Humberto De la Calle y la “salvación de Colombia”

El doctor Humberto de la Calle Lombana,  registrador en el Gobierno de Virgilio Barco, ministro en el Gobierno de César Gaviria, vicepresidente y embajador de Ernesto Samper, ministro y embajador de Andrés Pastrana, embajador de Alvaro Uribe y jefe del equipo negociador de Juan Manuel Santos se lanza nuevamente a la presidencia de la república, 23 años después de su primer intento, cuando perdió en la consulta interna del partido liberal con Samper, a quien se uniría después convirtiéndose en su candidato a la vicepresidencia, a la cual renunciaría en mitad del periodo cuando se convenció que el elefante se quedaría en su cargo la totalidad de su periodo y no existía la posibilidad que él fuera Presidente. (Decía Serpa sobre De la Calle en esa época, meses antes de su renuncia: “ Esto dijo el armadillo, sentado en un palo de coco, ni me subo, ni me najo ni me quedo aquí tampoco.”)

En el interregno de sus repetidos cargos como servidor público el doctor De la Calle por sus propios méritos ha integrado millonarios tribunales de arbitramento en los cuales se ventilan demandas contra la Nación.   ( Al último de ellos renunció y devolvió los honorarios pues tenía poca presentación ser negociador de paz medio tiempo y el otro medio ejercer la profesión de abogado en litigios en los cuales una de las partes era una entidad estatal.)  El barcogavirisamperpastraurisantista De la Calle representa a la perfección a aquellos personajes que posan de tecnócratas pero terminan siendo más habilidosos y acomodados que los roys barreras del común.

Su escudo para estas elecciones es la continuación del proceso de las farc. Solo él puede garantizar la continuidad del proceso con las farc que es amenazado por la “Colombia creyente” representada en el exprocurador cuya elección fue anulada por intercambiar puestos en la entidad que dirigía por su nominación con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y por el Centro Democrático del presidente Uribe que no ha podido escoger un candidato presidencial que tenga reconocimiento nacional y jure lealtad eterna a su mentor, razón por la cual no descarta ninguna alianza.

Colombia parece detenida en el tiempo en cuanto a las personas que hoy tienen al mando la dirección de algunas entidades públicas y algunos de los futuros candidatos presidenciales. La Procuraduría es ejercida por el exministro de Gaviria sancionado por sus actuaciones como Ministro en las épocas de Escobar pero liberado de dicha mancha por la mano revocadora del actual Contralor. La Contraloría es ejercida por el exprocurador Maya con la misma intensidad que actúo en el Ministerio Público, es decir, que salvo funcionarios de tercer nivel a quienes les embargaran hasta la risa, nadie se verá afectado por los procesos fiscales. La fiscalía es ejercida por el exministro de Justicia de Samper, exministro del Interior de Pastrana y fundador de Cambio Radical, quien además ejercía su profesión a la firma que recibió la adjudicación de la Ruta del Sol II  con bases a sobornos pero a quien le parece que no existe ninguna incompatibilidad entre haber sido abogado de los sobornadores y ser el fiscal que investigara los delitos que cometieron sus antiguos clientes.

Estos funcionarios de todos los gobiernos, abogados en representación de intereses del Estado o contra el Estado cuando no están ejerciendo funciones públicas son parte del establecimiento que se ha devorado a Colombia en las últimas décadas. La falsa dicotomía entre santismo y uribismo es esa. Si gana el representante de cualquiera de estas dos corrientes, los Martínez, Mayas. Roys Barreras, Carrillos y De la Calles de todos los pelambres seguirán plácidamente devorándose el Estado como servidores públicos, árbitros de millonarios litigios o abogados de intereses privados que tienen interés en decisiones estatales sin  siquiera ruborizarse.  Para evitar que los ciudadanos piensen en opciones distintas  se  dice que escoger a personas diferentes a las que han gobernado este país por décadas es ir tras los pasos de Venezuela. El éxito de esta promoción del miedo tendrá como consecuencia que en un año escojamos entre personajes de la talla de Vargas Lleras y Ordoñez que con mínimos matices seguirán gobernando en la misma línea de siempre, para los intereses de siempre.

Que en el año 2018 un camaleón como De la Calle sea una opción real a la presidencia es un síntoma alarmante de que nuestra generación no produjo líderes diferentes a los hijos de los mismos que se han merendado este país sin reparo alguno. El tema de fondo no es decidir entre uribistas y santistas que representan lo mismo y a los mismos sino entender que  la única manera de esperar un cambio en  este país es elegir a alguien que proponga algo distinto a repartir mermelada. Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo podrían ser una alternativa si unen sus fuerzas y no fraccionan el voto independiente. Lo contrario es seguir viendo a los desvergonzados de siempre saltando de cargo en cargo, de gobierno en gobierno sin responder por su actos.

Vargas LLeras: La reelección de Santos y Uribe

El turbulento inicio de 2017 en materia de escándalos de corrupción en el Gobierno Nacional en la última década con participación de funcionarios de filiación uribista y santista ( que hace un lustro era lo mismo)  han calentado el ambiente y adelantado el inicio de la campaña presidencial.

La reelección de Santos tuvo un costo inmenso para el erario público. Los caciques regionales que fueron determinantes en la segunda vuelta electoral de 2014 cobraron su apoyo al presidente por ventanilla. El elegido vicepresidente tomo para sí los ministerios de transporte, vivienda y se convirtió en el propietario de la gran obra pública en Colombia. La concentración de las megaobras en pocas manos y el castigo a quienes no hiciera la venia al vice-emperador se convirtió en la nueva ley. Por ello, uno es el trato al contratista del túnel de la línea por incumplimiento, al cual se le caduca el contrato y se provoca la liquidación de su empresa y otro es el trato a los financiadores de las campañas del actual presidente y vicepresidente, quienes lograron por sobornos acceder a la concesión de la Rutal del Sol II, a quienes se les termina el contrato sin sanción alguna. Cuando una de las empresas involucradas en el escándalo es del propietario de El Tiempo, la tercera parte de la banca, el mayor fondo privado de pensiones  y la cuarta parte de las APP, se presume la tierna inocencia de la organización y todos los órganos de control a una sola vez ofrecen el salvavidas al dueño del aviso. En circunstancias como estas, es donde se conoce quien es el verdadero patrón.

En medio de esta situación de confusión donde a diario se conocen noticias que comprometen a funcionarios y exfuncionarios de ambos gobiernos, renuncia el vicepresidente para iniciar la campaña que lo debe llevar a cumplir su destino de ser presidente de la república. Vargas Lleras tiene el mismo sentido de la lealtad que Santos y  las mismas buenas maneras de Uribe. En 2001 salto al uribismo una vez las encuestas dejaron de favorecer a Serpa y permaneció en el con representación en el gobierno hasta que el gran colombiano promovió una nueva reforma a la Constitución para su segunda reelección. Al perder en la primera vuelta de 2010, se unió al candidato Santos y permaneció como ministro de varias carteras en el primer mandato. Para las elecciones de 2014 aceptó la inclusión en el tarjetón en compañía de Santos a cambio de manejar con facultades  omnímodas el presupuesto de infraestructura del país. Hoy en las calles de algunas ciudades se le agradece por las casas gratis que regaló el generoso vicepresidente.  Su trato descortés, clasista y arribista es legendario. Increpa a todo el que no acepta sus órdenes y no tiene inconvenientes en golpear a sus subalternos para luego pedirles excusas sin siquiera mirarlos a la cara. En síntesis, es un frankestein elaborado con partes de Uribe y Santos. Su elección garantiza cuatro años de mayor concentración económica, autoritarismo y consolidación de élites regionales que gustan de un presidente que les pida votos, les entregue presupuesto y nos los vigile ni controle. De ñapa, sus hermanos nos recordarían a los emprendedores hijos del presidente Uribe.

El vicepresidente inicia la campaña con una ventaja que lo hace difícil de alcanzar. Un lustro de manejo del presupuesto, amigos beneficiados que deben cumplir sus compromisos y un fiscal que pasara su periodo explicando sus inocultables conflictos de interés que le impedirán indagar sobre las actuaciones de sus jefes políticos son el conjunto de situaciones perfectas para la llegada al poder de Vargas Lleras, quien por la mañana es santista y a la noche podría ser uribista.

Se comprueba una vez más que toda situación mala, es susceptible de empeorar.

La paz que divide.

No parece que se hubiera firmado el acuerdo que pone fin después de medio siglo a las farc como organización insurgente y permite su llegada a la actividad política como organización que participara en la vida política de Colombia. El final de una estéril y degradada confrontación en vez de unirnos como sociedad nos separa de una manera impensada. La idea de aniquilar al adversario y escupir sobre su lápida fue bien promocionada y tiene más seguidores que aquella de suscribir un acuerdo que trate en algo de remediar las exclusiones históricas de la sociedad colombiana.

Y nos venden la historia de la división del país entre santismo y uribismo, como si esas dos facciones no fueran en esencia lo mismo. Los santistas de hoy fueron los uribistas de ayer. Un puñado de dirigentes a quienes lo único que los conmueve es el acceso al presupuesto y las entidades oficiales para perpetuar su continuidad en el poder. Así, el odiado Roy de hoy era el compadre de Uribe ayer. Las alimañas que saquearon impunemente la dirección nacional de estupefacientes durante el gobierno de Uribe hacen parte hoy de la Unidad Nacional de Santos. Uribe gobernó ocho años sobre las espaldas de la misma coalición que Santos lo ha hechos los últimos siete. Y con los mismos métodos. Una diferencia entre ambos podría ser que mientras Uribe fracasó en el intento de ubicar cómplices suyos en la fiscalía y el ministerio público, Santos dio una clase magistral al colocar dos exministros suyos en estas posiciones para garantizar impunidad total sobre los hechos y acciones de su gobierno el próximo lustro. De manera especial, la repugnante elección de un batracio de todas las horas como Carrillo en la Procuraduría permitirá que no existan sanciones disciplinarias para sus cercanos en los años por venir. En la Contraloría, tuvo otro acierto Santos al imponer la elección de Maya, quien tiene probadas credenciales en omisión de cumplimiento de sus funciones en beneficio de quienes lo hubieren promovido al cargo. En la designación de fiscal y órganos de control Santos fue un alumno aventajado de Uribe.

Y nada mejor para terminar de dividir los ciudadanos de un país que mezclar las creencias religiosas en las decisiones públicas. Durante el segundo semestre de 2016 Colombia se mantuvo alerta a la discusión sobre la implantación de la ideología de género que pondría en riesgo la niñez y la juventud colombiana. Para lograr erradicar de raíz el tema, la exfiscal y ahora Senadora Vivian Morales y su angelical esposo presentaron un referendo que busca modificar la constitución para establecer que la adopción solo será permitida a parejas heterosexuales tan respetables como ellos. Ellos lo hacen por los niños. El partido del expresidente Uribe, tan ofendido y preocupado por la participación de los miembros de las farc en política, respaldo rabiosamente la propuesta del exguerrillero Lucio, quien ahora es un devoto cristiano que se ha convertido en un ciudadano ejemplar. Esperemos que la Corte Constitucional nos salve del exabrupto de legislar de acuerdo a las creencias religiosas de un grupo en particular.

En últimas, los acontecimientos de este año han mostrado que el pluralismo, la  tolerancia y la libertad son valores escritos en la Constitución pero que no tienen eco en el país de hoy. Seguimos siendo una parroquia conservadora, arribista, excluyente y señaladora que asocia una discurso sobre la inequidad con el comunismo donde continua siendo un escandalo que dos hombres o mujeres se besen en la boca pero que no tiene problema en que más de un centenar de defensores de derechos humanos sean asesinados por "fuerzas oscuras" Durante gran parte del siglo XX el discurso religioso estuvo más pendiente de la cama de los feligreses que de la acciones de los mismos. Y así, mientras se "controlaba" el líbido de hombres y mujeres, nos matamos en todas las formas imaginables por las causas más estúpidas posibles.

Hoy, que tendríamos la posibilidad de construir una nueva forma de relacionarnos, elegimos nuevamente dividirnos. El principal argumento de los opositores del Acuerdo Final con las Farc es la ausencia de justicia y la promoción  de la impunidad. Esos mismos actores denuncian en el exterior las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y piden asilo político en otras naciones cuando ellas les son contrarias. Es decir, quienes acusan al sistema judicial de corrupto son los mismos que se oponen al acuerdo por su ausencia de sometimiento a la justicia nacional.

Pareciera el camino abonado para la llegada al poder de un Frankestein tipo Alejandro Ordoñez quien poniéndonos a discutir sobre futilidades nos devuelva a finales del siglo XIX. Sería la mejor manera de continuar el statu quo de hombres blancos, heterosexuales, buenos y trabajadores tipo Pablo Victoria que dirigen a los coscorrones a la guacherna promiscua y vaga que necesita ser conducida con disciplina. Ojala no olvidemos las dolorosas lecciones del pasado.

Los escoltas de Ordoñez

El señor Alejandro Ordoñez Maldonado, exprocurador General de la Nación cuya segunda elección fue declarada nula por el Consejo de Estado después de un tormentoso trámite de varios años en los cuales el devoto jurista dedicó sus mejores esfuerzos a dilatar y enredar el proceso en su contra tenía a su disposición y la de su familia únicamente 16 carros blindados con más de 70 personas dedicadas a garantizar su seguridad. Las funciones de la Procuraduría no incluyen la acusación y persecución de delincuentes pues esa tarea la “cumple” la fiscalía general de la nación. El procurador es un representante de la sociedad que vigila el cumplimiento de la Constitución, defiende los intereses colectivos y es la suprema  autoridad en materia disciplinaria de los servidores públicos. Durante sus dos periodos como procurador, Ordoñez dedico su energía a imponer sus creencias religiosas  y sus doctrinas personales sobre el resto de los ciudadanos, destacándose por su persecución a las minorías en contravía del espíritu de la Constitución de 1991.

Los medios de comunicación informan desde la semana anterior que el ahora político Ordoñez suscribió un acto administrativo para mantener intacto su sobrio esquema familiar de seguridad hasta el año 2020. Luego de que se hicieran públicos los documentos mediante los cuales el exprocurador se había favorecido a sí mismo asegurándose un contingente de seguridad por cuatro años propio de Alejandro VI, con su amabilidad habitual manifestó que si era mucho inconveniente le quitaran su custodia pues él era protegido por fuerzas metafísicas.

El asunto de fondo no es que Ordoñez conserve o no su numerosa escolta. Es el abuso del poder en que sin rubor alguno incurren servidores públicos en Colombia a diario. ¿Cuántos exfuncionarios civiles y militares conservan de manera perpetua esquemas de seguridad que terminan como misión principal acompañando a las esposas de los ex a hacer mercados?

Los esquemas de seguridad pagados por el Estado y algunas veces por entidades privadas se  convirtieron en un accesorio de primera necesidad para arribistas y personajes del jeep set criollo que entienden que su nivel de importancia social es proporcional al número de escoltas y carros se seguridad que les abran paso. Causa risa el caso de individuos que únicamente están amenazados por sus propias acciones pero viven rodeados de escoltas que garantizan su vida de los múltiples criminales que quieren ponerle fin a su preciada existencia. Más risa causa ver a los seguidores de Ordoñez justificando su abuso en las declaraciones del delincuente Popeye, homicida oscuro y siniestro quien aumenta sus seguidores en redes sociales con sus lúcidos pronunciamientos sobre este y otros temas. Muy pocos argumentos deben tenerse para fundamentar una petición en los dichos de uno de los sicarios de Pablo Escobar.

Mientras se van descubriendo los abusos de personajillos de la talla de Ordoñez, el país completa un mes después del plebiscito que no respaldo el acuerdo final con las farc. Cada vez es más evidente que ninguna de las dos partes tenía un plan b y en la marcha ambas improvisan una posición que oculte su falta de planificación. Mientras tanto, nuestros políticos dedicados a los que más les gusta: campañas y puestos. Vargas Lleras, el único precandidato que ha tenido la oportunidad de manejar a su antojo tres ministerios en la época anterior a su elección inunda la prensa con sus “realizaciones” en todo el país y se enfrenta al gobierno al que pertenece por la reforma tributaria. El papá del Director de Planeación, celebra con el papa de Horacio el Concejal de Bogotá y el papá del Director de la Agencia Nacional de Tierras  la llegada a la Procuraduría del exministro de Gaviria y Santos, el doctor Fernando  Carrillo, indicando que es una conquista del glorioso partido liberal que de esta manera vuelve a apoderarse del Ministerio Público. En el Centro Democrático, los tres aspirantes a muñeco del jefe se pelan por salir en las fotos cerca del colombiano del siglo.  El partido conservador derrotado en las justas por la Procuraduría intenta posicionar a sus candidatos para el 2018.

Todos desde sus carros blindados y con escoltas pagados por los contribuyentes enfocan su interés a lo único que les importa: los puestos y los contratos.  Lo demás no tiene ninguna relevancia. Gane el que gane en año y medio ellos seguirán con sus esquemas de seguridad gobernando a Colombia con completa impunidad.

Bienvenidos al pasado

En su declaración tras los resultados del plebiscito el exprocurador y candidato presidencial Alejandro Ordoñez indicaba que “ Colombia defiende a la familia y a nuestros niños.” Minutos después el ganador de la jornada, el expresidente y senador Alvaro Uribe en la lectura de un comunicado que parecía el triunfo de su partido en la tercera vuelta presidencial manifestaba que “Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia sin ponerla en riesgo. Los valores de familia defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales.”

¿Cuándo se negociaron los valores de la familia en el acuerdo final de la terminación del conflicto entre el Gobierno de Colombia y las farc? Pareciera que más de un votante desinformado se opuso al acuerdo en aras de la salvación de la sagrada familia entre hombre y mujer que peligraba por los acuerdo de La Habana. Al contrario de la idea vendida por algunos jerarcas católicos y otros pastores protestantes sobre la depravación que azotaría Colombia por cuenta del cumplimiento de lo acordado, las farc son un ejemplo de organización machista donde la mujer no tiene cabida en puestos de mando y su papel no pasa de ser de acompañante de los hombres la organización armada. Ahora, hablar de ideología de género en las farc o en el acuerdo en general es lo mismo que hablar de modestia en Uribe o Santos. Es algo inexistente. No obstante lo anterior, ese argumento fue exhibido con seriedad por grupos religiosos que consideran que sus verdades de fe deben ser el faro que guíe a una sociedad en un país que parece querer regresar al pasado.

La Conferencia Episcopal  invitó a los colombianos a participar en el plebiscito con un voto informado y a conciencia, sin  tomar posición alguna por el sí o por el no. Contrasta esta posición con la adoptada en el plebiscito de 1957, cuando colaboró de manera decidida en el arrollador triunfo del sí que instauró el frente nacional. También es bueno recordar que la contraprestación por ese desinteresado apoyo fue la reforma del preámbulo de la Constitución, el cual rigió hasta 1991 y que era del siguiente tenor: “En nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como elemento esencial del orden social; y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano en plebiscito nacional Decreta:” Pareciera que en esta oportunidad al no estar en juego una reforma de la entidad de la realizada en 1957 sino únicamente la terminación del conflicto con la guerrilla más antigua del continente no valía la pena apoyar el sí en el plebiscito. Antes de 1991, celebraciones religiosas como el tedeum no eran de una confesión religiosa sino que eran propias de la religión de la nación que era un elemento esencial del orden social. Algo parece haber cambiado desde hace 25 años.

No teniendo intereses propios que defender la Iglesia Católica dejó a su suerte el plebiscito que buscaba apoyar los acuerdos para la terminación del conflicto con las farc. Los grupos cristianos alarmados por la presunta ideología de género promovida por una Ministra homosexual cerraron filas en torno a la reconstrucción moral de Colombia que comenzara el día que sea votado el referendo que busca constitucionalizar el principio según el cual solo un hombre y una mujer pueden ser adoptantes promovido por la senadora “liberal” Vivián Morales y cuya vocería recae sobre su esposo Carlos Alonso Lucio quien en todo un ejemplo de conversión  al pasar de ser guerrillero, asesor de paramilitares y expresidiario  a líder moral y evangélico de Colombia.  Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Uribe, el fenómeno político de inicios de este siglo en Colombia hizo propias las preocupaciones de estos grupos religiosos y en comunión con sofistas de la talla de Ordoñez hicieron profecías relacionadas con que la aprobación del acuerdo era la boleta de entrada al comunismo ateo que nos llevaría a la perdición. 

Más allá de la incertidumbre por el limbo en que entra Colombia por los resultados del plebiscito resulta preocupante el resurgimiento de intolerantes grupos religiosos que quieren incorporar a la ley sus dogmas tratando de enterrar los pocos  avances que en materia de pluralismo y laicismo se han  logrado en los últimos lustros. La historia del siglo XIX y parte del siglo XX cuenta guerras auspiciadas por creyentes que pensaron que Iglesia y Estado son lo mismo. Cuando se pensaba que se había superado esta oscura etapa, palabras como tradición, verdad y mayoría vuelven a aparecer en el ambiente y sirven de fundamento para ir por los derechos de la minoría. Ante un Congreso con tan bajo perfil y partidos sin doctrina, la Corte Constitucional se convierte en el último guardián de los derechos de los excluidos. Ojala tenga la fortaleza para resistir esta nueva cruzada de católicos y cristianos. Sería digna de un tedeum.

La hora final de Uribe

Al conocer la imposibilidad de ser reelecto en su cargo de presidente de la república, Don Miguel Antonio Caro quien ejercía la presidencia de Colombia en propiedad desde septiembre de 1894 después de la muerte de Rafael Nuñez pero en realidad era la cabeza del ejecutivo desde años atrás en su calidad de vicepresidente de la república quien ocupaba las largas ausencia temporales del presidente, el ultracatólico y autoritario líder conservador se dio a la tarea de escoger como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del sexenio 1898-1904 a dos ciudadanos que tuvieran la obediencia y sumisión a él como las virtudes más importantes de su personalidad. Escogió al octogenario Manuel Antonio Sanclemente como candidato a la presidencia y José Manuel Marroquín a la vicepresidencia. Elegidos para esos cargos, Sanclemente no pudo posesionarse como presidente  por razones de salud y Marroquín asumió el cargo  nombrando un gabinete con funcionarios diferentes a los sugeridos por Caro y ofreciendo unas reformas que contrariaban las ideas caristas. Desde ese momento, Miguel Antonio Caro se convirtió en el mayor opositor del gobierno que él había elegido y todas sus fuerzas se concentraron en torpedear las ejecutorias del gobierno de Marroquín. El enfrentamiento entre presidente y vicepresidente terminó con un golpe de estado mediante el cual Marroquín se apropió de la presidencia. En ese sexenio el país padeció la guerra de los mil días. A mediados de 1903, Caro como Senador se opuso exitosamente a la aprobación del Tratado entre Estados Unidos y Colombia para la construcción del Canal de Panamá por considerar, entre otras cosas,  excesivas las concesiones entregadas a los norteamericanos. En Noviembre de 1903 Panamá se separaba de Colombia.[1]  Este mesiánico personaje prefirió incendiar el país, auspiciar una de las peores guerras de la historia colombiana y dar la puntada final para la pérdida de Panamá antes de perdonar al traidor que oso ejercer la presidencia de Colombia sin seguir sus instrucciones.

Debido que nuestra historia se repite de manera recurrente, un siglo después, el presidente que impuso la candidatura   de su Ministro de Defensa a la presidencia  debido a la mala idea de su ungido de gobernar sin pedirle permiso se convirtió en el más recio opositor de su antiguo patrocinado. Su posición frente al proceso de paz se fue recrudeciendo en la medida en que fueron avanzando de manera exitosa las negociaciones que su exministro adelantaba con las farc. Aunque Uribe como presidente a través de su Comisionado de Paz trató de lograr acercamientos con la guerrilla para lograr avances en una terminación del conflicto que incluyeron la liberación sin contraprestación de líderes de ese movimiento como alías Rodrigo Granda, su posición respecto de los diálogos de Santos siempre ha sido negativa, tildando la postura del actual gobierno de entreguista y propiciadora de la impunidad. El fin del conflicto que imagina el presidente pasa por ver a los cabecillas de la guerrilla muertos, encarcelados o desterrados mientras entregan sus armas, permitiendo generosamente la participación en política de los impúberes de la organización guerrillera.  La negociación sobre temas de propiedad rural es calificada como una traición y pareciera que nada debe ser cambiado en el país con mayor inequidad de América Latina después de Haití. Al igual que Caro hace un siglo, Uribe prefiere incendiar al país antes de dar una oportunidad para la paz con argumentos tan frágiles como el costo del cumplimiento de los acuerdos. Los sacrificios económicos se justifican en su sentir únicamente para aniquilar a las farc por la vía militar. Nadie tiene derecho a preguntar por costos y medios de pago cuando esos son los motivos. Todos los gastos en que se incurrirá por cumplir lo pactado entre gobierno y farc son recursos perdidos. Mientras sus áulicos lo aplauden el padrino político del actual presidente recorre ciudades y pueblos de Colombia haciendo lo que más le gusta: dividir. La derrota que sufrirá el próximo 2 de octubre marcara el inicio de una nueva etapa en Colombia en la cual el país podrá decir que aprendió las lecciones del pasado. No sería justo que viviéramos otro siglo de guerra por la arrogancia de un líder que se niega a reconocer que su hora ha terminado.

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[1] El Libro Odios Fríos de Gonzalo España (Grijalbo. 2016) describe de maneara inmejorable la atmósfera del poder a finales del siglo XIX en Colombia.

Castrochavismo e impunidad en el acuerdo final de paz

A una semana de la suscripción del acuerdo que pone fin a las negociaciones entre la guerrilla de las farc y el gobierno colombiano, sus opositores repiten a diario diatribas en las cuales se indica que la impunidad es el común denominador del acuerdo que llevará a Colombia por la misma senda de Venezuela y Cuba, en lo que denominan el castrochavismo.

La acusación referente al ingreso del país al castrochavismo no tiene fundamento diferente al capricho de quienes la emiten. En el Gobierno del presidente Santos se han suscrito acuerdos internacionales de inversión con la Unión Europea, Corea, Singapur, Francia y Turquía. Se ha continuado la política del gobierno anterior de ofrecer condiciones especiales de inversión a los extranjeros para que depositen sus recursos en Colombia. La utilización de los contratos sindicales (aquellos que hacen sindicatos con empresas)  se han convertido en el modelo perfecto de tercerización sin que a la fecha se hubiere tomado correctivo alguno. Las reformas tributarias realizadas durante el Gobierno han tenido como fundamento la ampliación de la base tributaria antes que el aumento de tarifas para los contribuyentes con mayores ingresos. Las modificaciones  al régimen de contratación en el cual se eliminó el pago de anticipos ocasiono una singular concentración de la obra pública en pocas manos. Gracias a lo anterior el dueño de la tercera parte del sistema financiero y  propietario del principal diario nacional es ahora el actor más importante en las obras de infraestructura vial del país. Por último, las respuesta del Gobierno a las denuncias sobre acumulación ilegal de baldíos en el sur del país por empresarios nacionales y extranjeros lejos de abrir camino a sanciones ejemplares a quienes en asocio de sus abogados sofisticados cometieron tales acciones ilícitas ha sido promover leyes para sanear esas titulaciones y respetar la “buena fe” de los acumuladores de baldíos.

El acuerdo final en materia de propiedad no establece una expropiación masiva de tierras rurales. La ley de restitución de tierras expedida hace más de un lustro con sus pírricos resultados es el antecedentes más próximo del acuerdo. Fieles a nuestra tradición histórica, creamos leyes innovadoras que promocionamos a nivel internacional ruidosamente pero a nivel interno su ejecución o cumplimiento es nulo o inexistente. En las diferentes intervenciones, tanto del presidente Santos como del jefe del equipo negociador y futuro candidato presidencial Humberto De la Calle siempre se reitera que en los acuerdos no se tocó la sagrada propiedad privada, elemento fundacional de nuestra república. La queja más sentida es la realización de un nuevo catastro rural que traerá como consecuencia el aumento del impuesto predial de las propiedades rurales. Eso, en sí mismo sería una revolución pues muchas de esas propiedades siguen tributando sobre valores catastrales del siglo XIX sin que ningún gobierno se atreva a actualizar a precios reales el valor de las propiedades so pena de ser etiquetado de comunista.

Salvada la propiedad privada, garantizada la inversión extranjera con el compromiso de solución de conflictos en tribunales internacionales de tan grata recordación y mejores resultados para el país, los dardos se lanzan contra la posibilidad que los miembros de las farc puedan ser elegidos a cargos públicos. Y allí, el expresidente Uribe, él mismo que recomendaba a los parlamentarios de su coalición que votarán por los proyectos de su gobierno antes de ser privados de su libertad por la comisión de delitos que iban desde el concierto para delinquir hasta el homicidio, es inflexible: No puede participar en política aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Y suena muy bien. Los criminales que incurrieron en estas conductas no deberían tener derecho a ser elegidos para corporaciones públicas. El único inconveniente de esa tesis es que negarles la elegibilidad política a los miembros de un grupo alzado en armas y reconocido como tal por el mismo Estado con el cual negocia es matar la posibilidad de cualquier acuerdo. Medio siglo después de la creación de las farc  gracias a los buenos oficios del abuelo de  la senadora Paloma Valencia, el acuerdo entrega una participación mínima en el Senado y la Cámara para los periodos de 2018-2022 y 2022-2026. El 5% del Senado y el 3% de la Cámara de Representantes será integrados por representantes de las farc, convertidos en organización política. En el mejor de los casos podrán realizar uno que otro debate pero esa ínfima participación no les permite otra cosa que ser un grito entre la multitud. Se plantea que en la Colombia del sur, la pobre que nadie visita y nadie representa se crearan unas circunscripciones especiales (16) para la elección de representantes a la Cámara de esas regiones que jamás han tenido vocería en el Congreso. En su elección no participarían los actuales partidos sino que sería una competencia entre el nuevo partido de las farc y otras organizaciones. Concediendo que las farc ganaran todas estas circunscripciones, su participación en la Cámara sería del 10% de la totalidad de integrantes de la misma.  Algunos dicen que ese es el inconveniente, que “regalarles” esa participación ocasionara que comiencen su proyecto político y lo más preocupante es que podrían llegar a la mismísima presidencia. Compartiría esa tesis si estuviéramos ante una organización alzada con algún apoyo popular de importancia, sin embargo las farc son el mayor enemigo de las farc. Lo son con el discurso arrogante y soberbio que mantienen aún después de finalizar las negociaciones. Márquez y sus muchachos se niegan a pedir perdón por sus actos atroces y esa actitud hace más daño que cualquier condena que pueda imponerles un juez. Su falta de generosidad y reconocimiento con la oportunidad que la sociedad les está entregando será una de las claves de su fracaso político. Las explicaciones que no quisieron entregar y las excusas que se han negado a presentar serán exigidas por los colombianos en los diferentes escenarios en que incursiones en la vía pública y allí ya desarmados la disyuntiva política será explicar o desaparecer. Mantener la misma actitud que hasta ahora han tenido tendrá como resultado su aniquilamiento político.

¿Generan impunidad estos acuerdos? La respuesta sería positiva si tuviéramos encarcelados a los cabecillas guerrilleros y fruto de los acuerdos salieran libres y exentos de toda culpa. La justicia transicional descansa sobre la base de contar la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto interno en medio siglo. ¿Se contará toda la verdad? Por supuesto que no. Tendremos apenas un acercamiento a lo que ocurrió estas décadas. Pensar que la finalización del proceso sería la imagen de los cabecillas de las farc entrando a la cárcel modelo implicaría que hubiera existido no una negociación sino un triunfo militar del Estado. Parte de lo sapos que no debemos tragar para finalizar con el conflicto con las farc es soportar que sus cabecillas no irán a prisión y participan en política. El tema no debía sorprender tanto a los colombianos. Durante el gobierno de Alvaro Uribe se cometieron miles de falsos positivos, eufemismo para nominar el asesinato y la desaparición de civiles por las fuerzas armadas acusados de ser miembros de la insurgencia. Hoy están en prisión los soldados y mandos menores que participaron en estos operativos. El entonces Ministro de Defensa de la época donde ocurrieron estos hechos es hoy presidente de la república y el entonces presidente es el jefe de la oposición. Pareciera que en los actos atroces de la guerra colombiana, los guerrilleros rasos actuaban en nombre de los comandantes de la organización pero los soldados actuaban en nombre propio, de tal manera que los jefes guerrilleros si son responsables de estas acciones pero los mandos militares son inocentes o víctimas de la sesgada justicia colombiana. La impunidad por los actos cometidos por ambas partes será uno de los costos que serán asumidos en este proceso.

En últimas, para los colombianos que vivimos en las principales ciudades del país no cambiara de manera sustancial la vida después del acuerdo. Así como la guerra se ha mirado con indiferencia y por televisión, los acuerdos para finalizar la misma y sus efectos no tendrán mayor relevancia. Seguiremos escuchando a Julito y Casas preocupados por el aumento en las tarifas de primera clase entre Madrid y Bogotá mientras en la noche la televisión nos entretiene con la edificante vida de Diomedes Diaz o Galy Galeano. Por nuestra desconexión con ese país que queda en el sur que lleva 50 años en guerra, no tenemos derecho para oponernos al acuerdo al que han llegado el gobierno y las farc. Fundamentar la oposición al acuerdo en la impunidad de unos señores que si no fuera por él mismo jamás acudiría a un juzgado o levantar el dedo acusador para señalar que vamos tras el camino de Venezuela no deja de ser una arenga desorientadora y mentirosa que solo quiere jugar con el miedo y la ignorancia de los ciudadanos. El apoyo al acuerdo de paz nace de una visión pragmática de los habitantes de un país mamados de una guerrilla soberbia y asesina que piensan que vivirán mejor sin tener que soportar una guerra absurda en la que se dedica la mayor parte del gasto público a mantener el más numeroso ejército de Suramérica mientras se desatienden otras necesidades prioritarias de la población.  Si no podemos tolerar que unas personas con ideas que no compartimos participen en la actividad política y consideramos que su único destino es la cárcel o el cementerio nos merecemos otros 100 años más de guerra, gobernados por los mismos grupos y personajes que han sido exitosos en vendernos la idea que esto que hemos vivido hasta ahora es la normalidad.