La “Colombia profunda” que
tanto se mencionó por expertos en los últimos años con ocasión a la negociación
de los acuerdos con las farc y que hacía referencia a ese sector olvidado y
marginado del país donde la falta de recursos y la pobreza sobresalían en medio
de la escasez de servicios básicos no quedaba solo al sur ni tampoco se
limitaba al campo. Con ocasión de la crisis ocasionada por el coronavirus, se
ha constatado que la Colombia profunda está ubicada en nuestras ciudades, pero
con gran habilidad hemos podido evitar mirarla. No es un espacio físico lejano
y deshabitado. Al contrario, en las ciudades con mayor densidad poblacional es
donde se ha verificado la realidad de una población que vive del día a día sin
posibilidad alguna de ahorro y que literalmente si no trabaja no come. Más que
la publicitada solidaridad de tanto generoso buscador de beneficios
tributarios, la situación debería ameritar alguna reflexión sobre la sociedad indolente
que todos hemos construido. Tres temas para considerar:
1-Prioridades
cosméticas: Este año la gran apuesta de Barranquilla era
la cumbre del BID que se realizaría en marzo en la ciudad. Desde el mes de
enero de este año, una de las consejeras presidenciales anunció por todos los
medios una visita semanal de seguimiento para registrar el avance y terminación
de la remodelación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en febrero
visitó de “sorpresa “ los avances de las obras y comprometió a los contratistas
a su terminación antes de la cumbre del BID. Paralelo a lo anterior, el 27 de febrero de 2020 el presidente “inspeccionó”
las instalaciones del Aeropuerto El Dorado en Bogotá con la finalidad de revisar
los “estrictos” controles que se aplicaban desde enero para verificar el estado
de salud de los pasajeros provenientes del exterior. (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/En-el-aeropuerto-El-Dorado-el-Presidente-Duque-inspecciono-los-protocolos-de-seguridad-para-prevenir-el-coronavirus-200227.aspx )
No hubo consejero ni
funcionario que fuese designado para realizar seguimiento a los protocolos de
seguridad del principal aeropuerto del país y por allí ingreso sin control
alguno el virus. El 14 y 15 de marzo, Juan Lozano en Noticias RCN denunció la
inexistencia de controles en la terminal aérea, situación que se sumaba a la
indiferencia del Gerente del aeropuerto designado por la empresa concesionaria
ante el tema. Solo después de la denuncia pública del periodista y ante la
incredulidad de todos los ciudadanos se encargó alguien de revisar el asunto que
debió ser la prioridad de la administración esas semanas. Tuvo mayor relevancia
y seguimiento de nuestros autoridades el tema cosmético de la terminación de
una remodelación de una terminal aérea que demostrara a los visitantes que
vamos en camino al “primer mundo” que la observación del cumplimiento de los “protocolos”
para ingreso al áis de los viajero provenientes de los países donde estaba expandiéndose
la pandemia. ¿Quién estableció esas prioridades?
2-El
Tamaño del Estado. El confinamiento de estas semanas y las
próximas que se realicen lleva a revisar la existencia de una superestado con
instituciones que no aportan nada al ciudadano del común. Contralorías,
Personerías y Procuradurías, entidades que realizan –de manera deficiente- en
últimas la misma actividad de control se han convertido desde hace décadas en
verdaderas perforaciones de los presupuestos públicos con inexistentes
beneficios. La Procuraduría General de la Nación, entidad politizada hasta la
médula y en la cual los políticos luchan a codazo limpio por los nombramientos
de sus familiares y amigos debido a sus salarios, es una entidad que debía
tener los días contados. No solo es la intrascendencia de los conceptos de sus
delegados en los procesos ante las diferentes jurisdicciones sino sus politizados
procesos disciplinarios, cuyos fallos nunca pasan a ser cosa juzgada y pueden
ser revocados años después cuando se cambie la esquina política del Procurador
de turno. El actual procurador quien habla, habla y habla al viento sin que
nadie lo escuche ni obedezca es un buen ejemplo de ello. Sancionado por sus
actuaciones como Ministro de Justicia en la administración Gaviria, luego de
perder la anulación de su sanción ante los jueces contencioso administrativos,
logró que el siniestro personaje que deshonro la Procuraduría y la Contraloría
revocara lustros después su sanción para regresar convertido en el faro moral
de la sociedad. Ni que decir de la Contraloría, regida en la actualidad por un
desconocido cuya única preocupación en su periodo es crear más y más cargos
inútiles para saciar el estómago de sus voraces electores que cobran el pago de
su designación. Las Personerías y las Contralorías departamentales, distritales
y municipales periódicamente demuestran su inutilidad. Se apilan en copie y
pegue los informes anuales que por lo general suelen favorecer al auditado de
turno al cual le deben su elección. Nadie controla nada. Pero eso sí, los
salarios deben ser pagados cumplidamente por un Estado que debe priorizar ese
gasto por encima de cualquier otro. Y así se podría continuar. No se trata de
criticar a quienes laboran en esas entidades
sino de verificar que un Estado de bajos recursos no puede continuar multiplicándose
con entes ineficientes y que no sirven para nada distinto que la voracidad de
los políticos. Con la Fiscalía basta y sobra.
3-Salarios
y Altos funcionarios: Los cuarenta salarios mínimos legales mensuales
que en la actualidad gana un congresista en Colombia además de otros
privilegios propios de su cargo son exagerados para un medio como el nuestro. A
esa remuneración, que es la misma del más de centenar de jueces de nuestras
múltiples altas cortes y que debido a diversas concesiones realizadas en
gobiernos débiles y mendigantes de apoyo como el de Samper, ha promovido el
aumento de salarios en diferentes instituciones y ha creado una élite
burocrática que defiende a rabiar sus privilegios. Son los mismos, jueces y
congresistas que mediante tutelas han perforado de todas las maneras el erario
público para garantizar plácidos retiros a costa de recursos oficiales. Si ello
tuviera relación alguna con el servicio que prestan podrían en algo
justificarse esa diferencia con el ciudadano de a píe. Pero no hay tal,
mientras los trabajadores de algunas industrias que apenas sobrepasan el mínimo
deben acudir a su trabajo sin pausa ni confinamiento alguno, nuestros
remunerados altos funcionarios no tienen las “herramientas” para trabajar desde
su casa y dedicados a la lectura esperan que todo vuelva a la normalidad
mientras descansan. En algunas jurisdicciones se siguen manejando los procesos
como en el siglo pasado sin la menor posibilidad de conocer el expediente
electrónico. No hay afán. Eso si, cualquier impuntualidad en pagos o la lucha
incesante por primas por rendimiento, riesgo o cualquier otro concepto debe ser
abonada ante la inminencia de un cese de actividades. En este paro obligado,
los únicos que no hacen nada son los funcionarios judiciales y miembros del
congreso, que son los mejor remunerados del país. Evidentemente existen
excepciones, pero son eso, excepciones. Cuando se produzca la reapertura de los
diferentes juzgados, en lo que queda del año la actividad única será la
reprogramación de audiencias y la queja por el “colapso” de la justicia. Debido
a su alta remuneración, desde hace algunos lustros algunos de esos cargos son
ejercidos por funcionarios que deben entregar parte de lo suyo a su nominador o
buscador de chanfa. Por eso, tanto "haiga" o "de que" en las entrevistas de tanto
juez de cierre. El país debe escoger en
mediano o largo plazo si va a continuar pagando salarios de país desarrollado
en un país en vías de desarrollo.
P.D. Saludo especial a todos,
esperando que puedan cuidarse y cuidar a su familia de momentos en los cuales debemos ser más
solidarios que nunca.
