Mattos: Retrato de la justicia en Colombia.

 

El caso de Carlos Mattos pasara a convertirse en un símbolo de la “justicia” en Colombia. Para ganar un millonario pleito hace mas de un lustro, el autoproclamado filántropo, lideró una empresa criminal que manipulo el reparto de un proceso judicial para direccionarlo al despacho judicial presidido por un delincuente, quien luego de acordar el precio de sus decisiones, adoptó una serie de medidas judiciales que debilitaron la posición de la parte contraria y permitieron que el “exitoso empresario” forzara una negociación favorable a sus intereses. A finales del año 2016, sus abogados se fotografiaban al lado del triunfador del momento bajo titulares referidos al poderoso “team dream” que había doblegado una multinacional.

Un par de años después del resonado éxito, en una columna escrita por Daniel Coronell, -quien pareciera hacer las veces de fiscal en el país-, en la desparecida revista Semana, que ahora paso a ser una mezcla de Vea y El Espacio, se denunció a un juez del circuito de Bogotá que fue a comprar un vehículo en efectivo a un concesionario en Bogotá. Esa denuncia obligó a la Fiscalía General de la Nación a realizar averiguaciones que terminaron en las detenciones de abogados y funcionarios judiciales involucrados, unos como sobornados y otros como sobornadores. Al poco tiempo se conocería que los generosos sobornos se habían realizado también en otro proceso judicial, en el cual, el apoderado de Mattos en 2016  era el ahora fiscal, Nestor Humberto Martínez,  quien había sido elegido en el cargo luego de la farsa de un concurso público realizado por el gobierno de Juan Manuel Santos para seleccionar la terna para el cargo, para luego ser ungido por la Corte Suprema de Justicia liderada en aquella época por selectos miembros del Cartel de la Toga, liderados por el hoy “exiliado” Leonidas Bustos, amigo cercano del fiscal anticorrupción nombrado por Martínez y detenido en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador de Córdoba Lyons, quien, a su vez, por saquear el departamento de Córdoba y entregar a la justicia al incorruptible investigador disfruta de las mieles de la impunidad en Florida.

A partir de allí el “exitoso empresario” como repiten nuestros medios en sus crónicas, resolvió dedicarse a dilatar y embarrar el proceso en su contra. Viajó a sus segunda patria desde donde vendió la idea de una persecución en su contra y durante tres años burló a la justicia. Cuando finalmente fue extraditado y siguiendo las ideas de su consigliere, jugó sin éxito la carta de hacerse pasar por loco y enfermo en las audiencias judiciales. A los pocos días de su detención en la inexpugnable cárcel Modelo de Bogotá compartiendo celda con el delincuente Emilio Tapia y con teléfono a su disposición solicito a la Fiscalía un preacuerdo. La fiscal que transmitió al  autoproclamado abogado más brillante de su generación que hoy ejerce como fiscal, fue despedida de manera fulminante por esa indiscreción. Pocas semanas después, y al mismo tiempo que nos saturaban de información sobre el homicida del hermano y su madre, la fiscalía presentaba un preacuerdo ante un juez penal en el cual el doctor Matos se comprometía a resarcir a la administración de justicia con el pago de dos millones de dólares y a cambio se incomodaría con una pena de 56 meses de prisión.

Se desconoce la fórmula utilizada para llegar al valor de la indemnización por el “ente investigador”. En las noticias de 2016 se indicaba que el acuerdo logrado por el dream team había sido por valor de 100 millones de dólares. Con unas migajas y unos pocos meses de  cárcel, el delincuente la ha sacado barata. Sumando tiempos anteriores y gracias a sus labores de estudio en el inexpugnable penal en que se encuentra, no sería difícil ver al protagonista en el mundial de Qatar.

Y su colaboración con la justicia? El determinador del soborno y líder de la organización criminal también será testigo en lo que queda del proceso contra el juez Huertas, quien dicho sea de paso, siguió ejerciendo como administrador de justicia hasta hace pocos meses. Es decir, la colaboración consistirá en ser testigo en un caso que ya esta definido.

Imagínese por un momento diseñar y ejecutar todo el procedimiento para sobornar a dos jueces, lograr decisiones favorables, beneficiarse de ellas, obligar a su contraparte a negociar en desventaja al tener los jueces en el bolsillo y luego indemnizar la “justicia” con menos del 5% de lo obtenido  y un par de años de prisión en el pero de los casos. ¿Sera tan flexible la fiscalía para casos similares? ¿Podrá otro procesado realizar una oferta irrisoria en cuanto a lo obtenido y esta ser aceptada? Desde luego que no. Nunca fue más cierto que la justicia es para los de  ruana

En el caso Mattos, es una afrenta superior a la justicia la manera en que se llego al acuerdo y el monto del mismo que los aberrantes delitos cometidos. Los casos de Mattos y Lyons se convierten en incentivos para los delincuentes de cuello blanco, quienes verifican estos precedentes y los cuantifican como una cuenta contingente menor en desarrollo de su negocio. Aquí todo tiene precio.

Restitución de tierras y la muerte del proceso de paz.

 

Karen Sulay Garay Soto era una mujer oriunda del municipio de Silvania en el departamento de Cundinamarca. Luego de conseguir su grado como tecnóloga en cartografía en la Universidad de Cundinamarca, laboró en la Alcaldía de su municipio y con posterioridad participó y gano el concurso para ejercer la función de comunicadora catastral de la Unidad Administrativa Especial  de gestión de restitución de tierras despojadas.. Para el año 2021 su trabajo era la comunicación y preparación de documentos para la elaboración de informes sobre tierras despojadas a sus propietarios en el marco del conflicto armado, ese que algunos todavía insisten en que nunca existió.

En palabras más sencillas, su trabajo por la modalidad de contrato de prestación de servicios, por el cual, luego de los descuentos de rigor y aportes al sistema de seguridad social, recibía menos de dos salarios mínimos legales mensuales, consistía en ir a lugares rurales del departamento del Meta a notificar a los ocupantes de una finca o terreno que sobre dicho predio se iniciaría un proceso de restitución de tierras en favor de quienes en el pasado habían sido despojados de su propiedad.

El 27 de mayo pasado, Karen Sulay. en compañía de las hermanas Sandra y Yadmil Cortes, solicitantes de restitución de un predio en el municipio de Mesetas viajaron al lugar a notificar a los ocupantes del inicio del proceso, en compañía del Johan Cogua, quien las transportó en un vehículo al lugar. Su último contacto fue ese día a las tres de la tarde. Cuarenta y dos días después, en una fosa común fueron encontrados los cadáveres todos los mencionados. Al parecer, fueron asesinados el mismo día que llegaron a realizar la diligencia de notificación. Según los artículos de prensa, en la zona donde se pretendía iniciar el proceso de restitución, existe influencia de un grupo delincuencial derivado de grupos que se escindieron de las farc y continuaron actividades de narcotráfico como reyes en esas zonas.  Y,¿Quién acompañaba a la funcionaria y las hermanas que pretendían iniciar el proceso de restitución de las tierras despojadas a su padre? Nadie. Y, ¿Existía algún mecanismo para alertar situaciones de emergencia a otras autoridades?. De acuerdo por lo investigado por El Espectador, acaso el único medio al que interesó el tema.  existió ese mecanismo de botón de urgencia pero desde 2019 fue eliminado por la Unidad. Entonces, dos mujeres despojadas acompañadas de una valiente funcionaria y un conductor se desplazaron a una zona roja en que no existe control territorial del Estado a iniciar un proceso de restitución de tierras despojadas sin más protección que la “ley”. Las consecuencias de esa osadía que eran previsibles fue su asesinato a  manos de los delincuentes que ocuparon, ocupan y seguirán ocupando ese predio. Cuando se conoció la noticia, vinieron las declaraciones de siempre. ¿Y existió alguna reacción conocida del gobierno? Ninguna diferente a declaraciones vagas. Al parecer, ni la fuerza pública se ánima a entrar en ese lugar. La funcionaria Karen Sulay Garay Soto  debió recibir un homenaje póstumo y público por su sacrificio no fue merecedora de ello. La cruz de Boyacá en Colombia la tenemos reservada para especialistas en hurgarse la nariz como Ernesto Macías o canteras morales como Gómez Méndez. 

Los asesinatos ocurridos en Mesetas sirven de marco para entender la manera en que el gobierno de Iván Duque acabó el proceso de paz. Si bien mantuvo de manera formal las instituciones creadas como consecuencia del mismo, en la práctica les quito a todas el botón de pánico y las condeno a una silenciosa muerte. La reforma rural integral, acaso uno de los puntos neurálgicos del acuerdo y del conflicto armado en Colombia fue desechada. La sola idea de actualizar el catastro rural es concebida como una invitación a la catástrofe. El promocionado estatuto de la oposición, que tiene como una de sus novedades, las réplicas de los partidos opuestos al gobierno a las intervenciones del Presidente de la república fue burlado de manera sistemática. Duque nunca escucho a la oposición desde que al condecorado Macías y el delincuente Pulgar crearon jugaditas para impedir que ello ocurriera. A lo anterior, se suma que el actual mandatario rompió el récord de intervenciones públicas de cualquier presidente anterior con su programa matinal, el cual solo se vio interrumpido cuando medio país estaba en medio de las protestas más concurridas en las últimas décadas.  En últimas, el “proceso de paz” fue reducido a lo que siempre quiso el titiritero mayor. Una desmovilización con vaga ayuda estatal y una participación marginal de algunos exmiembros de farc en el Congreso que por sí sola es causal de hiperventilación de la “gente decente” que prefiere una guerrilla en pie a que participen en política algunos miembros de ese grupo. El proceso se fue reduciendo a eso y no genero cambio alguno. Todavía se discute por los ganadores del referendo de 2016 la obligación que tenía Santos de romper las negociaciones en virtud de ese resultado.

Es famosa la frase de Fernando Londoño relacionada con la necesidad del Centro Democrático de “hacer trizas el acuerdo de paz”. Para cumplirla bastó no cumplir los compromisos del Estado. Solo requería ir eliminado apoyos, dilatando soluciones y dejando pasar el tiempo. Nombrar un opositor a los acuerdos con aspiraciones de candidato presidencial como Comisionado de Paz era necesario. Que la Fiscalía fuera manejada por un megalómano que destinara como función principal de la entidad la defensa del gran colombiano era otra condición. La Procuraduría bajo el mando de un grupo político necesitado de esconder escándalos y regentada por una funcionaria que entiende que el Ministerio Público es parte del gabinete del Presidente es otro. La obsesión por construir una verdad judicial que resguarde la imagen del dueño del poder es la única meta de estas dos instituciones y sus jefes.

Si el fin último de este periodo presidencial fue dejar sin aire el proceso de paz, cumplió con éxito su cometido. Sin embargo, los costos han sido altos, incluso para el propio partido de gobierno. La imposibilidad que su fundador pueda volverse a lanzar al Congreso tendrá como consecuencia una severa reducción de su bancada. Con la desaprobación del gobierno creciendo de manera constante, la posibilidad que uno de sus integrantes suceda a Duque es muy baja. El vacío de poder ocasiona un momento inigualable para los demagogos. Así, el demagogo de izquierda que hoy lidera los sondeos promete repetir fracasadas fórmulas basadas en imprimir dinero para repartir. De otra parte, otros demagogos que comienzan a aparecer en las encuestas proponen combatir la corrupción a pata y puño. Y en la desesperación, sus propuestas tienen grandes auditorios.

Es deseable que las próximas elecciones no se conviertan en una repetición de la segunda vuelta de 2018. Cualquier otro opción que enfrente a cualquiera de los extremos es preferible a cuatro años mas de estancamiento en el debate de los mismos temas en beneficio de las mismas partes. Cualquiera que pase a segunda vuelta y compita contra ellos debe ser apoyada para salir del 2002.

Paz en la tumba de Karen Sulay Garay Soto quien dio su vida en ejercicio de su trabajo en el país real mientras los demás seguimos discutiendo de lo divino y lo humano en el país virtual, ese mismo que ni siquiera registro su desaparición.

El Senador Vulgar

Cuando se escuchan las grabaciones dadas a conocer por Daniel Coronell en las cuales un senador conversa con un juez sobre el sentido de una decisión que debe  adoptar ese funcionario en un proceso, la contraprestación por este “negocio” e insinúa el valor que estarían dispuestos a pagar sus amigos por la “vuelta” en el lugar que le indiquen, lo que más impresiona es la tranquilidad del oferente en la propuesta que realiza, unida a la seguridad y confianza de quien tiene la certeza de no responder por sus actuaciones. El caso es muy interesante porque refleja dos cosas: El oferente lleva varias lustros haciendo “vueltas” sin sanción alguna, situación que demuestra que el sistema no funciona o esta cooptado, o ambas cosas, y, el rol de ciertos dirigentes y servidores públicos, lejos de ser el cumplir las funciones propias de su cargo, es dedicarse a realizar “favores” remunerados y aprovechar su cuarto de hora para “cuadrar caja.” Parecieran en un concurso de “ llévese todo lo que pueda en 2 minutos” aplicado a sus periodos de servidores públicos.

El senador vulgar que se escucha en los audios había comenzado en la década de los noventa su carrera política como Concejal de Barranquilla. Durante su periodo como cabildante en los primeros años del siglo XXI, junto a otros honorables concejales de la misma directiva de tal entidad tuvo la ingeniosa idea de certificar unos servicios que jamás fueron prestados al Concejo con la finalidad que los “afectados” demandaran por vía de tutela millonarios pago y en cumplimiento de una sentencia de un juez de la república estos fueran cumplidos. Más de 6.000 millones de pesos de esa época fueron sustraídos del erario  de esta manera. La única entidad que algo hizo ante el grotesco desfalco fue la Procuraduría General de la Nación que mediante un fallo disciplinario, al comprobar las falsedades realizadas sancionó  al inquieto cabildante a la destitución y 18  años de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. El afectado demandó ante la jurisdicción contencioso administrativa y perdió en ambas instancias. ( ver sentencia Consejo de Estado de enero 26 de 2012 http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/101/S2/11001-03-25-000-2010-00021-00(0146-10).pdf)  Aunque la había sacado barata y se encontraba inhabilitado hasta 2025 para ejercer cargos públicos, a nuestro protagonista literalmente se le apareció la virgen encarnada en uno de sus más amados discípulos de estos tiempos. El diamantino Alejandro Ordoñez después de un sesudo análisis determinó que sus antecesores, sus procuradores delegados y el Consejo de Estado se habían equivocado y habían violado los derechos fundamentales de tan importantes concejales y por ello procedió a la revocatoria directa de la sanción impuesta. De esta manera, recobraba los derechos políticos tan distinguido ciudadano, quien aspiro al Senado para el periodo 2014-2018 donde reemplazo en su curul a su amada exesposa que había llegado al Senado por su grupo político. En el interregno, en el apartamento del personajes fueron encontradas cédulas y dinero en efectivo en 2003 y en las elecciones departamentales de 2015 algunos de sus familiares súbitamente aumentaron su votación en el escrutinio de las mismas, situación que fue detectada por las “autoridades” y sancionada en su momento. El ciudadano con ese prontuario fue de la coalición santista, luego duquista y elegido posteriormente primer vicepresidente del Senado, donde se hizo celebre por sus “ejecutorias”. Este integro caballero nunca fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación y sus antecedentes explican la tranquilidad con que realiza sus ofrecimientos. La justicia son “unos manees que se pueden cuadrar”.

Colombia esta llena de esta clase de personajes. Las personas que están vinculadas con asuntos públicos saben y conocen las calidades intelectuales y morales de estos individuos. Pero también saben que no les pasara nada y que las denuncias de esta clase de hechos tienden a irse en contra del denunciante y, en el mejor de los casos, las consecuencias son únicamente económicas. Hace diez años en Bogotá era un secreto a voces que los contratos los manejaba el hermano del Alcalde y el secuaz Tapia. De no habérseles ido la mano por garosos en el tema de las obras que le quitaron a los Nule en la 26 y que desataron la conocida vendetta entre delincuentes, los nietos del dictador y herederos de sus mismos comportamientos seguiría uno en el Senado y otro aspirando a la presidencia.  No pocos inescrupulosos han entendido el servicio público a la manera del senador vulgar. Es un ejercicio de vueltas, mandados, y favores remunerados. Por lo general, estos personajes en el legislativo se mantienen en silencio. Siempre son gobiernistas y solo aparecen para votar en comisiones o plenarias después que el gobierno de turno ha pagado el peaje. La actividad política es una unidad de negocio en la cual se realiza una inversión cuatrienal con mecanismos de compra de votos al estilo Merlano, con la idea de recuperar la inversión en el menor tiempo posible y percibir utilidades. El senador vulgar lo resumió de manera contundente en su propuesta al juez. “Aquí hay un negocio”.. De eso hace quince días y el hombre sigue libre como el viento consiguiendo certificaciones de hipertensión a solicitud de su precavido abogado para solicitar mansión por cárcel en el evento que la justicia alguna vez despierte. Para cuando eso ocurra, se estará alistando la nueva esposa, los hermanos o hijos del vulgar para sucederlo en su curul, porque, como dicen los familiares de los delincuentes elegidos por las clientelas, en Macondo no existen delitos de sangre.

Barranquilla y las consecuencias de la concentración del poder.

En medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19, durante las últimas semanas el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla se han convertido en noticia nacional por el alto número de personas contagiados y una curva creciente de fallecimientos. Destaca la poca información que los medios locales difunden sobre la situación y la inexistencia de debates en concejos municipales y asamblea departamental sobre las actuaciones de los ejecutivos locales. Las únicas noticias sobre la realidad se consiguen por redes sociales o por intermedio de personas que suplican sea conservado su anonimato antes de realizar comentario alguno. El miedo a las represalias que puedan tomar los dueños del poder es tan grande que la única expresión que se acepta para calificar la gestión de los mandatarios es el aplauso. Se rechaza y condena cualquier manifestación que pretenda pedir explicaciones, por más sencillas que están sean. A este punto se ha llegado después más de una década en el poder realizando el mayor gasto en obras civiles en la historia de la ciudad gracias al endeudamiento autorizado de manera dócil por un Concejo que desde hace varios años solo realiza la función de notario.

Peter Waldmann en su obra sobre el Peronismo 1943-1955 (Edit.Eduntref, 2009) al referirse al  control de gobiern, distingue tres estrategias políticas principales: Unificación, depuración y ajuste. En Barranquilla el proceso de unificación y control de las fuerzas política y sociales se comenzó a desarrollar desde la primera administración del clan. El Concejo Municipal, institución con alto grado de descrédito que al iniciar el siglo XXI fue protagonista de grotescos escándalos de corrupción por falsificación de documentos para lograr pagos e indemnizaciones a personas que nunca laboraron allí, resolvió apoyar de manera decidida los planes de desarrollo fundados en endeudamiento, lo cual reportó importantes beneficios. Ya van más de 12 años de dejar hacer y dejar pasar. Los órganos de control se convirtieron en oficinas alternas de la administración municipal, que son entregadas a los ungidos con meses y años de anterioridad y en la práctica son defensores de oficio del mandatario local. Las actuaciones de entes nacionales como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se neutralizan desde el Congreso y de cuando en vez se manda a los leones un funcionario medio para divertir a las tribunas. El caso de la Triple A es un buen ejemplo de la manera de actuar. La consigna es matar al mensajero. Los medios locales fueron beneficiados por abundante pauta oficial, que unida a la propiedad de la principal emisora de la Región permite mostrar una realidad virtual de felicidad. En este periodo de expansión económica, los contratistas elegidos muestran un agradecimiento perenne a sus auspiciadores que tiene como consecuencia que cualquier opositor encuentre las puertas del sector público y privado cerradas, por lo cual se corre la voz que no es negocio “hablar mondá” del más eficiente alcalde que ha tenido la historia de Colombia.

La estrategia de la depuración se aplicó al sacar del camino a cualquier persona, animal o cosa que indicara al emperador que estaba desnudo. La aniquilación moral de Bernardo Hoyos con los procesos penales y la cooptación de parte de su movimiento terminó la competencia política. Desde hace ocho años, la designación de Alcalde no se realiza el día de las elecciones, las cuales son un simple trámite formal, sino que dependen de la decisión del dueño del equipo de la ciudad. A lo anterior se suman las facultades extraordinarias para endeudar a la ciudad sobre vigencias futuras que ha permitido la revolución del pavimento con cargo a la tarjeta de crédito que se pagara en el futuro.

El ajuste, más que un medio se ha convertido en un fin, al vender toda esta nueva situación de poder sin límites como un modelo de administración apoyado masivamente por los ciudadanos. De allí, las encuestas y los Julitos “asombrados” por los índices de popularidad cercanos al 100%. Nunca vivió nadie en un lugar más feliz.

De una plaza que tenía una competencia política  con ofertas variadas se pasó a una etapa distinta, en la cual, los mandatarios son elegidos por nominación del mandamás del clan. El relato se encontraba en su momento cumbre hasta que llego el coronavirus. Y entonces, emergieron las dos o tres ciudades que existen dentro de la misma ciudad. Al principio de la pandemia, cuando las cifras fueron favorables se repitió el guión conocido de los mejores administradores del globo terráqueo. Cuando las cosas comenzaron a complicarse se negó la realidad y en la actualidad, ante un colapso eminente se pide el apoyo ciudadano. Esta prohibido pedirle explicaciones a los mandatarios. El que las pida, debe despedirse de la generosa pauta oficial, el patrocinio de las empresas del clan y los anuncios de los contratistas.

Mientras todo esto ocurre, debe salvarse la coronación del rey Arturo como presidente del Congreso a pesar de la citación de la Corte Suprema de Justicia a rendir versión libre. Esos tiquetes ya se compraron y no tienen reembolso. Acaso otra razón para abstenerse de divulgar noticias sobre la verdad de lo que ocurre.

Deseosos que venga rápido agosto, el asunto se resolverá contratando dos o tres jugadores de renombre para el equipo del a ciudad y poniendo al diario de la familia del alcalde y a las emisoras locales a hablar todo el día del campeonato de fútbol. La fórmula de pan y circo sigue funcionando 2000 años después.

En algunos meses se estará comentando del liderazgo de nuestros mandatarios locales y departamentales que salvaron la región de la más cruda pandemia que hubiere asolado la faz de la tierra. Nadie pedirá explicaciones de nada e iniciaran los almuerzos donde el clan designara sus próximos mandatarios en alcaldía y gobernación.  

Colombia: Prioridades y Coronavirus

La “Colombia profunda” que tanto se mencionó por expertos en los últimos años con ocasión a la negociación de los acuerdos con las farc y que hacía referencia a ese sector olvidado y marginado del país donde la falta de recursos y la pobreza sobresalían en medio de la escasez de servicios básicos no quedaba solo al sur ni tampoco se limitaba al campo. Con ocasión de la crisis ocasionada por el coronavirus, se ha constatado que la Colombia profunda está ubicada en nuestras ciudades, pero con gran habilidad hemos podido evitar mirarla. No es un espacio físico lejano y deshabitado. Al contrario, en las ciudades con mayor densidad poblacional es donde se ha verificado la realidad de una población que vive del día a día sin posibilidad alguna de ahorro y que literalmente si no trabaja no come. Más que la publicitada solidaridad de tanto generoso buscador de beneficios tributarios, la situación debería ameritar alguna reflexión sobre la sociedad indolente que todos hemos construido. Tres temas para considerar:

1-Prioridades cosméticas: Este año la gran apuesta de Barranquilla era la cumbre del BID que se realizaría en marzo en la ciudad. Desde el mes de enero de este año, una de las consejeras presidenciales anunció por todos los medios una visita semanal de seguimiento para registrar el avance y terminación de la remodelación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en febrero visitó de “sorpresa “ los avances de las obras y comprometió a los contratistas a su terminación antes de la cumbre del BID. Paralelo a lo anterior,  el 27 de febrero de 2020 el presidente “inspeccionó” las instalaciones del Aeropuerto El Dorado en Bogotá con la finalidad de revisar los “estrictos” controles que se aplicaban desde enero para verificar el estado de salud de los pasajeros provenientes del exterior.  (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/En-el-aeropuerto-El-Dorado-el-Presidente-Duque-inspecciono-los-protocolos-de-seguridad-para-prevenir-el-coronavirus-200227.aspx )

No hubo consejero ni funcionario que fuese designado para realizar seguimiento a los protocolos de seguridad del principal aeropuerto del país y por allí ingreso sin control alguno el virus. El 14 y 15 de marzo, Juan Lozano en Noticias RCN denunció la inexistencia de controles en la terminal aérea, situación que se sumaba a la indiferencia del Gerente del aeropuerto designado por la empresa concesionaria ante el tema. Solo después de la denuncia pública del periodista y ante la incredulidad de todos los ciudadanos se encargó alguien de revisar el asunto que debió ser la prioridad de la administración esas semanas. Tuvo mayor relevancia y seguimiento de nuestros autoridades el tema cosmético de la terminación de una remodelación de una terminal aérea que demostrara a los visitantes que vamos en camino al “primer mundo” que la observación del cumplimiento de los “protocolos” para ingreso al áis de los viajero provenientes de los países donde estaba expandiéndose la pandemia. ¿Quién estableció esas prioridades?

2-El Tamaño del Estado. El confinamiento de estas semanas y las próximas que se realicen lleva a revisar la existencia de una superestado con instituciones que no aportan nada al ciudadano del común. Contralorías, Personerías y Procuradurías, entidades que realizan –de manera deficiente- en últimas la misma actividad de control se han convertido desde hace décadas en verdaderas perforaciones de los presupuestos públicos con inexistentes beneficios. La Procuraduría General de la Nación, entidad politizada hasta la médula y en la cual los políticos luchan a codazo limpio por los nombramientos de sus familiares y amigos debido a sus salarios, es una entidad que debía tener los días contados. No solo es la intrascendencia de los conceptos de sus delegados en los procesos ante las  diferentes jurisdicciones sino sus politizados procesos disciplinarios, cuyos fallos nunca pasan a ser cosa juzgada y pueden ser revocados años después cuando se cambie la esquina política del Procurador de turno. El actual procurador quien habla, habla y habla al viento sin que nadie lo escuche ni obedezca es un buen ejemplo de ello. Sancionado por sus actuaciones como Ministro de Justicia en la administración Gaviria, luego de perder la anulación de su sanción ante los jueces contencioso administrativos, logró que el siniestro personaje que deshonro la Procuraduría y la Contraloría revocara lustros después su sanción para regresar convertido en el faro moral de la sociedad. Ni que decir de la Contraloría, regida en la actualidad por un desconocido cuya única preocupación en su periodo es crear más y más cargos inútiles para saciar el estómago de sus voraces electores que cobran el pago de su designación. Las Personerías y las Contralorías departamentales, distritales y municipales periódicamente demuestran su inutilidad. Se apilan en copie y pegue los informes anuales que por lo general suelen favorecer al auditado de turno al cual le deben su elección. Nadie controla nada. Pero eso sí, los salarios deben ser pagados cumplidamente por un Estado que debe priorizar ese gasto por encima de cualquier otro. Y así se podría continuar. No se trata de criticar a quienes laboran en esas entidades  sino de verificar que un Estado de bajos recursos no puede continuar multiplicándose con entes ineficientes y que no sirven para nada distinto que la voracidad de los políticos. Con la Fiscalía basta y sobra.

3-Salarios y Altos funcionarios: Los cuarenta salarios mínimos legales mensuales que en la actualidad gana un congresista en Colombia además de otros privilegios propios de su cargo son exagerados para un medio como el nuestro. A esa remuneración, que es la misma del más de centenar de jueces de nuestras múltiples altas cortes y que debido a diversas concesiones realizadas en gobiernos débiles y mendigantes de apoyo como el de Samper, ha promovido el aumento de salarios en diferentes instituciones y ha creado una élite burocrática que defiende a rabiar sus privilegios. Son los mismos, jueces y congresistas que mediante tutelas han perforado de todas las maneras el erario público para garantizar plácidos retiros a costa de recursos oficiales. Si ello tuviera relación alguna con el servicio que prestan podrían en algo justificarse esa diferencia con el ciudadano de a píe. Pero no hay tal, mientras los trabajadores de algunas industrias que apenas sobrepasan el mínimo deben acudir a su trabajo sin pausa ni confinamiento alguno, nuestros remunerados altos funcionarios no tienen las “herramientas” para trabajar desde su casa y dedicados a la lectura esperan que todo vuelva a la normalidad mientras descansan. En algunas jurisdicciones se siguen manejando los procesos como en el siglo pasado sin la menor posibilidad de conocer el expediente electrónico. No hay afán. Eso si, cualquier impuntualidad en pagos o la lucha incesante por primas por rendimiento, riesgo o cualquier otro concepto debe ser abonada ante la inminencia de un cese de actividades. En este paro obligado, los únicos que no hacen nada son los funcionarios judiciales y miembros del congreso, que son los mejor remunerados del país. Evidentemente existen excepciones, pero son eso, excepciones. Cuando se produzca la reapertura de los diferentes juzgados, en lo que queda del año la actividad única será la reprogramación de audiencias y la queja por el “colapso” de la justicia. Debido a su alta remuneración, desde hace algunos lustros algunos de esos cargos son ejercidos por funcionarios que deben entregar parte de lo suyo a su nominador o buscador de chanfa. Por eso, tanto "haiga" o "de que" en las entrevistas de tanto juez de cierre.  El país debe escoger en mediano o largo plazo si va a continuar pagando salarios de país desarrollado en un país en vías de desarrollo.

P.D. Saludo especial a todos, esperando que puedan cuidarse y cuidar a su familia de  momentos en los cuales debemos ser más solidarios que nunca.

Aida Merlano y los verdaderos dueños de Colombia.

Los hermanos Gerlein fueron fundamentales en el triunfo de Belisario Betancur en las elecciones presidenciales de 1982. La esperada cascada de votos que aportaría la Costa Caribe en favor del candidato liberal a la presidencia Alfonso Lopez Michelsen nunca llegó y su triunfo en los departamentos del norte del país con unas diferencias menores a las esperadas le daría la victoria al candidato de Amagá. Los hermanos dividieron sus intereses entre la política y los negocios. Mientras dos de ellos se convertían en importantes congresistas conservadores, otro construyo una de las empresas con mayor participación en contratación regional primero y nacional después. El éxito electoral fue de la mano con el crecimiento de la empresa del hermano contratista, quien se convirtió en uno de los financiadores más grandes de la política local y regional.

No era precisamente el altruismo lo que impulsaba el patrocinio de candidatos a corporaciones públicas en el norte del país. El pago de las campañas abría la posibilidad de adueñarse de las administraciones desde adentro. Con la reforma a la elección de alcaldes y gobernadores que inició en 1988 y la descentralización auspiciada por la Constitución de 1991 el “modelo de negocio” se volvió mas rentable, Ya no se requería pasar por la antesala de la fría Bogotá para ambientar un nombramiento de un alcalde o impulsar un proyecto. Bastaba patrocinar generosamente al aspirante local y algunos miembros de Asambleas o Concejos para tener “alcaldía propia” Tan exitoso fue el modelo que fue copiado en diferentes partes del país e incluso replicado por los competidores en su misma plaza. De esta manera, la unión de grupos de contratistas y políticos se quedaría desde los noventa con municipios y departamentos. Guajira y Meta son también ejemplos de ese exitoso “modelo” de negocios.

Cuando la finalidad de la disputa política es obtener el poder para llegar del presupuesto público los grupos interesados en obtenerlo no tienen ningún límite en los medios para conseguirlo. De allí que las elecciones regionales se convirtieron en costosas campañas en las cuales unos apostadores invertían gruesas sumas de dinero- en efectivo, por lo general- para lograr la victoria de su candidato. La manera de asegurar el resultado era “comprando” los votos de los ciudadanos o manipulando los resultados de las elecciones en la Registraduría. Si a lo anterior, se le suma un país atravesado por un conflicto armado en el cual se identificaban zonas de presencia guerrillera y paramilitar, se puede explicar con algún nivel de claridad el sentido de los resultados en una u otra zona.

Veinte años después de la nueva Constitución, una de las consecuencias de este modelo de hacer política fue  el nacimiento de una especie de Vitos Corleones en diferentes partes del país. Personajes que en la sombra manejaban municipios y departamentos, que cada cuatro años eran visitados y abrazados por los candidatos presidenciales y que ejercían un dominio total sobre casi cualquier parte del Estado en su zona de influencia. De esta manera, los mandatarios locales se convirtieron en la práctica en subordinados, los representantes de los medios de control, las famosas ías, eran miembros de segundo nivel del mismo equipo –con algunas excepciones- y la actitud de los ciudadanos que habitaban estas regiones era de silencio ante lo que ocurría. El miedo a las reacciones del poder invisible que todo lo manejaba y dirigía traía de la mano una singular unanimidad periodística, acompañada las más de las veces de un exagerado gasto de pauta con recursos públicos de los narcisos que solo querían escuchar aplausos por sus invaluables obras de gobierno.

De esta manera, los crímenes contra el patrimonio público se comenzaron a disculpar con el “roba pero hace” y otro tipo de expresiones que indicaban que los ciudadanos debían agradecer que había llegado al poder una generación de personajes que no se la robaba toda y solo por ello eran excusables todas sus acciones y fechorías. Ante la abrupta concentración de poder que ha conocido el país en los últimos 30 años en diferentes regiones, sus principales protagonistas comenzaron a creer en realidad que su poder era absoluto. La ausencia total de castigo para sus conductas fue creando una convicción de intangibilidad que permitió que se perdieran para siempre las líneas de comportamiento y se le perdiera el temor a cualquier tipo de reproche por sus desmanes.

Toda esta historia, que se repite en Colombia con diferentes nombres y clanes permitió que un asesino fuera Gobernador de La Guajira, un estafador lo fuera de Cordoba y saliera impune por sus actos, otro clan se adueñara de Santander y un solo contratista manejara a su antojo por veinte años la gran contratación del departamento del Meta ante los ojos de toda la comunidad. Con la excepción de la Guajira, los demás personajes y grupos no han recibido ni recibirán ningún castigo judicial.  En los cafés de todas las ciudades y pueblos donde han surgido estos nuevos dueños del país conocen su forma de operar y saben quienes son sus cómplices. Lo saben todos menos la Fiscalía General de la Nación.

Por ello, las declaraciones públicas de una de las testigos presenciales de los últimos veinte años de “manejo” e impulso de este modelo de negocio en el Caribe colombiano debían ser el centro de investigación de los medios de comunicación en el país. Merlano ha confirmado en público lo que se repetía en privado a sotto voce y con sigilo en los cafés de Barranquilla. Y nadie le presta atención. Los cinco días posteriores a su entrevista los principales diarios del caribe y sus emisoras enterraron el tema sin aviso previo. El silencio ha sido la manera de ir quitando de la agenda las denuncias. Las únicas noticias que autorizan a difundir los “capos” son las relacionadas con el desprestigio de la denunciante. Que la hija baila mucho y que están averiguando si está embarazada la detenida. . Y sobre lo demás? No hay noticia. Difícil recordar una demostración de poder más grande que la actual.

El levantamiento en público del velo de alguno de los manejadores de la política y el Estado en la Costa colombiana no tendrá ninguna consecuencia judicial de importancia. Lo saben de sobra sus protagonistas. Los denunciados han apoyado con las mismas formas y de la misma manera a los últimos cinco presidentes de Colombia. De todos han recibido retribuciones por sus contribuciones. Ellos han sabido que la mejor manera de hacer política es auxiliar al ganador. Y para nada son ingenuos. El ingreso al débil gobierno actual que se eligió deplorando la mermelada que ahora reparte a manos llenas no es gratis. Uno de los sanos intercambios que se harán será sellar la impunidad de los próceres del norte del país para lo cual, el subordinado del subordinado de Uribe que desde hace algunos días juró como Fiscal prestara sus buenos oficios. Hay que reconocerle al presidente que la mejor jugada de los últimos meses fue apropiarse de la Fiscalía en cuerpo ajeno para lograr una juiciosa coalición hasta 2022. El doctor Barbosa dedicara todos sus esfuerzos a procesar guerrilleros octogenarios e investigar el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado. De cuando en vez procesara funcionarios medios con el absoluto compromiso de no tocar a nadie de la coalición de su jefe.

Queda solo la sanción social porque la judicial no existirá. Aunque ella también será una utopía, Basta ver las fotos del delincuente Emilio Tapia en el carnaval de Barranquilla después de tres sufridos años de ser el rey de las fiestas en prisión y en su casa después de saquear Bogotá con los hermanos Moreno para concluir que tampoco habrá sanción alguna. De vez en cuando es buenos recordar quienes son los verdaderos dueños del país.

Duque y la prosperidad por Decreto

Le tocó a Iván Duque salir a responder por los resultados económicos y sociales de varias décadas en Colombia. Llegando apenas a la tercera parte de su gobierno, el presidente debe dar un timonazo que le permita recuperar la certeza que finalizara su periodo. Hoy parece poco afortunada su decisión se dedicar las energías de su gobierno al resurgimiento de la confrontación con grupos guerrilleros y su cruzada –cada vez mas solitaria- contra la dictadura de Venezuela.  Su política económica dirigida a “liberar” de cargas impositivas a los empresarios para generar empleo dirigida por el exministro de Hacienda de Alvaro Uribe no ha tenido el éxito esperado. Las derrotas políticas sumadas en el año en el Congreso aunadas a la debacle electoral del pasado octubre han tenido como consecuencia el envalentonamiento de los viudos de la mermelada tipo Roy, quiens no tienen objetivo distinto a la búsqueda de “consensos” donde el ejecutivo quede preso de unos legisladores que buscan revancha ante la imposibilidad de direccionar gasto. La equivocada selección de algunos de los miembros del gabinete, el cual en su gran mayoría es invisible y desconocido para los ciudadanos evidencia la soledad del mandatario,. Quienes ocupan las carteras más importantes son coetáneos de Uribe y no del presidente, situación que  ha permitido la consolidación de una imagen desfavorable alta en la cual la percepción de ausencia de liderazgo prevalece sobre las demás.

El presidente ha quedado en el peor de los mundos. Los electores de Uribe que entregaron su voto de confianza a Duque por ser el ungido del expresidente lo consideran un blandengue. El resto de sus electores, no entregaron su voto por convicción sino para “salvar” al país de un gobierno de Gustavo Petro y una vez logrado su objetivo se esfumó su apoyo. Sus opositores, lo consideran un títere y le endilgan hoy la responsabilidad de todos los males de la nación. La evidente debilidad del gobierno ha  permitido que todos los actores con demandas  sobre los más variados aspectos las hagan al mismo tiempo y suman a Colombia en el estado en que se encuentra en ,la actualidad.

A lo anterior se suma la peligrosa oferta de la “prosperidad por decreto” según la cual, el inicio de las bienaventuranzas para todo el país depende de unos cambios que se han aplazado por la voluntad de quienes han gobernado. Y este es uno de los problemas más graves del nudo en que nos encontramos hoy. Con el desempleo juvenil más grande de América no se acepta discutir una reforma laboral. La bomba pensional que aumenta cada año y que requeriría una discusión nacional se reduce a lugares comunes y ninguna fuerza política quiere asumir con responsabilidad el tema del aumento de edad de jubilación y modificaciones al régimen de prima media.  Al contrario, se consolida la posición de volver intocables el régimen de prima media, situación que es el equivalente a pegarse un tiro en los pies.

Los pronunciamientos del presidente de realizar una apertura al diálogo y la focalización de la agenda social pueden llevar al país a solucionar una coyuntura política ocasionando un grave desbalance estructural. Ernesto Samper hace un cuarto de siglo con graves problemas de gobernabilidad por su financiación por narcotraficantes de su campaña, dedicó su cuatrenio a sostenerse en el poder y feriar el país. No hubo gremio ni grupo político que no aprovechara la debilidad presidencial para ganar licitaciones, asaltar institutos y obtener beneficios por la foto de apoyo al presidente impopular. Nada más peligroso que repetir la historia de feriar el Estado para salvar un presidente.

Así como se exigen responsabilidades al actual gobierno, es el momento que muchos de los hoy indignados den explicaciones al país sobre sus actuaciones pasadas. A la crítica situación del sistema pensional colaboraron en gran manera organizaciones que promovieron y consiguieron beneficios para sus afiliados, girando contra el presupuesto público. Bancos oficiales, empresas estatales, órganos de control y otras entidades donde hubo miles de pensionados a los cuarenta años que nunca supieron lo que fue pagar un colegio para sus hijos, gracias a las “conquistas” que hoy son pagadas vía presupuesto público. Muchas de esas organizaciones que exigen democracia y se apropian de la “voz del pueblo” son dirigidas por las mismas personas hace varias décadas, lo que no deja de ser una simpática contradicción.

No vote por Iván Duque y lo hice en blanco en la segunda vuelta. Los acontecimientos de las últimas semanas confirman la decisión tomada en segunda vuelta. Nada le conviene más al uribismo que hoy parece derrotado y superado que el crecimiento de Petro como opción de poder. Sería lo único que evitaría su desaparición. La elección entre un gobernante inexperto e influenciable y otro que ofrece la prosperidad con varita mágica y espejos como el venezolano permitirían que todo cambie para que todo siga igual.