Como hundir reformas constitucionales en repúblicas bananeras

El 20 de junio de 2012 el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que se denominó la “reforma a la justicia”. El Ministro de Justicia al cerrar las sesiones donde se aprobó la conciliación final del texto de la reforma manifestaba que “…Quiero agradecer el trabajo de los honorables senadores ponentes que estuvieron todo el tiempo acompañando el proyecto, de los miembros del equipo de conciliadores que participaron ayer..” No habían pasado 24 hora de aprobada la reforma cuando los medios de comunicación y algunos ciudadanos se mostraban contrariados por el contenido de la misma. La prolongación del periodo de los magistrados de las altas cortes y el aumento de su edad de retiro forzoso  ,los cambios en el juzgamiento de los congresistas y la modificación de algunas causales de inhabilidad fueron algunos de los temas que no fueron bien recibidos por la sociedad en general. El Ministro que la noche anterior felicitaba a los congresistas ahora anunciaba demandas contra la reforma aprobada y se lamentaba de los cambios realizados por los conciliadores. A su turno, el presidente de la Cámara de Representantes reconocía en público que había votado la reforma sin haberla leído siguiendo las instrucciones del Gobierno. Debido al aumento del rechazo popular, el presidente Santos resolvió convocar a sus consejeros legales más cercanos quienes sugirieron que convocara al Congreso a sesiones extraordinarias para que estudiara unas objeciones presidenciales al acto legislativo aprobado (reforma constitucional) y de esta manera lo hiciera desaparecer del ordenamiento jurídico. Así se hizo y el Congreso sumiso siempre a la mermelada del ejecutivo avalo las objeciones presentadas y archivo el acto legislativo que días antes había aprobado y por el cual había sido felicitado por el Gobierno. Solo existía un inconveniente: No existe fundamento legal que permita al Presidente de la República objetar reformas constitucionales y mucho menos convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para tramitar dichas objeciones. Lo anterior, que podría tener importancia en un país en que se respete el Estado de Derecho no fue siquiera tenido en cuenta por el Presidente de la República que una vez más nos enseña que el fin justifica los medios.

El Decreto mediante el cual el Presidente realizó la convocatoria a sesiones extraordinarias fue demandado ante el Consejo de Estado. Después de 27 meses de juicioso estudio y con la celeridad propia de la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala Plena de éste tribunal en decisión dividida resolvió declarar la nulidad del citado decreto debido a la falta de competencia  que tiene el Presidente de la República para convocar a sesiones extraordinarias con la finalidad de estudiar objeciones a reformas constitucionales. En otras palabras, se vulneró la Constitución por parte del presidente de la república  a la vista de todos los ciudadanos y las autoridades de Colombia. ¿Y qué efectos tiene esto? Ninguno. El mismo Consejo de Estado señala que el fallo no tiene efectos retroactivos, con lo cual, aunque las objeciones presidenciales y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tramitarlas son ilegales, los efectos de estos actos se mantienen en el ordenamiento jurídico. Eso sí, el tribunal señala de manera enfática que en el futuro no puede repetirse esta situación. Resumamos lo que paso en lenguaje cotidiano: Juan Manuel Santos lidero una reforma constitucional a algunos aspectos de la rama judicial y al régimen de juzgamiento de los congresistas. La reforma fue aprobada con el apoyo del Gobierno que felicito a quienes participaron en la misma. Debido al rechazo de la ciudadanía al contenido de la reforma, el presidente violo la Constitución al realizar objeciones  a un acto legislativo y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar éstas. El Consejo de Estado decreta la nulidad de los actos del presidente por no tener fundamento legal, es decir, por ser ilegales pero determina que el efecto de su sentencia regirá hacia el futuro, por lo cual  no se afectaran las decisiones adoptadas con base en una ilegalidad.  Conclusión: El presidente vulnero la Constitución y la ley sin consecuencia alguna.  ¿Puede pasar esto en un “ Estado de Derecho”? ¿Qué diferencia existe entre un monarca y un presidente constitucional que puede violentar cuando quiera la Carta política? La respuesta es sencilla: Esto es materia común de repúblicas bananeras donde la Constitución se interpreta y acomoda de acuerdo a las necesidades del mandatario de turno.

Y cuando sale esta noticia, tenemos nuevamente al mismo presidente en compañía de  su actual Ministro del Interior y para el 2012 congresista quien participó en la fallida reforma, acompañados del actual vicepresidente, quien para esa época era Ministro del Interior, unidos con el  expresidente a la Cámara que votó la reforma constitucional sin leerla y en premio de ello es hoy Director Nacional de Planeación “liderando” una nueva reforma constitucional sobre los mismos temas.  Ellos están tranquilos porque saben que en Colombia pueden vulnerar la Constitución y la ley sin consecuencia alguna. Por si las moscas, eligieron al abogado de la empresa que cometió el mayor fraude en la historia de Colombia como fiscal y acaban de elegir como Contralor una persona a quien se le vence el periodo en año y medio por cumplir la edad de retiro forzoso. Bueno, eso importaría si estuviéramos en un Estado de Derecho. Y para completar de apoderarse de los organismos de control, en la reforma modelo 2014 proponen que sea el presidente quien terne a todos los candidatos a Procurador.  Si esto lo hubiera hecho Uribe se hablaría de un golpe de Estado pero como lo hace Santos es un “reacomodamiento institucional.” El lobo se quita el disfraz de oveja pero nadie parece darse cuenta.

De Mechas a la Contralora: Ciudadanos de primera y segunda.

Las fotos no podían ser más conmovedoras. El magnánimo Juan Manuel II entregaba a “Doña Mechas” una casa nueva en la cual la imagen del generoso benefactor tendría mejor lugar que el sagrado corazón. La beneficiaria de dicho regalo presidencial fue la misma que mediante un video casero replicado miles de veces manifestó su intención de voto por Santos en lugar de su contrincante en las pasadas elecciones. La escena no debería provocar algo diferente a una sonrisa por parte de los desprevenidos lectores de prensa que observaban al pacificador repartiendo prosperidad por Colombia. Sin embargo, este acto refleja algo diferente: es la continuación  de la costumbre de los políticos  de usar los recursos púbicos como propios para “premiar” a sus seguidores. Además, es la reiteración de nuestra cultura de no respetar la fila. Mientras la seguidora de Santos solo necesito de la influencia de su padrino para obtener una vivienda gratis, en Villavicencio hay cientos de familias desplazas y vulnerables que desde hace más de una década esperan la entrega de sus viviendas en la Urbanización San Antonio. Familias con subsidios asignados desde 2003 continúan esperando que les entreguen sus viviendas en la misma urbanización donde fue asignada la vivienda a la seguidora ´presidencial. Marchas, tutelas, procesos y quejas ante todas las instancias existentes en el ordenamiento jurídico colombiano no han podido conseguir que finalice la construcción de estas viviendas. El pasado sábado el presidente Santos anunciaba que se entregarían 7000 millones de pesos para terminar más de 600 viviendas que debieron terminarse hace ocho años. Así, los que están haciendo la fila hace 10 años continúan su espera mientras los recomendados del todopoderoso reciben los beneficios de “juanpa”.

La igualdad en el trato de los ciudadanos solo existe en la Constitución. En la vida diaria el tratamiento recibido por el Estado depende las más de las veces de las condiciones económicas, influencia o recomendaciones del ciudadano. La Fiscalía General de la Nación presidida por el abogado de la empresa acusada del mayor desfalco a la salud en la historia de Colombia y que sólo después de tres años ha tenido la idea de solicitar una entrevista con el cerebro de dichas operaciones anunció de manera pública la citación a audiencia de imputación de cargos por diferentes delitos a la Contralora saliente Sandra Morelli. La acusan de diversas irregularidades en el traslado de la sede administrativa de la Contraloría de un viejo edificio en el centro de Bogotá a una cómoda sede en otra parte de la ciudad, lugar donde existía suficiente espacio para albergar  el ego de la funcionaria pagando a  cambio  más de 2.800 millones de pesos mensuales de arriendo. Esa austera entidad es la que tiene por función constitucional realizar el control fiscal en Colombia. Las acusaciones de la fiscalía mencionadas en la rueda de prensa, lugar donde mejor se maneja el ente acusador bajo esta nefasta administración, informan de  la pérdida de miles de millones de pesos debido al traslado realizado. A pesar de las graves acusaciones, el ente acusador informa que no solicitara medida de aseguramiento contra la Contralora Morelli. Es decir, la acusan de delitos contra la administración pública que generaron la pérdida de miles de millones de pesos pero no consideran pertinente solicitar que la acusada sea detenida. ¿Y cuál es la razón para ello? Si  ciudadanos acusados de delitos mucho menores son privados de su libertad diariamente no se entiende como una persona a quien se acusa de haber  cometido tan graves delitos no deba ser cobijada por una medida de aseguramiento. Bueno, aunque en este caso, al menos han existido acusaciones. Mientras tanto, en casos como los de   Saludcoop e Interbolsa, sus principales protagonistas siguen libres sin siquiera acusación de parte de la fiscalía. No hace falta saber cuáles son las causas del trato diferenciador en estos casos.

Pero como toda situación mala es susceptible de empeorar, la aplanadora del Congreso de Santos entregó la Contraloría a Edgardo Maya. Dando muestra de su lucidez y conocimiento de la entidad que va a presidir, horas después de su elección en entrevista con El Tiempo decía el nuevo Contralor: “ Qué va a hacer con el tema de la minería ilegal? La minería ilegal y el medio ambiente en general serán grandes componentes de la Contraloría. Además, vamos a tener mucho que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos.” Maya desde la Contraloría espera ejercer las funciones del Ministerio Público. Ojala alguien le explique en qué consisten las funciones de su nuevo cargo.

Podemos reformar la constitución las veces que queramos pero mientras el Estado siga siendo manejado por presidentes que piensan que pueden entregar casas sin respetar la fila, fiscales que asumen su cargo a pesar de los evidentes impedimentos que tienen y contralores que no tienen idea las funciones de su despacho nada va a cambiar. Juan Manuel II tuvo la oportunidad de realizar cambios en este aspecto pero prefirió asegurar su “gobernabilidad” a la sombra de los corruptos de ayer, hoy y mañana. Salvo el proceso de paz, en su forma de gobernar y actuar cada día se parece más a Alvaro Uribe. Y cuando uno ve al pobre Uribe en la plenaria del Senado rogando que lo dejen hablar u observa a Gaviria llorando por su candidato a Contralor recuerda que el poder es efímero. Ojala Juan Manuel II se dé cuenta a tiempo.

Los dueños ocultos de Colombia en la posesión presidencial.

Entre los cientos de asistentes  a la posesión de Juan Manuel II resaltaba la figura de un oscuro personaje que repartía abrazos y saludos a diestra y siniestra. No me refiero al reencauchado expresidente que estrena cargo internacional. Su transparente proceso fue archivado hace 18 años por la Cámara de Representantes y es cosa juzgada. Su intachable conducta es desde esa época ejemplo para los mandatarios locales y regionales en el país. El personaje del que hablo es el dueño de la política y los presupuestos públicos en el departamento de Bolívar hace lustros. A pesar de haber sido condenado por sus acciones como servidor público, dichas decisiones judiciales no tuvieron como consecuencia su retiro de la actuividades públicas. Al contrario. La posibilidad de actuar a la sombra aumento su poder de manera significativa. Su esposa, Piedad, la “barbie” del Congreso tomó una curul en el Senado que mantuvo hasta que la Corte Suprema de Justicia la llamó a juicio por presuntos nexos con el paramilitarismo. (La palabra presuntos se utiliza en Colombia para evitar demandas de personajes que consideran lesionado su derecho a la honra por realizar afirmaciones sin que medie sentencia judicial) Cuando comenzaba el proceso judicial que hoy se encuentra en la etapa de juicio, la distinguida pareja asitía a eventos sociales como la boda de la hija del procurador Ordoñez.

Este nuevo impase no significo ninguna dificultad para éste cacique electoral. Postulo en las elecciones de marzo a uno de sus hijos, quien ahora es flamante senado del partido de la Unidad Nacional. El pueblo de Bolívar con sus envidiable indicadores de educación, salud y servicios públicos se empeña en reelegir a miembros de la misma familia para que dirigan sus destinos. El nuevo senador se encargara de continuar la tarea de sus antecesores. Por ello, jamás lo escucharan en debate alguno. Su labor consiste en votar los proyectos del gobierno de turno a cambio del manejo de entes territoriales. Se encontrara el joven senador con su tía en la misma corporación. La tía Teresita reemplazó en su curul a su hermano Alvaro quien fue condenado a 40 años de cárcel por la Masacre de Macapeyo en la cual fueron  asesinados 15 campesiones y 200 familias fueron desplazadas. Alvaro es uno de los dueños de la polítca en el departamento de Sucre donde en la elecciones de marzo pasado su hermana Teresita sacó más de 25.000 votos por el Partido Opción Ciudadana (antiguo PIN), organización política creada para recibir todos los candidatos que por razones gastricas no eran aceptados por los movimientos políticos ya existentes. El partido Opción Ciudadana obtuvo algo más de medio millón de votos en la última elección, distinguiendos en sus listas como mayor elector  de esa organización el hijo de Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander condenado a prisión por concierto agravado para delinquir. El hermando del Senador es el actual Gobernador de Santander. De tan selecta lista también fue elegido el hijo del Gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, impoluto personaje conocido en los medios políticos. Esos distinguidos ciudadanos son los compañeros de partido de Teresita. Como un homenaje a las minorías políticas, el Congreso eligió el pasado 20 de julio a Teresita como Segunda Vicepresidenta del Senado. 

Lejos de recibir una condena social por sus evidentes actos de corrupción, el exsenador Juan José García es frecuentado por dirigentes nacionales. Su apoyo es una garantía de triunfo en algunos departamentos del norte del país. García se convierte día a día en un modelo a replicar en diferentes localidades y regiones de Colombia. Ha demostrado que ante el poder económico y político que tiene los Uribes y Santos de turno se inclinan para contar con su favor. La Colombia real está llena de figuras como García que se adueñan de regiones y manejan las entidades públicas como si fuera de su propiedad ante la mirada atónita de los ciudadanos que observan como en lugar de ser señalados, estos personajes son agasajados. Mucho esperamos del proceso de paz. Todos deseamos la desmovilización de la guerrilla y su “inserción” a la vida civil, pero mientras no se desmovilicen quienes han tenido secuestrado al país y sus instituciones desde hace décadas, de nada servira la firma de un acuerdo de paz. Ningún mensaje más contradictorio para una sociedad que aspira a ser, según Juan Manuel II la “ más educada de Latinoamérica en 2025” que ver a delincuentes de invitados de honor en la posesión del presidente de la república. 

Lecciones para burlar la justicia.

El pasado 4 de junio se cumplieron diez años de la aprobación por parte de la comisión primera de la Cámara de Representantes de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en Colombia. La representante Yidis Medina de manera sorpresiva apoyó la enmienda constitucional y el representante Teodolindo Avendaño se ausento del recinto al momento de la votación, situación que permitió la aprobación de la reforma. El cambio de criterio a última hora de ambos congresistas fue determinante para la instauración de la reelección presidencial. Cuatro años después, ante las cámaras de televisión Medina admitiría haber recibido contraprestaciones de parte del gobierno por el cambio del sentido de su voto, situación  que tendría como consecuencia la realización de un juicio y posterior condena por el delito de cohecho. Tiempo después, al parlamentario Avendaño se le comprobaría que el Gobierno a cambio de su ausencia en  la votación de la reforma  le entregó la posibilidad de designar un Notario en la ciudad de Bogotá, en razón a lo cual, el parlamentario puso en venta esa posición, como quien vende un carro recibido en dación de pago, encontrando una persona que adquirió ese “derecho”y le pagó una cuantiosa suma de dinero con la finalidad que el Ministro de Interior por decreto lo nombrara como “guardián de la fe pública” en la capital. Mientras la justicia condenaba a los parlamentarios, la Fiscalía iniciaba un proceso penal contra los Ministros del Despacho que habían realizado los acuerdos con los delincuentes que habían cambiado su voto. El Ministro del Interior Sabas Pretelt, quien fue enviado a la Embajada de Italia entregó poder a un conocido exprocurador para su defensa. Este prestante abogado, conocido profesor y conferencista, además de maestro del abogado de Saludcoop que hoy ocupa la Fiscalía ha centrado su defensa en impulsar nulidades procesales debido a que en su parecer todas las diligencias de este proceso debía adelantarlas el Fiscal General de la Nación de manera indelegable y por ello cualquier actuación en que no repose la firma de este funcionario carece de validez. Luego de tener un éxito parcial con esta estrategia, recuso a todos los jueces del caso y fruto de ello se eligieron conjueces para adelantar el proceso. Ahora,  después de una década de los hechos delictivos y cuando la Corte apresta a tomar su decisión final acude a una acción de tutela aduciendo violaciones al debido proceso con la finalidad de anular por esta vía la actuación adelantada contra su defendido y de esta manera acercarse a la prescripción de la acción penal. La Corte Constitucional “seleccionó” dicha acción de tutela para su revisión y está próximo a fallar sobre el particular. La “suerte” ha estado del lado del exministro y exembajador debido a que la posibilidad que una acción de tutela por violación al debido proceso sea escogida para revisión por la Corte es altamente improbable pero si las personas cuentan con los contactos necesarios todos es posible en el sistema judicial colombiano. Los discursos del exfuncionario y su abogado repiten de manera incesante las palabras debido proceso. Sin embargo, los recursos y las acciones interpuestas y la forma en que se ha dilatado este proceso son una clase magistral de tinterilladas que servirán a todos nuestros colegas para obstruir la justicia en nombre de los derechos fundamentales.

En el caso del proceso contra Pretelt se podría argumentar que se trata de un abogado utilizando todas las herramientas que da la ley para defender a su cliente. Sin embargo, en el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex contratista de la Contraloría y actual Presidente del Consejo Superior de la Judicatura la situación es más cómica. A Ricaurte  el Consejo de Estado le declaró  nula la elección debido a que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que había ternado su nombre había sido a su vez elegido por él mismo postulado. Por tanto, este enmermelador del poder judicial debía retirarse de su cargo. Este magistrado que debe promulgar el respeto por los fallos judiciales promulga este principio siempre y cuando los mismos no sean en contra de él. Interpuso recursos de aclaración y recuso después del fallo a algunos integrantes de la Sala de decisión que suscribieron la decisión. ¿La finalidad? Demorar, dilatar el cumplimiento de fallo para seguir ejerciendo sus funciones en el Consejo Superior de la Judicatura. Este Magistrado litigante no tuvo ningún problema en asistir a la posesión del Congreso el pasado 20 de julio. Eso de la vergüenza es un comportamiento para los tontos. Ese personaje es quien diseña las ternas de los postulados a los altos cargos de Corte y Tribunales en Colombia.

No los aburro nuevamente recordando que en noviembre se cumplen 2 años de la estafa masiva de Interbolsa esperando que la Fiscalía acuse a los principales cerebros de la defraudación. Y mientras lo anterior ocurre, Montealegre se apresta a nombrar más de 3.000 funcionarios en la Fiscalía General de la Nación debido a la reforma de la institución sancionada la semana pasada por el presidente Santos y el Ministro de Justicia encargado Miguel Samper, hijo del muy honorable y distinguido Secretario General de Unasur. (Estamos en Colombia, el hijo del presidente acusado de recibir aportes del narcotráfico en su campaña es el Ministro de Justicia. Si Garavito tuviera influencia política, algún hijo suyo dirigiría el Instituto Colombiano de Bienestra Familiar) Y mientras vemos como exfuncionarios, exprocuradores y magistrados se burlan de la  justicia  a la vista de todos los ciudadanos, quienes dictamos clases de derecho quedamos sin argumentos para promover el respeto al debido proceso y la lealtad procesal pues si los colegas de “mostrar” no tienen rubor para enturbiar los procesos, es imposible exigirle al gremio un comportamiento diferente al de sus “estrellas”.  

Las deudas que Santos comienza a pagar.

Cuando se habla de maquinarias políticas, caciques,  compra de votos y prácticas malsanas en la política colombiana hay nombres y apellidos que  se han convertido en sinónimos de las anteriores palabras, con la particularidad que muchos de sus protagonistas y su descendencia continúan en la actividad política sin ninguna sanción por parte de jueces ni entes de control. Un representante de estas casas políticas será el encargado de ponerle la banda presidencial a Santos el próximo 7 de agosto. Comenzará su segundo periodo el presidente reelegido haciendo su juramento ante uno de los patrocinadores de su campaña reeleccionista que le aseguro un holgado triunfo en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una foto para la historia: Un clientelista tomándole juramento a un oportunista.

Como si el anterior símbolo fuera poco para indicarnos con la clase de personas con las cuales llega Santos endeudado a su segundo periodo, el gobierno ha comenzado a dejar ver el cobre desde temprano. No solo es la disminución del presupuesto de Colciencias después de que el presidente candidato en la campaña se ufanó en cuanto foro asistió de su respaldo a la educación sino la reforma a la ley de regalías para permitir que algunos proyectos de inversión sean aprobados sin la participación de los Ocads (Organos Colegiados de  Administración y Decisión) con la finalidad de  “disminuir las trabas burocráticas”. Con lo anterior, todo el discurso que la Dirección Nacional de Planeación ha mantenido desde la reforma y ha divulgado por el país sobre la importancia de estos entes para controlar las inversiones ha quedado sin fundamento pues ahora los proyectos se asignarán a dedo, como antes de la reforma a las regalías. Ya elegido para su segundo mandato, el presidente por medio del Ministro Dragacol ha informado que mantendrá el 4 por mil y prepara otra mini reforma tributaria.

El gobierno mira para otro lado con la temible terna para la Contraloría General de la Nación con la cual garantiza  que no existirá fiscalización en los próximos cuatro años. Se ríen tanto de las normas que hasta uno de los ternados en menos de un par de años cumplirá la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos, pero eso no parece incomodar ni a la Corte que lo terno de manera irregular ni al Senado que realizara la elección.  Ambientados ya con el tono moral que tendrá este segundo tiempo de Santos, se impulsa el nombre del expresidente Samper para Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Al parecer, los miembros de la Organización quisieron rendir un homenaje al primer Secretario General de la Unión, el expresidente  Nestor Kirchner y para ello buscaron entre  los países miembros un expresidente  que tuviera los mismos comportamientos honestos y transparentes del argentino y no encontraron mejor elección que el colombiano Ernesto Samper.  El presidente Santos apoyara la postulación del papá de su viceministro de justicia. Y como en el país todo queda en familia, Simoncito, el hijo del César, se prepara para asumir un Ministerio y de esta manera seguir sumando experiencia para su destino, la presidencia de la república.

Mientras tanto, los diálogos de paz que tanto avanzaron previos a la primera y segunda vuelta presidencial fueron suspendidos mientras los negociadores de ambas partes se dedicaban a temas importantes como el Mundial de Fútbol y se reanudaron el pasado 15 de julio, Es una lástima, porque donde la segunda vuelta hubiera sido el 30 de junio se hubiera agotado la agenda y ya estaría firmada la paz. Pero agotada la campaña y asegurada la reelección, se volvió al ritmo anterior.

Todo lo anterior ocurre antes de que inicie el segundo mandato de Santos, pero el tono de las discusiones y algunas de las decisiones adoptadas hacen pensar que aunque se ganó la reelección, se perdió el gobierno.