Borracho rico y borracho pobre

Debido al incremento de accidentes automovilísticos con consecuencias fatales en los cuales los conductores que los causaban se encontraban en estado de embriaguez, la Fiscalía  General de la Nación comenzó a variar la tipificación del delito de homicidio culposo a homicidio en la modalidad de dolo eventual con la finalidad de poder solicitar penas más severas para los ciudadanos que incurran en esa conducta delictiva.  La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de agosto 25 de 2010 validó la teoría del dolo eventual y en virtud de ello un conductor  que en estado de embriaguez  chocó con otro vehículo y ocasionó la muerte de sus dos ocupantes fue condenado a 18 años de prisión.  Haciendo a un lado la discusión estrictamente jurídica sobre la modalidad culposa de esta clase de delitos, es preciso contrastar eso con el tratamiento que han tenido recientemente casos similares.

Hace algunos meses un conductor en estado de embriaguez arrolló una caravana de motociclistas en la vía al municipio de La Calera en la ciudad de Bogotá, ocasionando la muerte de tres personas. Hace algunos días por diferentes medios de comunicación  se anunciaba el acuerdo logrado entre el conductor detenido y los familiares de las víctimas por el cual el primero pagaría a éstos más de mil cuatrocientos millones de pesos y a cambio de ello la Fiscalía cambiaría la modalidad del delito de homicidio doloso a culposo, con el cual la pena no pasaría de cinco años, los cuales con estudio y trabajo quedarían reducidos  a menos de la mitad, además de poder pasar el tiempo de la pena en detención domiciliaria. Algo similar sucedió  con otro conductor que en estado de embriaguez ocasionó la muerte de varias personas al norte de Bogotá.

Si el acuerdo a que ha llegado la sociedad es que debe castigarse con severidad  la conducta de quien causa daños como consecuencia de manejar un vehículo en estado de embriaguez debe por los menos ser motivo de reflexión si el tratamiento que se otorga a los infractores de esa norma difiere de manera sustancial si quien comete el delito tiene recursos o no para reparar a las víctimas del delito. La reparación es un derecho de las víctimas y un deber del victimario pero  cuando se convierte en un factor que modifica la modalidad culposa de un delito se abre el camino hacia la discriminación de los ciudadanos en razón de sus recursos económicos y se quiebra el principio de igualdad de todos ante la ley.  En otras palabras, si el hecho de tener recursos garantiza una menor pena al propietario de los mismos, el sistema penal está propiciando una justicia diferente de acuerdo a la clase social del infractor de las normas penales.

Esas sutiles diferencias en el tratamiento de los ciudadanos promovidas desde el Estado y consolidadas en el acontecer diario son las que profundizan las situaciones de inequidad existentes en Colombia.  Solo cuando se recupere la igualdad de todos ante la ley comenzará el verdadero fin del conflicto, que es mucho más que firmar un documento con las farc.

La impunidad como regla. De Samper a Valerie Dominguez

Desde que Ernesto Samper lleva a juicio a periodistas por la vulneración de su honra es posible que todo pase en el sistema legal colombiano. ¿Cuántos procesos por injuria y calumnia llegan a juicio? Son tan pocos y precisamente el iniciado por quien llegó al poder gracias a los aportes del narcotráfico es uno de ellos. Aunque Claudia López fue absuelta de  las acusaciones de la Fiscalía, siempre quedara  el recuerdo de un proceso absurdo promovido por quien casi dos décadas después de los hechos sigue sin reconocer su responsabilidad y vende la teoría según la cual Fernando Botero y Santiago Medina ingresaron a su campaña con el único fin de enriquecerse con la solicitud de aportes económicos a los narcotraficantes. La otra explicación es peor, él recibía apoyo ilimitado de Bavaria, empresa dedicada a la venta de bebidas embriagantes. En ambos casos su presidencia se consiguió con el apoyo de los empresarios del vicio. La decisión de la Cámara de Representantes de no  acusar al Presidente  ante el Senado  debe ser respetada por todos los ciudadanos en un Estado de Derecho y esa ha sido la patente de corso que exhibe Samper para seguir opinando sobre todos los aspectos de la vida nacional.  Así como existen campeones sin corona, coexisten culpables sin sentencia.

Estas semanas han ocurrido hechos que permiten confirmar el crecimiento y consolidación de la impunidad selectiva en el país. Julio Gómez, permanece libre luego de una condena irrisoria de cinco años de prisión por los delitos relacionados con la contratación en Bogotá. Una exigua devolución de dinero puso a salvo su cadena de empresas contratistas públicas de propiedad de sus familiares. Emilio Tapia y Alvaro Dávila, cómplices del carrusel de contratos en el Distrito se convierten en testigos estrella y en el peor de los casos pagarán penas exiguas y saldrán indemnes del saqueo realizado a Bogotá en el nefasto periodo de Samuel Moreno, a su vez nieto e hijo de insignes custodios de los recursos públicos que incrementaron su patrimonio sin castigo en las épocas de la dictadura de su abuelo. Nunca fue más apropiado el refrán según el cual “ lo que se hereda, no se hurta.” Finalizando con la actriz y reina Valerie Domínguez quien solicitó subsidios del programa Agro Ingreso Seguro a su nombre y luego de que fuera destapado el escándalo de irregularidades en dicho programa optó por devolverlos indicando que había sido engañada por su novio y la familia de éste. La familia beneficiada que obtuvo miles de millones al dividir sus propiedades para tomar más recursos realizó un acuerdo con la Fiscalía, declaró en contra de la peligrosa exreina, devolvió los dineros recibidos y fue condenada a pocos meses de prisión, los cuales no deberán pasar en ningún centro penitenciario. La actriz fue declarada inocente por el juez con argumentos que rayan en lo insólito. Como colofón ni reina ni familia fueron alcanzados por ninguna sanción, más allá de las carátulas de revistas del corazón que narran el “drama” de  estos personajes de novelón criollo.

Como si lo anterior fuera poco, la Ministra de Justicia presentara un proyecto de ley en el cual  se pretende implantar la posibilidad de purgar penas en todos lugares menos en centros penitenciarios. Hace algo más de un año el Presidente Santos anunciaba el hallazgo del escándalo de corrupción más grande de la historia en el campo de la salud, situación que tuvo como consecuencia la intervención de Saludcoop. Pocos meses después ternaba para fiscal general al abogado de ésta entidad quien es propietario de un inmueble en un conjunto cercano a Villavicencio en compañía de funcionarios y contratistas de Saludcoop, personajes tan distinguidos como el hijo del excontralor Turbay, nieto del inolvidable luchador por la pulcritud de la república, Julio Cesar Turbay Ayala. Después del anuncio presidencial, no existió la más mínima investigación y pareciera que no  ocurrió nada. De otra parte, uno de los aspectos que se debatirán en los nuevos diálogos de paz es la extinción de penas para los miembros de las farc. De esta manera, quienes cometieron delitos de lesa humanidad no deberán siquiera disculparse con sus víctimas.

La lección es sencilla: El delito paga. Una sociedad en que los delincuentes tienen la certeza de que no recibirán castigo por sus delitos necesita mucho más que un proceso de diálogo para vivir en paz. 

Participación ciudadana. De la teoría a la práctica.

La ampliación de mecanismos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos fueron dos banderas de la Constitución de 1991. Los textos que comentan asuntos constitucionales de Colombia describen con lujo de detalles la abundancia de formas en que los ciudadanos pueden participar en los asuntos del Estado. Sin embargo, el camino de la teoría a la práctica ha demostrado que todo quedo en deseos.

El actual presidente del Congreso ha sido militante del Partido Liberal, Cambio Radical y ahora del Partido de la U. Igual ocurre con varios parlamentarios que cada periodo modifican su filiación partidista. El último candidato liberal a la Presidencia fue Ministro de Defensa de  César Gaviria, apoyó a Andrés Pastrana en la Alianza por el Cambio, lideró la modificación a la Constitución para la reelección de Alvaro Uribe, rivalizó con Santos en las últimas elecciones presidenciales y es ahora Ministro de Trabajo. Los liberales terminaron convertidos en una minoría presidida por un delfín que apoya la reelección en la Procuraduría de un personaje que confunde la Iglesia con el Estado, acaso uno de los principios fundadores de esa organización política. El Partido Conservador nunca volvió a presentar candidato propio para elecciones presidenciales. Además del proceso de desmaterialización de los dos partidos históricos, se crean partidos cuya aspiración de permanencia histórica no supera un periodo legislativo. El pasado 30 de septiembre el Estado gastó no menos de 35.000 millones de pesos en unas inoportunas consultas internas de tres partidos políticos en las cuales participaron 500.000 ciudadanos y votaron por la integración de comités internos de MIRA, los delegados al Congreso Nacional del Polo Democrático y los delegados al Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Verde.  Las normas que regulan la materia han logrado destruir lo que existía y han promovido los partidos de oportunidad que tienen como única finalidad la próxima elección.

Con los mecanismos de participación ciudadana, la situación es parecida. El único referendo realizado (promovido por el Gobierno) no tuvo efectos en su gran mayoría de preguntas por no alcanzar el número mínimo de votantes. Sacar más de la cuarta parte del censo electoral a votar sin el apoyo de las maquinarias de siempre es una tarea casi imposible. Eso explica porque el Procurador Ordoñez propone que los temas del aborto sean sometidos a referendo. La revocatoria del mandato, promocionada como la figura que permitiría el control ciudadano sobre sus gobernantes ha sido un estruendoso fracaso. Se han realizado 37 revocatorios en diferentes municipios de Colombia y en ninguna de ellas se ha logrado reunir el 50% de los votos que participaron en la elección en la cual fue elegido el mandatario que se solicita revocar. La forma como  está diseñada la figura implica el gasto de dos campañas, una para revocar y otra para elegir al nuevo mandatario, situación que trae como consecuencia un costo económico demasiado alto para quienes está interesados en impulsar el uso de este mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito no ha sido utilizado, mientras que la iniciativa popular no ha tenido mayor trascendencia. El Cabildo Abierto ha tenido algún desarrollo en los municipios y la Consulta Popular fue exitosa en el caso del Día sin carro en Bogotá realizada en 1997, anotando que coincidió con la fecha de votación de  elecciones de autoridades locales. En síntesis, las iniciativas que han provenido de grupos ciudadanos referidos a revocatorias e iniciativas populares no han tenido ningún éxito.  Sería el momento de repensar la normatividad que rige los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de darles la vitalidad de la cual han carecido después de más de dos décadas de la expedición de la Constitución.

El Procurador como espejo de la sociedad colombiana.

Alejandro Ordoñez Maldonado es un reflejo de la manera como se ejerce el poder en el sector público en Colombia. Hace cuatro años, sus excompañeros del Consejo de Estado lo ternaron con varios meses de anticipación a la elección, situación que le permitió hacer una prolongada campaña, en la cual convenció a todos los sectores del Senado de apoyar su postulación a la Procuraduría General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, demoró varias sesiones la elección de su candidato, razón por la cual cuando eligió a Camilo Gómez, ya no existía manera de hacer contrapeso a la segura designación de Ordoñez. El Presidente Uribe postuló al profesor Bustillo a sabiendas que tendría más posibilidades de ser designado Fernando Vallejo santo pontífice en un cónclave, que el noble profesor en la Procuraduría. Una vez posesionado en el cargo,  suscribió su primer fallo absolviendo de manera escándalos a los Ministros del Interior y de Seguridad Social del proceso disciplinario que su antecesor de manera cobarde no terminó. Y allí comenzó su cruzada por  las buenas costumbres y su obsesivo tema de obstrucción a las políticas de planificación familiar, a pesar de que una de cada cinco  adolescentes colombianas es madre.

Una vez finalizó el gobierno del Presidente Uribe, arremetió contra los funcionarios de ese gobierno y se convirtió en su perseguidor.  Descubrió todas las faltas disciplinarias una vez que los funcionarios no detentaban ningún poder. Los procesos disciplinarios avanzaban de acuerdo al poder político de los cuestionados. De esta manera, en el escándalo de la entrega de dineros por departamentos y municipios a Fiducias para su administración que finalizó con la pérdida de millonarias sumas de dinero, descubrió que los culpables eran los Tesoreros y Secretarios de Hacienda y procedió a absolver Alcaldes y Gobernadores, que en algunos casos habían sido condenados en primera instancia como González Mosquera del Cauca. Las Procuradurías Regionales continuaron como en épocas de Maya Villazón convertidas en estancias temporales de recomendados políticos de sus electores. .La campaña para la reelección no comenzó hace unos meses cuando en el diario El Tiempo solicitó al Presidente que lo ternara sino hace un par de años cuando absoluciones como las señaladas comenzaron a favorecer a aliados políticos de sus electores, los Senadores de la República.

Ante la invitación pública del Consejo de Estado para los aspirantes a la Procuraduria y la demora del Presidente en la nominación de su candidato, la Corte Suprema de Justicia, la misma que hace cuatro años demoró meses la elección de su candidato después de un proceso de selección con varios aspirantes, decidió en una sola sesión que su candidato era Ordoñez, coincidencialmente  el mismo superior jerárquico de familiares y amigos de varios magistrados.

Para evitar inhabilidades  a la hora de votar, la actual esposa del Presidente del Senado, Roy Barreras renunció a su cargo en la Procuraduría. A Ordoñez lo elegirá, el mismo Senado que votó sin inmutarse la Reforma a la Justicia y su victoria será avasallante. A Corso, Iragorri, Benedetti y compañía poco les importa que el representante de la sociedad sea fanático  o ateo, siempre y cuando los funcionarios que designa sea coincidencialmente amigos suyos. Mientras todos discutíamos sobre el aborto, los derechos de los homosexuales y la castidad del Procurador, Ordoñez ajustaba los votos para prolongar cuatro años su permanencia en el Ministerio Público. Una vela a Dios y otra al diablo. Su reelección como representante de todos en cierto modo nos da una idea de la sociedad que hemos forjado en la cual  un funcionario público se burla ante todo un país de una decisión judicial que le ordena una rectificación y en cambio realiza una ratificación.  

Juzgando a Venezuela desde Colombia

Faltando poco más de un mes para las elecciones presidenciales de Venezuela donde Hugo Chávez aspira ampliar su mandato hasta 2019,  causa especial atención la manera displicente en que algunos comentaristas se refieren a la realidad de ese país. Los apuntes irónicos sobre la forma chavista de gobernar que centraliza todo en manos del ejecutivo, el papel secundario del Congreso, la cooptación del poder judicial y la falta de espacio a la oposición son recurrentes. A lo anterior se suman los continuos atropellos a la libertad de prensa. Contrasta la anterior situación con la solidez institucional colombiana que tiene al país en la mira de la inversión extranjera y del crecimiento económico. Pareciera que la comparación entre ambas situaciones  dejara un saldo bastante favorable a Colombia.

Cuando se comienza a ver la viga en el propio ojo, encontramos que muchas de las situaciones que repudiamos y juzgamos como insólitas, se producen en nuestro diario acontecer sin que apenas nos demos cuenta. La reforma a las regalías fue un golpe contra la descentralización promovida en la Constitución de 1991, en adelante en Bogotá se definen las prioridades de inversión en las regiones del país. El Congreso de la República se convirtió en un notario del presidente de turno. De la absolución a Samper a la aprobación de la fallida reforma a la justicia, el Congreso ha demostrado su incapacidad para ser un contrapeso del ejecutivo. El poder judicial ha demostrado que sus miembros gozan de intangibilidad cualquiera sea su comportamiento.  La manera en que fue ternado para su reelección el actual Procurador demuestra el grado de clientelización  de las cortes.  Con relación a la libertad de prensa, puede indicarse que aunque formalmente existe, especialmente en provincia quien se opone al gobernador o alcalde de turno tiene pocas posibilidades de subsistir debido a que la mayor fuente de financiación es la pauta oficial. A nivel nacional,  es tan  independiente la prensa, que el sobrino del presidente dirige la revista más leída del país, el director del diario de mayor circulación tiene a su hermana como embajadora en Brasil  y uno de los  pocos periodistas de oposición es Francisco Santos, primo hermano del presidente.  De otra parte, ante las denuncias por los tratos a sus trabajadores, una empresa petrolera se convirtió en patrocinadora de la selección Colombia y principal anunciante del programa de mayor audiencia radial en la mañana. El Tiempo, principal diario del país fue adquirido por el dueño de la tercera parte del sistema bancario y hombre más rico del país, con intereses en los más variados sectores. La autocensura es evidente y quienes se salen del libreto corren la suerte de la Revista Cambio.

La existencia de división de poderes y ejercicio de libertades son características de los  estados democráticos. La rotación en el poder es necesaria y saludable pero por sí sola no garantiza estos logros. Nada peor para cualquier nación que el mesianismo de un individuo que pretende dirigir un país hasta su desaparición física debido a que convierte su parecer en ley.  Sin embargo, que esto no ocurra no significa que muchos de los problemas que vemos en el espejo no los padezcamos nosotros mismos. El problema de la “normalidad democrática“ es que vuelve todo justificable y de aceptación sumisa por los ciudadanos. Ojala no necesitemos un Chávez, para darnos cuenta que algunas de las cosas que señalamos  de Venezuela hace tiempo ocurren entre nosotros.

Los diferentes significados de la paz.

Después de diez años y seis meses de la terminación de los diálogos realizados con las farc durante el gobierno de Andrés Pastrana, inicia una etapa de acercamientos con esa guerrilla para adelantar un proceso de diálogos que permita poner fin al enfrentamiento de ese grupo con el Estado colombiano. Todos esperamos que llegue el día en que finalice el conflicto con los grupos guerrilleros que ha dejado miles de muertos en casi medio siglo. El inconveniente es que existen diferencias sustanciales sobre lo que consideramos debe ser el resultado de un proceso de paz con las farc.

Algunos aseguran que la desmovilización total de la guerrilla sin condiciones y su sometimiento a la ley de justicia y paz es la salida al conflicto. Sustentan su posición en la declaratoria internacional de terroristas de las farc  y en su relación con el narcotráfico. No aceptan darle condición de interlocutor para dialogar sobre aspectos estructurales del país. Su futuro político depende del fracaso de las negociaciones de paz. Hace doce años Alvaro Uribe peleaba con el margen de error de las encuestas a escasos 20 meses de las elecciones. Su posición crítica al proceso de paz lo convirtió en el primer presidente que triunfó en primera vuelta desde la Constitución de 1991. A sus herederos políticos, comenzando por el exministro Zuluaga no les parecerá  nada descabellado repetir la fórmula.

Otros esperan que en la mesa de diálogos se realice un debate sobre todos los temas del país y los acuerdos sobre los mismos se  reflejen en una Asamblea Constituyente. No deben existir temas vetados y el bien máximo de un acuerdo de paz, merece cualquier sacrificio por parte del Estado. Las farc deben ser reconocidos como alzados en armas que representan legítimos intereses de un sector de la sociedad que jamás han sido escuchados. Los sectores afines a este pensamiento solicitaran espacios en la mesa de negociación para “contribuir” a la eficacia del proceso. Cualquier persona que opine de manera diferente será llamada “enemiga de la paz”. La gran pregunta que surge de esta posición es cual puede ser la legitimación de un grupo alzado en armas para llegar a acuerdos que resulten obligantes para el Estado cuando su representación de la sociedad, es en el mejor de los casos, escasa.

Para otros, no existe conflicto. La desaparición de las farc de los centros urbanos del  país ha traído como consecuencia la invisibilización misma del conflicto. Una persona de ingreso medio alto que trabaje en alguna de las grandes capitales y no tenga relación con sectores rurales, apenas conocerá la existencia de dificultades en la eventualidad que lea diarios. La incidencia en su vida de un conflicto en el Cauca es parecida a la que puede tener el cambio de gobierno en Siria. Para ese sector, cada vez mayor debido a la concentración demográfica en las ciudades, una salida negociada con las farc hace un tiempo dejó de ser su principal preocupación, y el tema solo es relevante en la medida que pueda afectar su situación económica.

Corresponde al gobierno actual conservar el equilibrio entre las diversas posturas existentes para lograr darle legitimación a los acuerdos que puedan llegarse a suscribir con la guerrilla. Las reformas y los anuncios adelantados por el presidente Santos en la primera mitad de su gobierno deberían allanar el camino. Leyes como la restitución de tierras y la igualdad en la prestación de los servicios de salud para todos los colombianos no habrían tenido éxito en el pasado y serían la consecuencia de un acuerdo de paz. Al existir estas normas en el ordenamiento legal y las sentencias emanadas de la Corte Constitucional en temas como el desplazamiento, parecería que la agenda a tratar debe tener un contenido menor a la de diez años antes.

La consolidación del proceso y los eventuales acuerdos que se realicen dependerá de que todos compartamos el mismo significado de la paz. Olvidar las posiciones de las diferentes partes es abrir la puerta para el inició de otra espiral de violencia, donde los excluidos de la negociación tendrán justificación para el inicio de otro conflicto, situación que puede presentarse si solo se promueven indultos y anmistías para una sola de las partes. Será difícil lograr la firma de la paz, cuando cientos de militares se encuentran procesados unos y purgando condenas otros por acciones derivadas del conflicto. Incluir una solución a esta situación puede contribuir a que el significado de la paz sea común a todos.

Historias similares: La discriminación de los hijos naturales y los homosexuales.

El pasado 24 de febrero se cumplieron 30 años de la expedición de la ley que  otorgó  igualdad de derechos herenciales a los hijos  legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Un siglo antes, el Código Civil establecía clasificaciones entre hijos legítimos, aquellos que eran concebidos durante el sagrado vínculo del matrimonio de sus padres o aquellos que eran legitimados mediante el matrimonio posterior a la concepción, e hijos ilegítimos, los cuales se dividían en naturales, aquellos que eran concebidos por personas que no eran casadas al tiempo de la concepción; de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez se dividían en adulterinos si algunos de sus padres estaba casado al momento de la concepción o incestuosos si sus padres tenían algún grado de parentesco que les impedía contraer matrimonio.  Los hijos ilegítimos sufrieron señalamientos y discriminaciones en un Estado con una constitución conservadora y confesional, en la cual gobernó el mismo partido desde 1886 hasta 1930. En 1936, durante el gobierno de López Pumarejo, mediante la ley 45 se comenzaron a realizar modificaciones legales que atenuaron la desventajosa situación de los hijos concebidos fuera del matrimonio. Mediante la ley 75 de 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo se avanzó en los procesos de filiación de paternidad. Curiosamente, en el gobierno del presidente cuyos hijos eran legítimos y a la vez incestuosos fue aprobada la igualdad de derechos herenciales. No importo lo anterior para que nuestro expresidente pudiera anular velozmente su matrimonio de décadas y ser Embajador ante la Santa Sede en compañía de su segunda esposa. Algo parecido había ocurrido con el Regenerador y Soledad Román un siglo antes. Para las anulaciones matrimoniales nada influía la condición de expresidentes de los solicitantes. Mientras tanto, miles de personas que  querían divorciarse o cesar los efectos del matrimonio católico tuvieron que esperar hasta la Constitución de 1991 para legalizar su situación. Finalmente, mediante la ley 721 de 2001 se autorizó la práctica de exámenes de ADN que permite mayor celeridad en los proceso de filiación que se adelantan. Los avances legislativos que crearon espacios de igualdad requieren reformas audaces debido a posiciones jurisprudenciales que continúan construyendo caminos de discriminación. De esta manera, los alimentos que los jueces otorgan a favor de hijos extramatrimoniales cuando no ha existido convivencia son iguales a medio salario mínimo legal mensual, sin importar la capacidad económica del padre, situación que origina una evidente desigualdad entre los hijos de un mismo padre o madre. Se adiciona  a lo anterior, la imposibilidad de impedir la desintegración del patrimonio del padre o madre con hijos extramatrimoniales en detrimento de éstos. La creación de sociedades o fiducias donde se concentran los activos ha traído como consecuencia que la igualdad lograda con la ley 29 de 1982 sea formal pero no real debido a que cuando fallece el padre no existe patrimonio para repartir entre sus sucesores debido a la hábil e impune insolvencia creada de antemano. Culturalmente, la diferencia entre hijos legítimos y naturales se mantiene intacta. Luis Alfonso Galán, hijo mayor de Luis Carlos obtuvo su filiación en 1996 después de haber validado su bachillerato y trabajado como mensajero mientras sus hermanos terminaban su educación en Europa con su madre como Embajadora. Menos mal han cambiado tanto las leyes. 

Con los homosexuales ocurre algo similar, de ignorarlos inicialmente, se paso a considerarlos enfermos, hasta que desde hace tres lustros comenzaron a reconocerse algunos de sus derechos. Aunque con timidez, se ha comenzado a reconocer el derecho de opción sexual de cada persona como un derecho inherente a la misma. Los enemigos de estos avances son los mismos ayer y hoy, los propietarios de la verdad revelada por un ser superior que juzga y condena todo cuanto sea diferente a su predicación. Monseñor Builes ayer, Alejandro Ordoñez hoy, son los representantes de la doble moral que señala conductas ajenas pero no reflexiona sobre las propias. Un siglo duraron los cambios para lograr algo de  igualdad en los descendientes de un mismo padre, ojala que sea un tiempo mucho menor el que dure el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. El respeto por las minorías y la tolerancia con la diferencia es lo que nos distingue de las sociedades que durante siglos fueron divididas entre buenos y malos. Por eso, sus derechos no son una concesión ni un favor, son un deber moral de quienes integramos la sociedad.