A una
semana de la suscripción del acuerdo que pone fin a las negociaciones entre la
guerrilla de las farc y el gobierno colombiano, sus opositores repiten a diario
diatribas en las cuales se indica que la impunidad es el común denominador del
acuerdo que llevará a Colombia por la misma senda de Venezuela y Cuba, en lo
que denominan el castrochavismo.
La
acusación referente al ingreso del país al castrochavismo no tiene fundamento
diferente al capricho de quienes la emiten. En el Gobierno del presidente
Santos se han suscrito acuerdos internacionales de inversión con la Unión
Europea, Corea, Singapur, Francia y Turquía. Se ha continuado la política del
gobierno anterior de ofrecer condiciones especiales de inversión a los
extranjeros para que depositen sus recursos en Colombia. La utilización de los
contratos sindicales (aquellos que hacen sindicatos con empresas) se han convertido en el modelo perfecto de
tercerización sin que a la fecha se hubiere tomado correctivo alguno. Las
reformas tributarias realizadas durante el Gobierno han tenido como fundamento
la ampliación de la base tributaria antes que el aumento de tarifas para los
contribuyentes con mayores ingresos. Las modificaciones al régimen de contratación en el cual se
eliminó el pago de anticipos ocasiono una singular concentración de la obra
pública en pocas manos. Gracias a lo anterior el dueño de la tercera parte del
sistema financiero y propietario del
principal diario nacional es ahora el actor más importante en las obras de
infraestructura vial del país. Por último, las respuesta del Gobierno a las
denuncias sobre acumulación ilegal de baldíos en el sur del país por
empresarios nacionales y extranjeros lejos de abrir camino a sanciones
ejemplares a quienes en asocio de sus abogados sofisticados cometieron tales
acciones ilícitas ha sido promover leyes para sanear esas titulaciones y
respetar la “buena fe” de los acumuladores de baldíos.
El
acuerdo final en materia de propiedad no establece una expropiación masiva de
tierras rurales. La ley de restitución de tierras expedida hace más de un
lustro con sus pírricos resultados es el antecedentes más próximo del acuerdo.
Fieles a nuestra tradición histórica, creamos leyes innovadoras que
promocionamos a nivel internacional ruidosamente pero a nivel interno su
ejecución o cumplimiento es nulo o inexistente. En las diferentes
intervenciones, tanto del presidente Santos como del jefe del equipo negociador
y futuro candidato presidencial Humberto De la Calle siempre se reitera que en
los acuerdos no se tocó la sagrada propiedad privada, elemento fundacional de
nuestra república. La queja más sentida es la realización de un nuevo catastro
rural que traerá como consecuencia el aumento del impuesto predial de las
propiedades rurales. Eso, en sí mismo sería una revolución pues muchas de esas
propiedades siguen tributando sobre valores catastrales del siglo XIX sin que
ningún gobierno se atreva a actualizar a precios reales el valor de las
propiedades so pena de ser etiquetado de comunista.
Salvada
la propiedad privada, garantizada la inversión extranjera con el compromiso de
solución de conflictos en tribunales internacionales de tan grata recordación y
mejores resultados para el país, los dardos se lanzan contra la posibilidad que
los miembros de las farc puedan ser elegidos a cargos públicos. Y allí, el
expresidente Uribe, él mismo que recomendaba a los parlamentarios de su
coalición que votarán por los proyectos de su gobierno antes de ser privados de
su libertad por la comisión de delitos que iban desde el concierto para
delinquir hasta el homicidio, es inflexible: No puede participar en política
aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Y suena muy bien. Los
criminales que incurrieron en estas conductas no deberían tener derecho a ser
elegidos para corporaciones públicas. El único inconveniente de esa tesis es
que negarles la elegibilidad política a los miembros de un grupo alzado en
armas y reconocido como tal por el mismo Estado con el cual negocia es matar la
posibilidad de cualquier acuerdo. Medio siglo después de la creación de las
farc gracias a los buenos oficios del
abuelo de la senadora Paloma Valencia,
el acuerdo entrega una participación mínima en el Senado y la Cámara para los
periodos de 2018-2022 y 2022-2026. El 5% del Senado y el 3% de la Cámara de
Representantes será integrados por representantes de las farc, convertidos en
organización política. En el mejor de los casos podrán realizar uno que otro
debate pero esa ínfima participación no les permite otra cosa que ser un grito
entre la multitud. Se plantea que en la Colombia del sur, la pobre que nadie
visita y nadie representa se crearan unas circunscripciones especiales (16)
para la elección de representantes a la Cámara de esas regiones que jamás han
tenido vocería en el Congreso. En su elección no participarían los actuales
partidos sino que sería una competencia entre el nuevo partido de las farc y
otras organizaciones. Concediendo que las farc ganaran todas estas
circunscripciones, su participación en la Cámara sería del 10% de la totalidad
de integrantes de la misma. Algunos
dicen que ese es el inconveniente, que “regalarles” esa participación
ocasionara que comiencen su proyecto político y lo más preocupante es que
podrían llegar a la mismísima presidencia. Compartiría esa tesis si
estuviéramos ante una organización alzada con algún apoyo popular de
importancia, sin embargo las farc son el mayor enemigo de las farc. Lo son con
el discurso arrogante y soberbio que mantienen aún después de finalizar las
negociaciones. Márquez y sus muchachos se niegan a pedir perdón por sus actos
atroces y esa actitud hace más daño que cualquier condena que pueda imponerles
un juez. Su falta de generosidad y reconocimiento con la oportunidad que la
sociedad les está entregando será una de las claves de su fracaso político. Las
explicaciones que no quisieron entregar y las excusas que se han negado a presentar
serán exigidas por los colombianos en los diferentes escenarios en que
incursiones en la vía pública y allí ya desarmados la disyuntiva política será
explicar o desaparecer. Mantener la misma actitud que hasta ahora han tenido
tendrá como resultado su aniquilamiento político.
¿Generan
impunidad estos acuerdos? La respuesta sería positiva si tuviéramos
encarcelados a los cabecillas guerrilleros y fruto de los acuerdos salieran
libres y exentos de toda culpa. La justicia transicional descansa sobre la base
de contar la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto interno en medio
siglo. ¿Se contará toda la verdad? Por supuesto que no. Tendremos apenas un
acercamiento a lo que ocurrió estas décadas. Pensar que la finalización del
proceso sería la imagen de los cabecillas de las farc entrando a la cárcel
modelo implicaría que hubiera existido no una negociación sino un triunfo
militar del Estado. Parte de lo sapos que no debemos tragar para finalizar con
el conflicto con las farc es soportar que sus cabecillas no irán a prisión y
participan en política. El tema no debía sorprender tanto a los colombianos.
Durante el gobierno de Alvaro Uribe se cometieron miles de falsos positivos,
eufemismo para nominar el asesinato y la desaparición de civiles por las fuerzas
armadas acusados de ser miembros de la insurgencia. Hoy están en prisión los
soldados y mandos menores que participaron en estos operativos. El entonces
Ministro de Defensa de la época donde ocurrieron estos hechos es hoy presidente
de la república y el entonces presidente es el jefe de la oposición. Pareciera
que en los actos atroces de la guerra colombiana, los guerrilleros rasos
actuaban en nombre de los comandantes de la organización pero los soldados
actuaban en nombre propio, de tal manera que los jefes guerrilleros si son
responsables de estas acciones pero los mandos militares son inocentes o
víctimas de la sesgada justicia colombiana. La impunidad por los actos
cometidos por ambas partes será uno de los costos que serán asumidos en este
proceso.
En
últimas, para los colombianos que vivimos en las principales ciudades del país
no cambiara de manera sustancial la vida después del acuerdo. Así como la
guerra se ha mirado con indiferencia y por televisión, los acuerdos para
finalizar la misma y sus efectos no tendrán mayor relevancia. Seguiremos
escuchando a Julito y Casas preocupados por el aumento en las tarifas de
primera clase entre Madrid y Bogotá mientras en la noche la televisión nos
entretiene con la edificante vida de Diomedes Diaz o Galy Galeano. Por nuestra
desconexión con ese país que queda en el sur que lleva 50 años en guerra, no
tenemos derecho para oponernos al acuerdo al que han llegado el gobierno y las
farc. Fundamentar la oposición al acuerdo en la impunidad de unos señores que si
no fuera por él mismo jamás acudiría a un juzgado o levantar el dedo acusador
para señalar que vamos tras el camino de Venezuela no deja de ser una arenga
desorientadora y mentirosa que solo quiere jugar con el miedo y la ignorancia
de los ciudadanos. El apoyo al acuerdo de paz nace de una visión pragmática de
los habitantes de un país mamados de una guerrilla soberbia y asesina que
piensan que vivirán mejor sin tener que soportar una guerra absurda en la que
se dedica la mayor parte del gasto público a mantener el más numeroso ejército
de Suramérica mientras se desatienden otras necesidades prioritarias de la
población. Si no podemos tolerar que
unas personas con ideas que no compartimos participen en la actividad política
y consideramos que su único destino es la cárcel o el cementerio nos merecemos
otros 100 años más de guerra, gobernados por los mismos grupos y personajes que
han sido exitosos en vendernos la idea que esto que hemos vivido hasta ahora es
la normalidad.
