martes, 11 de diciembre de 2018

Nestor Humberto y el nuevo derecho.


Dos semanas después de la histórica intervención del actual Fiscal General de la Nación ante la plenaria del Senado en la cual confirmó a los colombianos que si la justicia es una utopía, la ética es un lujo en las épocas de los abogados sofisticados para los cuales el derecho y la moral no tienen ninguna relación, el impedido funcionario y los medios de su principal cliente han dado por clausurado el debate sobre sus indelicadezas como cabeza de la institución encargada de acusar a los ciudadanos por violaciones a la ley penal.
Un video del archienemigo del establecimiento recibiendo dinero en efectivo en fecha sin establecer y una demanda en su contra suscrita por un abogado de traquetos y lavadores de dólares ha sido el pretexto perfecto para meter el tema al congelador. La estrategia ha sido exitosa y permitió que antes de iniciar vacaciones de fin de año los reflectores recaigan sobre Petro. Ha sido tan exagerada la reacción del establecimiento, que la situación que en principio parecía una catástrofe y el fin de la carrera política del senador decente, se ha convertido con el paso de los días en una “persecución” en la cual el aspirante presidencial a 2022 juega el papel que más le gusta: Un perseguido por los poderosos que quieren evitar a cualquier costo su participación en política y la transformación del país. Es tal el tamaño del escándalo y los trapos sucios que les tiene Martínez a sus asociados que la carta perfecta para desacreditar a su rival en la próxima campaña presidencial, debió ser exhibida tres años antes.
Gracias a las grabaciones realizadas por un íntimo amigo del hoy fiscal, se pudo constatar que el exsuperministro de Santos conocía años antes de su cargo actual   todo el entramado de corrupción derivado de Odebrecht sin nunca dar anuncio a la opinión pública de tal situación. Sus actuaciones posteriores han confirmado que en la agenda de la actual fiscalía el tema de llegar a los peces grandes del escándalo de la empresa brasileña no existe. Si el anterior Fiscal no realizó actuación alguna contra los involucrados en los malos manejos de recursos en Saludcoop, que eran sus exclientes, el actual titular del cargo repetirá esta tradición con sus más cercanos clientes.
Las facultades de derecho deben guardar la dilatada intervención de Martínez para exhibirla ante sus alumnos como una clase maestra de cinismo y el abuso de poder de un servidor público en Colombia. La manera en que el Fiscal exhibía documentos reservados, realizaba alusiones a conversaciones privadas y se jactaba de conocer los movimientos de sus contradictores son un ejemplo de la cloaca en que se convirtió hace lustros la justicia en el país.
Las normas sustanciales y procesales que descansan en las codificaciones de las diferentes áreas y que se concretan en los 200 programas de derecho existentes en Colombia plantean una disciplina en la cual  la ley y la jurisprudencia son las principales fuentes de derecho que utilizan los jueces para sus fallos. El divorcio con la realidad no puede ser más evidente. La justicia que se practica en el día a día no depende para nada de conocimientos, alegatos, estudios ni tampoco busca llegar a la verdad. La justicia del día a día depende de coimas pequeñas o grandes, en dinero o en especie sin las cuales la actividad del litigante se vuelve azarosa. Con una rama judicial de espaldas a la transparencia, los mínimos aspectos de un proceso, desde una notificación hasta la fijación de una fecha para una audiencia no dependen de un turno estricto sino de la cercanía con funcionarios del respectivo despacho judicial. Esta realidad auspiciada y tolerada por quienes debemos impulsar procesos en cualquier jurisdicción nos explica en parte la tragedia de nuestro lento sistema judicial. Y para evitar cualquier represalia de los dueños del sistema, nadie dice nada. Por eso, en lugar de recibir una amonestación pública, personajes como el actual fiscal son aplaudidos en recintos cerrados por sus colegas.
La manera como el actual  fiscal  llegó al cargo(ver http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2016/07/nestor-humberto-y-el-traje-nuevo-del.html escrito en julio de 2016), y la forma en que ha desarrollado sus funciones no son un accidente. Son una consecuencia de la manera como se entendió que es el ejercicio de la profesión desde hace algunos lustros. Se privilegia la influencia y la cercanía con el poderoso antes que las posiciones que puedan llevar a una contrariedad con el mandamás de turno. Eso explica ridiculeces como la esposa de un presidente de la Corte actuando como primera dama de la justicia, los magistrados en turismo permanente o la ausencia de pronunciamientos de la academia o de asociaciones de abogados sobre la crisis ética de la profesión. Por eso nadie se aterra cuando un delincuente entrega doctorados honoris causa a un personaje sin más mérito que su vanidad para merecerlo.
En síntesis, la permanencia del actual fiscal en su cargo y la finalización de su periodo constitucional son un indicador del estado de putrefacción de la “justicia” en Colombia. Y nada parece indicar que la situación vaya a cambiar. Al contrario, la captura de lo público por oscuros intereses privados es nuestro presente y futuro.

P.D. El ilegal paro de la jurisdicción civil en Bogotá por el cual nadie responde y que a nadie importa completa 41 días sin solución. Una muestra más de la “importancia” del sector en la agenda pública. Igual, son tan lentos los procesos que no existe diferencia si los juzgados están o no en actividades.