En septiembre de 2015 el
presidente Santos y Timochenko se reunieron en Cuba a instancias del dictador a
quien irónicamente llaman presidente para tomarse fotografías vestidos de
blanco e indicar que la fecha de finalización del proceso de negociación entre
el gobierno colombiano y las farc sería el 23 de marzo de 2016. Nadie había solicitado el establecimiento de fechas
límites para finalizar el dilatado diálogo que se adelanta en La Habana, por lo
cual críticos y adeptos del proceso
recibieron de buena manera la noticia el
anuncio del plazo final de los diálogos.
Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días el propio
gobierno fue recogiendo sus pasos y anunciando que no se sometería a plazos
fatales. El Gobierno que se inventó el plazo informaba que no se sometería al
mismo. En la actualidad, las conversaciones continúan sin ninguna clase de afán
entre las partes. Al contrario, los jefes guerrilleros se dejan fotografiar en
cuanto evento social ocurre en la isla pareciendo estar más preocupados por el
próximo concierto en la isla que por la
terminación del proceso de paz. Mientras tanto, en Colombia los sectores
políticos y académicos se preparan para el banquete que se avecina: el
postconflicto. No existe organización que no se encuentre dedicada a construir
proyectos para esta “nueva etapa” de la vida nacional. Se preparan redacciones
de memorias, cursos de derechos humanos, capítulos de memoria histórica,
testimonios de víctimas, talleres de emprendimiento. No se ha firmado el
acuerdo final y los congresistas están muy preocupados por la manera en que los
recursos van a repartirse. Los próximos años estarán llenos de contratos de
objetos vacíos entregados a ongs “especializadas” en postconflicto. Esa es la
mermelada que se entregara a cambio del apoyo al proceso de paz.
Son tan bajos los índices de
apoyo al proceso que cada día se escucha menos el tema de la refrendación
popular de los acuerdos. El gobierno decidió que sería el pueblo quién daría la
última palabra sobre lo acordado en la mesa de negociación. Al ver que la
participación podía ser un problema no tuvo inconveniente en modificar la ley
de participación ciudadana y bajar a la mitad el umbral de votos requeridos
para aprobar un referendo. Ahora que las encuestas no lo favorecen no le queda
otra salida que “esperar” que un fallo de la Corte Constitucional lo salve del
problema indicando que por ser la paz un derecho fundamental no es viable
someter su cumplimiento a un mecanismo de participación ciudadana.
Fiel a su costumbre de enredarse
solo, el presidente de la república que por mandato constitucional debe
entregar una terna para la elección del fiscal general resolvió
intempestivamente “organizar” un concurso de méritos para que “todos los
colombianos” que reunieran los requisitos para ser fiscal presentaran su hoja
de vida con la finalidad de escoger los mejores para ser presentados a la Corte
Suprema de Justicia. Más de un centenar de ingenuos, al mismo tiempo que los
cuatro que antaño se conocía conformarían la terna presentaron sus documentos
en la presidencia de la república para tal efecto. Luego de descartar más de
150 hojas de vida presentadas, quedan 16 candidatos entre los cuales están los
nombres que desde el principio se conocía que integrarían la terna. En los
próximos días culminara el proceso con la integración de la terna por los
nombres que hace varios meses manejan los medios como seguros integrantes de la
misma. ¿Había necesidad de este reality donde ya se conocían los finalistas?
Santos parece asesorado por sus enemigos en estos temas.
Un plazo que no se cumple, un
referendo inviable políticamente y un falso concurso para elegir candidatos a
la terna para elegir fiscal son los últimos autogoles de un presidente que luego
de seis años en el poder está pasando de ser admirado por su pragmatismo a
temido por su vacilación.
