El 22 de enero de 1996 el
exministro de Defensa Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat
en la cual manifestó que el presidente Ernesto Samper conocía del ingreso de
dineros del narcotráfico a la campaña electoral que le permitió llegar a la
presidencia de la república. Esa misma noche, el presidente en un comunicado
antes de medianoche indicaba que Botero “mentía para salvarse” y reiteraba el
guion de su inocencia. Yo comenzaba tercer año de Derecho en la Universidad
Javeriana y esa semana se realizaron algunas marchas estudiantiles que pedían
la renuncia de Samper. Habiendo heredado el sectarismo liberal de mi abuelo
materno era un activo samperista que defendía al presidente que luchaba por los
más pobres y era víctima de una conspiración de derecha que pretendía sacarlo a
sombrerazos del poder. En víspera de cumplir 40 años siento que uno de los
desaciertos más grandes que he tenido fue apoyar al elefante que aplastó la
poca decencia que quedaba en Colombia.
Samper hizo algo peor que privatizar a bajo precio bienes públicos. Los
entregó a delincuentes con la finalidad que los tomarán como pago por su
docilidad al Gobierno. Al esposo de su defensora y copartidaria Martha Catalina
Daniels le entregó Foncolpuertos que terminó siendo uno de los peores
escándalos de corrupción de la historia. Al primo de su investigador Heyne
Mogollón le entregó Caprecom para que lo desguazara a su gusto. La preclusión
de la investigación del Presidente Samper costó cien veces más que la
reelección del presidente Uribe. Con una diferencia: Ninguno de los
determinadores de este asalto al patrimonio del Estado terminó preso. Por el
contrario, siguen hoy más vigentes que nunca en la actividad pública. Incluso
se han llenado los cargos públicos de sus hijos, cónyuges y hermanos. Y la peor
de todas las consecuencias de la crisis de la financiación de la campaña de
Samper por el Cartel de Cali fue la instauración del principio de la
irresponsabilidad política. Cobijados por el derecho a la presunción de
inocencia nadie renuncia ni responde por sus actuaciones. Los tres lamentables
ejemplos de la actualidad con el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo
y un magistrado de la Corte Constitucional hablan por sí solos. Todos aspiran a
ejercer sus cargos hasta el último segundo del último minuto de la última hora
del último día sin importar que a su paso arrastren a las instituciones que
representan al descrédito total.
Veinte años después de la
declaración de Botero, los protagonistas del escándalo del 8.000 lejos de
haberse retirado de la actividad pública son hoy influyentes personajes de
diferentes esferas de la vida nacional. Serpa quien juró el retiro de las
actividades públicas en 2002 cuando perdió con Uribe es hoy el líder del
partido liberal en el Congreso y con autoridad pide renuncias. Cristo después
de ser funcionario de palacio y embajador en Grecia se convirtió en Senador y
desde 2014 es el Ministro del Interior de Santos. Botero Zea vive en Mexico y
desde allí intermedia en la venta de cuadros de su papá a personas tan
importantes como el presidente Santos. Néstor Humberto Martínez se convirtió en
el abogado de confianza del comprador del Banco Popular en épocas de Samper y
dependiendo de los intereses del momento navega entre el sector público y
privado sin temor a inhabilidad e incompatibilidad alguna.
La gran enseñanza del
cuatrienio de Samper para quienes ejercen funciones públicas es que su
permanencia en el cargo debe prevalecer por encima de los intereses nacionales.
Y así nos fue. Hoy nos “gobiernan” ministros que firmaron conciliaciones
ruinosas y culparon a terceros. Otros laboran para el gobierno mientras sus
cónyuges se benefician de millonarios contratos sin que se genere rubor alguno.
La Corte Constitucional se desprestigió tanto o más que los demás tribunales
donde hoy sus magistrados pelean como pandilleros por cargos y honores. La Defensoría
del Pueblo que desapareció con Volmar Pérez volvió a ser conocida por los
ciudadanos por las costumbres de su impresentable jefe. Y el Director de la
Policía Nacional se mantiene en su cargo a pesar de las denuncias que
semanalmente comprometen sus actuaciones pasadas y presentes. El presidente de
hace veinte años se ha reencauchado dirigiendo un organismo internacional
promovido por los demócratas Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Y es aplaudido
y “respetado” en auditorios que desconocen su pasado. Veinte años después,
Samper les ganó a todos. A la justicia que nunca pudo procesarlo. A sus
contradictores que no lograron hacerlo desaparecer de la actividad pública. A
sus conciudadanos, a los cuales burló. Y gano, porque su manera de hacer
política se difundió en toda Colombia. Con sus actuaciones previas a llegar a
la presidencia y en ejercicio de la misma contestó al maestro Echandía la
pregunta de ¿el poder para qué? Sus discípulos aventajados como Samuel Moreno
Rojas, nieto del dictador, han dado la respuesta. La salvación del presidente
hace 20 años significó la bancarrota moral de Colombia. Lo que estamos
presenciado hoy con los venales funcionarios públicos que se niegan a renunciar
es apenas una de las herencias dejadas por el triunfador del 8.000.
