jueves, 29 de marzo de 2018

Iván Duque y la agenda del pasado.


A dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia avanza con paso de vencedores la candidatura de Iván Duque. Tras el impulso recibido el pasado 11 de marzo en la consulta mediante la cual compitió por la nominación de candidato presidencial con Alejandro Ordoñez y Martha Lucía Ramírez, las encuestas menos favorables a su nombre lo sitúan a gran distancia de los demás candidatos, con posibilidades incluso de triunfar en la primera vuelta electoral.
Duque es un abogado de mi generación que asistió a las aulas universitarias con posterioridad al cambio constitucional de 1991. En lo personal, me parece una persona inteligente y preparada que realizó una tarea interesante como congresista, siendo conocidas sus posiciones políticas por las columnas que desde hace años publicaba en Portafolio. Para llegar a la nominación como candidato del Centro Democrático Duque inició desde hace algunos meses una transformación que comenzó con la alabanza constante a las ejecutorias de su “presidente eterno” en su doble periodo y continuo con hacer propios los principales planteamientos del dueño del partido y sus áulicos. La única manera de ganar la confianza de este grupo que todavía se estremece con la “traición” del presidente que eligieron en 2010 ha consistido en convertirse en el vocero público de las ideas del expresidente Uribe. Sabiendo que el Centro Democrático no es un partido político sino un bien de propiedad del expresidente, la repetición diaria de su credo parece la única manera de convencer a los votantes que no será un segundo Santos. A lo anterior, se suma la circunstancia de tener un adversario en el cual pueden integrarse todos los miedos de cierta parte de la sociedad: un exguerrillero que tuvo afinidades con Chavez y nos convertirá en Cuba. La subida en las encuestas de Gustavo Petro fue fundamental para el ascenso en la intención de voto de Duque, pues la disyuntiva que se le ha presentado a la población es Duque  o Venezuela, lo cual lejos de ser cierto produce una sensación de miedo en la cual los electores votaron y votaran para alejar el demonio de Maduro del país. En adelante la campaña consistirá en continuar presentando a los electores esa dualidad acompañada de las imágenes del candidato identificado como castrochavista en diferentes momentos de su vida en situaciones que demuestran que seremos otra Venezuela y con esa percepción llegara al poder el discípulo amado del expresidente Uribe.
Habiendo establecido la campaña en el escenario perfecto para el regreso al poder del expresidente Uribe, es necesario revisar algunas de las propuestas del candidato  Duque para confirmar que pareciera que Colombia se encontrara en la misma situación de hace dos décadas debido a que se formulan los mismos problemas y soluciones de aquellas épocas.
Una de las propuestas que reitera el candidato líder de las encuestas es el regreso a la penalización de la dosis personal de droga que fue abolida por la Corte Constitucional en la célebre sentencia de Carlos Gaviria de 1994. Esa idea que no ´pudo ser concretada por Uribe en sus dos periodos presidenciales, es defendida por escuderos de su organización como Fernando Londoño, quienes entienden que la desgracia del país está en no poder meter a la cárcel a todos los que encuentren con cualquier cantidad de droga sin importar su destinación ni cantidad. Haciendo a un lado la crisis de cupos del sistema penitenciario del país, la idea pretende criminalizar por igual a jíbaros y consumidores, en el entendido que si algunos de los primeros han adelantado su actividad por la no penalización de la dosis personal, la solución es eliminar por completo tal opción. La justicia colapsada se encargaría diariamente de realizar imputaciones de cargos a quien encuentre con cualquier dosis de alucinógenos. La derrotada teoría de enfocar el asunto de las drogas con represión en lugar de que sea un tema de salud pública tiene el peligro de volver para quedarse en el país con esta propuesta.
La estruendosa derrota del partido de las farc en las pasadas elecciones parlamentarias a pesar de las predicciones de aquellos que indicaban que el cartel de droga más poderosa del mundo con sus miles de millones de dólares encaletados iba a comprar votos por todo el territorio nacional no fue suficiente y es necesario seguir ventilando cambios en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Santos. No contentos con la podada que tuvo la justicia especial para la paz en la Corte Constitucional que convirtió estos tribunales en simples relatores de los hechos ocurridos en el último medio siglo de acuerdo al decir de sus actores (guerrila-fuerzas militares) y estableció que los particulares solo asistirían a esta Corte cuando su voluntad les indicara hacerlo, el candidato Duque propone que se reforme el acuerdo y se excluya a los miembros de las fuerzas armadas de la “justicia de las farc”, para lograr que nuestros héroes sean juzgados por la imparcial y oportuna justicia penal militar. La anterior propuesta va incluida dentro de un paquete en el cual se pretende eliminar el narcotráfico como delito conexo, abriendo la posibilidad de extraditar a los miembros de la guerrilla de conformidad con el capricho del todopoderoso ejecutivo. De esta manera, las farc aún desmovilizadas y políticamente derrotadas siguen siendo uno de los objetivos del centro democrático. No bastando con ver muerto al adversario, se debe desenterrarlo y volverlo a sacrificar para asegurar que el castigo sea adecuado.
A los anteriores principios se suma la idea de eliminar todas las cortes judiciales existentes y crear un único tribunal supremo en asuntos ordinarios, contencioso administrativos y constitucionales. En el  debate de Columbia Duque fundamentó su propuesta en los altos costos que tiene para el fisco el abultado número de magistrados. Uribe insiste en que la condena de la mitad de su gabinete se debe a una persecución política y la mejor manera de saldar esa cuenta es eliminando todas las cortes y creando una cuyos magistrados vitalicios sean elegidos por su movimiento. Este sería el primer paso para sepultar los avances en materia de derechos fundamentales del último cuarto de siglo además de lograr la cooptación del único poder que no pudo dominar en sus ocho años de poder el senador más votado de Colombia.
La segunda versión de las propuestas de menos impuestos directos y mayores garantías para los inversionistas extranjeros hacen parte del menú económico del candidato con mayores opciones para ser presidente. Los temas educativos y ambientales se mencionan en un segundo plano pues parecen propios de mamertos que se oponen al desarrollo del país.
Se suma a lo anterior, el lío del que tendrá el candidato para   pagarle su apoyo a extremistas de la calaña de Alejandro Ordoñez que estará dispuesto a seguirle prestando sus servicios al país desde algún cargo público. Esconder este tipo de personajillos en la nómina del Estado será otra tarea extenuante para el próximo presidente salvo que concuerden con el espíritu perseguidor y revanchista de personajes como el nombrado.
Así, dieciséis años después de la llegada al poder de Alvaro Uribe, las propuestas del candidato más opcionado para llegar a la presidencia son idénticas a las suyas. Guerra a lo que queda de las farc aunque estén de civil, persecución al consumo de droga y concentración del poder en manos del presidente.  Muchos de los temas que hoy propone Duque solo podrían concretarse vía reformas constitucionales, con lo cual,  en la eventualidad de integrar una mayoría parlamentaria importante, estaríamos a las puertas de la más importante contrarreforma que hubiera visto Colombia en el último medio siglo. Por evitar parecernos a Venezuela, el país está entregando un cheque en blanco a un grupo político que nos quiere regresar a la Constitución de 1886. A estas alturas, el único consuelo que queda es que Duque salga igual que Santos y cuando llegue al poder realice un gobierno sensato y equilibrado. La historia dirá si el perro se deja capar dos veces.

viernes, 2 de marzo de 2018

Uniautónoma y el abuso de la autonomía universitaria.


El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía de la autonomía universitaria. Con base en ella, las universidades pueden seleccionar sus directivas y regirse por sus propios estatutos.  Este derecho de las Instituciones de Educación Superior (IES) busca garantizar su independencia a influencias externas para que logren alcanzar sus objetivos misionales relacionados con los derechos fundamentales a la educación, enseñanza, aprendizaje y la libertad de cátedra.
No obstante lo anterior, cuando las IES se utilizan con otras finalidades, la autonomía universitaria se convierte en un infranqueable escudo que dificulta las labores de inspección y vigilancia de esta clase instituciones y permite que sus directivos se conviertan en todopoderosos señores que no tiene otro límite que su capricho.
El ejemplo más reciente de lo anterior es la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma). ( Con ésta Universidad estuve vinculado un poco más de tres años y termine mi vinculación en noviembre de 2016 por los continuos incumplimientos en los pagos de los salarios y aportes a la seguridad social). Uniautónoma es una importante Universidad del Caribe con medio siglo de vida que hace un lustro tuvo públicos inconvenientes por las acusaciones sobre su rectora, quien terminó condenada por el delito de soborno y en la actualidad es sujeto procesal de otras actuaciones penales, por los cuales responde desde su modesto hogar, tal cual se volvió costumbre para los delincuentes en Colombia. En su reemplazo fue designado el abogado Ramses Vargás quien renunció el día de ayer en medio de una gran polémica que se vive en el centro educativo por sus actuaciones como máximo responsable de la Universidad desde 2013. W Radio ha reemplazado con lujo de detalles en el último semestre a la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación y con un esmero digno de la mejor causa ha logrado poner al descubierto una serie de actuaciones y situaciones que generan más certezas que inquietudes. Sera la Fiscalía quien tendrá la última palabra deseando que esta vez realicen un curso previo de imputación de cargos para evitar que el juez de garantías deje en libertad a sus acusados, como se volvió costumbre desde hace un año.  Dejando de lado el tema penal y los garantistas procesos del Ministerio de Educación, es precios referirse a la manera como la Uniautónoma después de una reforma estatutaria realizada en el año 2016 pasó a ser de facto propiedad de una sola persona.
Uniautónoma es una Corporación que se rige por sus propios estatutos.  Sus órganos de dirección son la Sala General y el Consejo Directivo.  Desde finales del año 2015 comenzó a estructurarse por el rector y sus asesores una reforma a los estatutos de la Corporación con la finalidad de ajustar los mismos a las necesidades de la acreditación institucional buscada por todas las Universidades del país. Después de varios requerimientos del Ministerio por correcciones de la reforma presentada, ésta fue aprobada por el Viceministro de Educación Nacional mediante la Resolución 16835 del 19 de agosto de 2016.
Entre las reformas realizadas se destacan la significativa disminución en la calidad de los requisitos para ser rector de la institución, el aumento de su periodo a diez años y la posibilidad de reelección indefinida. De la misma manera se redujeron al mínimo los  requisitos para ser miembro de la Sala General y del Consejo Directivo. De esta forma, la Sala General paso a quedar integrada por dos clases de miembros: activos y honorarios: los primeros con derecho a voz y voto y los segundos solo con derecho de voz. El periodo de los miembros activos es indefinido, lo cual quiere decir que solo pierden su calidad por su fallecimiento mientras que los miembros honorarios tienen un periodo de 3 años que puede prorrogarse indefinidamente. El Consejo Directivo de la Universidad está integrado por los miembros activos de la corporación, más tres representantes de la Sala General que no pueden ser otros que los miembros honorarios,  a los cuales e agregan un represente de estudiantes y otro de profesores. ( Para asegurar unanimidad total, coincidió que como representante de los estudiantes fue elegida una funcionaria de la entidad que estudiaba al mismo tiempo una carrera de pregrado)}
La elección de miembros de la corporación se realiza por cooptación. Con la reforma estatutaria aprobada y con la posibilidad de elegir miembros activos de la corporación que tendrían como duración en el máximo órgano de decisión de la Universidad el resto de su vida, el 16 de Octubre de 2016 ingresaron en esa calidad a la sala general: Orlando Abello, Director del Centro de Conciliación, María Cristina Vargas, prima del rector y Directora del Programa de Derecho, María Helena Hernández, esposa del rector, Electo Rivera, funcionario de la Universidad y amigo del rector, Winston Vergara, amigo del rector, Alvaro Vargas Osorio, tío del Rector, Pedro Sierra, Vicerrector Administrativo, escudero del Rector, Sonia Lamadrid, madre del Rector. A ellos se unió un par de meses después Patricia Pinilla, funcionaria de la administración Guette que continuó prestando sus buenos oficios en la administración. Vargas. Ellos se unieron al señor Ramses Vargas, Sandra Devia y Efraín Maldonado, quienes desde 2013 alumbraban con su integridad a la Sala General. Aparte de los anteriores, cuatro miembros fundadores continuaban ejerciendo sus funciones.  Por tanto, es claro que el Rector con la reforma realizada y la constitución de la categoría   de miembros activos vitalicios de la fundación se quedó con el control absoluto de la entidad al tener injerencia directa sobre 12 de los 17 miembros de la corporación.
Con papi, mami, tío, esposa y amigos de miembros vitalicios de la máxima instancia de decisión de la Universidad Autónoma del Caribe el poder en cabeza del rector se concentró de una forma que envidiaría el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, para evitar la incomodidad de solicitar la autorización de la Sala General para la realización de actos y contratos, se estableció que la misma era necesaria únicamente para negocios que superaran los 1.455 salarios mínimos legales mensuales (Una suma superior a los 1.100 millones de pesos de hoy). Eso explica la razón por la cual las últimas ventas cuestionadas ni siquiera tienen aprobación de los órganos de dirección de la Universidad.
El señor Vargas renunció el 1 de marzo de 2018 a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe pero no a su calidad de miembro activo de la corporación. Debido a la influencia que tiene sobre los familiares y amigos que vinculó como miembros activos y de facto vitalicios en la corporación es hoy quien ejerce el poder sobre las decisiones que se adopten en este centro educativo. El ingreso de dos nuevas personas a la corporación en calidad de miembros activos y la elección de Victor Armenta como Rector no pudieron realizarse sin el consentimiento del propietario de los votos vitalicios de la máxima instancia de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe. 
El nuevo Rector si bien deberá acatar las directrices del Ministerio de Educación no está sujeto a investigación alguna. La demora del Ministerio en el inicio de sus investigaciones permitió que se realizara este enroque que solo tiene como objetivo entorpecer las actuaciones de las autoridades.
Pareciera que la anunciada refundación con la cual se publicitó toda la gestión de Vargas en los últimos 5 años consistió en valerse de la autonomía universitaria para diseñar una institución que solo respondiera a sus órdenes.  Fue tan exitoso el diseño realizado por el refundador que si el Ministerio de Educación no hace uso de las facultades  que le concede la ley, su influencia perdurará en la Autónoma por los siglos de los siglos. Como todo un faraón.