Nestor Humberto y el nuevo derecho.

Dos semanas después de la histórica intervención del actual Fiscal General de la Nación ante la plenaria del Senado en la cual confirmó a los colombianos que si la justicia es una utopía, la ética es un lujo en las épocas de los abogados sofisticados para los cuales el derecho y la moral no tienen ninguna relación, el impedido funcionario y los medios de su principal cliente han dado por clausurado el debate sobre sus indelicadezas como cabeza de la institución encargada de acusar a los ciudadanos por violaciones a la ley penal.

Un video del archienemigo del establecimiento recibiendo dinero en efectivo en fecha sin establecer y una demanda en su contra suscrita por un abogado de traquetos y lavadores de dólares ha sido el pretexto perfecto para meter el tema al congelador. La estrategia ha sido exitosa y permitió que antes de iniciar vacaciones de fin de año los reflectores recaigan sobre Petro. Ha sido tan exagerada la reacción del establecimiento, que la situación que en principio parecía una catástrofe y el fin de la carrera política del senador decente, se ha convertido con el paso de los días en una “persecución” en la cual el aspirante presidencial a 2022 juega el papel que más le gusta: Un perseguido por los poderosos que quieren evitar a cualquier costo su participación en política y la transformación del país. Es tal el tamaño del escándalo y los trapos sucios que les tiene Martínez a sus asociados que la carta perfecta para desacreditar a su rival en la próxima campaña presidencial, debió ser exhibida tres años antes.

Gracias a las grabaciones realizadas por un íntimo amigo del hoy fiscal, se pudo constatar que el exsuperministro de Santos conocía años antes de su cargo actual   todo el entramado de corrupción derivado de Odebrecht sin nunca dar anuncio a la opinión pública de tal situación. Sus actuaciones posteriores han confirmado que en la agenda de la actual fiscalía el tema de llegar a los peces grandes del escándalo de la empresa brasileña no existe. Si el anterior Fiscal no realizó actuación alguna contra los involucrados en los malos manejos de recursos en Saludcoop, que eran sus exclientes, el actual titular del cargo repetirá esta tradición con sus más cercanos clientes.

Las facultades de derecho deben guardar la dilatada intervención de Martínez para exhibirla ante sus alumnos como una clase maestra de cinismo y el abuso de poder de un servidor público en Colombia. La manera en que el Fiscal exhibía documentos reservados, realizaba alusiones a conversaciones privadas y se jactaba de conocer los movimientos de sus contradictores son un ejemplo de la cloaca en que se convirtió hace lustros la justicia en el país.

Las normas sustanciales y procesales que descansan en las codificaciones de las diferentes áreas y que se concretan en los 200 programas de derecho existentes en Colombia plantean una disciplina en la cual  la ley y la jurisprudencia son las principales fuentes de derecho que utilizan los jueces para sus fallos. El divorcio con la realidad no puede ser más evidente. La justicia que se practica en el día a día no depende para nada de conocimientos, alegatos, estudios ni tampoco busca llegar a la verdad. La justicia del día a día depende de coimas pequeñas o grandes, en dinero o en especie sin las cuales la actividad del litigante se vuelve azarosa. Con una rama judicial de espaldas a la transparencia, los mínimos aspectos de un proceso, desde una notificación hasta la fijación de una fecha para una audiencia no dependen de un turno estricto sino de la cercanía con funcionarios del respectivo despacho judicial. Esta realidad auspiciada y tolerada por quienes debemos impulsar procesos en cualquier jurisdicción nos explica en parte la tragedia de nuestro lento sistema judicial. Y para evitar cualquier represalia de los dueños del sistema, nadie dice nada. Por eso, en lugar de recibir una amonestación pública, personajes como el actual fiscal son aplaudidos en recintos cerrados por sus colegas.

La manera como el actual  fiscal  llegó al cargo(ver http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2016/07/nestor-humberto-y-el-traje-nuevo-del.html escrito en julio de 2016), y la forma en que ha desarrollado sus funciones no son un accidente. Son una consecuencia de la manera como se entendió que es el ejercicio de la profesión desde hace algunos lustros. Se privilegia la influencia y la cercanía con el poderoso antes que las posiciones que puedan llevar a una contrariedad con el mandamás de turno. Eso explica ridiculeces como la esposa de un presidente de la Corte actuando como primera dama de la justicia, los magistrados en turismo permanente o la ausencia de pronunciamientos de la academia o de asociaciones de abogados sobre la crisis ética de la profesión. Por eso nadie se aterra cuando un delincuente entrega doctorados honoris causa a un personaje sin más mérito que su vanidad para merecerlo.

En síntesis, la permanencia del actual fiscal en su cargo y la finalización de su periodo constitucional son un indicador del estado de putrefacción de la “justicia” en Colombia. Y nada parece indicar que la situación vaya a cambiar. Al contrario, la captura de lo público por oscuros intereses privados es nuestro presente y futuro.

P.D. El ilegal paro de la jurisdicción civil en Bogotá por el cual nadie responde y que a nadie importa completa 41 días sin solución. Una muestra más de la “importancia” del sector en la agenda pública. Igual, son tan lentos los procesos que no existe diferencia si los juzgados están o no en actividades.

La victoria de Pablo Escobar

El próximo 2 de diciembre se cumplen 25 años de la muerte del personaje más influyente de la historia reciente del país. El cuerpo del narcotraficante y asesino Pablo Escobar siendo bajado de un tejado en la ciudad de Medellín entre aplausos y celebraciones de las fuerzas del orden es una imagen que retrata una época en el país.

Son incontables los documentales, libros, películas y series que sobre la vida del criminal se han realizado desde su deceso. La versión oficial sobre la lucha de una parte de  la sociedad colombiana  contra Escobar trata de vender la moraleja que no tiene sentido enfrentarse a los poderes del Estado y que todo aquel que los desafíe tendrá tarde o temprano  la misma suerte del idealizado capo .

La manera como Escobar infiltró el Estado colombiano en todas sus estructuras y su manera violenta de solucionar las diferencias, lejos de convertirse en una práctica repudiada por la sociedad, se convirtió en un modelo digno de réplica en todo nivel. Antes de continuar con esta idea, es preciso repasar brevemente algunos hechos que resultan determinantes para justificar la anterior afirmación.

César Gaviria llega al poder gracias a la designación como candidato presidencial que le dio Juan Manuel Galán el día del entierro de su padre. Aunque el esposo de la actual embajadora en Egipto triunfa en las elecciones con la imagen e ideas de Galán desde el inicio de su gobierno exhibe un talante diferente al del líder del Nuevo Liberalismo. Su política económica no tiene coincidencia alguna con las ideas galanistas y tenía mayores coincidencias con las ideas de su rival electoral Alvaro Gómez Hurtado. Pero, la mayor fractura entre el moribundo galanismo y el naciente-y hasta hoy existente-gavirismo fue la postura para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Gaviria con su particular pragmatismo diseño una política de sometimiento a la justicia mediante la cual estos grupos de hampones pagaron condenas irrisorias por “dejar de delinquir”. Con Escobar el tema llegó al punto de la prohibición de la extradición en la Constitución  y el pago de la condena por sus delitos en la famosa “catedral” Luego de la fuga de Escobar de su lugar de “reclusión” y ante el desconcierto nacional e internacional, el gobierno resolvió convocar a los delincuentes más peligrosos de Colombia que tuvieran cuentan pendientes con el capo para recibir su apoyo en la captura y muerte del asesino a cambio de su perdón judicial. Para contener al “patrón”, Gaviria no tuvo inconveniente en transar y otorgar  indultos a criminales iguales o más sanguinarios que el reconocido capo. Los últimos 17 meses de vida del asesino entre madrigueras y órdenes de atentados ha sido más contada en la actualidad que la vida de nuestro único premio nobel de literatura.

Muerto Escobar en diciembre de 1993, se intuía el inicio de un nuevo país donde la sociedad optaría por preferir actividades diferentes a las realizadas por este oscuro personaje y se presumía que iniciaba una suerte de corrección ética de la sociedad. Nada más lejano a lo que ocurrió desde esa época. Apenas siete meses después de la desaparición de Escobar, los narcotraficantes que hacían parte del denominado Cartel de Cali –unos delincuentes “más chics y menos ordinarios” que el capo, con bastante aceptación en los círculos sociales-  entregaba una gruesa suma de dinero a una campaña presidencia que determinaría la elección del sucesor de Gaviria. Samper pasaría todo su mandato tratando de demostrar que el Tesorero y los directivos de su campaña se aliaron con el cartel de Cali contra su voluntad para elegirlo presidente. El costo de la permanencia en el poder del gracioso presidente fue muy alto para el país. Las entidades estatales que no había alcanzado a vender Gaviria fueron capturadas por delincuentes profesionales que solo dejaron ruinas. Mientras ello ocurría, el fenómeno paramilitar crecía en poder económico y político de la mano de algunos de los perdonados por Gaviria para perseguir a Escobar. Desaparecería para siempre la línea entre  lo correcto y ,lo incorrecto y desde la década de los noventa sin importar partido ni gobierno  se observaría la consolidación de la corrupción en todo el aparato estatal. Fiscales con oficina, ministros que regulaban los gremios que saldrían a dirigir o asesorar y presidentes que ordenaban comprar votos con notarías y efectivo. Las discusiones sobre la impunidad tanto en el proceso de desmovilización con las autodefensas con en el proceso de paz con la guerrilla me han causado siempre risa. ¿En un país edificado sobre la impunidad era válida la oposición a la dejación de armas de uno u otro grupo en nombre de la justicia?

Los megaescandalos de los últimos años en que se revelan fraudes contra el Estado por cientos y miles de millones de dólares son el epílogo de la historia de un país en el cual la cultura del dinero a cualquier precio se impuso por encima de todo tipo de consideraciones.  En ese estado de anomia social, ambiciones ilegítimas se vuelven legítimas. La empresa más grande de Colombia cambio de dueños sin pagar un centavo de impuestos por esa operación. El mayor aportante como persona natural a la Campaña de Santos en 2010 terminó “pagando” una  condena en su casa de Medellín por ser la cabeza de una sociedad que se embolsilló sin problemas el dinero de miles de ciudadanos. Sus cómplices, serán beneficiados prontamente por la prescripción de sus casos penales y saldrán a disfrutar sus fortunas al otro lado del Atlántico, al estilo del ciudadano español dueño de una distribuidora de carros de marca coreana que no tuvo inconveniente en comprar un juez y sus funcionarios para amañar un fallo judicial que lo dejara en mejor posición para negociar un acuerdo con su contraparte. El abogado que representó al sofísticado empresario en España y logró que no  fuera enviado a Colombia fue el mismo que evitó en los ochenta que Gilberto Rodríguez fuera extraditado desde España a Estados Unidos y gracias a ello pudo dirigir una década más su lucrativo negocio.

Escobar murió hace 25 años pero su espíritu criminal se expandió por el país como un virus sin que a la fecha exista la esperanza de una cura. Muchos criminales de ayer son los señores que hoy adoptan decisiones sobre cuestiones nacionales. Lo ocurrido el último cuarto de siglo en Colombia muestra que Escobar y su talante ganaron la partida. El único antídoto contra ese mal sería el conocimiento de la historia por parte de los ciudadanos, pero este mundo actual de imágenes y conexión permanente repudia el recuerdo y estimulan el momento, así que es una batalla pérdida antes de iniciarla.

El Plan de gobierno de Ernesto Macias

El pasado 7 de agosto fueron leídos dos discursos de contenido diferente en la ceremonia de posesión del presidente de la República. Mientras Ernesto Macías, presidente del Congreso realizó un “corte de cuentas” al gobierno anterior con un lenguaje y tono propios de su partido, el presidente electo realizó una intervención en la cual invitaba a dejar atrás los odios y proponía la construcción de un país entre todos guiados por la “nueva generación” que llegaba al poder representada por él.

A pocos días de cumplirse dos meses del nuevo gobierno, pareciera que la intervención que fijó la agenda gubernamental fue la realizada por el Senador Macías, quien estableció como ejes de la nueva administración la lucha contra las drogas “ con el apoyo de ese gran aliado de Colombia, Estados Unidos, país con el que debemos fortalecer nuestras relaciones”, la reforma al régimen de regalías para favorecer a las regiones productoras, el respeto por la propiedad privada frente a reclamaciones de restitución, la dura posición contra la dictadura venezolana,  la modificación de los acuerdos de paz y el combate a la amenaza terrorista debido a que en Colombia jamás existió conflicto armado.

La designación de Pachito Santos como embajador ante el gobierno de Estados Unidos cumple el primer objetivo de acercarse a nuestro  “gran aliado” por intermedio de un funcionario presto a recibir órdenes de un gobierno extranjero sin sonrojarse. El regreso a la “guerra” contra las drogas y la necesidad de mostrar resultados prontos a su patrón dedicara buena parte de la tarea del actual gobierno.

Como contraprestación por volver su territorio nuevamente un área de guerra, el aliado apoya las denuncias internacionales de Colombia contra la dictadura venezolana. Crispar el ambiente con el vecino permite justificar la inclusión de generosas partidas presupuestales para realizar “necesarios” gastos en defensa de billones de pesos. Todo sea por protegernos de unos vecinos que mientras resuelven sus problemas de hambre pueden optar por una estrategia de expansión territorial que será contestada oportunamente por nuestro atlético Ministro de Defensa que no distingue un fusil de un revólver.

Ya en el gobierno, los enemigos del anterior proceso de paz comprendieron que para hacer trizas los acuerdos no hacia falta modificarlos sino que el incumplimiento de los mismos en aspectos como la reforma rural integral y la restitución de tierras terminarían por liquidarlos. Para ello, el nombramiento de personajes de la talla de Claudia Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural   aseguran que los tales acuerdos no tendrán futuro en este gobierno. A lo anterior se suma la queja permanente del gobierno de la imposibilidad de cumplir los acuerdos por falta de fondos, lo que llevara a una muerte lenta de los compromisos del proceso respaldada políticamente por los partidos ayer santistas y hoy duquistas.

El gobierno no tiene control sobre su partido que presenta reformas constitucionales sobre la JEP, la composición de las Cortes y la inmunidad parlamentaria. Los compromisos adquiridos por la consulta anticorrupción sufrirán un tijeretazo importante que los convertirá en una propuesta aún más babosa que la reforma judicial presentada por el ejecutivo.

Vargas Lleras, uribista 6 años, santista 7 años y medio y ahora nuevamente socio político de Uribe impulsara el Ministerio de la Familia para que los comportamientos de las gentes decente sean replicados con la excusa de unificar funciones de diversas instituciones.

Y el presidente? El señor que dirige la copia de los consejos comunitarios del perseguido expresidente Uribe parece superado por la situación. En su afán de no quedar mal con nadie y de vender una imagen de presidente fresco y familiar no tiene problema en decir una cosa y hacer otra. Habla de meritocracia y llena la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angelinos. Habla de corrupción y mantiene a su encartado Ministro de Hacienda. Habla de equidad pero su reforma tributaria solo favorecerá a los empresarios.

En apenas dos meses del nuevo gobierno ha quedado claro que el 7 de agosto de 2018 se marcó la agenda de los próximos cuatro años regresando al país a situaciones y discusiones de hace 20 años. Para saber el norte de este gobierno hay que escuchar el discurso del Presidente….pero del Senado.

Uribe: Un ciudadano sin garantías.

La mayoría de las conversaciones de los colombianos en los últimos lustros terminan siempre en el mismo punto: las opiniones favorables o contrarias a la vida, obra y milagros de Alvaro Uribe Vélez. El relato uribista que se construyó en el último tiempo enseña que la existencia de Colombia como república se debe en manera exclusiva a la llegada al poder del presidente eterno -como lo llama quien dirigirá en su nombre el país a partir del próximo siete de agosto- que gracias a sus decisiones evitó que la guerrilla se apoderara del país y nos convirtiéramos en otra Cuba. En la medida que pasa el tiempo se exagera cada vez sobre el milagro uribista y por ello sus leales seguidores no tienen ningún problema en distinguirlo con el título del mejor presidente de la historia.( En el irreglamentario debate de ayer 1 de agosto en la Cámara de Representantes que los miembros del Centro Democrático montaron contra el Senador Iván Cepeda, la mayoría de los miembros de ese partidos en su intervención destacaba la grandeza histórica del propietario del partido al cual por su naturaleza divina no podía señalársele por ninguna conducta irregular. Palabras historia y patriota se repitieron de manera generosa.)

El proceso que inicia en la Corte Suprema de Justicia contra el Senador que fundamenta todas sus decisiones en la moral y el honor durará lo que suele durar un proceso en dicho tribunal: años o décadas. O cuanto piensan que se demoran en recoger 31 testimonios en un tribunal atestado de procesos contra ciudadanos con fuero especial. A lo anterior se suman las recusaciones, tutelas y triquiñuelas que disfrazadas del sagrado derecho al debido proceso interpondrán los mediáticos abogados del Presidente-Senador lo que traerá como resultado que antes de años no se adopté ninguna decisión de fondo en ese expediente. El desdichado día en que lo vayan a “indagatoriar” (verbo creado por el senador presidente en su rueda de prensa en las caballerizas de esta semana) el procesado solicitara para el ejercicio de su defensa una centena de testimonios que cuando se terminen de practicar no darán otra alternativa al tribunal que declarar la prescripción de los delitos por los cuales se investiga a nuestro caudillo del twitter.

La adicción al poder de Uribe ha tenido un costo muy alto para Colombia. No solo ha polarizado de manera irreconciliable al país, sino que en los últimos tiempos el nivel de pugnacidad entre conocidos es cada vez mayor y la división entre los defensores y contradictores del expresidente senador se desplaza por una delgada línea en la cual la violencia parece cercana.

Desde hace quince días no se habla de cosa diferente en los medios de comunicación. Todos los días tenemos noticias de oscuros personajes caliches, monoleches y otras yerbas del pantano que afirman una cosa o niegan otra.¿ En qué momento un expresidente de Colombia y sus apoderados terminaron de habituales visitantes de delincuentes? ¿En qué momento dejó de importarnos esto como sociedad? ¿Qué Uribe hubiera sido exitosos en la lucha contra la insurgencia  le dio patente de corso para justificar cualquiera de sus conductas? Si la manera de valorar los delitos es comparar los cometidos por alguien con los realizados por las guerrillas, pareciera que habrá delincuentes a los cuales la sociedad les acabará debiendo.

Alvaro Uribe es el dueño de la mayor bancada del Congreso, el presidente de dicha institución es apenas un mensajero suyo que le recoge documentos en su casa de recreo, los guarda y los entrega cuando él lo indica, tiene el mayor esquema de seguridad –ese sí- de la historia de Colombia a cargo del Estado, varios medios de comunicación a su disposición en los cuales opina lo que desea y responde lo que se le antoja, es padre de dos emprendores inmobiliarios millonarios y tiene como abogados- a dos a falta de uno- penalistas mediáticos a su servicio, los cuales están dispuestos a hacer lo que toque hacer para sacar adelante su causa desde recusar sin fundamento magistrados, a visitar centros carcelarios para revisar hernias de condenados por secuestro hasta pararse como dos soldados en una caballeriza a respaldar las ocurrencias de su representado. A pesar de todo lo anterior, es un hombre sin garantías para su proceso y el presidente electo en el pronunciamiento como consecuencia de estos hechos, notifica que prevalecerá la inocencia de su jefe y pide que se den las garantías mínimas.

Santos declaró que a partir del 8 de agosto finalizó su vida política. Es pronto para saber si cumplirá su decisión pero se valora de manera positiva que considere finalizado su ciclo. Nada más negativo para una sociedad que un megalómano defendiendo legados e impidiendo el avance de las discusiones del país a otros temas diferentes a su vida y obra. Por nuestra salud como sociedad roguemos que el caudillo senador presidente entienda que las dignidades son transitorias y los juicios de la historia se realizan después de la desaparición de sus protagonistas. Lo único que nos falta en este momento es comenzar a matarnos por el honor del exdirector de la Aerocivil que más licencias concedió a inicios de los ochenta en Colombia.

Colombia: La tradición de no cumplir los acuerdos.

El 15 de septiembre de 1953 en el municipio de Monterrey (Casanare) Guadalupe Salcedo y los guerrilleros liberales del Llano acogían el llamado del gobierno de facto de Gustavo Rojas Pinilla y procedían a su desmovilización y entrega de armas. Como contraprestación por su reingreso a la vida civil y su compromiso de no volverse a alzar en armas, les fue entregado un certificado en el que se informaba que no tenían asuntos pendientes con la justicia además de un machete y un hacha. Los que entregaron primero las armas tuvieron la fortuna de recibir además de lo anterior, una libre de café.

Durante los años siguientes los líderes guerrilleros que se desmovilizaron fueron muriendo por líos de faldas como diría el abogado de Odebrecht y Corficolombiana (empresas que  mediante sobornos obtuvieron adjudicaciones de millonarios contratos) que paradójicamente ejerce en la actualidad como Fiscal General de la Nación. El 6 de junio de 1957, a menos de cuatro años de la entrega de armas fue asesinado Guadalupe Salcedo por la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá después de haber departido el día anterior con el dirigente liberal Juan Lozano y Lozano. Su cortejo fúnebre fue acompañado por miles de personas y los guerrilleros sobrevivientes supieron que sus posibilidades se reducían a desaparecer o rearmarse ante un Estado que no tenía ninguna clase de inconvenientes para liquidarlos.  El segundo gobierno del frente nacional presidido por el abuelo de Paloma Valencia y auspiciado por el hijo del monstruo dirigió sus mejores esfuerzos a eliminar por la vía armada a las denominadas ¨repúblicas independientes” y el fracaso de su experimento de extermino dio como resultado el nacimiento de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia.

Más de medio siglo después y luego de cientos de miles de muertos,  el nieto del expresidente Eduardo Santos (1938-1942) culminaba un proceso de negociación con las guerrillas nacidas en Marquetalia en 1964. Entre los acuerdos que realizó el Estado se habló por enésima vez de impulsar una reforma agraria integral que permitiera el acceso a la propiedad a miles de campesinos, además de algunas reformas al sistema político y la creación de una jurisdicción especial de paz (JEP) donde concurrirían los guerrilleros, militares y particulares que hubieren tendido alguna participación en el conflicto armado más largo del continente americano

La primera baja que sufrió la JEP fue por cuenta de la Corte Constitucional que eliminó la posibilidad de exigir a civiles que asistieran ante dicha jurisdicción. Su comparecencia será voluntaria. El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, se opuso al proceso de negociación y de manera especial a la JEP, al considerar que no era posible que guerrilleros y militares comparecieran ante el mismo tribunal.

El pasado 17 de junio fue elegido Alvaro Uribe Velez para su tercer periodo como presidente de Colombia. Ivan Duque, quien prestara juramento el próximo siete de agosto en su nombre es apenas un mandatario del caudillo que ha demostrado los días posteriores a su elección que sus funciones serán meramente protocolarias. La primera decisión del tercer gobierno de Uribe fue minar las competencias de la JEP y suspender su actuación sobre miembros de la fuerza pública, pues nada justifica que éstos sean juzgados por los mismos jueces que deberán procesar a los guerrilleros de la farc. Sin que su mandatario hubiere tomado posesión, el presidente que ejercerá sus funciones desde una banca del Senado comenzó a destruir los acuerdos de paz, impulsando el protagonismo de Paloma Valencia, nieta de Guillermo León y aspirante a la bendición del caudillo en cuatro años para convertirse en la primera mujer presidenta del país. La nieta culminara por la via legal lo que su abuelo no puedo por la armada. Y pensar que siempre se pregonó que todas las formas de lucha eran utilizadas por la contraparte.

Y….la reforma rural integral? y el proceso de restitución de tierras?...y los procesos de erradicación manual y sustitución de cultivos?...y todo lo firmado para lograr la desmovilización de las farc?  Serán palabras que se las llevara el viento. Si acabar con la JEP que era el centro del acuerdo tardó menos de dos semanas, hacer trizas el resto del documento será una labor menor. La reforma rural se aplazara para conveniencia de los patrocinadores del caudillo, la restitución de tierras desaparecerá al imponerse la buena fe de los poseedores que compraban tierras en épocas de desplazamiento y la “guerra contra las drogas” ocupara un lugar central en la agenda del nuevo gobierno. Los demás temas que se hubieren acordado fueron rechazados por el referendo realizado en 2016 y el Centro Democrático se encargara de hacer cumplir la voluntad ciudadana.

En junio de 1781, los comuneros que partieron de Socorro meses antes en una rebelión popular originada por los excesivos impuestos decretados por la corona española llegaron en Zipaquirá a un acuerdo con las autoridades españolas y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora y no pensaron que meses después el acuerdo sería incumplido y sus líderes asesinados. Se inauguró allí la sana tradición nacional de realizar acuerdos con alzados en armas que después se incumplirán y que tendrán como fin la muerte violenta de los desarmados. Guadalupe Salcedo en los cincuenta, la Unión Patriótica en los ochenta, Pizarro en los noventa demuestran que el Estado Colombiano no tiene palabra y quienes lo desafían terminan más temprano que tarde asesinados por “lios de faldas”.

El tercer mandato de Uribe estará marcado por la revancha. Ante las pruebas que semanalmente emergen de sus tenebrosas alianzas y temible pasado el caudillo tiene como única meta impedir su procesamiento, sin importarle llevarse de por medio a Colombia. Los guerrilleros de las farc tendrán que conformarse con su libertad, pues la generosidad del gobierno que inició funciones el pasado 18 de junio no alcanza ni para entregarles un hacha, un machete y una libre de café. Es eso o seguir el destino de quienes creyeron en la palabra del Estado y murieron en su ingenuidad. Ya la frase esta patentada: “No estarían recogiendo café”.

Duque: La esperanza de una traición

El 31 de mayo del año 2010 el candidato Juan Manuel Santos lograba un importante triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las cuales se elegía el sucesor de Alvaro Uribe Vélez. Con casi siete millones de votos el candidato del gobierno obtenía el 46,67% del total de los sufragios y pasaba a segunda vuelta contra Antanas Mockus quien obtuvo el 21,50%. Los candidatos Vargas Lleras(10,11%) de Cambio Radical y Rafael Pardo (4,38%) del partido liberal estuvieron prestos a colaborarle al seguro ganador de la segunda vuelta electoral y se convirtieron en funcionarios del gobierno durante las dos administraciones de Santos.  El candidato Gustavo Petro (9,13%) promovió el voto en blanco para la segunda vuelta electoral. El exministro de Defensa del gobierno que terminaba  luego de conocer los resultados de la primera vuelta agradeciendo los mismo a Dios en primer lugar, pronunciaba estas palabras ese 31 de mayo: “Señor Presidente Álvaro Uribe: éste es su triunfo y el de todos quienes queremos conservar su legado. Colombia ha votado por defender sus logros y propuestas. Aquí está su partido, el de La U, triunfando como siempre.”

La segunda vuelta en 2010 fue un paseo triunfal para Santos quien aumentó su votación a nueve millones de sufragios logrando el 69,12% de los votos contra el solitario y valiente candidato Mockus quien obtuvo un 27,47% de los votos. En su primer discurso como presidente electo agradeció nuevamente su triunfo al presidente Uribe y de allí a su posesión no hubo entrevista o intervención en que no se refiriera a su mentor como el presidente más importante de la historia de Colombia, incluso en su discurso de posesión mencionó a Uribe y su esposa quienes fueron ovacionados de pie por los invitados a la ceremonia. El 7 de agosto de 2010 no existía en Colombia un uribista más comprometido, consagrado, adulador y batracio que Juan Manuel Santos.

Sin embargo, una vez posesionado como presidente comenzaron a cesar progresivamente los agradecimientos a la divinidad y los vítores al caudillo. Santos reanudó las relaciones con Venezuela, tramitó la ley de víctimas y restitución de tierras y al tiempo que continuaba operaciones militares ofensivas contra las farc, comenzó acercamientos con esa organización guerrillera para buscar la solución al  conflicto armado en una mesa de negociación. De la misma manera, su gobierno impulsó una nueva dinámica con las minorías y paso la página en el enfrentamiento con las cortes. El costo de adoptar estas decisiones y políticas públicas fue el rompimiento definitivo con su predecesor, quien se convirtió en su opositor más virulento. Sin la decisión de Santos de gobernar según sus propias convicciones y plena autonomía su gobierno hubiera sido la continuación del gobierno de Uribe, muy al estilo de Medvédev con Putin en Rusia.

El anterior resumen es pertinente en la actualidad cuando los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales han elegido presidente de la república. Iván Duque con  una votación superior al 39% del total y más de siete millones quinientos mil votos obtuvo el primer lugar. Gustavo Petro con algo más del 25% y más de cuatro millones ochocientos cincuenta mil votos obtuvo el segundo lugar. Los dos candidatos disputaran la segunda vuelta el próximo 17 de junio que será una mera formalidad por la distancia en votos que los separa y la imagen negativa que trae a cuestas el candidato que ocupo el segundo lugar. En 1998 cuando Horacio Serpa venció en primera vuelta a Andres Pastrana, la diferencia fue de apenas 0,32% y menor a 35.000 votos. En segunda vuelta Pastrana triunfaría por una cifra superior a 450.000 votos y cerca del 5%. En las elecciones de 2014, Oscar Iván Zuluaga el candidato de Uribe para esas elecciones ganó la primera vuelta con una diferencia a su favor de más de 350.000 votos y 3,5%. En la segunda vuelta, luego de recibir diferentes adhesiones e hipotecar el presupuesto de la nación a delincuentes como los ñoños el presidente logró su reelección con una diferencia de 5% y más de 900.000 votos. En esta oportunidad la diferencia entre Duque y Petro es superior a los 2.700.000 votos, equivalente a un 14%. A la gran diferencia alcanzada, se suma la imagen negativa de Petro superior al 45% lo que hace imposible que se produzca el milagro de cambiar los resultados de primera vuelta. El único candidato que hubiera logrado poner en entredicho la victoria de Duque era Sergio Fajardo debido a su escasa imagen negativa y las pocas resistencias que generaba. Eliminado Fajardo en primera vuelta, las posibilidades de evitar el triunfo de Duque se terminaron y las probabilidades  reales de un triunfo de Petro son iguales a las que tiene la selección ñ de Panamá de coronarse campeón en el próximo mundial de fútbol. Al futuro debe tenerse claro que la única manera de disputar con posibilidades de éxito la presidencia de Colombia con el uribismo es con un candidato diferente a Gustavo Petro. De la jubilación de Petro como candidato presidencial dependen las opciones del centro y los movimientos alternativos de poder competir en las futuras elecciones presidenciales. Al estilo de Alvaro Gomez en los setenta y los ochenta, cuya aparición como candidato garantizaba el triunfo del liberalismo, la garantía de la continuidad del uribismo a mediano plazo en el poder depende de que su contrincante sea Gustavo Petro. Ojalá que él entienda esta situación y no estemos repitiendo esta historia en cuatro años con un candidato cuyo único triunfo será pasar a segunda vuelta.

A partir del 18 de junio Duque deberá comenzar a actuar como presidente de la república con la presión de su partido que actúa desde ahora como el partido de gobierno, como pudo demostrarse en las sesiones del Senado de la semana anterior en la aprobación de la consulta anticorrupción y la ley que pretende regular la elección de Contralor. Deberá adoptar prontas decisiones sobre el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, además de concretar los “retoques” al acuerdo de paz con las farc que podrían echar al traste un proceso tambaleante. Le pedirán que concrete con hechos su radical posición con la dictadura venezolana y los sectores religiosos que lo apoyaron irrestrictamente le solicitaran las medidas que borraran de la tierra la diabólica “ideología de género”.

Duque deberá escoger si cumple su programa de gobierno, es leal a sus electores y comienza a aplicar en el país las mismas soluciones del año 2002 como si el tiempo no hubiera transcurrido y los problemas fueran los mismos. O puede escoger no dar un rodillazo al tablero y seguir construyendo sobre lo existente, lo cual implicaría una traición a su mentor, con las consecuencias que ello pueda tener. Hoy por hoy, la traición es nuestra esperanza.

Fajardo y la última oportunidad

“ Las obras de misericordia tienen ganada la conciencia universal desde los tiempos de Jesucristo. Dar de comer al hambriento y posada al peregrino, vestir al desnudo, asistir a los enfermos, enseñar al que no sabe, consolar al triste y enterrar a los muertos, son preocupaciones de todo el mundo cristiano. La controversia política versa, entre otras cosas, sobre los sistemas y procedimientos para arbitrar los recursos necesarios y administrarlos para distribuir las cargas y los beneficios, para establecer el imperio de la justicia y asegurar la bienandanza de los asociados. Yo estoy en completo acuerdo con Gaitán respecto de estos fines que él persigue; pero no conozco los planes de gobierno, ni las soluciones que éstos ofrezcan para los asuntos que requieren actualmente la atención oficial.  No conozco tampoco el equipo de hombres nuevos que él traería a reemplazar  a los colaboradores de los oligarcas liberales en las tareas de la administración. Del conocimiento que tengo de la preparación de Gaitán y de las capacidades  de los amigos que generalmente lo acompañan en sus actividades políticas para manejar los negocios públicos, deduzco, sin embargo, que no es completamente infundado el temor de que la revolución que él anuncia  podría llevar a la país a una situación caótica, rápidamente (…) (Palabras de Alfonso López Pumarejo en entrevista con Hugo Latorre Cabal, diario El Liberal, enero 26 de 1946.)[1]

Siete décadas después las palabras de López Pumarejo recobran vigencia en la actual campaña presidencial, en la cual Gustavo Petro realiza estupendas descripciones sobre los problemas de Colombia pero es menos elocuente en la explicación de las soluciones, indicando que su reciente paso por la Alcaldía de Bogotá muestra la baja capacidad de concretar soluciones reales a los inconvenientes que denuncia con tanta vehemencia. La falta de cuadros que ejecuten sus políticas y el carácter mesiánico del personaje traen como consecuencia que por los cargos importantes de la administración desfilen numerosas personas que duran en su empleo hasta que controviertan cualquier decisión del único propietario de la verdad.  Compartiendo gran parte de su diagnóstico del país, su demostrada incapacidad para generar consensos y atizar divisiones en todos los aspectos no permiten que se concreten ninguna de sus propuestas y por el contrario, garantizan la ingobernabilidad como método de gobierno.

Al otro extremo del espectro se encuentra Iván Duque dispuesto a  revalidar el “legado” del más importante presidente de la historia de Colombia, para lo cual propone volver a negociar lo negociado con las farc, volver a fumigar todo el sur del país y en unión con los líderes católicos y cristianos nos invita a una segunda regeneración en la cual la familia de hombre y mujer sea el eje central de la nueva patria. Duque ha demostrado en esta campaña que por lograr votos “ciegos” es capaz de cualquier cosa. Desde hacer acuerdos con la hasta hace poco archienemiga del uribismo Vivian Morales, actual esposa del reinsertado y renovado Carlos Alonso Lucio quienes promovieron desde la fiscalía procesos penales contra medio gabinete de Uribe hasta repetir oraciones a solicitudes de cualquier pastor a cambio de la lealtad de su iglesia. Lo más peligroso de su candidatura son las cesiones que está haciendo a cambio del apoyo de estos grupos.  Para llegar a la presidencia Duque no tiene problemas en vender a pedazos los derechos de las minorías que se han logrado en los últimos 25 años. El primer paso para volver al siglo XIX es instaurar un Ministerio de la Familia en que se instruya a los ciudadanos sobre la manera de vivir “adecuadamente.”

Vargas Lleras, el político con una de las mayores participaciones en el gobierno en los últimos 16 años observa como “su” presidencia se desvanece  pero conserva la esperanza que todas las maquinarias que le deben cuantiosos favores de los últimos lustros se metan la mano al bolsillo y salven lo que parece un naufragio seguro. En la eventualidad que ello ocurriera, llegaría con una deuda peor que la de Santos es su segundo periodo y seria el gobierno de los Otto Bula. De la Calle ha realizado una estupenda campaña y nos ha dejado a todos el sentimiento de culpa de no haberlo elegido a él en 1994 y haber preferido al candidato del Cartel de Cali. Lastimosamente su hora ya pasó y el voraz César Gaviria en comunión con Simón negociaron su apoyo a Duque para la segunda vuelta antes que siquiera comenzara la campaña.

Queda Sergio Fajardo quien representa la esperanza de cambio en estas elecciones. Realizando una campaña en la calle y en los recintos universitarios sin apoyos de defraudadores de oficio y sin jefes de revancha habla de pasar la página y pensar en el futuro. Las últimas semanas se siente una fuerza silenciosa que lo quiere como presidente. Sus antecedentes y los de quienes lo rodean permiten pensar en un país diferente. Fajardo entendió que la revolución de Colombia consiste en actuar con ética. Ojalá nos demos esa oportunidad.

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[1] Texto tomado del libro El pensamiento de Alfonso López Pumarejo de Alvaro Tirado Mejía. Biblioteca Banco Popular (1986)

Indagatoria por error o el despelote de la justicia en Colombia.

Antecedentes.

Trabajé hace trece años por un lapso de siete meses en una Universidad del oriente del país. Cuatro meses los dediqué a instalar la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad y debido a mi buen desempeño “ascendí” al cargo de asesor jurídico, en el cual solo estuve por el término de tres meses. El ascenso se convirtió en una pesadilla debido a las presiones que se ejercían sobre algunos de los asuntos que se manejaban en esa dependencia. En los tres meses que permanecí en el cargo se establecieron dos doctrinas; la que derivaba de la oficina jurídica y aquella que provenía del asesor jurídico externo de la Universidad, siempre dispuesto a encontrar “salidas” a cualquier asunto que interesara a las directivas de la entidad. El asesor externo destacaría después con las mismas formas como Contralor Departamental y Presidente de una Cámara de Comercio.  Fruto de algunas decisiones en las que fue acogida la doctrina del asesor externo, el rector de la Universidad terminó siendo suspendido por el término de 3 años por la Procuraduría General de la Nación. Años después la “mano” salvadora de Alejandro Ordoñez revocaría de manera directa la sanción del rector y lo dejaría sin antecedente disciplinario alguno. Ordoñez convirtió las revocatorias directas de sanciones disciplinarias en una herramienta política con total impunidad. Aunque si el actual Procurador Carrillo también se benefició de esta figura y levanto su sanción disciplinaria gracias a la “generosidad” de Edgardo Maya después de haber perdido ese litigio ante la justicia contenciosa administrativa, se entiende porque nadie quiere hacer públicas las revocatorias directas realizadas por los procuradores generales de la nación. Los más descarados incluso demandan a la nación por los perjuicios causados por la sanción impuesta y levantada por esta práctica politiquera.

La Citación

Hace un mes llegó a mi domicilio una citación para realizar una entrevista juramentada en compañía de abogado por una fiscalía de la ciudad de Barranquilla. Debido a que la citación contenía mi nombre y los apellidos del rector de la institución en la que había trabajado hace más de una década presumí –de manera acertada- que era para asuntos relacionados con los tres meses en los que laboré como asesor jurídico de la institución.

La Diligencia

Un gran amigo que es abogado y se dedica al derecho penal me acompaño a la citación y puntualmente llegamos a las 2:30 en la fecha indicada. Nos atendió el asistente de la fiscal quien nos indicó que la doctora estaba almorzando y no había llegado a laborar. Después de una hora de espera volvimos a la fiscalía citante (un cubículo con un fiscal, un asistente en nómina y otro ad-honorem con un promedio de expedientes entre 1.000 y 1.300) y allí revisaron la citación e informaron que se trataba de un despacho comisorio de otra ciudad. Entregue mi cédula y me informaron que en breve me llamarían. A los diez minutos pase a la oficina en compañía de mi abogado y cuando comenzó la diligencia nos informaron que se trataba de una indagatoria. Al preguntar sobre los cargos que se me imputaban, el asistente de la fiscal decía  que “ aquí no dice nada” pero igual hacemos la indagatoria. Aducía de una jurisprudencia que le permitía hacer indagatorias sin formular cargos. Todo un monumento al debido proceso. Estábamos en esa discusión, cuando a las cuatro de la tarde llegó bastante agitada la fiscal del despacho. El letargo que genera un almuerzo abundante en la Costa se sumaba a la agitación de la funcionaria por haber tenido que subir unos pocos escalones. Su asistente le informó de que se trataba y una vez sentada y cuando recuperó el aliento me indicó que podía aceptar cargos y tener una rebaja de la mitad de la pena. En ese momento lo que había comenzado como comedia amenazaba con convertirse en tragedia pues la fiscal repetía su oferta. Cuando se le preguntaron cuáles eran los cargos, ella tampoco sabía, pero aclaraba que siempre hacia esa oferta antes de la indagatoria. En ese momento recupere la citación y le indique que nunca fui citado a indagatoria y que al parecer me estaban confundiendo con otra persona. Me preguntaron si yo no era el rector de la Universidad y contesté que nunca ejercí tal cargo y mi nombre no corresponde con aquel. Luego de revisar por primera vez el expediente, indicaron que era un testimonio el que debían practicar y para ello no necesitaba estar acompañado de abogado. Ninguna excusa. Risotadas del asistente de la fiscal y en adelante se desarrolló un testimonio sobre un asunto en particular del año 2005 por el cual el rector estaba siendo procesado. Cuando puede ver el expediente, el despacho comisorio estaba fechado en septiembre de 2016 y estaba marcado como urgente. Respondí las preguntas remitidas y pocos minutos después finalizó la diligencia. El testimonio urgente recogido 18 meses después no pudo ser utilizado en el juicio que fue realizado en noviembre pasado.

La reflexión

¿Qué clase de justicia puede existir con dos personas manejando 1.300 casos penales?

En el juego estadístico, la posibilidad que el delincuente sea procesado es mínima. Si a ello le sumamos, unos funcionarios sobrecargados de trabajo y arbitrariedad, la conclusión es que tenemos un sistema penal amenazante para el ciudadano. Nada más peligroso que ganarse la lotería de un proceso penal.

Pasan a un segundo plano todas las diferencias políticas mientras subsista este sistema penal caótico que solo auspicia la impunidad. Esto que debería ser una calamidad nacional no preocupa para nada a la clase dirigente a quien por el contrario beneficia un sistema que funcione de esta manera. Un buen ejemplo de ello son los resultados de los procesos derivados de los sobornos de Odebrecht. Mientras en diferentes países de América Latina caen presidentes y altos dignatarios en Colombia el asunto terminó con un gris viceministro que pasara menos de un lustro en prisión. Solo en Colombia un contratista de Odebrech termina como Fiscal General de la Nación. En realidad, es un caos muy organizado.

Uniautónoma: Reflexiones sobre un Estado fallido.

Comienzan los debates presidenciales con propuestas sobre diferentes aspectos de la vida colombiana.  Sergio Fajardo ha planteado como su eje más importante la educación y sin lugar a dudas un cambio de políticas en esa materia permitiría pensar en un país con menor desigualdad que el actual.

Siendo válidas las discusiones sobre esos y otros temas, es necesario que los candidatos dejen de lado la diplomacia y comprendan que en muchos aspectos aunque formalmente existe una dependencia pública que regula determinadas actividades en la práctica su operatividad es nula y los ciudadanos nos encontramos en medio de una selva en que no existen normas ni quien las haga cumplir. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior son algunas instituciones de educación superior (IES) que bajo el amparo de la autonomía universitaria se convierten en repúblicas independientes en las cuales sus autoridades (propietarios en realidad) hacen lo que desean sin tener el más mínimo rubor en incumplir las normas legales. En la actualidad, el caso de la Universidad Autónoma del Caribe demuestra esta afirmación.

Hace un lustro la Universidad se encontraba en una importante crisis por el proceso penal que se adelantó contra su anterior rectora que terminó con sentencias condenatoria en su contra. Los miembros de la Sala General (máximo órgano de administración de la Universidad)  no mostraron ningún reparo en continuar en sus cargos debido a que fueron asaltados en su buena fe por las actuaciones de la rectora. De esta manera pasaron de ser compadres a convertirse en testigos ante la justicia de sus acciones. Jamás consideraron que haber permanecido una década avalando todas las actuaciones de la administradora en desgracia tendría consecuencia alguna sobre ellos. Cinco años después, luego del paso de Ramses Vargas por la rectoría de la Universidad, en la cual despareció todo el patrimonio de la entidad, vuelven a tener la misma actitud. Nuevamente fueron engañados en su buena fe. Y tal como hace un lustro, quieren dar vuelta a la página y seguir como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, algunos de los hechos ocurridos durante el último lustro hacen considerar que lejos de ser espectadores, algunos de los impolutos miembros de la Sala General que hoy se niegan a retirarse de sus cargos con la complacencia del Ministerio de Educación Nacional  fueron protagonistas principales de los mismos.

El 5 de Octubre de 2011 la Universidad Autónoma del Caribe mediante la escritura pública 1752 de la Notaria Novena de Barranquilla logró englobar un lote de más de 35 hectáreas sobre la vía a Cartagena que se denominó el Genovés. Mediante la Licencia Urbanística 617 de 2012 se autorizaron la construcción de un campus universitario en dicha área de terreno. La idea de trasladar la Universidad allí era visionaria debido a la ubicación del predio y a la posibilidad de ampliación del campus, situación que hubiera impactado de manera positiva a la entidad, además de ponerla a la vanguardia de las instituciones educativas del Caribe colombiano.

Dicho proyecto no se concretó y mediante la escritura 349 del 15 de marzo de 2013 de la Notaria Once de Barranquilla, la Universidad procedió a dividir el lote de su propiedad. De tal división resultaron dos lotes: El lote uno de 196.574,04 metros cuadrados y el lote dos de 149.741,02 metros cuadrados. No habiendo pasado quince días de realizar la división, la Universidad resolvió enajenar el lote dos, ( el más valioso por su ubicación y potencial de desarrollo) y mediante la escritura pública número 708 del 28 de mayo de 2013 transfirió su propiedad al Fideicomiso El Genoves por valor de $7.838.324.000. Se vendió una propiedad en la zona de mayor valorización de la ciudad a cómodos $52.345 metro cuadrado. Al parecer el asunto de que la Universidad no tiene ánimo de lucro fue tomado bastante en serio por quienes representaron a la Universidad en dicha negociación. Quien suscribió ese contrato de enajenación de ese activo fue el señor Mariano Romero Ochoa , actual Vicerrector del Medio Universitario, previamente autorizado por la Sala General de la Universidad de acuerdo a las actas 173 de marzo 30 de 2012 y ratificada en acta 180 de marzo de 2013 por los integrantes de la Sala, entre otros, señores Ramses Vargas, Mariano Romero, Paul García y Tamid Turbay.

El 29 de diciembre de  2014 mediante la escritura pública 1876 de la Notaria Once de Barranquilla, el señor Ramses Vargas previa autorización de la Sala General enajenaría el lote uno por un valor de $4.000.000.000 al Fideicomiso Alto Genovés como beneficio en fiducia mercantil- El 27 de octubre del año 2017 dicho inmueble volvería al patrimonio de  la Universidad como restitución de aporte de beneficio de acuerdo a la escritura pública número 3426 del 27 de octubre de 2017. Menos de un mes después, la Universidad volvería a enajenar este inmueble, esta vez, al Fideicomiso Oportunidades Inmobiliarias por un valor de $1.022.316.000. El mismo inmueble que fue enajenado por 4.000 milones en 2014 fue transferido tres años después por el 25% de su valor, una cifra apenas superior a 1.000 millones de pesos.

El pasado 21 de diciembre de 2017 cuando comenzaba a acentuarse la crisis de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad ( que salvo los representantes de estudiantes y profesores en el Consejo Directivo tienen los mismos integrantes) respaldaba de manera unánime la gestión del rector Ramses Vargas según publica la página web de la Universidad en dicha fecha. En esa fecha se nombraba a la señora Sandra Devia como presidenta de la Sala General de la institución. El comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento indicaba: “Dentro de los motivos de la Sala General para escoger a Devia, están su exitoso desempeño profesional, tanto en el sector público como en el privado. Además del acompañamiento que ha realizado, desde los inicios, a la administración del rector Ramsés Vargas Lamadrid en la institución. Devia es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe (Asiesca). La Sala la describió como una “persona leal, de confianza, una trabajadora comprometida con la institución y al servicio de ella”. (tomado de https://www.uac.edu.co/noticias-generales/item/3187-sandra-devia-fue-nombrada-como-la-nueva-presidenta-de-la-sala-general-de-la-universidad-autonoma-del-caribe.html).

Faltaba indicar en dicho comunicado que además de todas las virtudes teologales de la nueva presidenta de la Sala General, la misma también era contratista de la Universidad, tal como se demuestra con el contrato OJ-076- del 28 de marzo de 2016, mediante el cual se contrata al CONSORCIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES SAS con NIT 800.211-293-0 por $300.000.000. La señora Devia Camacho es la representante legal de tal sociedad, situación por la cual en la época que firmó y ejecutó ese contrato tuvo la doble condición de contratista y miembro de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad. Y nadie podía decir nada porque para eso existe la autonomía universitaria.[1]

La veracidad de la anterior información puede verificarse observando los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles en cuestión (040-476402,040-491992 y 040-491993) y las respectivas escrituras públicas. Es una tarea de horas y en el peor de los casos de pocos días. Incluso sobre el lote 2, aquel cuya escritura firmó el actual Vicerrector del Medio Universitario la Fiscalía General de la Nación el 1 de diciembre de 2016 oficio para que se registrara la prohibición de enajenación. Dicha orden fue revocada con inusual velocidad el 22 de febrero de 2017.

Lo anterior simplemente para verificar que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Educación Nacional tienen en su poder los documentos y las pruebas para actuar en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe y sorprende que ante hechos tan evidentes como enajenaciones de inmuebles por valores irrisorios que no admiten mayor análisis no tomen ninguna decisión. Parecieran estar esperando que quienes participaron en las actividades que dieron como resultado la actual crisis de la Universidad se insolventaran y tercerizaran los frutos de sus “hazañas” para llamarlos a responder. ¿Será que pasara lo mismo que con Palacino de Saludcoop que ya cuando fue capturado por las autoridades lo único que tiene para responder por sus acciones es la ropa que tenía puesta el día de la detención.?

A todas estas, a los miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe no les pasa por la cabeza que la recuperación moral y económica de la Universidad depende de su retiro. Algunos de ellos nombrados por su cercanía con el anterior rector y sin ningún antecedente para tener esa dignidad se niegan a retirarse de sus cargos mientras que los más antiguos entienden que el problema no es con ellos y simplemente esperan que se calmen las aguas para seguir de manera vitalicia rigiendo los destinos de la entidad. Con la excepción de Orlando Abello quien renunció a todos los cargos en la Universidad y denunció penalmente al Secretario adulterador (él mismo que invitaba diariamente a actos religiosos a todos los miembros de la comunidad universitaria) nadie parece tener la intención de retirarse de su cargo. El Ministerio de Educación con base en las facultades que le confiere la ley 1740 de 2014 podría suspender a algunos de los miembros de la Corporación sobre los cuales tiene abundante material probatorio sobre sus comportamientos irregulares. Sin embargo, en la medida en que el tema desapareció de los medios de comunicación las acciones del Ministerio brillan por su ausencia y su papel de notario no colabora en nada a restablecer la confianza de los estudiantes, empleados y padres de familia.

A algunos amigos que todavía continúan en la Universidad como docentes quieren cargarles la responsabilidad por el futuro de la entidad. Lejos de que les deban meses de salario se les dice que deben seguir dando clase para salvarla. Muchos están dispuestos a hacerlo, pero dicho sacrificio tiene que tener como contraprestación que aquellos que por complicidad o ineptitud consintieron el saqueo del faraón se retiren de la Universidad. No puede cambiar todo para que toda siga igual. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiscalía no acaban de enterarse de estos temas. Su accionar debía responder a la expectativa que miles de familias tienen de continuar con la educación universitaria de sus hijos por la cual pagaron. El estado vegetativo en que están quedando las investigaciones de las autoridades competentes demuestran de hecho que nos encontramos ante un estado fallido que no hace respetar los derechos de los ciudadanos. Ojalá pronto nos demuestren que estamos equivocados.

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[1] Información tomada de la página 59 del Infome de Visita Administrativa  del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Autónoma del Caribe de Enero 30 de 2018.

Iván Duque y la agenda del pasado.

A dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia avanza con paso de vencedores la candidatura de Iván Duque. Tras el impulso recibido el pasado 11 de marzo en la consulta mediante la cual compitió por la nominación de candidato presidencial con Alejandro Ordoñez y Martha Lucía Ramírez, las encuestas menos favorables a su nombre lo sitúan a gran distancia de los demás candidatos, con posibilidades incluso de triunfar en la primera vuelta electoral.

Duque es un abogado de mi generación que asistió a las aulas universitarias con posterioridad al cambio constitucional de 1991. En lo personal, me parece una persona inteligente y preparada que realizó una tarea interesante como congresista, siendo conocidas sus posiciones políticas por las columnas que desde hace años publicaba en Portafolio. Para llegar a la nominación como candidato del Centro Democrático Duque inició desde hace algunos meses una transformación que comenzó con la alabanza constante a las ejecutorias de su “presidente eterno” en su doble periodo y continuo con hacer propios los principales planteamientos del dueño del partido y sus áulicos. La única manera de ganar la confianza de este grupo que todavía se estremece con la “traición” del presidente que eligieron en 2010 ha consistido en convertirse en el vocero público de las ideas del expresidente Uribe. Sabiendo que el Centro Democrático no es un partido político sino un bien de propiedad del expresidente, la repetición diaria de su credo parece la única manera de convencer a los votantes que no será un segundo Santos. A lo anterior, se suma la circunstancia de tener un adversario en el cual pueden integrarse todos los miedos de cierta parte de la sociedad: un exguerrillero que tuvo afinidades con Chavez y nos convertirá en Cuba. La subida en las encuestas de Gustavo Petro fue fundamental para el ascenso en la intención de voto de Duque, pues la disyuntiva que se le ha presentado a la población es Duque  o Venezuela, lo cual lejos de ser cierto produce una sensación de miedo en la cual los electores votaron y votaran para alejar el demonio de Maduro del país. En adelante la campaña consistirá en continuar presentando a los electores esa dualidad acompañada de las imágenes del candidato identificado como castrochavista en diferentes momentos de su vida en situaciones que demuestran que seremos otra Venezuela y con esa percepción llegara al poder el discípulo amado del expresidente Uribe.

Habiendo establecido la campaña en el escenario perfecto para el regreso al poder del expresidente Uribe, es necesario revisar algunas de las propuestas del candidato  Duque para confirmar que pareciera que Colombia se encontrara en la misma situación de hace dos décadas debido a que se formulan los mismos problemas y soluciones de aquellas épocas.

Una de las propuestas que reitera el candidato líder de las encuestas es el regreso a la penalización de la dosis personal de droga que fue abolida por la Corte Constitucional en la célebre sentencia de Carlos Gaviria de 1994. Esa idea que no ´pudo ser concretada por Uribe en sus dos periodos presidenciales, es defendida por escuderos de su organización como Fernando Londoño, quienes entienden que la desgracia del país está en no poder meter a la cárcel a todos los que encuentren con cualquier cantidad de droga sin importar su destinación ni cantidad. Haciendo a un lado la crisis de cupos del sistema penitenciario del país, la idea pretende criminalizar por igual a jíbaros y consumidores, en el entendido que si algunos de los primeros han adelantado su actividad por la no penalización de la dosis personal, la solución es eliminar por completo tal opción. La justicia colapsada se encargaría diariamente de realizar imputaciones de cargos a quien encuentre con cualquier dosis de alucinógenos. La derrotada teoría de enfocar el asunto de las drogas con represión en lugar de que sea un tema de salud pública tiene el peligro de volver para quedarse en el país con esta propuesta.

La estruendosa derrota del partido de las farc en las pasadas elecciones parlamentarias a pesar de las predicciones de aquellos que indicaban que el cartel de droga más poderosa del mundo con sus miles de millones de dólares encaletados iba a comprar votos por todo el territorio nacional no fue suficiente y es necesario seguir ventilando cambios en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Santos. No contentos con la podada que tuvo la justicia especial para la paz en la Corte Constitucional que convirtió estos tribunales en simples relatores de los hechos ocurridos en el último medio siglo de acuerdo al decir de sus actores (guerrila-fuerzas militares) y estableció que los particulares solo asistirían a esta Corte cuando su voluntad les indicara hacerlo, el candidato Duque propone que se reforme el acuerdo y se excluya a los miembros de las fuerzas armadas de la “justicia de las farc”, para lograr que nuestros héroes sean juzgados por la imparcial y oportuna justicia penal militar. La anterior propuesta va incluida dentro de un paquete en el cual se pretende eliminar el narcotráfico como delito conexo, abriendo la posibilidad de extraditar a los miembros de la guerrilla de conformidad con el capricho del todopoderoso ejecutivo. De esta manera, las farc aún desmovilizadas y políticamente derrotadas siguen siendo uno de los objetivos del centro democrático. No bastando con ver muerto al adversario, se debe desenterrarlo y volverlo a sacrificar para asegurar que el castigo sea adecuado.

A los anteriores principios se suma la idea de eliminar todas las cortes judiciales existentes y crear un único tribunal supremo en asuntos ordinarios, contencioso administrativos y constitucionales. En el  debate de Columbia Duque fundamentó su propuesta en los altos costos que tiene para el fisco el abultado número de magistrados. Uribe insiste en que la condena de la mitad de su gabinete se debe a una persecución política y la mejor manera de saldar esa cuenta es eliminando todas las cortes y creando una cuyos magistrados vitalicios sean elegidos por su movimiento. Este sería el primer paso para sepultar los avances en materia de derechos fundamentales del último cuarto de siglo además de lograr la cooptación del único poder que no pudo dominar en sus ocho años de poder el senador más votado de Colombia.

La segunda versión de las propuestas de menos impuestos directos y mayores garantías para los inversionistas extranjeros hacen parte del menú económico del candidato con mayores opciones para ser presidente. Los temas educativos y ambientales se mencionan en un segundo plano pues parecen propios de mamertos que se oponen al desarrollo del país.

Se suma a lo anterior, el lío del que tendrá el candidato para   pagarle su apoyo a extremistas de la calaña de Alejandro Ordoñez que estará dispuesto a seguirle prestando sus servicios al país desde algún cargo público. Esconder este tipo de personajillos en la nómina del Estado será otra tarea extenuante para el próximo presidente salvo que concuerden con el espíritu perseguidor y revanchista de personajes como el nombrado.

Así, dieciséis años después de la llegada al poder de Alvaro Uribe, las propuestas del candidato más opcionado para llegar a la presidencia son idénticas a las suyas. Guerra a lo que queda de las farc aunque estén de civil, persecución al consumo de droga y concentración del poder en manos del presidente.  Muchos de los temas que hoy propone Duque solo podrían concretarse vía reformas constitucionales, con lo cual,  en la eventualidad de integrar una mayoría parlamentaria importante, estaríamos a las puertas de la más importante contrarreforma que hubiera visto Colombia en el último medio siglo. Por evitar parecernos a Venezuela, el país está entregando un cheque en blanco a un grupo político que nos quiere regresar a la Constitución de 1886. A estas alturas, el único consuelo que queda es que Duque salga igual que Santos y cuando llegue al poder realice un gobierno sensato y equilibrado. La historia dirá si el perro se deja capar dos veces.

Uniautónoma y el abuso de la autonomía universitaria.

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía de la autonomía universitaria. Con base en ella, las universidades pueden seleccionar sus directivas y regirse por sus propios estatutos.  Este derecho de las Instituciones de Educación Superior (IES) busca garantizar su independencia a influencias externas para que logren alcanzar sus objetivos misionales relacionados con los derechos fundamentales a la educación, enseñanza, aprendizaje y la libertad de cátedra.

No obstante lo anterior, cuando las IES se utilizan con otras finalidades, la autonomía universitaria se convierte en un infranqueable escudo que dificulta las labores de inspección y vigilancia de esta clase instituciones y permite que sus directivos se conviertan en todopoderosos señores que no tiene otro límite que su capricho.

El ejemplo más reciente de lo anterior es la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma). ( Con ésta Universidad estuve vinculado un poco más de tres años y termine mi vinculación en noviembre de 2016 por los continuos incumplimientos en los pagos de los salarios y aportes a la seguridad social). Uniautónoma es una importante Universidad del Caribe con medio siglo de vida que hace un lustro tuvo públicos inconvenientes por las acusaciones sobre su rectora, quien terminó condenada por el delito de soborno y en la actualidad es sujeto procesal de otras actuaciones penales, por los cuales responde desde su modesto hogar, tal cual se volvió costumbre para los delincuentes en Colombia. En su reemplazo fue designado el abogado Ramses Vargás quien renunció el día de ayer en medio de una gran polémica que se vive en el centro educativo por sus actuaciones como máximo responsable de la Universidad desde 2013. W Radio ha reemplazado con lujo de detalles en el último semestre a la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación y con un esmero digno de la mejor causa ha logrado poner al descubierto una serie de actuaciones y situaciones que generan más certezas que inquietudes. Sera la Fiscalía quien tendrá la última palabra deseando que esta vez realicen un curso previo de imputación de cargos para evitar que el juez de garantías deje en libertad a sus acusados, como se volvió costumbre desde hace un año.  Dejando de lado el tema penal y los garantistas procesos del Ministerio de Educación, es precios referirse a la manera como la Uniautónoma después de una reforma estatutaria realizada en el año 2016 pasó a ser de facto propiedad de una sola persona.

Uniautónoma es una Corporación que se rige por sus propios estatutos.  Sus órganos de dirección son la Sala General y el Consejo Directivo.  Desde finales del año 2015 comenzó a estructurarse por el rector y sus asesores una reforma a los estatutos de la Corporación con la finalidad de ajustar los mismos a las necesidades de la acreditación institucional buscada por todas las Universidades del país. Después de varios requerimientos del Ministerio por correcciones de la reforma presentada, ésta fue aprobada por el Viceministro de Educación Nacional mediante la Resolución 16835 del 19 de agosto de 2016.

Entre las reformas realizadas se destacan la significativa disminución en la calidad de los requisitos para ser rector de la institución, el aumento de su periodo a diez años y la posibilidad de reelección indefinida. De la misma manera se redujeron al mínimo los  requisitos para ser miembro de la Sala General y del Consejo Directivo. De esta forma, la Sala General paso a quedar integrada por dos clases de miembros: activos y honorarios: los primeros con derecho a voz y voto y los segundos solo con derecho de voz. El periodo de los miembros activos es indefinido, lo cual quiere decir que solo pierden su calidad por su fallecimiento mientras que los miembros honorarios tienen un periodo de 3 años que puede prorrogarse indefinidamente. El Consejo Directivo de la Universidad está integrado por los miembros activos de la corporación, más tres representantes de la Sala General que no pueden ser otros que los miembros honorarios,  a los cuales e agregan un represente de estudiantes y otro de profesores. ( Para asegurar unanimidad total, coincidió que como representante de los estudiantes fue elegida una funcionaria de la entidad que estudiaba al mismo tiempo una carrera de pregrado)}

La elección de miembros de la corporación se realiza por cooptación. Con la reforma estatutaria aprobada y con la posibilidad de elegir miembros activos de la corporación que tendrían como duración en el máximo órgano de decisión de la Universidad el resto de su vida, el 16 de Octubre de 2016 ingresaron en esa calidad a la sala general: Orlando Abello, Director del Centro de Conciliación, María Cristina Vargas, prima del rector y Directora del Programa de Derecho, María Helena Hernández, esposa del rector, Electo Rivera, funcionario de la Universidad y amigo del rector, Winston Vergara, amigo del rector, Alvaro Vargas Osorio, tío del Rector, Pedro Sierra, Vicerrector Administrativo, escudero del Rector, Sonia Lamadrid, madre del Rector. A ellos se unió un par de meses después Patricia Pinilla, funcionaria de la administración Guette que continuó prestando sus buenos oficios en la administración. Vargas. Ellos se unieron al señor Ramses Vargas, Sandra Devia y Efraín Maldonado, quienes desde 2013 alumbraban con su integridad a la Sala General. Aparte de los anteriores, cuatro miembros fundadores continuaban ejerciendo sus funciones.  Por tanto, es claro que el Rector con la reforma realizada y la constitución de la categoría   de miembros activos vitalicios de la fundación se quedó con el control absoluto de la entidad al tener injerencia directa sobre 12 de los 17 miembros de la corporación.

Con papi, mami, tío, esposa y amigos de miembros vitalicios de la máxima instancia de decisión de la Universidad Autónoma del Caribe el poder en cabeza del rector se concentró de una forma que envidiaría el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, para evitar la incomodidad de solicitar la autorización de la Sala General para la realización de actos y contratos, se estableció que la misma era necesaria únicamente para negocios que superaran los 1.455 salarios mínimos legales mensuales (Una suma superior a los 1.100 millones de pesos de hoy). Eso explica la razón por la cual las últimas ventas cuestionadas ni siquiera tienen aprobación de los órganos de dirección de la Universidad.

El señor Vargas renunció el 1 de marzo de 2018 a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe pero no a su calidad de miembro activo de la corporación. Debido a la influencia que tiene sobre los familiares y amigos que vinculó como miembros activos y de facto vitalicios en la corporación es hoy quien ejerce el poder sobre las decisiones que se adopten en este centro educativo. El ingreso de dos nuevas personas a la corporación en calidad de miembros activos y la elección de Victor Armenta como Rector no pudieron realizarse sin el consentimiento del propietario de los votos vitalicios de la máxima instancia de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe. 

El nuevo Rector si bien deberá acatar las directrices del Ministerio de Educación no está sujeto a investigación alguna. La demora del Ministerio en el inicio de sus investigaciones permitió que se realizara este enroque que solo tiene como objetivo entorpecer las actuaciones de las autoridades.

Pareciera que la anunciada refundación con la cual se publicitó toda la gestión de Vargas en los últimos 5 años consistió en valerse de la autonomía universitaria para diseñar una institución que solo respondiera a sus órdenes.  Fue tan exitoso el diseño realizado por el refundador que si el Ministerio de Educación no hace uso de las facultades  que le concede la ley, su influencia perdurará en la Autónoma por los siglos de los siglos. Como todo un faraón.

El fiscal de bolsillo

Cuando el año pasado se comenzó a conocer la magnitud del escándalo por los sobornos entregados por la firma Odebrecht en Colombia, uno de los socios de negocios de la misma, decía socarronamente en una asamblea de accionistas de alguna de sus empresas , que él se acaba de enterar de esa noticia, comentario que fue celebrado ruidosamente por sus áulicos y dependientes en dicha reunión. Sarmiento hacía eco de las palabras que había pronunciado días atrás el propio presidente Santos quien aseguraba jamás haber sido enterado que la firma brasileña dio sustanciales aportes a sus campañas presidenciales de 2010 y 2014.  De esta manera, el presidente de la república notificaba a los colombianos que no sabía con la plata de quien se había financiado su campaña y el hombre más rico de Colombia informaba que desconocía los pormenores de la manera en que había adjudicado uno de los contratos de infraestructura más grandes de la historia del país. Veinte años después del escándalo de la financiación de la campaña de Ernesto Samper por el Cartel de Cali en el que se hizo celebre la expresión “a mis espaldas”, dos importantes figuras nacionales aceptaban la misma defensa del Elefante, “si ocurrió, jamás me enteré y por tanto no debo responder.” 

Mientras en Perú, Panamá, Brasil y Ecuador son procesados importantes empresarios e incluso presidentes y expresidentes de la república, en Colombia con gran alborozo la fiscalía registra la captura de un “sacamicas” de alto nivel como Otto Bula y de funcionarios de tercer y cuarto nivel.  La fiscalía es presidida por un abogado que tuvo comprobada participación en los temas que se investigan: Fue abogado de los delincuentes de Odebrecht y sus socios y también ejerció como servidor público en instancias en que se resolvían solicitudes a éstas personas jurídicas por parte del Estado colombiano. Lo que en cualquier lugar del mundo sería un impedimento del tamaño del océano en Colombia es apenas una anécdota de esas que cuenta el dueño de medio país en sus asambleas. Si Saludcoop y sus propietarios tuvieron fiscal de bolsillo cuatro años no se entiende las razones por la cuales Sarmiento no tendría derecho a tener el suyo propio por un periodo igual. El único denunciante de tan evidente colusión ha sido el senador Jorge Robledo, quien junto a Claudia López ha hecho pública tal situación sin siquiera provocar sonrojo entre poderdante y apoderado.

Sobra decir que el prócer que hoy ocupa la fiscalía fue designado por el periódico de propiedad de su más importante mandante como personaje del año 2017 por su inigualable aporte a la lucha contra la corrupción. Con esa designación, el periódico del Grupo Aval confirmó a sus lectores que desde hace ocho años responde a intereses empresariales por encima de románticos intereses periodísticos. El inexistente cubrimiento por parte del mayor diario del país del derrumbe del puente de la vía Villavicencio Bogotá es una muestra reciente de su ¨política editorial”. Un ejercicio de clase sería comparar ese cubrimiento con el realizado por la tragedia del Edificio Space en Medellín para hacer una reflexión sobre equilibrio en la información.

Desde la expedición de la ley 50 de 1990 y la creación de los Fondos de Cesantías se inició la expansión del grupo económico más grande del país en la actualidad. Cuando por motivos legales no se pudo seguir incrementando el dominio del sector bancario, la infraestructura se convirtió en un sector a conquistar gracias a las reformas del hoy candidato Vargas Lleras quien diseñó unas normas que provocaron la mayor concentración de contratación pública en manos de pocas personas que recuerde la historia de Colombia. La adquisición del diario El Tiempo a la familia del actual presidente permitió que la agenda nacional se maneje al ritmo de las conveniencias del grupo. En esa captura del Estado, la fiscalía era uno de las pocas instituciones que faltaba amansar. La manera como se han desarrollado las investigaciones de los últimos meses han demostrado que tener a su apoderado más prominente como Fiscal ha sido otra brillante jugada del  cerebro de la organización. Por eso, la diferencia entre los investigados e imputados en Brasil y Colombia.

La caída del puente Chilajara no es un episodio normal ni justificable. La concesión de la vía Bogota Villavicencio está cerca de completar venticinco años con los peajes más caros del país y sin esperanza alguna de pronta terminación. La defensa del concesionario en cabeza del presidente fue desafortunada e inoportuna. El silencio de la fiscalía, tan diligente en casos como la avalancha de Mocoa, es sorprendente. Y la ligereza con la cual los medios trataron el tema es apenas comprensible. Los hechos de Chilajara demuestran quienes son los verdaderos dueños del país y como sus pecados son absueltos incluso antes que los confiesen.

Ese malestar que atraganta a los lectores de noticias pareciera comenzar a tener eco en las encuestas para las próximas elecciones. Nos venden cualquier expectativa de cambio como un salto al vacío aprovechando la comparación con la tragedia venezolana pero se guardan de explicarnos que en esta “perfecta república” se ha convertido en un lugar propicio para que saquen ventaja todos los que buscan abogados para los cuales la ética no tiene nada que ver con el derecho.