Cuando Santos se metió al bolsillo la Corte Constitucional.

Algunos ingenuos pensamos que luego de la revelación pública de las acciones de algunos magistrados de la Corte Constitucional  relativas a sus reuniones con apoderados de litigios millonarios, selección extraña de tutelas y nombramientos de sus familiares en diferentes órganos de control la consecuencia de lo anterior sería como mínimo  un acto de contricción público de todos los involucrados o la renuncia de los mismos a sus cargos como una señal de respeto a la institución en la cual presta sus servicios.

La realidad es distinta. Ninguno de los magistrados renunciará. El tema quedo zanjado con una babosa rendición de cuentas y un proyecto de autoreforma en que se comprometerán -ahora sí- a cumplir el reglamento de la corporación. Si el elefante no renunció y ahora es Secretario General de Unasur porque iban a renunciar ellos. Si los lugartenientes del Elefante son hoy Ministro del Interior y Jefe de una bancada del Senado a pesar de los hechos ocurrido hace veinte años en la campaña presidencial porque iban a  dar ellos el ejemplo de renunciar.  “Luisgui” y sus amiguetes, los “guardianes de la Constitución” no darán un paso al costado para no desinstitucionzar al país. Y en realidad, parecen tener razón. Nada más institucionalizado en las esferas del poder de Colombia que el tráfico de influencias y el cambio de favores. No sólo sería la renuncia de ellos sino la de todo su grupo de familiares ubicado en cargos públicos de libre nombramiento y remoción. Que concursen los ciudadanos, porque los magistrados y sus familias pertenecen a una casta superior que no debe ser sometida a vejaciones.

En  río revuelto el jugador de póker utilizó la crisis y de la mano de los consejos de otro exministro del elefante utilizó la coyuntura para apropiarse del nuevo tribunal de aforados y echarse de paso al bolsillo a toda la Corte Constitucional a la que ha salvado de la ignominia. Ante el salto al vacío que implicaba traer nueve abogados que pudieran cumplir sus funciones de manera independiente, Santos resolvió respaldar a ocho de los nueve magistrados y de esta manera  aseguro por anticipado la victoria del Gobierno en los asuntos que se tramiten en ese Tribunal. La manera de resolver esta crisis refleja el nervio del santismo: decir una cosa en público, arregla otra en privado y dejar que EL TIEMPO haga el resto. Quedo confirmado: El rescate de la justicia será el hundimiento del magistrado Pretelt. Las penas de la justicia serán lavadas con el retiro o procesamiento del magistrado. Irónicamente, un político que nunca debió ser magistrado terminó siendo utilizado por los jueces para salvarse políticamente.

Las insólitas explicaciones de Montealegre y los silencios de Ordoñez sobre las ferias de nombramientos de allegados a jueces de las más altas Cortes de Colombia demuestran que nada cambiara. Y el Gobierno que impulsó y exigió a su mayoría parlamentaria que eligiera  como Contralor a una persona con los antecedentes de Maya que en 2016 cumple la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos será el que nombrara los jueces de los jueces. Queso para el ratón.

Pretlet por interés personal y no por convicción podría pasar de ser malvado a héroe si en su caída continúa revelando la manera en que se manejan los litigios en Colombia y como los magistrados se benefician de ello. Es tan desolador el panorama que la única esperanza de que sople algo de aire fresco en la cloaca que han convertido la justicia esta  en  su integrante más señalado.

Los magistrados que no quieren renunciar.

La realidad supera la ficción. Nadie imaginaria al Presidente de la Corte judicial encargada de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos grabando secretamente conversaciones privadas. Mucho menos esperaría que ese funcionario las filtrara a los medios de comunicación para “hacer justicia”. Tampoco esperaría que un exmagistrado que burlo la edad de retiro forzoso y se quedó tres años más hasta finalizar su periodo responsabilizara  a sus contradictores en la misma Corte por  cualquier cosa que le pueda pasar. En cualquier parte causarían sorpresa las declaraciones de otro magistrado justificando que particulares paguen gastos a miembros del tribunal debido a la inexistencia de “base logística” que le permita  a la Corte dedicarse a organizar eventos académicos. La sorpresa de la actual crisis no son los actos de corrupción mediante los cuales se arreglaban procesos en un alto tribunal sino la frescura y desparpajo de sus protagonistas, los cuales personalmente o por intermedio de sus abogados se han encargado de complicar su situación personal mediante declaraciones erróneas en los medios de comunicación.

Es tal el grado de confianza y seguridad  que algunos abogados cocteleros y lobistas tienen con relación a sus  actuaciones, que cuando iniciaba el escándalo el abogado de la firma involucrada que fue contratado en el momento posterior a la selección por la Corte Constitucional de la tutela mediante la cual  su  cliente buscaba  dejar sin efectos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo inconveniente en acompañar al Magistrado implicado en la acusación y mentirle a un periodista sobre su participación en el caso. Luego de ser descubierto indicó escuetamente que por su amistad con el juez y al verlo afectado por las denuncias de sus compañeros lo había acompañado a la entrevista a solicitud de un grupo de amigos. De esta manera un exmagistrado de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicaba su conducta. Días después se ha hecho pública otra acción de tutela en que los mismos protagonistas de esta historia como abogado y juez defendían a la firma Recaudos y Tributos para lograr que ésta firma continuara desangrando al municipio de Santa Marta por un contrato absurdo y contrario a los interés público que fue suscrito hace algunos años para la recaudación de los impuestos de la ciudad.

No podía faltar en esta historia el exitoso exmagistrado de la Corte Constitucional, hoy Fiscal General de la Nación quien se declaró impedido para actuar en el presente caso debido a que como abogado rindió por ochenta millones de pesos un concepto a Fidupterol indicando que por las actuaciones adelantadas en el caso de los dineros del departamento de Casanare no le cabía responsabilidad alguna. Un par de años después del millonario concepto las autoridades fiscales y judiciales dictaminaban todo lo contario y la empresa se iba a liquidación ante la imposibilidad de pagar por las obligaciones derivadas de las condenas en su contra por su intermediación en el manejo de los dineros del citado departamento. Estos exclientes del actual fiscal tuvieron menos suerte que Palacino y su amigos de Saludcoop, a quienes la justicia jamás llamó a rendir cuentas por el “manejo” de los recursos de la EPS.

Y… ha existido algún pronunciamiento gremial por lo ocurrido? Ninguno, aunque no se descarta que los mismos firmantes de la carta de apoyo al Magistrado Alberto Rojas de hace algunos meses, este pendientes de suscribir una nueva declaración de apoyo en respaldo a los compañeros injustamente acusados. Renuncié o no Pretelt, nadie cree en un proceso adelantado por la Comisión de Acusaciones, razón por la cual sería deseable que la facultades de derecho o el gremio de los abogados emitiera alguna declaración sobre el tema. El que calla otorga. La manera de impulsar los procesos por parte de los involucrados en este caso es un reflejo de la forma en que se manejan algunos casos ante la rama judicial en Colombia. Y mucha veces, como en este caso, los clientes se parecen a los abogados. Por eso, escuchar al defensor del magistrado señalado indicar que la ética no tiene relación con el derecho no debía estremecer a nadie. Más que una declaración errada fue una descripción de la realidad por parte de uno de los abogados del momento que hace de esa frase una forma exitosa de ejercicio profesional.

La renuncia no debía limitarse a Pretelt. Debían irse todos los magistrados que conociendo las calidades del personaje lo apoyaron con su voto para ser presidente de la más importante Corte del país. No es benéfico para Colombia que continúen en su cargo magistrados que graban a sus interlocutores de manera ilegal para luego redactar sentencias sobre la protección a los derechos fundamentales. La Corte no actuó con convicción propia sino que adoptó decisiones presionada por la opinión y los medios de comunicación. Cuando los magistrados vieron que podían venir por todos, soltaron al más débil a los lobos.

 Para los estudiantes, abogados y ciudadanos, la revelación de la manera en que se trafican influencias en las altas cortes debe generar una reflexión que permita considerar que si el derecho no se relaciona con la ética, la posibilidad de volver a tener confianza en la administración de justicia es ninguna.  Mientras se siga estimulando la figura del abogado canchero, serruchero y con contactos como la ideal de la profesión, episodios como estos serán el pan de cada día.