. Por eso, da risa cuando uno se pone a pensar que un personaje como el actual fiscal es uno de los principales defensores de la “paz” en Colombia.