Por la cara del marrano: Una ley para Urrutía y otra para los campesinos.

El pasado 5 de junio el Representante a la Cámara Wilson Arias denunció las adquisiciones irregulares de bienes baldíos por parte de una empresa colombiana. De la misma manera, sus investigaciones apuntan  a que la multinacional Cargill, el Grupo Sarmiento, Mónica Semillas y otras empresas privadas han adquirido bienes baldíos contiguos para formar grandes predios en contravía de  normas legales que prohíben de manera expresa tal situación. El debate originado por estas  denuncias tuvo como consecuencia la renuncia del Embajador de Colombia en Estados Unidos, cuya firma asesoró a Cargill y Riopaila en el diseño jurídico que permitió la apropiación de esos inmuebles mediante la creación de diversas personas jurídicas que formalmente eran distintas pero en realidad pertenecían al mismo dueño. La respuesta del Gobierno por intermedio de su Ministro de Agricultura fue vigorosa en un principio al considera que debían reversarse las adquisiciones de baldíos en contra de normas legales. La anterior postura se fue desdibujando y de unas actuaciones irregulares de unos particulares que debían ser investigadas se fue dando paso al “debate” sobre la política agraria en Colombia. De esta forma, en lugar de que los empresarios nacionales y extranjeros respondieran  por sus actuaciones ante la justicia ordinaria, el Gobierno ambienta un proyecto de ley que modifica  la ley 160 de 1994 y “regulariza” la situación de los adquirentes de baldíos que acapararon grandes extensiones de tierra. (Solo los predios adquiridos por  Cargill y Riopaila suman aproximadamente 95.000 Hectáreas). En menos de dos meses, una denuncia de actuaciones irregulares en adquisiciones de baldíos al sur del país terminó no con la judicialización de sus actores intelectuales y materiales sino con la puesta en marcha de una política pública que con la distracción de promover el desarrollo del campo busca legalizar las actuaciones de empresarios y abogados que contrariaron el ordenamiento jurídico de manera vulgar. El Congreso que discutirá la propuesta gubernamental es él mismo que hace poco más de un año aprobó la reforma política sin siquiera leerla. No se requiere ninguna capacidad especial para predecir cuál será el futuro de esta nueva ley que lejos del principio de generalidad tiene destinatarios específicos. Es lo que podría llamarse un  “blanqueo jurídico”, promovido desde la Presidencia de la República.

Mientras ocurría lo anterior, en ese otro país que parece no existir para algunos medios de comunicación, los afectados por diferentes situaciones decidieron movilizarse y en ejercicio de su derecho a protestar iniciaron paros y  realizaron bloqueos de algunas vías. Especial atención ha merecido la situación del Catatumbo en Norte de Santander, donde la comunidad pide la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), la suspensión de la erradicación de los cultivos de coca, el envío de recursos y planes específicos que indiquen como se realizara la sustitución de cultivos que remplacen al de coca. La discusión que ha llegado a los centros de opinión es si esa movilización está o no auspiciada por las farc, pues en la eventualidad de que ello fuera así la “conclusión” es que no pueden siquiera discutirse las peticiones de los campesinos. Igualmente se ha estigmatizado la figura de las ZRC, indicando que las mismas serían territorios sin ley donde la guerrilla quiere promover su constitución  para mandar a sus anchas en las áreas que se distingan bajo esa categoría. La figura de las ZRC no es nueva. Al contrario, existe desde la ley 160 de 1994, siendo su principal objetivo el de fomentar la pequeña propiedad rural, regular la ocupación y aprovechamiento de los baldíos de la nación, en la cual se realizarán  titulaciones a campesinos de escasos recursos. Es requisito la integración de una comunidad organizada a la cual apoyara el Gobierno para la efectividad de sus derechos económicos, sociales  y culturales. Se requirió de los paros cocaleros de 1996 en el sur del país para que el Gobierno mediante el Decreto 1777 de 1996 reglamentara la figura. Entre 1997 y 2002 fueron constituidas 6 ZRC en Guaviare, Pasto-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur de Bolívar (Municipios de Morales y Arenal), Cabrera (Cundinamarca) Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís, Putumayo) y Valle del Río Cimitarra (Magdalena Medio).

Mediante la resolución No. 2060 del 11 de agosto de 2011 del Incoder se inició el trámite administrativo para la selección, delimitación y constitución de la ZRC del Catatumbo, de 365.865 has correspondientes a 339 veredas. El Plan de Desarrollo Sostenible fue socializado y entregado al Incoder en 2012 y se encuentra en proceso de revisión. La ZRC solicitada por los campesinos que están cerca de cumplir dos meses de protesta se encuentra respaldada en una ley vigente hace 19 años y cuyo trámite fue iniciado durante el gobierno del actual presidente. La ZRC constituye un modelo de desarrollo agrícola distinto centrado en pequeños propietarios protegido por el Estado donde no habría cabida para la conformación de latifundistas y mucho menos para la  implementación de megaproyectos agroindustriales que conviertan al campesino en trabajador de salario mínimo. La respuesta del Gobierno ha sido contradictoria. Mientras reconoce el abandono de la zona y las necesidades de inversión, impugna la marcha por la presunta infiltración de las farc, acaso el mismo grupo al cual éste gobierno le retorno el estatus político y con el cual lleva más de un año de diálogos en La Habana. En medio del inmenso desprestigio de las farc, el poco espacio político que les ha quedado se circunscribe a apoyar protestas sociales como las del Catatumbo en las cuales existen peticiones de reivindicación agraria.

Dos problemas con soluciones diferentes. De una parte, la vulneración de la ley por una élite empresarial con ayuda de prestigiosos abogados lejos de ser motivo de repudio y sanción se convierte en una causa defendible por el Gobierno que tramita  leyes exculpatorias y para beneficiarios con nombre propio. De otra, una protesta que busca la aplicación de una norma legal que tiene una vigencia cercana a dos décadas y pretende la promoción de la pequeña propiedad rural en una zona de conflicto es rechazada y condenada. 

 

Y todavía nos preguntamos cuáles son las causas de nuestro eterno conflicto……..

El país que no controla el trago

 

Los accidentes automovilísticos que suceden regularmente en el país ocasionados por conductores que manejan en estado de embriaguez producen repudio y pesar. Se escuchan propuestas de aumentar las penas para quienes incurran en ese tipo de conductas y de ésta manera propiciar que se reduzca el número de conductores que manejan vehículos después de consumir alcohol. Dejando a un lado la discusión sobre la política pública que debe desarrollar el Estado para prevenir y controlar esta situación es preciso buscar algunas causas más profundas que no permiten que la relación que como sociedad tenemos con el alcohol sea modificada.

Es bueno recordar que el mayor patrocinador de la Selección Colombia desde hace 22 años es el mayor productor de bebidas alcohólicas del país. Nuestro equipo, acaso el más importante símbolo de la nacionalidad es un elemento de publicidad de la marca de bebidas que impulsa sus productos con sus triunfos. Pareciera no existir escenario mejor que un partido de fútbol, camiseta amarilla y cerveza sin límite. Es la misma firma que durante las décadas de los setenta y ochenta pulverizó a sus competidores con el desarrollo de prácticas desleales a pesar de existir normas que prohibían las mismas y obtuvo un monopolio que disfruto durante muchos años. Hace 20 años el entonces Ministro de Hacienda del Gobierno de César Gaviria se atrevió a mencionar que dicha empresa evadía impuestos. Nada ocurrió salvo que hoy el exministro denunciante  es miembro de la Junta Directiva de esa empresa. Cuando las pruebas sobre la financiación de su campaña presidencial por narcotraficantes acosaban a Ernesto Samper, una de sus reiteradas defensas era que el grueso de su financiación provenía de los propietarios de la empresa cervecera. Cuando Hernán Darío Gómez protagonizó en estado de embriaguez un escándalo en Bogotá que terminaría con su salida de la Selección Colombia, la empresa patrocinadora presionó el retiro del entrenador por su conducta en contra de las mujeres. Nunca se mencionó que el origen del problema era las bebidas con las cuales se había intoxicado el entrenador.

Hacemos parte de una cultura complaciente con el consumo y abuso  de las bebidas embriagantes. Las consecuencias del mismo, sean riñas, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar han sido siempre consideradas como algo sin mayor importancia. En nuestro entorno de violencia, la muerte producida por algunas de las anteriores situaciones parecería ser lo más parecido a una causa natural. Mientras en la región el 16% de la población  entre 18 y 65 años es abstemia, en Colombia esa cifra solo llega al 4,2%.[1]

En la generación de la que hago parte crecimos consumiendo alcohol mucho antes de llegar a la Universidad. Los eventos en que socializamos en nuestra adolescencia estaban vinculados al consumo de bebidas embriagantes. Aprendimos que no existe bazar ni evento en que el patrocinador de nuestra Selección no esté atento para facilitarnos carpas, sillas, orquestas y personal a cambio de  promover desinteresadamente su producto. Ahora, que somos padres y tíos vemos con preocupación cómo continuamos sin tener una política pública de salud que  desde la enseñanza primaria explique y divulgue los peligros del consumo de bebidas embriagantes, entre ellos, el de conducir vehículos y/o motocicletas.

No es cambiando normas legales sino estimulando comportamientos diferentes desde la infancia que podemos conseguir que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Así como existe en la actualidad un rechazo al consumo de tabaco y normas que prohíben su publicidad en eventos deportivo sería deseable por lo menos comenzar un debate sobre la conveniencia que para los futuros ciudadanos tiene que sus ídolos promuevan el consumo de bebidas embriagantes.  

Pareciera mucho pedir, máxime cuando la empresa que patrocina nuestro equipo nacional es a la vez el mayor patrocinador de quienes acceden al poder por la vía democrática, situación que explica que nuestra realidad en este tema no es una consecuencia de omisiones gubernamentales sino el resultado de una estrategia de un comerciante de un producto que ha ejecutado una política beneficiosa para él y desastrosa para los ciudadanos de un país.

 

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[1] Estudio sobre Patrones de  Consumo nocivo de Alcohol en Colombia 2012. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

27 SAS para burlar la ley

Fue tan burda la forma en que Riopaila adquirió 27 predios en el Vichada para involucrarlos en un proyecto de desarrollo productivo que las explicaciones de sus sofisticados abogados para justificar  la gambeta a la ley sustentada en la “interpretación” que debe hacerse de la misma producen una combinación de risa e indignación.

Risa, debido a que la cantidad de sociedades  por acciones simplificadas  a nombre de la misma persona, con idéntico domicilio y sin capital pagado corresponden a la cantidad de predios individuales que fueron adquiridos mediante un “mandato sin representación”, para luego ceder la propiedad de las personas jurídicas a otras con domicilio en el exterior, manteniéndose formalmente la distinción de 27 predios con 27 propietarios diferentes, situación que permite no violentar la ley agraria formalmente y consiguen la finalidad buscada de establecer una megafinca sin importar la legislación vigente. Si la maniobra la hubiera realizado un abogado del común se haría referencia a una tinterillada pero al ser realizada por un prestigioso bufete de abogados se considera una “estrategia corporativa integral”.

Indignación, por la frescura y desparpajo con la cual se responde ante el hallazgo de una transgresión legal por parte de la azucarera más grande del país y sus asesores. Lo anterior, sin involucrar la justificación brindada para la creación de sociedades españolas con domicilio en Luxemburgo que terminaron de propietarios de las 27 sociedades por acciones simplificadas referente al Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia. En  términos más sencillos, una sociedad de capital colombiano, que deriva sus ingresos de los productos que comercializa en el país desea que sus inversiones en Colombia reciban los beneficios destina dos a las empresas españolas por un acuerdo del gobierno colombiano con ese Estado y que tiene como fin último discutir ante tribunales diferentes a los nacionales las diferencias que pudieren surgir entre esos inversionistas  extranjeros y el Estado. Todos unos patriotas.

Mientras se desarrollaba esa estrategia corporativa para adquirir predios en la altillanura colombiana, el mercado interno del azúcar registraba algunas situaciones poco usuales. Entre 2006 y 2010 los principales ingenios del país, incluido Riopaila mantuvieron constantes su participación en el mercado. En el año 2010 quienes necesitaron azúcar para la elaboración comercial de sus productos pagaron por el insumo cinco veces lo que costaba el Nueva York. Igualmente, en ese lapso existió un bloqueo a la importación de azúcar boliviano por parte de los productores nacionales. Los anteriores hechos están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio y se encuentran en la actualidad en un proceso administrativo que busca establecer la existencia de un acuerdo de productores que buscaba mantener alto el precio interno del producto, en otras términos, se busca establecer si existía un cartel que fijaba los precios del azúcar.

Los mismos beneficiarios de los elevados precios del azúcar en el mercado colombiano, cuando realizan inversiones en territorio nacional desean que las mismas tengan la protección ofrecida al capital extranjero. Las normas nacionales sirven para aumentar sus utilidades pero prefieren que lo relacionado con sus inversiones, de ser necesario, sea debatido en tribunales extranjeros. Todo lo anterior patrocinado por abogados que tienen como principio guía que la ley no se cumple sino que se interpreta.

Algunos  de los insumos que tienen los populismos son los abusos del poder de las élites y la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia que tienen como resultado la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, a los cuales se les aplican normas diferentes, dependiendo el rango donde se encuentren. El punto común de los discursos de Maduro, Correa, Evo, Ortega y Cristina es la necesidad de reordenar cada uno de sus países que se encuentran en mala situación debido a las actuaciones de grupos de oligarcas que en el pasado actuaron en contra de los intereses generales. Sin ir más lejos, este tipo de actuaciones abonan el discurso anti establecimiento de un grupo tan poco representativos como las farc. Y cuando llegan al poder líderes con esas banderas lo de menos es como interpretar las normas porque en su afán de construir un nuevo Estado, la única voluntad que cumplen es la suya, con aplausos de la galería. No tengo claro que tan cerca o lejos estará Colombia de este tipo de gobiernos, pero es claro que está clase de abusos allana el camino para que esto ocurra más temprano que tarde,

Colombia y los incentivos para ser delincuente.

La discusión relativa a la posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas de  prisión por los delitos cometidos en desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz. Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería insoportable resistir para la sociedad colombiana.

La anterior tesis supondría la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente ante los ojos de toda la comunidad.

En el año 2007 prescribió la pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los pormenores del metro más caro del mundo.

En pocos días quedara en libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel, sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue extraditado a estados Unidos  pagó una severa condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos y  prácticas contrarias a la ley para obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.

La respuesta del Estado a las actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”

Cuando nadie defiende los ahorradores

Paso desapercibida la semana pasada la noticia sobre la sentencia condenatoria de primera instancia a Pablo Albir Sotomayor, expresidente del Fondo de Pensiones y Cesantías  Porvenir a diez años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad en documento público por la apropiación entre 2002 y 2008 de 10.330 millones de pesos de la entidad que representaba.

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir  tiene la participación mayoritaria en el mercado de las pensiones del régimen de ahorro individual con un 26,5% del total, porcentaje que se incrementara a una cifra superior al 40% del mercado cuando la Superintendencia Financiera autorice la adquisición del Fondo de Pensiones BBVA Horizonte. El Fondo de Pensiones Porvenir hace parte del Grupo Aval, quien por sus entidades bancarias tiene una participación del 28% del mercado financiero colombiano mediante los Bancos Bogotá, Popular, Avvilas y Occidente.

Una de las últimas adquisiciones del grupo fue el diario El Tiempo, que informaba sobre la noticia relativa a la condena del ex directivo de Porvenir  el 2 de mayo pasado con un lacónico “Condenan a expresidente de Fondo de Pensiones.” 

La noticia es mucho más grave de lo que parece. Ha sido condenado por hurto continuado durante seis años la persona encargada de administrar los recursos de quienes realizan aportes para sus pensiones. Es preciso recordar que durante la década anterior y debido a la “crisis internacional”, quienes tenían sus ahorros para su pensión vieron severamente disminuidos los mismos debido a la baja en las inversiones realizadas por estos fondos privados. Para ocultar esta situación, se comunicó a los ahorradores que su inversión en largo plazo tenía los rendimientos mínimos adecuados y  debido a las buenas decisiones de inversión del primer lustro del siglo XXI se habían logrado importantes utilidades, una disminución era natural y ello era normal por el entorno mundial. Hasta allí llegaron las explicaciones sobre las importantes pérdidas ocurridas. El ente de control del gobierno pasó de agache y con tecnicismos se solventó una crisis que hoy parece nunca hubiere existido.  Por ello, ahora que la justicia ha dictaminado que la principal cabeza de la entidad que maneja la mayoría de los recursos del régimen de ahorro individual era un delincuente surge la inquietud de cómo fue el manejo de los dineros que los ciudadanos le confiaron durante su gestión, la cual era aplaudida y promocionada como exitosa en diversos medios de comunicación.

Como abogado, se tiende a creer que existen normas legales diseñadas para regular temas específicos que deben ser cumplidas y acatadas por los operadores financieros so pena de sanciones de los órganos de control que se encuentran verificando el cumplimiento de las mismas, especialmente en campos como el derecho financiero donde se presume tanta sofisticación, teniendo incluso terminología propia entendida por pocos expertos en la materia. La realidad, es que, como muchas cosas en el país, son simple enunciaciones que revisten el carácter de formalidad pero no pasa de ser más que eso. Las situaciones de falta de competencia en el sistema financiero son apenas un ejemplo. La posición dominante de un grupo en el mercado es un hecho innegable, que sin embargo no genera supervisión  ni auditoria ninguna.

Hace seis meses que el desfalco de Interbolsa y la estafa de cientos de inversionistas es conocida por toda Colombia y todavía la fiscalía anda “pensando” si imputa algún delito a quienes deambulan tranquilos por la calle dando declaraciones a los medios, como si nada hubiera ocurrido.  Pablo Albir fue procesado por las autoridades con ocasión de delitos cometidos contra el patrimonio de la entidad que administraba Cuando ocurrió la masiva pérdida de dinero de los ahorradores por la crisis internacional nadie considero prudente preguntar sobre la calidad de las inversiones realizadas. Esa diferencia de comportamientos es una buena muestra del actuar de la justicia. Cuando el afectado fue el Grupo Aval, investigaron, acusaron y condenaron. Cuando los afectados fueron los ahorradores, no existió quien estuviera interesado en averiguar nada.  Y ahora ni El Tiempo se interesa en esas noticias.

Unas preguntas sobre el proceso de paz

La intolerancia del gobierno colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual se refiere a su contraparte en actos públicos y  privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado” y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión, únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante generoso, está percepción de la realidad  podría tener  alguna relación con los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir, cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán  como heredero de las banderas de su padre, y una vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para  su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto Santofimio Botero en el Congreso de la República.  Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento que Gaviria fue ungido como su sucesor.

En aquellos años, apenas iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares, además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas, bombas  explosivas y  minas antipersonales.  Con las políticas adelantadas en los ocho años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo de un proceso de paz a la sombra auspiciado por  dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política de quien las realiza.

Durante el proceso de desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.

En el proceso de paz que se adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad, justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante relevante.  Pocas de sus víctimas han sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”.  ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas contra el Estado?  Y en la eventualidad que se considerara esa posibilidad,  ¿no debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?.  La “organización rebelde” se niega siquiera a pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose víctima con un discurso del siglo pasado.  El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.

Decir esto no significa que alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que es “para el bien de todos”.

Chávez y la revolución del humo

A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del gobierno venezolano de la muerte del “Comandante máximo de la Revolución Bolivariana” o “Cristo de los Pobres “, como lo llama su sucesor Nicolás Maduro es preciso realizar alguna reflexión sobre la entidad de la presunta revolución ocurrida en Venezuela después de catorce años de gobierno del Coronel Hugo Chávez.

Cuando Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 el precio del barril de petróleo no alcanzaba los nueve dólares y la situación económica era precaria debido a varios lustros de bajos precios del crudo, situación que  ocasionó la adopción de medidas de ajuste económico en los segundos mandatos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes habían gobernado en épocas pretéritas en plena bonanza económica por el elevado costo del barril de petróleo que se presentó en la década de los setenta. Ambos expresidentes eran recordados por la infinita generosidad con la cual repartieron recursos en sus primeros mandatos y el  recuerdo de esa época fue fundamental para sus reelecciones.

El nuevo presidente proponía algunas reformas institucionales, consideraba que Cuba era gobernada por una dictadura y descartaba reformas que atentaran contra el derecho de propiedad en su país. La conversión en  “Comandante” de la “Revolución Bolivariana” fue concretándose en la medida que los precios del barril del petróleo se dispararon, aunado a un acercamiento a la dinastía que gobierna Cuba y al intento de derrocamiento en 2002. Manejando en menos cinco años un presupuesto que cuando menos cuadriplicaba el de su antecesor, el Presidente y su equipo dieron el remoquete de socialista a su gobierno y promocionaron la distribución de renta como  algo que ocurría por sus preferencia ideológicas y no por el alto precio internacional del petróleo. Con fondos  en las arcas jamás imaginados en 1999, poco quedaba ya del tímido Coronel que había llegado al poder como símbolo de cambio, abriéndose paso al megalómano que hablaba varias horas por televisión de cuanto tema existiera a semejanza de su inspirador Fidel Castro (según El diario El Universal  entre 1999 y 2010 había transmitido más de 1.300 horas en 2.000 alocuciones en cadena nacional.[1]), siendo  el paso siguiente el logro del control total del Estado, para lo cual era necesario lograr el quebrantamiento de la división de poderes, ahogar cualquier expresión contraria a sus políticas y crear enemigos que permitieran inventar una  cruenta lucha  para la cual  el Comandante había sido llamado por la historia a salvar a su patria.

El poder legislativo trasladó sus funciones al ejecutivo mediante las denominadas leyes habilitantes por medio de las cuales autorizó al Presidente a legislar en su lugar y bajo cuya modalidad se expidieron 224 normas entre 1999 y 2012. Entre 2006 y 2011 la Presidencia de la Asamblea Nacional fue ejercida por Cilia Flores, esposa del Canciller Nicolás Maduro. Con el poder judicial, debido a la ausencia de mayoría automática en el Tribunal Supremo se resolvió modificar su composición en mayo de 2004  pasando de 20 a 32 integrantes, situación que tuvo como consecuencia el  control del máximo tribunal de justicia  por magistrados afines a la “revolución.” La obsesión por acallar las voces contrarias a las políticas oficialistas fue otra de las “batallas” que libró decididamente el gobierno revolucionario, situación para  lo cual las renovaciones de licencias fueron un  elemento decisivo para acallar voces de contradictores públicos cumpliendo todos los requisitos de ley. Sin embargo, su lucha más frontal fue contra el gobierno  imperialista de Estados Unidos al cual no dudaba en insultar en público pero en privado mantenía unas vigorosas relaciones comerciales que lo convertían en el tercer socio comercial de Estados Unidos en la región, solo superado por México y Brasil sin existir entre su país y el norteamericano un Tratado de Libre Comercio.

El siglo XXI ha sido de abundancia para los venezolanos por los precios del petróleo que han permitido mejorar de manera sustancia los recursos del gobierno y la respectiva redistribución de los mismos a la población. Más de una década después de este periodo de oro no se ha creado riqueza en ese país. La iniciativa privada ha sido herida de muerte por un gobierno que aplica políticas que no respetan la propiedad privada y no estimulan a nacionales y extranjeros a invertir recursos o capital humano en el país debido  a la promulgación de añejas y fracasadas ideas sobre la división de la sociedad entre buenos y malos. Una década que debió marcar un cambio coyuntural en una nación afortunada por la naturaleza fue desperdiciada dividiendo a la sociedad y auspiciando la confrontación entre iguales. La revolución consistió en cambiar el sistema democrático en el cual es fundamental la división de poderes y la oposición por la imposición de un gobernante vitalicio, todopoderoso, sin vigilancia de nadie que por refrendar su poder en elecciones desiguales cada seis años tenía la autoridad para gobernar sin rendir cuentas a nadie diferente a su persona.. Solo la temprana desaparición del “Comandante Supremo” impidió que éste condenara a los habitantes de su país a vivir  gobernados por el mismo breve periodo que llevan en Cuba los Castro. Y a pesar de tener todo a su favor, el país que más armas compra de la región en mercados internacionales es a su vez el más violento, refugio predilecto de narcotraficantes y terroristas de Colombia y otros lugares. La deuda externa desbordada, la inflación descontrolada, el cambio de divisas desenfrenado, la producción de PDVSA por debajo de su capacidad en los mayores años de precio del petróleo con el triple de empleados a su servicio son apenas algunas de las herencias que el aplomado diplomático Nicolas Maduro y su esposa Cilia, pareja que seguramente aspirara a dirigir la “revolución” las próximas dos décadas, deberá afrontar en los próximos meses, porque pareciera que ni siquiera un barril de crudo a los actuales precios podrá contener la  caída de una “revolución” que lejos de obras concretas, lo único que dejara como recuerdo es la retórica de su carismático líder.

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[1] Diario El Universal, 15 de febrero de 2011.