Uribe: El vencedor que reniega de su victoria.

A inicios del siglo XXI, un acuerdo como el suscrito  entre el Gobierno y las farc el pasado 23 de septiembre no hubiera sido posible. Para las farc del proceso del Caguán que tenían centenares de militares y policías secuestrados, una influencia considerable en algunas regiones del país y un entorno económico próspero gracias al dinero proveniente del narcotráfico, la única manera de avalar un acuerdo con el Gobierno era impulsando unas reformas estructurales al sistema económico y político que implicaran severos cambios institucionales. Tres lustros después, la guerrilla vanidosa y poderosa de antes celebra hoy de manera ruidosa que sus cabecillas no vayan a la cárcel si cuentan la verdad sobre sus crímenes.

Por ello, resulta paradójico que el protagonista de ese cambio en la posición de la guerrilla en la mesa de negociación sea precisamente el principal opositor de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz. No puede entenderse este cambio de correlación de fuerzas entre Estado y guerrilla sin mencionar la participación de Alvaro Uribe como presidente de Colombia en dos periodos consecutivos y los éxitos de su política de seguridad democrática. Solo un gobierno que tuvo la disposición de enfrentar con decisión la amenaza subversiva, valiéndose como su adversario, de “todas las formas de lucha”, pudo desequilibrar el conflicto en favor del Estado y llevar a la organización guerrillera a firmar lo que hoy está firmando.

Fue tal el efecto Uribe en la política colombiana que consiguió durante la última década que el único tema relevante en la agenda fuera el conflicto con las farc. Para Uribe y sus seguidores la única manera de terminar la guerra contra la “amenaza terrorista” era la rendición de este grupo. La dicotomía era muerte o cárcel, como en los letreros del viejo oeste. Por ello, su furiosa oposición al mandatario qué el mismo hizo elegir. Debido a ello, la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático en oposición al partido creado en 2006 que lleva sus iniciales, de la U y que tenía como su doctrina los pensamientos de su caudillo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron el enfrentamiento entre dos candidatos que tenían las mismas propuestas en todos los campos y solo diferían en la manera de terminar el conflicto con las farc: a bala uno, negociando otro. La radicalización de la posición de Uribe ha tenido aspectos cómicos,  como el de tratar de vender a Santos como un seguidor de las desastrosas políticas de los dictadores de Cuba y Venezuela.  

Después de medio siglo de lucha insurgente, marcada en las últimas dos décadas de “conexidad” con el narcotráfico, las farc han sido derrotadas. No lograron conquistar el poder. En la negociación que se adelanta no se discuten reformas estructurales del Estado. Al contrario, el país y el mundo  al cual regresan a hacer política cambio dramáticamente. Los asuntos agrarios no tienen la importancia de antaño. Colombia lleva varios años suscribiendo incesantemente tratados de libre comercio que dejaron en el pasado la protección a la industria nacional. Lo más relevante es su derrota política. Son unos alzados en armas sin seguidores. Aparte de extranjeros extraviados y confundidos nadie los apoya. Sus referentes en el ámbito latinoamericano han llevado a sus países a la desgracia y el hambre. Su reconocimiento como delincuentes políticos fue una condición que debió cumplir el estado para adelantar el proceso de negociación que parte del pragmatismo pero no de la convicción. Así como Lucas en Chespirito era feliz con que le dijeran “licenciado” sin serlo, las farc sienten pertenecer a una categoría especial de revolucionarios por el reconocimiento de ser delincuentes políticos. Nada más alejado de la realidad. Nadie se siente identificado con secuestradores, asesinos, reclutadores de menores y narcotraficantes. Las farc-ep terminaron siendo un ejército sin pueblo. Aunque algunas de las denuncias que promueven en sus discursos referentes a la concentración de riqueza y la inequidad en Colombia son válidas, pocas personas desean que un grupo que cometió delitos de lesa humanidad durante décadas lleve su vocería.  Su compañía en futuras contiendas electorales será tan deseada como la de Ernesto Samper en la actualidad. Ningún político con aspiraciones a cargos públicos quiere que lo relacionen con personas o grupos que repugnan a la sociedad. Y esa es su más sentida derrota, después de medio siglo de lucha armada, nadie se siente identificado con sus causas e ideas. Por eso, el gobierno sabe que no puede llevar el proceso a una refrendación directa porque la posibilidad de una negativa a los acuerdos alcanzados es una certeza.

Debe celebrarse el fin de un conflicto con una organización guerrillera que se ensaño con  los más pobres destruyendo sus pueblos y hogares. Deben apoyarse los acuerdos que pongan fin a una guerra sin sentido. Y alguien debe decirle a Alvaro Uribe, que lejos de ser una derrota, la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto con las farc es una victoria de la sociedad colombiana que no hubiera sido posible sin su aporte. 

La justicia corrupta que nadie quiere ver.

Con aplausos de sus colegas fue premiada la participación del Doctor Alberto Rojas Ríos, actual magistrado de la Corte Constitucional en el Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de Pereira en los  primeros días de septiembre de este año. El jurista iluminó el recinto con sus disertaciones sobre Las garantías constitucionales en el Código General del Proceso. En el ambiente que rodea el mundo del derecho en Colombia hoy, un personaje cuestionado por sus actuaciones profesionales e investigado por sus actividades como magistrado es un referente a seguir. Por la misma fecha se conocía que el compañero de Sala de revisión en la Corte Constitucional de Rojas, el intachable Jorge Pretelt está dedicado a grabar a los conductores y empleados del magistrado Luis Ernesto Vargas (él miembro de la Corte que a su vez grabó al abogado Víctor Pacheco cuando le narraba  hechos de corrupción el caso Fidupetrol) con la finalidad de demostrar una persecución en su contra orquestada por sus compañeros en el tribunal más importante de justicia en Colombia. Más que demostrar su inocencia, la estrategia de Pretelt ha consistido en demostrar que todos sus compañeros adelantan prácticas iguales o peores a las suyas.

El expresidente de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para el periodo 2010-2014, doctor Rodrigo Escobar Gil será imputado por la Fiscalía  por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Los delitos se derivan de las actuaciones del doctor Escobar Gil como “asesor” de Fidupetrol en una acción de tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, cuyo ponente fue el magistrado Pretelt y que pretendía revocar una millonaria condena impuesta a esa firma por la Corte Suprema de Justicia. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con una celeridad inusual ya realizo indagaciones sobre el comportamiento de Escobar Gil y determino archivar cualquier investigación disciplinaria en su contra al considerar que las actuaciones del exmagistrado no tienen indicios de irregularidad alguna. Para la Sala disciplinaria es absolutamente normal que un prestigioso abogado cobre 400 millones de pesos para ayudar en la elaboración de  un memorial, sin importar que las etapas procesales para la presentación de los mismos hubieran finalizado meses antes de la suscripción del  contrato. La decisión de la imputación de cargos ha debido ser especialmente dolorosa para el fiscal, quien hasta hace unos meses atendía recepciones en la casa a quien hoy la entidad a su cargo cita a audiencia de imputación de cargos. ((http://www.jetset.com.co/sociedad/bogota/galeria/almuerzo-campestre-fiscal/58428  Se observa en la reunión a varios abogados contratistas del Estado de la cuerda del fiscal y al magistrado González quien “denunció” el asunto de Fidupetrol). Para mitigar riesgos, el exmagistrado guiado por sus abogados debe estar en la actualidad consiguiendo registro de enfermedades degenerativas que permitan que en la remota eventualidad que le fuera decretada la detención preventiva, la misma sea  realizada en su domicilio siguiendo el ejemplo de tantos delincuentes que estuvieron en plenitud de condiciones para ejecutar sus crímenes pero a la hora de pagar sus condenas se encuentran irremediablemente enfermos y por ello deben ser “recluídos” en su casas. En últimas, a nuestro ilustre exmagistrado le tocara compartir en la cárcel la Picota en el patio VIP donde el consumo de whisky y la variedad gastronómica que disfrutan sus huéspedes podría traerle problemas con su colesterol.  En Colombia, entre más importante sea el delincuente y más personas haya defraudado son menos rigurosas sus condiciones de reclusión.

Mientras los exmagistrados y magistrados de la Corte más importante de Colombia diariamente dan muestra de probidad, la fiscalía general de la nación se convierte en un ejemplo de ineficiencia y abuso del gasto público. La mayoría de los contratos revelados por los medios de comunicación no son solo innecesarios sino costosos, además de las dudas –que en realidad son certezas- sobre las verdaderas causas de su otorgamiento. El abogado de Saludcoop terminara su periodo enterrando el escándalo de estupefacientes, logrando la impunidad de Palacino y sus amiguetes y acabando la poca credibilidad que aún le queda al ente acusador.

Pero les tengo buenas noticias a los roedores que pululan en las alcantarillas del palacio de justicia. El año entrante, el señor Edgardo Maya Villazón, actual Contralor General de la Nación cumple 65 años, edad de retiro forzosos de los servidores públicos. Es el momento de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el tema y con una Sentencia con razonamientos tan brillantes como la que permitió que Montealegre se quedara cuatro años en la fiscalía, notifique a Colombia que la edad de retiro forzoso no se aplica a ungidos como Maya Villazón. Los magistrados que sean ponentes de la Sentencia podrán recibir millonarios contratos al retiro de sus cargos en la Contraloría General de la República, siguiendo la doctrina Montealegre.

Mientras nos ocupamos de la finalización de los diálogos con las farc y los atropellos del dictador Maduro, el grupo que se tomó la justicia en Colombia sigue avanzando. Los casos de Cartagena y Cartagena y Santa Marta que tienen a los mismos protagonistas (magistrado y abogado) son mucho más escandalosos que el tema Fidupetrol. El manejo de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía como  agencias negociadoras de favores y suscriptoras de millonarios contratos se convirtió en el eje de la actividad de estas instituciones. Los magistrados vergonzantes que son aplaudidos en público y repudiados en privado por un gremio en el cual sus integrantes no quieren denunciar nada de lo que pasa por el temor a ser perjudicados en el desarrollo de sus actividades profesionales son los ingredientes de una crisis que nadie quiere denunciar ni confrontar. Por ello, un personaje como Víctor Pacheco más que un delincuente, parece un visionario. El entendió que la forma de acceso a la justicia en la actualidad se fundamenta en exmagistrados que tengan acceso a quienes firman-pero no redactan- los fallos. Ese pragmatismo se impone en clientes y abogados en la Colombia de hoy. Por eso, no es de extrañar que un presidente de la corte más importante del país utilice expresiones como “nadien” en lugar de nadie.