La recuperación de la
favorabilidad del presidente Duque como consecuencia de su postura ante el
atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía General
Santander realizado por el ELN en el cual fueron asesinados 23 miembros de la
institución y el “liderazgo” asumido ante la situación de Venezuela han
permitido al presidente encontrar el espacio que estaba buscando desde su
posesión hace más de siete meses.
Ante la positiva respuesta de
la opinión a sus posiciones fuertes, ha resuelto aumentar la apuesta, situación
que explica las objeciones a la ley estatutaria de la justicia especial para la
paz y la presentación de un plan de desarrollo en el cual las palabras reforma
agraria y conflicto no existen. Duque renunció a las formas conciliadoras que mostró
al inició de su gobierno y resolvió apostar a la polarización con el guiño de
su padrino. Las decisiones de las últimas semanas confirman que la marca de su
cuatrenio será la obediencia al propietario del partido que hace un lustro lo
hizo senador y hace un año presidente. Para saber los temas prioritarios en
este gobierno no deben mirarse documentos oficiales ni mucho menos intervención
de ministros, en su gran mayoría desconocidos para los ciudadanos. Basta mirar
el twitter del senador Alvaro Uribe, quien se ha dado el lujo incluso de
comunicar decisiones del ejecutivo antes que su mandatario en la casa de
Nariño.
Los temas de la agenda de los
próximos tres años, hasta la elecciones de 2022 es sencilla: Consiste en
mantener crispada toda la opinión pública con las mismas discusiones de los
últimos tres años que han permitido el triunfo del plebiscito y de las últimas
elecciones. Por ello, vía reformas constitucionales se busca hacer unos “retoques”
a los acuerdos logrados. Todos aquellos que no estén de acuerdo con el tenor de
esas modificaciones solo quieren que Colombia termine en las mismas condiciones
de Venezuela, razón por la cual, se hace indispensable recordar diariamente y
en extenso la situación del vecino país y resaltar que todas las medidas que
adopta el Gobierno tiene como fin evitar que nos convirtamos en otra Venezuela.
Para que el relato pueda mantenerse en el tiempo y el riesgo pueda sentirse
próximo, se requiere un antagonista que haga sentir como real esa posibilidad.
Y allí aparece Gustavo Petro, un líder megalómano quien está siempre listo a
formar coaliciones que lo apoyen. La candidatura de Petro en 2022 es la
garantía de la continuidad de los mandatarios de Alvaro Uribe en el poder hasta
2026.
Aunque pareciera muy temprano
para hablar de estas cosas, el asunto es que el gobierno de Duque será una
larga campaña hasta las elecciones de 2022. Comenzando por su canciller candidato
quien desea poder llegar a la presidencia con la cabeza de Maduro en sus manos pasando por la Senadora Valencia que se
encargara en adelante de “enfrentar” a los miembros del partido de la farc en
cuanto escenario encuentre para registrar en los medios. Todos piensan que
estuvieron muy cerca de llegar a la presidencia en las pasadas elecciones y que
si pueden mantener la actual polarización con el mismo discurso y con la
posibilidad que el candidato opositor sea el mismo que nunca podrá completar la
mitad más uno de los votos, la elección la deben ganar desde ahora y no en
2022.
En este panorama, todas las
decisiones y discusiones que se producen van en ese sentido. Hoy, el tema son
los sagrados derechos de los niños que fueron vulnerados en el conflicto armado
por miembros de la farc. Poco recuerdan que hace unos años, un monstruo como Hernán
Giraldo, culpable de todos los crímenes imaginables contra menores de edad era
extraditado para que respondiera por narcotráfico por los mismos a quienes hoy
les preocupan tanto esos derechos. Un conflicto armado de seis décadas donde se
cometieron incontables e inenarrables sucesos contra toda la población civil
deja unas secuelas imborrables en el tejido social. Como sociedad parecía que habíamos
escogido la opción de parar el mismo y evitar más asesinatos y violaciones de
menores de edad. La verdad es que una parte importante de la población no
comparte esa decisión y no desea honrar la palabra del Estado empeñada en los
textos firmados. Quienes llegaron al poder tenían la opción de actuar como
Jefes de Estado y cumplir compromisos adquiridos para demostrar que ese estado
de derecho del cual tanto nos ufanamos existe o, por el contrario, podían
portarse como leguleyos y buscar una interpretación de la ley para justificar
el incumplimiento de aquello que no comparten.
El compás de espera para saber
cuál era la opción a elegir pasó y el gobierno del presidente Duque eligió la
segunda opción. Con base a ello no cumple protocolos de terminación del proceso
de negociación con el ELN porque esos compromisos no los realizó su gobierno,
no incluye en el plan de desarrollo nada relacionada con reformas agrarias
pactado en los acuerdos que pusieron fin al conflicto y dedica su mayor
esfuerzo a dividirnos como sociedad en discusiones superadas. ¿ Y cuál es la
razón de todo ello? El hambre de poder del caudillo de una parte y el viejo
truco de mantenernos distraídos en discusiones intrascendentes mientras que
Carrasquillas y compañías hacen sigilosamente los ajustes necesarios para
favorecer los verdaderos dueños del juego.
