Cuando el año pasado se
comenzó a conocer la magnitud del escándalo por los sobornos entregados por la
firma Odebrecht en Colombia, uno de los socios de negocios de la misma, decía
socarronamente en una asamblea de accionistas de alguna de sus empresas , que
él se acaba de enterar de esa noticia, comentario que fue celebrado
ruidosamente por sus áulicos y dependientes en dicha reunión. Sarmiento hacía
eco de las palabras que había pronunciado días atrás el propio presidente
Santos quien aseguraba jamás haber sido enterado que la firma brasileña dio sustanciales
aportes a sus campañas presidenciales de 2010 y 2014. De esta manera, el presidente de la república
notificaba a los colombianos que no sabía con la plata de quien se había financiado
su campaña y el hombre más rico de Colombia informaba que desconocía los
pormenores de la manera en que había adjudicado uno de los contratos de
infraestructura más grandes de la historia del país. Veinte años después del
escándalo de la financiación de la campaña de Ernesto Samper por el Cartel de
Cali en el que se hizo celebre la expresión “a mis espaldas”, dos importantes
figuras nacionales aceptaban la misma defensa del Elefante, “si ocurrió, jamás
me enteré y por tanto no debo responder.”
Mientras en Perú, Panamá,
Brasil y Ecuador son procesados importantes empresarios e incluso presidentes y
expresidentes de la república, en Colombia con gran alborozo la fiscalía
registra la captura de un “sacamicas” de alto nivel como Otto Bula y de
funcionarios de tercer y cuarto nivel.
La fiscalía es presidida por un abogado que tuvo comprobada
participación en los temas que se investigan: Fue abogado de los delincuentes
de Odebrecht y sus socios y también ejerció como servidor público en instancias
en que se resolvían solicitudes a éstas personas jurídicas por parte del Estado
colombiano. Lo que en cualquier lugar del mundo sería un impedimento del tamaño
del océano en Colombia es apenas una anécdota de esas que cuenta el dueño de
medio país en sus asambleas. Si Saludcoop y sus propietarios tuvieron fiscal de
bolsillo cuatro años no se entiende las razones por la cuales Sarmiento no
tendría derecho a tener el suyo propio por un periodo igual. El único
denunciante de tan evidente colusión ha sido el senador Jorge Robledo, quien
junto a Claudia López ha hecho pública tal situación sin siquiera provocar
sonrojo entre poderdante y apoderado.
Sobra decir que el prócer que
hoy ocupa la fiscalía fue designado por el periódico de propiedad de su más
importante mandante como personaje del año 2017 por su inigualable aporte a la
lucha contra la corrupción. Con esa designación, el periódico del Grupo Aval confirmó
a sus lectores que desde hace ocho años responde a intereses empresariales por
encima de románticos intereses periodísticos. El inexistente cubrimiento por
parte del mayor diario del país del derrumbe del puente de la vía Villavicencio
Bogotá es una muestra reciente de su ¨política editorial”. Un ejercicio de
clase sería comparar ese cubrimiento con el realizado por la tragedia del
Edificio Space en Medellín para hacer una reflexión sobre equilibrio en la
información.
Desde la expedición de la ley
50 de 1990 y la creación de los Fondos de Cesantías se inició la expansión del
grupo económico más grande del país en la actualidad. Cuando por motivos
legales no se pudo seguir incrementando el dominio del sector bancario, la
infraestructura se convirtió en un sector a conquistar gracias a las reformas
del hoy candidato Vargas Lleras quien diseñó unas normas que provocaron la
mayor concentración de contratación pública en manos de pocas personas que
recuerde la historia de Colombia. La adquisición del diario El Tiempo a la
familia del actual presidente permitió que la agenda nacional se maneje al
ritmo de las conveniencias del grupo. En esa captura del Estado, la fiscalía
era uno de las pocas instituciones que faltaba amansar. La manera como se han desarrollado
las investigaciones de los últimos meses han demostrado que tener a su
apoderado más prominente como Fiscal ha sido otra brillante jugada del cerebro de la organización. Por eso, la diferencia
entre los investigados e imputados en Brasil y Colombia.
La caída del puente Chilajara
no es un episodio normal ni justificable. La concesión de la vía Bogota
Villavicencio está cerca de completar venticinco años con los peajes más caros
del país y sin esperanza alguna de pronta terminación. La defensa del
concesionario en cabeza del presidente fue desafortunada e inoportuna. El
silencio de la fiscalía, tan diligente en casos como la avalancha de Mocoa, es
sorprendente. Y la ligereza con la cual los medios trataron el tema es apenas
comprensible. Los hechos de Chilajara demuestran quienes son los verdaderos
dueños del país y como sus pecados son absueltos incluso antes que los
confiesen.
Ese malestar que atraganta a
los lectores de noticias pareciera comenzar a tener eco en las encuestas para
las próximas elecciones. Nos venden cualquier expectativa de cambio como un
salto al vacío aprovechando la comparación con la tragedia venezolana pero se
guardan de explicarnos que en esta “perfecta república” se ha convertido en un
lugar propicio para que saquen ventaja todos los que buscan abogados para los
cuales la ética no tiene nada que ver con el derecho.
