lunes, 31 de agosto de 2015

La crisis con Venezuela: El castigo a la indiferencia.

Cuando en abril de 2013 María Corina Machado y dieciséis parlamentarios fueron agredidos físicamente en el recinto de la Asambleas Nacional por congresistas del partido del elegido presidente Maduro, la comunidad internacional considero que tal situación se refería al orden interno de la república bolivariana. Cuando a inicios del año pasado se presentaron protestas en diferentes lugares de Venezuela, en las cuales grupos de ciudadanos se movilizaron para solicitar cambios en las políticas del país que evitaran  la ruina a todos los habitantes del país sin distingo de credo político y fueron reprimidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, la comunidad internacional no realizó comentario alguno sobre el particular.( http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2014/03/venezuela-entre-la-indiferencia-y-la.html ) El encarcelamiento y posterior procesamiento de los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma por unos cargos tan inverosímiles como absurdos no origino ningún reclamo de gobiernos ni organismos internacionales. El Gobierno de Maduro se acostumbró a violar los derechos humanos a la luz del día y con la mirada complaciente de todas las naciones sudamericanas que debido a la diplomacia petrolera de Chávez tenían favores y deudas pendientes con el país de la revolución  del Siglo XXI.
Por los históricos lazos de hermandad que Colombia tiene con Venezuela, extraño  a los venezolanos la posición “respetuosa” y “diplomática” de Colombia ante su crisis. El régimen de Chávez y Maduro aniquiló de hecho la división de poderes. Las leyes habilitantes le han permitido gobernar sin Congreso y la rama judicial obedece órdenes del palacio de Miraflores. Debido a que el domicilio de los cabecillas de las farc desde hace más de un lustro es Venezuela y éste  gobierno fue designado garante del proceso de paz con esa organización, la justificación de la actitud apática del gobierno colombiano ante la tragedia venezolana eran los superiores intereses de la paz colombiana. Fue tal el grado de sumisión internacional del gobierno colombiano que avaló la candidatura del expresidente Samper a la Secretaría de la Unasur, a sabiendas que su nombramiento era patrocinado por Maduro y Correa. No bien llegado a ese cargo, el nuevo Secretario se convirtió en un vocero de Maduro y su gobierno, destacando la legitimidad del régimen en cuanto pronunciamiento público realizaba.
Nunca pensó el Gobierno del presidente Santos que el vecino que vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos de su país con total impunidad comenzaría a atropellar a ciudadanos colombianos con la finalidad de distraer la atención sobre los severos problemas económicas que afronta su nación y hoy son inocultables con un barril de petróleo a la mitad del valor de cuando se posesionó Maduro. Las medidas adoptadas en varios municipios del Estado del Táchira y la expulsión de miles de colombianos son el inicio de las provocaciones con un país vecino para cambiar la agenda interna de su país. La imagen de un presidente vociferando insultos y al instante bailando cumbias con banderas de ambos países parece sacado de las páginas del bestiario tropical de Alfredo Iriarte.

Ahora, con miles de nacionales expulsados y  la normatividad internacional vulnerada por el gobierno venezolano, el país que comando la indiferencia internacional ante lo ocurrido a sus vecinos  pretende que las demás naciones sudamericanas se unan a su condena antes las actitudes del déspota venezolano. Tuvo que vivir en carne propia Colombia los atropellos del régimen de maduro para convocar a la comunidad internacional a manifestarse sobre el particular. Parecería tarde. Los Evos y Correas del continente no suscribirán condena alguna contra la satrapía venezolana. Se justificaran, como lo ha hecho el Gobierno de Colombia durante los últimos cinco años, en que ese no es un problema de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, tan atentas a las violaciones de los derechos humanos en los setenta ni siquiera consideraran el asunto. Los Castro llevan medio siglo encarcelando, desapareciendo y asesinando opositores y son recibidos con aplausos revolucionarios a cuanto foro asisten. Los déspotas de izquierda parecieran tener patente de corso para violar los derechos humanos. Colombia está recibiendo un castigo por su indiferencia.