Santos traicionado por sus mejores amigos.

Una de las decisiones más sorpresivas y audaces del Presidente Santos en sus primeros meses de Gobierno fue el restablecimiento pleno de relaciones con Venezuela y el presidente Chavez. El proceso de paz que pretendía  impulsar el gobierno de Santos requería la colaboración de la “revolución bolivariana”. Ese gobierno fue designado, junto a Chile como uno de los países acompañantes del proceso de paz dos años después. Simultáneamente al transcurso del Gobierno de Santos y el proceso de paz, en Venezuela la situación política y económica cambiaba drásticamente. La enfermedad y fallecimiento del presidente Chavez, seguida de la ajustada victoria de Maduro, quien ha ejercido  el poder en medio una reducción de los precios del petróleo y una economía desfalleciente luego de más de quince años de riqueza aparente y corrupción desbordada han traído como consecuencia la tensa situación que vive hoy Venezuela.

En los últimos años el gobierno revolucionario ha  adoptado perfiles autocráticos en los cuales la persecución de los miembros de la oposición y su posterior judicialización, es apenas una de sus caras más conocidas a nivel internacional. A pesar de las evidentes y constantes violaciones de normas internacionales sobre derechos humanos del gobierno venezolano, los países de la región han sido tímidos para denunciar estas actuaciones y han preferido mirar para otro lado con la finalidad de evitar pronunciarse sobre ellas.  En el caso colombiano, la omisión se justificaba en el apoyo que el gobierno venezolano prestaba al proceso de paz. Pareciera que la contrapartida a dicho apoyo era el silencio a la vulneración de los derechos de los venezolanos. Esta posición pragmática y ventajosa es propia de los países dirigidos por jugadores de póquer. Así, mientras Venezuela acompañaba a Colombia en el proceso de paz, encarcelaba los líderes opositores y perseguía a los medios que opinaban en contra del gobierno de Maduro.

Estos acuerdos tácitos con Venezuela comenzaron a hacerse trizas hace menos de un mes cuando el presidente Maduro en alguna de sus rutinarias declaraciones indicaba que la crisis venezolana era causada por los ciudadanos colombianos que habían ingresado a su país. Y hace pocos días, el gobierno venezolano expidió un decreto que  establece las  Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, y dentro de ellas se encuentra el Golfo de Coquivacoa , el cual se encuentra en litigio con Colombia hace varias décadas. El gobierno que esquivo las declaraciones y comentarios sobre la situación venezolana recibe ahora un poco de su medicina. Santos se encuentra en una encrucijada creada por él mismo. En el momento más difícil del proceso de paz, no puede ceder a la provocación venezolana pero tampoco puede guardar silencio. Parece que el tahúr ha perdido la partida con los revolucionarios bolivarianos.

Y el estado del proceso de paz no es muy diferente al estado de las relaciones con Venezuela. Con una guerrilla que ha mostrado en el último mes su desprecio por el derecho internacional humanitario, una opinión pública reacia a que los guerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes y un cese al fuego cada vez mes lejano, de no adoptarse prontas decisiones en la mesa, el proceso comienza a caminar el mismo sendero del Caguán con unas farc pateando a diario el tablero. Inició el tramo de las decisiones. El asunto no es de fechas. Si las farc consideran que pueden seguir indefinidamente conversando  en La Habana sobre lo divino y lo humano mientras cometen crímenes a diario en Colombia, el proceso está muerto. Llego la hora que el tahúr juegue sus restos, porque si demora más su apuesta no encontrará mesa donde realizarla.

De Blatter a Pretelt: La hora de los intocables.

Desde hace varia décadas eran conocidos en todo el mundo los negocios corruptos que realizaba los dirigentes de la Fifa. Periodistas de diferentes nacionalidades habían denunciado la manera como se seleccionaban sedes de campeonatos mundiales y se adjudicaban los patrocinios de los diferentes eventos que realizaba la entidad. A nivel suramericano, personajes de la talla de Grondona, Leoz, Texeira y Figueredo realizaban sus oscuros negocios a la luz del día sin el menor temor de ser judicializados debido a que se consideraban intocables por el poder que les daba ser los jerarcas del fútbol. Al contrario, en muchos de nuestros países eran personajes a quienes se les rendía respeto y muchos les tributaban admiración.(El 19 de julio de 2001 el Congreso colombiano reconoció a Nicolás Leoz con la Orden en el Grado de Gran Caballero. El presidente del Congreso del momento, doctor Mario Uribe Escobar entregó la distinción. Hoy Uribe es un expresidiario y Leóz va rumbo a la cárcel) Tan rentables y beneficiosos eran los réditos de sus actividades que por su cabeza jamás se consideró el retiro como una opción. A estos reyezuelos solo la muerte podría separarlos de sus cargos en Fifa y conmebol. Nunca imaginaron que serían procesados, encarcelados y sus delitos expuestos en público. Hace quince días la  mafia  que actuó con mayor libertad en el último tiempo fue desarticulada. Desde la llegada de Havelange en 1974, continuando con el suizo Blatter desde 1998, fueron más de cuarenta años de comisión continua de delitos.  Pareciera que este mundial de la corrupción apenas comienza debido a que  estos delincuentes con la finalidad de negociar sus penas colaboraran con la justicia y terminaran delatando a quienes falta  procesar.

Mientras tanto en Colombia, semanalmente se conocen noticias sobre el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien cuando no es acusado de solicitar dinero para tramitar decisiones en ese tribunal, es acusado de acumulación ilegal de baldíos o de violentar normas ambientales. El magistrado no conjuga el verbo renunciar y pareciera que solo dejara su lugar en la Corte cuando termine su periodo. Para mantener el nivel ético de la actual Corte, gracias a un fallo de tutela del Consejo de Estado desde hace algunas semanas volvió a ejercer su cargo el magistrado Alberto Rojas quien jamás puedo dar explicaciones convincentes sobre su actuaciones como apoderado de la señora Isabel Victoria Marín y sus hijos, quienes luego de un largo proceso judicial obtuvieron un fallo favorable pero el valor de la condena que pago el Estado nunca les fue entregado por su abogado. Estos dos togados conforman junto al magistrado Vargas, una de las salas de revisión de tutela de la Corte Constitucional.  Puede uno imaginarse la clase de justicia que imparte este dúo dinámico.

No es posible cuantificar el daño que este par de oscuros personajes le ha hecho a la última Corte en la que se guardaba algún nivel de confianza. La fama ganada a pulso, especialmente por los integrantes de la primera Corte Constitucional ha sido pulverizada. Al igual que los directivos de la Fifa hasta hace unos días, estos magistrados que avergüenzan la comunidad jurídica tienen fe ciega en el triunfo de la impunidad por sus acciones. El éxito de su causa puede ser la estocada final que le faltaba a la justicia en Colombia. Las reacciones de los últimos días de ciudadanos que quieren hacer justicia por propia mano por la desconfianza en el sistema judicial son un indicador del nivel de insatisfacción con el servicio más importante que debe cumplir un Estado. Cuando en la Corte más importante del país se sientan a elaborar sentencias y dar votos prepotentes estafadores de viudas y traficante de fallos sin que nadie pueda impedirlo, se está incentivando a los particulares a resolver los problemas entre ellos, pues nadie quiere que sus diferencias las decidan quienes debían estar en el banquillo de los acusados y no con la toga de los jueces.

Gonzalo Guillen: Una luz en las sombras

En la mayoría de las regiones de Colombia existen unos personajes que adelantan sus actividades políticas y económicas al margen de la ley pero nunca son señalados y mucho menos castigados por sus acciones. Aunque son un secreto a voces sus actos de corrupción, no existe nadie que atreva a denunciarlos y tampoco autoridad que se atreva a procesarlos. El carrusel de la contratación que comandaron los hermanos Moreno en Bogotá se repite a lo largo y ancho del país sin consecuencias para sus participantes.

En medio del actual ambiente desolador,  en el cual el  candidato presidencial y actual vicepresidente notifica a todos los ciudadanos que su partido tiene como prioridad complacer los caprichos de caciques regionales que juren lealtad a su campaña presidencial, es preciso destacar personas como el periodista Gonzalo Guillén que ha realizado importantes denuncias públicas contra  personajes que hasta antes de ellas eran intocables. Gracias a estas denuncias, los familiares del actual Contralor han sido procesados y condenados por variados delitos y el exgobernador de la Guajira que fue avalado por el partido de Vargas Lleras se encuentra asistiendo a un proceso penal por homicidio.

Guillen hubiera podido optar por el camino fácil de mirar para otro lado y esperar que las autoridades y sus exhaustivas investigaciones cumplieran su deber. El cuidado personal y la tranquilidad indicarían que esa era la mejor decisión. Hacer público lo que se comentaba en privado equivalía a firmar una sentencia de muerte. Muchos de quienes confiaron en el sistema y tramitaron sus denuncias  se encuentran hoy domiciliados en el cementerio, mientras los que corrieron mejor suertes fueron desplazados o se encuentran exiliados. Con el dossier de los denunciados, la consecuencia de hacer públicas sus actuaciones será tener una fuerte escolta de por vida. Guillén optó por darle voz a los decenas de muertos y desaparecidos a costa de su propia seguridad personal  y gracias a ello obligó al aparato judicial a realizar las investigaciones que por años de manera deliberada omitió.

En esta época de sombras, fiscales venales,  procuradores y contralores que llegan a sus cargos gracias a las dádivas que reparten entre sus electores y de políticos dispuestos a venderlo todo por su ambición de ser presidentes, historias como las de Gonzalo Guillen se convierten en leyendas de nuestra época, pues conociendo el entorno colombiano se requiere una mezcla de heroísmo y locura para realizar esta clase de denuncias.  Si Guillen hubiera vivido en las épocas de Sodoma y Gomorra, éstas no hubieran ardido bajo el fuego. 

Razones egoístas para insistir en el proceso de paz

A Juan Alvaro Fonseca

Hace algo más de trece años el Gobierno de Andrés Pastrana ponía fin a  los diálogos de paz con la guerrilla de las farc. Horas antes de esta determinación, la guerrilla había secuestrado un avión, obligado a la tripulación al aterrizaje en una zona de su influencia y había partido del lugar con algunos de los ocupantes de la nave, a quienes secuestro por algunos años. Estos hechos ocurrían a menos de seis meses de los acontecimientos del 11 de septiembre, razón por la cual la agrupación guerrillera  por sus propios actos paso en poco meses y por una década a la lista de grupos terroristas a nivel mundial. En el aspecto político, el fracaso de los diálogos del Caguán tuvo como consecuencia la llegada al poder de Alvaro Uribe, quien con un discurso bélico canalizó el sentimiento ciudadano de repudio a las guerrillas e inició la era de la seguridad democrática, en la cual los fines eran conseguidos por cualquier medio.  No hubo problemas en  cambiar la Constitución y  comprar votos de congresistas corruptos. Tampoco lo hubo en ordenar seguimientos ilegales e interceptaciones telefónicas a opositores y/o jueces. Mucho menos en adelantar  operaciones de guerra  en territorio extranjero. El asesinato de inocentes para hacerlos pasar como integrantes de la guerrilla y demostrar aplastantes resultados en la lucha subversiva fue respaldado por el Estado.

Fue tal el estado de desesperación que la guerrilla ocasionó en los colombianos que al tener un mandatario decidido a combatirla hubo un silencio general sobre las recurrentes e indebidas prácticas de su gobierno. El cansancio ante un grupo subversivo que desde hace varios lustros se comunica únicamente con sus crímenes con la población explica el ascenso y la consolidación de Uribe en el poder. ¿Alguien recuerda algún documento o alguna propuesta de las farc sobre tema alguno que hubiere generado debate en Colombia? Las farc se asocian con crímenes y no con ideas.

Por eso, la única manera que un ´proceso de paz tenga éxito en Colombia es adelantarlo a pesar de las farc. Los miserables asesinatos del Cauca de la semana anterior confirman este hecho. A manera de repetir lo ocurrido a inicios del presente siglo, las farc quieren llevar al límite al Gobierno. Esa actitud y sus continuas declaraciones arrogantes, prepotentes y distantes del país por el que dicen luchar se convierten en municiones para que el gran colombiano solicite la terminación del proceso. De mantenerse la actual tendencia, con paz o sin ella se corre el riesgo que el caudillo regrese por interpuesta persona a la presidencia. Para volver al poder Uribe lo único que necesita es que las farc continúen cometiendo las estupideces a que nos tienen acostumbrados. No se necesita nada más.

No vote por Santos ni creo en las farc pero tengo claro que el peor escenario que puede tener este país es volver a suspender las negociaciones por un lustro o una década bajo los cantos de sirena de quienes prometen victorias que no se han conseguido en medio siglo. Uribe y su ministro Santos rompieron todas las reglas existentes y  minaron la guerrilla pero  no pudieron acabarla. Resulta irónico ver a una nieta de Guillermo León Valencia con el mismo discurso de su abuelo de los sesenta que nos condujo al punto en el que estamos. El apoyo a la negociación no lo fundamento en idealismo, lo sustento en pragmatismo. No es posible que sigamos auspiciando una “confrontación” que en la práctica se da en los sectores más pobres del país y entre los ciudadanos que no tienen opción diferente a arriesgar su vida por una paga miserable.  ¿Qué es lo que vamos a ceder? ¿Justicia? En este país nunca hemos sabido que es eso, luego el argumento de la impunidad no tiene ningún peso. ¿Cuál justicia? La que permite que personajes como Samper y Uribe sigan rigiendo nuestros destinos. Otro argumento  es que el castrochavismo auspiciado por Santos se va a tomar el poder. ¿En verdad, puede tenerse en cuenta ese pueril argumento? Qué Santos, el presidente que ordeno a su bancada votar el TLC con Corea del Sur, él mismo que le ha entregado al dueño de El Tiempo algunas Asociaciones Público Privadas y que expide decretos inconstitucionales para proteger los interese de las mineras este llevando al país al castrochavismo es algo que no resiste el menor análisis. Este presidente es igual a todos los presidentes que recuerde, un defensor de las élites y sus privilegios. La única diferencia es que Santos habla de la tercera vía y regala casas de 40 metros  cuadrados y por ello se considera  una especie de Gandhi colombiano. Y por último, es que los jefes de las farc participarán en política.  Qué participen. Llevan 50 años dejando su impronta en la memoria de todos los colombianos y por eso su participación será residual. Al contrario, no firmar la paz es continuar dedicando todos los esfuerzos e ingresos de la nación a combatir la guerrilla sin tener ningún plazo sobre el fin de esa lucha. Por estar dedicados al mismo problema en las últimas décadas, las discusiones centrales sobre modelo de sociedad han pasado a un segundo plano. La mejor manera de aplazar reformas y ejecutar cambios es mantener una guerra.

En últimas, firmar la paz nos traerá a todos un problema menos y de paso evita que caigamos nuevamente en manos de personajes siniestros que para lograr sus fines se valen de cualquier medio. 

Cuando Santos se metió al bolsillo la Corte Constitucional.

Algunos ingenuos pensamos que luego de la revelación pública de las acciones de algunos magistrados de la Corte Constitucional  relativas a sus reuniones con apoderados de litigios millonarios, selección extraña de tutelas y nombramientos de sus familiares en diferentes órganos de control la consecuencia de lo anterior sería como mínimo  un acto de contricción público de todos los involucrados o la renuncia de los mismos a sus cargos como una señal de respeto a la institución en la cual presta sus servicios.

La realidad es distinta. Ninguno de los magistrados renunciará. El tema quedo zanjado con una babosa rendición de cuentas y un proyecto de autoreforma en que se comprometerán -ahora sí- a cumplir el reglamento de la corporación. Si el elefante no renunció y ahora es Secretario General de Unasur porque iban a renunciar ellos. Si los lugartenientes del Elefante son hoy Ministro del Interior y Jefe de una bancada del Senado a pesar de los hechos ocurrido hace veinte años en la campaña presidencial porque iban a  dar ellos el ejemplo de renunciar.  “Luisgui” y sus amiguetes, los “guardianes de la Constitución” no darán un paso al costado para no desinstitucionzar al país. Y en realidad, parecen tener razón. Nada más institucionalizado en las esferas del poder de Colombia que el tráfico de influencias y el cambio de favores. No sólo sería la renuncia de ellos sino la de todo su grupo de familiares ubicado en cargos públicos de libre nombramiento y remoción. Que concursen los ciudadanos, porque los magistrados y sus familias pertenecen a una casta superior que no debe ser sometida a vejaciones.

En  río revuelto el jugador de póker utilizó la crisis y de la mano de los consejos de otro exministro del elefante utilizó la coyuntura para apropiarse del nuevo tribunal de aforados y echarse de paso al bolsillo a toda la Corte Constitucional a la que ha salvado de la ignominia. Ante el salto al vacío que implicaba traer nueve abogados que pudieran cumplir sus funciones de manera independiente, Santos resolvió respaldar a ocho de los nueve magistrados y de esta manera  aseguro por anticipado la victoria del Gobierno en los asuntos que se tramiten en ese Tribunal. La manera de resolver esta crisis refleja el nervio del santismo: decir una cosa en público, arregla otra en privado y dejar que EL TIEMPO haga el resto. Quedo confirmado: El rescate de la justicia será el hundimiento del magistrado Pretelt. Las penas de la justicia serán lavadas con el retiro o procesamiento del magistrado. Irónicamente, un político que nunca debió ser magistrado terminó siendo utilizado por los jueces para salvarse políticamente.

Las insólitas explicaciones de Montealegre y los silencios de Ordoñez sobre las ferias de nombramientos de allegados a jueces de las más altas Cortes de Colombia demuestran que nada cambiara. Y el Gobierno que impulsó y exigió a su mayoría parlamentaria que eligiera  como Contralor a una persona con los antecedentes de Maya que en 2016 cumple la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos será el que nombrara los jueces de los jueces. Queso para el ratón.

Pretlet por interés personal y no por convicción podría pasar de ser malvado a héroe si en su caída continúa revelando la manera en que se manejan los litigios en Colombia y como los magistrados se benefician de ello. Es tan desolador el panorama que la única esperanza de que sople algo de aire fresco en la cloaca que han convertido la justicia esta  en  su integrante más señalado.

Los magistrados que no quieren renunciar.

La realidad supera la ficción. Nadie imaginaria al Presidente de la Corte judicial encargada de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos grabando secretamente conversaciones privadas. Mucho menos esperaría que ese funcionario las filtrara a los medios de comunicación para “hacer justicia”. Tampoco esperaría que un exmagistrado que burlo la edad de retiro forzoso y se quedó tres años más hasta finalizar su periodo responsabilizara  a sus contradictores en la misma Corte por  cualquier cosa que le pueda pasar. En cualquier parte causarían sorpresa las declaraciones de otro magistrado justificando que particulares paguen gastos a miembros del tribunal debido a la inexistencia de “base logística” que le permita  a la Corte dedicarse a organizar eventos académicos. La sorpresa de la actual crisis no son los actos de corrupción mediante los cuales se arreglaban procesos en un alto tribunal sino la frescura y desparpajo de sus protagonistas, los cuales personalmente o por intermedio de sus abogados se han encargado de complicar su situación personal mediante declaraciones erróneas en los medios de comunicación.

Es tal el grado de confianza y seguridad  que algunos abogados cocteleros y lobistas tienen con relación a sus  actuaciones, que cuando iniciaba el escándalo el abogado de la firma involucrada que fue contratado en el momento posterior a la selección por la Corte Constitucional de la tutela mediante la cual  su  cliente buscaba  dejar sin efectos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo inconveniente en acompañar al Magistrado implicado en la acusación y mentirle a un periodista sobre su participación en el caso. Luego de ser descubierto indicó escuetamente que por su amistad con el juez y al verlo afectado por las denuncias de sus compañeros lo había acompañado a la entrevista a solicitud de un grupo de amigos. De esta manera un exmagistrado de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicaba su conducta. Días después se ha hecho pública otra acción de tutela en que los mismos protagonistas de esta historia como abogado y juez defendían a la firma Recaudos y Tributos para lograr que ésta firma continuara desangrando al municipio de Santa Marta por un contrato absurdo y contrario a los interés público que fue suscrito hace algunos años para la recaudación de los impuestos de la ciudad.

No podía faltar en esta historia el exitoso exmagistrado de la Corte Constitucional, hoy Fiscal General de la Nación quien se declaró impedido para actuar en el presente caso debido a que como abogado rindió por ochenta millones de pesos un concepto a Fidupterol indicando que por las actuaciones adelantadas en el caso de los dineros del departamento de Casanare no le cabía responsabilidad alguna. Un par de años después del millonario concepto las autoridades fiscales y judiciales dictaminaban todo lo contario y la empresa se iba a liquidación ante la imposibilidad de pagar por las obligaciones derivadas de las condenas en su contra por su intermediación en el manejo de los dineros del citado departamento. Estos exclientes del actual fiscal tuvieron menos suerte que Palacino y su amigos de Saludcoop, a quienes la justicia jamás llamó a rendir cuentas por el “manejo” de los recursos de la EPS.

Y… ha existido algún pronunciamiento gremial por lo ocurrido? Ninguno, aunque no se descarta que los mismos firmantes de la carta de apoyo al Magistrado Alberto Rojas de hace algunos meses, este pendientes de suscribir una nueva declaración de apoyo en respaldo a los compañeros injustamente acusados. Renuncié o no Pretelt, nadie cree en un proceso adelantado por la Comisión de Acusaciones, razón por la cual sería deseable que la facultades de derecho o el gremio de los abogados emitiera alguna declaración sobre el tema. El que calla otorga. La manera de impulsar los procesos por parte de los involucrados en este caso es un reflejo de la forma en que se manejan algunos casos ante la rama judicial en Colombia. Y mucha veces, como en este caso, los clientes se parecen a los abogados. Por eso, escuchar al defensor del magistrado señalado indicar que la ética no tiene relación con el derecho no debía estremecer a nadie. Más que una declaración errada fue una descripción de la realidad por parte de uno de los abogados del momento que hace de esa frase una forma exitosa de ejercicio profesional.

La renuncia no debía limitarse a Pretelt. Debían irse todos los magistrados que conociendo las calidades del personaje lo apoyaron con su voto para ser presidente de la más importante Corte del país. No es benéfico para Colombia que continúen en su cargo magistrados que graban a sus interlocutores de manera ilegal para luego redactar sentencias sobre la protección a los derechos fundamentales. La Corte no actuó con convicción propia sino que adoptó decisiones presionada por la opinión y los medios de comunicación. Cuando los magistrados vieron que podían venir por todos, soltaron al más débil a los lobos.

 Para los estudiantes, abogados y ciudadanos, la revelación de la manera en que se trafican influencias en las altas cortes debe generar una reflexión que permita considerar que si el derecho no se relaciona con la ética, la posibilidad de volver a tener confianza en la administración de justicia es ninguna.  Mientras se siga estimulando la figura del abogado canchero, serruchero y con contactos como la ideal de la profesión, episodios como estos serán el pan de cada día.

Tres años sin fiscal en Colombia

Hace tres años el Consejo de Estado determinaba que la elección de Vivian Morales como Fiscal General de la Nación se había realizado vulnerando el reglamento de la Corte Suprema de Justicia y por ello resolvió anular su elección. El expresidente Uribe y sus seguidores habían considerado un desacierto el nombramiento de una persona lejana a sus planteamientos como cabeza de esta institución y consideraban que dicha funcionaria había iniciado una suerte de persecución contra los probos funcionarios del gobierno que partió en dos la historia de Colombia. A los pocos días y luego de elaborarse de manera ágil la terna para la designación del fiscal fue elegido el abogado penalista Eduardo Montealegre, exviceprocurador, exmagistrado de la Corte Constitucional quien para esa fecha ejercía su profesión  de abogado asesorando a personas tan transparentes y  claras como Carlos Palacino, gerente de Saludcoop a cambio de algunos pocos millones de dólares. Su trayectoria académica aseguraba tener en el cargo a alguien que conocía del tema , además ser discípulo del exprocurador Bernal permitía inferir que podría realizar  una tarea similar a la de su maestro: Cuatro años dedicado a enterrar acusaciones importantes y hacer noticias con casos pequeños en que los encartados carezcan de patrimonio e influencias políticas.

Una nueva decepción tendrían el presidente Uribe y sus amigos. El nuevo fiscal asumió desde finales del 2012 de hecho el cargo de Ministro del Interior. Se convirtió en un defensor acérrimo del proceso de paz y con la reforma a la fiscalía quedó con un importante poder para designar miles de funcionarios. Realizó de facto una reforma al código de procedimiento penal y desde el caso de Siguifredo López a quien acusó de ser cómplice en el secuestro de sus compañeros diputado de la Asamblea del Valle, resolvió que la mejor manera de notificar el inicio de procesos y diligencias era a través de los medios de comunicación. La entrevista con W radio de esta semana donde notificó a Oscar Iván Zuluaga de su citación a la fiscalía es  la última de sus actuaciones en ese sentido. Parece que le hubiera ido mejor a los uribistas si Vivian Morales hubiera terminado su periodo como fiscal.

A 27 meses de la estafa colectiva de Interbolsa, sus principales autores intelectuales y beneficiarios de la misma continúan en libertad, algunos incluso viviendo fuera del país bajo la mirada asombrada de los estafados. Los  hallazgos de la Contraloría General sobre el mayor desfalco a la historia de la salud en Colombia calculado en 1,4 billones de pesos no tuvieron como consecuencia el inicio de acciones penales contra ninguno de los implicados en dicha defraudación. Su antiguo abogado, hoy fiscal general de la nación ni siquiera se ruboriza cuando se le pregunta sobre el tema. Los congresistas vinculados al escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes fueron reelegidos o se retiraron a disfrutar su pensión sin realizar siquiera una entrevista ante la fiscalía por las irregularidades ocurridas en esa entidad. La única acusación por la que demostró interés el ente acusador en los últimos tres años fue el proceso express realizado contra la excontralora Sandra Morelli, acaso la única funcionaria que se atrevió a pedirle explicaciones al fiscal por sus relaciones con Saludcoop EPS. Si a lo anterior adicionamos que  los procesados o condenados por procesos de corrupción salen del país para no atender sus procesos o cumplir sus condenas como en los casos de Liliana Pardo o Andrés Felipe Arias, tenemos una  idea de la nueva concepción de “justicia” que ha traído este oscuro periodo de la fiscalía.

Hace algunos años la Revista Semana denunciaba el carrusel de los magistrados mediante el cual funcionarios de la rama judicial eran encargados por meses de unos cargos en algunos despachos judiciales para duplicar o triplicar su pensión. Por esas conductas que perjudicaban el patrimonio del Estado fue procesado una secretaria del Consejo Superior de la Judicatura a quien se acusó de “manejar” esos nombramientos mediante elaboración de resoluciones que hacía firmar a los inocentes magistrados. Nada más se investigó por esos hechos y los magistrados siguieron en sus cargos y los nuevos pensionados disfrutan en la actualidad de sus millonarias mesadas. Esta semana que termina se anunció la captura de 48 profesores en Chocó que mediante documentación falsa querían subir sus pensiones de 1 a 2 millones de pesos. El CTI en pleno se encargó de la captura de tan peligrosos delincuentes y anunció que continuarían con los operativos para perseguir a quienes defraudaran al Estado.  Los profesores no tenían secretaria a quien culpar de su conducta ni su patrimonio era importante para eludir la actuación de la justicia.  Sin poder ni dinero no cumplían con los requisitos exigidos en la nueva era de la fiscalía para no ser procesados. Por eso, da risa cuando uno se pone a pensar que un personaje como el actual fiscal es uno de los principales defensores de la “paz” en Colombia.