Petro y las consecuencias de hacer pactos con el diablo.

Hace cinco años el exmagistrado Alejandro Ordoñez Maldonado tenía razones para estar contento. Acaba de ser elegido por el Senado como Procurador General de la Nación de manera apabullante. Con 81 votos a favor había vencido a Camilo Gómez y Germán Bustillo, quienes habían sido ternados por la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. La “campaña” que precedió su elección fue desigual debido a que mientras Ordoñez fue ternado por sus excompañeros del Consejo de Estado con meses de anticipación a la elección, sus contrincantes fueron designados con días de anticipación a la misma, situación que permitió que Ordoñez realizara acuerdos burocráticos con sus electores sin competencia alguna, lo que  explica la importante votación obtenida. Para el momento de su primera elección, Ordoñez era conocido en Santander pero con escasa visibilidad a nivel nacional. Los únicos hechos por los cuales había obtenido figuración fueron la demanda a Daniel Samper Ospina y Fernando Vallejo por una publicación de la Revista Soho en la cual se hacía una representación de la crucifixión de Cristo y por su paso como presidente del Consejo de Estado donde resolvió cambiar un cuadro de Francisco de Paula Santander en una sala de juntas por un crucifijo. Para la fecha de su elección eran conocidas sus ideas sobre la libertad de expresión y su nostalgia por el estado confesional que terminó con la Constitución de 1991.

Como es costumbre en el Congreso  de Colombia, lo que prevalece a la hora de entregar un voto por un funcionario que realizara funciones públicas en las cuales tendrá poder para designar personal son los acuerdos burocráticos por encima de cualquier tipo de consideración. La habilidad del exmagistrado para realizar este tipo de convenios y garantizar la designación en las procuradurías regionales y provinciales a los recomendados de los  caciques de siempre aseguró su elección. Por ello, en ese momento sorprendió el apoyo que el entonces Senador del Polo Democrático Gustavo Petro  dio a la elección de Ordoñez en el Senado. Debido a las suspicacias por su decisión, incluso en el seno de su partido, el Senador Petro expidió un comunicado en el cual explicaba su voto por Ordoñez, en el cual decía entre otras cosas: "Nuestro compromiso con los derechos humanos, el medio ambiente, las reivindicaciones de las mujeres y en especial las de las minorías en su condición de población más vulnerable, incluidas las minorías sexuales, constituyen la razón fundamental para que asumiéramos la decisión de votar en la elección del nuevo Procurador con la responsabilidad de asegurar que quien fuera designado para esa posición garantizara esos compromisos….. Analicé con cuidado las objeciones que se hicieron a su nombre y examiné algunas de sus decisiones como juez. No encontré, ni nadie hizo pública alguna de la que se pudiera concluir que había hecho uso de su investidura para darle rienda suelta a su fanatismo religioso..Con la famosa parodia fotográfica de la última cena que publicó la revista Soho, sintió Alejandro Ordoñez el deber de católico practicante de hacer respetar los símbolos de la religión que profesa. Para ello acudió a los tribunales y se sometió a su decisión. No nos corresponde como líderes de un Partido que defiende la diversidad, el pluralismo y la libertad religiosa, dar ejemplo de intolerancia"  El senador Petro rechazó cualquier acuerdo burocrático con Ordoñez. Sin embargo a mediados de 2009, con tan solo seis meses en el cargo, el nuevo Procurador designaba a un cercano amigo suyo, Diego Bravo Borda como Procurador Delegado ante el Consejo de Estado. En dicho cargo se mantendría por dos años hasta que renunció para acompañar a Petro en su aspiración en la Alcaldía de Bogotá y luego como Gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Pasaron pocos días del inicio del periodo del Procurador para que los ciudadanos fuéramos conociendo su talante. Su primera decisión consistió en absolver a los Ministros del Interior y Protección Social de las acusaciones de haber realizado acciones contrarias a la ley para lograr el voto de parlamentarios para la reforma constitucional que permitió implantar la  reelección presidencial. Aprovechando que el anterior Procurador en una muestra de su carácter dejó sin firmar la decisión que ponía fin a ese proceso disciplinario, modificó la valoración probatoria y absolvió a los exministros. Debido al rechazo de la opinión pública, en tiempo récord armaría otro proceso disciplinario contra el Ministro del Interior que daría como resultado su destitución y serviría para demostrar que no tenía compromisos con el Gobierno de Uribe. A continuación, comenzaría su cruzada contra los derechos de los homosexuales e impediría el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que estableció los casos en los cuales era permitida la interrupción del embarazo. Se iniciaría una selección de personas a las cuales se aplicaría con todo rigor las normas disciplinarias y otras que tendrían inmunidad total con relación a dichos preceptos legales. En dicha deformación de la función pública, persiguió a Alonso Salazar hasta decretar su destitución mientras que creo nefastos precedentes en materia disciplinaria que permitieron que los Gobernadores y Alcaldes que protagonizaron el escándalo de las fiducias fueran exonerados de responsabilidad mientras sus subalternos eran condenados. La segunda instancia comenzó a tener un manejo especial que permitiría que casos como el del Concejo de Villavicencio en pleno que eligió como Contralora Municipal a una persona inhabilitada y por el cual fueron destituidos los concejales  en primera instancia fuera “milagrosamente” revocado en segunda. Ordoñez  llegó a la Procuraduría General de la Nación  a poner en práctica los mismos métodos de Alejandro VI (el papa Borgia)

Con su elección como Alcalde Bogotá, Gustavo Petro comenzó a adoptar decisiones en las cuales se evidenciaba nula planeación y parecían prevalecer sus conceptos personales por encima de los técnicos o legales. El constante cambio de funcionarios en puestos claves revelaba que quien no estaba con Petro estaba contra él. La manera acelerada y desordenada  en la cual ejecutó el cambio del modelo de las basuras en Bogotá fue la oportunidad que sus contradictores estaban esperando para pasar viejas cuentas de cobro. Que tuviera razón en sus denuncias no significaba que no tuviera que respetar las formas. Lo que ocurrió en adelante era previsible. Una batalla de dos megalómanos.  Petro, el reivindicador de la clases populares y Ordoñez el paladín de la lucha contra la corrupción. Por nuestro actual ordenamiento jurídico, quien tenía la de ganar era el Procurador, quien para el pesar de muchos cuenta con las facultades legales para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos mediante el voto.  Y con base en esas facultades, destituyó y terminó la carrera política de su antiguo elector y su exprocurador delegado. Todos los adjetivos con los cuales califica hoy el alcalde destituido al actual procurador no eran desconocidos hace un lustro, cuando el entonces senador  apoyó con su voto la elección de Ordoñez.  Que no nos venga  ahora con cuentos de golpes de estado, extralimitaciones de funciones o turbias conspiraciones. Cuando se le vende el alma al diablo, debe recordarse que éste algún día reclamara la misma. El voto de ayer permitió la llegada del oscuro personaje que hoy entierra su carrera política y nadie puede alegar su propia culpa para eximirse de responsabilidades.

Los nuevos patrones del mal

Mientras en el país nos entretenemos diariamente con el “intercambio de ideas” entre el anterior presidente y el actual mandatario por los diálogos con las farc en La Habana, avanza la conformación de listas de los diferentes partidos políticos para las elecciones de marzo. El partido de la U creado hace 8 años por el actual presidente con base en la imagen y los principios de Uribe es ahora de propiedad de Santos. A él pertenecen personajes del peso intelectual y moral de Armandito Benedetti,  Roy Barreras, Aurelio Iragorri  que se han especializado en salir al auxilio de los vencedores de las elecciones, tengan las ideas que tengan. El partido Liberal, dirigido por el hijo del César, quien luego de confesar públicamente que votó una reforma constitucional que no leyó, defender públicamente  al octogenario y transparente gobernador de Sucre, nombrar por un proceso de meritocracia a la hija del Vicepresidente como Gerente de la Campaña e impulsar la reelección de Ordoñez en la Procuraduría ha demostrado que tiene toda la madera para ser director de esa colectividad y aspirante a la presidencia en 2018. Tiene el cinismo del Elefante, el pragmatismo de su padre y le falta aprender en los próximos años como Ministros de Santos  los artes de la traición y la falsedad. En cuatro años Frankestein estará listo para unirse con quien sea sin ruborizarse para lograr su objetivo de ser presidente. Los conservadores que mientras tengan la seguridad de la burocracia y la contratación jamás volverán a tener candidato presidencial están tranquilos, mientras que los demás partidos tienen como meta pasar el umbral y sostener su representación en el Congreso. Fruto de una “fuerte corriente de opinión”, ha surgido el “Uribe Centro Democrático”, movimiento que busca defender las “ideas” del anterior presidente y que se inauguró con una Convención para elegir candidato presidencial donde los principales destinatarios de saludos del máximo jefe y los aspirantes a Medveded criollos, recibían el mismo desde la cárcel donde esperan sus juicios o donde pagan su condenas por acciones cometidas en los años en que tuvimos el honor de ser gobernados por el líder que prometió en público que acataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Nicaragua pero luego aclaró que esa frase era aplicable solo si él mismo era a favor de su país pues en caso contrario no aplicaba la misma. Su lista al Senado se convirtió en un homenaje a tanto colombiano injustamente condenado por la justicia de este país. La esposa de un condenado por desaparición forzosa, el primo hermano del Patrón del Mal, el hijo del Gobernador detenido, la hermana de un condenado por el proceso ocho mil. Lastimosamente el director de la Hora de la Verdad fue inhabilitado y Popeye no alcanzó a salir en libertad para sumar sus nombres en la lista al Congreso del “nuevo partido”. Mientras ocurre todo lo anterior y el próximo semestre se dedica de lleno a la actividad política, en diversas partes del país están ocurriendo hechos que anuncian las próximas tormentas.

En Acacías, Meta en los últimos dos meses fueron asesinados el Personero Municipal y el Registrador. Nadie se atreve a dar hipótesis sobre el móvil de los atentados pero es evidente que los líos de tierras en la región apenas comienzan y los protagonistas de los mismos inspiran más miedo que las farc o las auc en su peor momento. La noticia de la suspensión de una caravana turística con destino a Caño Cristales en el departamento del Meta por la imposibilidad del ejército de brindar protección en la vía nos recuerda porque debe perseverarse en los diálogos en Cuba. Las noticias sobre la forma de hacer política en la Guajira y los métodos para silenciar a los contradictores y levantar un imperio del silencio en la zona son tan alarmantes como el control que ciertas pandillas o bacrim están teniendo en ciertos sectores populares de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. A lo anterior, se suman los escabrosos detalles que semanalmente se conocen del saqueo a Bogotá en el gobierno de los nietos del Dictador.

El tema de la falta de control territorial del Estado en áreas rurales del país es algo que no es nuevo. Sin embargo, la imposibilidad de controlar áreas urbanas donde grupos de hampones se han apropiado de las funciones del Estado es algo diferente.  Es el inicio de una nueva forma de criminalidad que puede ser mucho más difícil de combatir que cualquiera otra que hubiere existido porque el único móvil de quienes comete está clase de delitos es el dinero. La historia reciente es bastante rica en explicar las consecuencias de no enfrentar los problemas cuando estos comienzan. El contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción hubiera tenido un impacto menor si cuando comenzaron a manifestarse estos fenómenos el Estado hubiera dado respuesta efectiva a los mismos. Se conocen los municipios y barrios donde existe un gobierno paralelo que está imponiendo normas y haciendo justicia.   Este tema debería estar en la agenda del gobierno y los candidatos en el próximo debate electoral…Pero, nuestros dirigentes políticos están más interesados en otros temas: El Ministro de Justicia está dedicado a averiguar si el Presidente puede asistir a actos públicos antes del 25 de enero. El Ministro de Agricultura tiene como función principal escuchar de manera ilegal al Senador Robledo. Y los políticos en lo suyo: El delfín Galán se enfrenta a Serpa por el puesto en la lista de los liberales. Los conservadores adulando al abogado de Saludcoop que temporalmente ocupa la Fiscalía con la finalidad que entierre la investigación por el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes…Y así.

Cuando le presten atención al tema, tocará hacer otra ley de justicia y paz para solicitarles a los dueños de barrios y comunas que se entreguen a las autoridades y desistan de sus acciones. Parecemos destinados a repetir nuestra historia.

Cuando los jueces no se distinguen de los delincuentes

Un abogado señalado de estafar a una viuda y sus hijos es acusado por la Fiscalía General de la Nación de varios delitos y su proceso termina por prescripción de la acción penal en la etapa de juicio debido a las múltiples argucias de sus abogados y su constante cambio de apoderados.  Luego de ello, es elegido magistrado de la Corte Constitucional y desde su posesión se esconde de todos los medios de comunicación para evitar las preguntas por sus actuaciones profesionales y personales. En la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura uno de sus integrantes al parecer recibió aportes para su campaña a una Gobernación de DMG, otro magistrado no paga su cuota alimentaria y uno reconocido con el mote de “El diablo” se hace conocido a nivel nacional por conversar con una persona interesada en un fallo de su despacho a la cual solicita que cuando se reúnan se “encargue” de borrar los registros de sus encuentros. Otros dos miembros de la Sala son investigados por los masivos nombramientos de funcionarios judiciales  en el cargo de magistrados auxiliares por breves periodos de tiempo, gracias a lo cual la pensión de jubilación de estos se duplica o triplica.  Mientras todos ello ocurre, todos los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se van en comisión a Washington a “reunirse” con autoridades norteamericanas por ocho días. Y apenas días después de regresar de este intenso viaje de trabajo se trasladan por once días a Puerto Rico a representar a Colombia en un evento académico. La Sala Penal quedó paralizada por dos semanas por los viajes de todos sus integrantes. (Sobra decir que a mediados de diciembre comienza la vacancia judicial) Paralelo a todo lo anterior, en el Complejo Judicial de Paloquemao son  detenidos funcionarios y jueces que cobraban por el direccionamiento de procesos a algunos despachos judiciales y por el sentido de algunas decisiones.

La situación es que la justicia no fue ajena a los cambios sociales y culturales que han ocurrido en Colombia desde los años setenta. De los marihuaneros, contrabandistas de los setenta, a los narcotraficantes y lavadores de dólares de los ochenta y noventa, pasando a los grupos de contratistas y funcionarios corruptos a nivel nacional y local de las últimas dos décadas, el país se acostumbró a los millonarios repentinos que dedicados a actividades ilegales adquirieron poder y fortuna sin ninguna sanción legal ni social. Por el contrario, su forma de actuar se ha convertido en modelo para quienes desean ascender en la sociedad. Las series de televisión, acaso el único instrumento por el que las nuevas generaciones aprenden ahora algo de historia se ha encargado de recrear con lujo de detalles la biografía de nuestros delincuentes. En una sociedad excluyente la historia de unos hampones que lograron inmensas riquezas por sus actividades delictivas, sin importar su final trágico lejos de ser aleccionadora, se convierte en inspiradora. Con ese contexto de cambios en las relaciones y las fuentes de poder, la justicia fue amoldándose a la nueva realidad e hizo propias las mismas conductas que permitían acceder al “éxito”

Pensar que unas reformas cosméticas podrán alterar el actual estado de cosas es tan cándido como irresponsable. El asunto de fondo es que nadie quiere cambiar nada porque quienes más se benefician del permanente estado de impunidad son los más poderosos.  Basta mirar la situación  de la investigación de la reciente estafa colectiva realizada en la bolsa para lograr contextualizar un poco el tema. O las multas que con argucias infinitas dejan de pagar las multinacionales de comunicaciones. Ni hablar del proyecto de ley que presentará el Gobierno para regularizar las compras ilegales de predios diseñadas por abogados sofisticados. Genera una mueca de horror pensar que el actual Ministro de Justicia  será uno de los impulsores de los cambios en las normas actuales. Y pensar que en otra época esa misma  cartera tuvo el honor de ser representada por personas como el doctor Enrique Low Murtra que aceptaron el cargo para servir al país y no para servirse del mismo.

Por ello, el estado actual de la justicia es un reflejo del estado actual de la sociedad. Las cicatrices y defectos que vemos en el espejo son los mismos que tiene la sociedad. Para sanarlos hace falta mucho más que un proceso de paz. La promoción de una verdadera cultura de valores que en dos o tres generaciones modifique la forma de percibir y de actuar. Pero nuestra inmediatez nos hará elegir en un semestre un nuevo presidente en una campaña entre unas  personas que representan a los mismos con la única diferencia que  unos quieren ver a los miembros de la guerrilla muertos y los otros los quieren ver “haciendo política”, eso sí lejitos de Bogotá y Anapoima, en esas circunscripciones donde solo va la guerrilla y los que viven por allá.  Aparte de esta importante discusión, los demás temas como la educación, la salud, la justicia y la igualdad permanecerán sin espacio en la agenda.

Delinquir, “delatar” y DISFRUTAR

Emilio Tapia es un modelo del delincuente que circunda por los pasillos de todas las oficinas de la administración púbica en Colombia. No crea nada, no aporta nada. Su labor consiste en estar al lado de Alcaldes y Gobernadores manejando a la sombra la contratación pública, decidiendo quienes ganan licitaciones y cómo debe tramitarse el pago de sobornos a quienes adjudican los contratos. De esta manera, personajes sin preparación y con escaso trabajo de la noche a la mañana aparecen como grandes potentados que avanzan por las calles entre caravanas de escoltas. Se requería de un oscuro personaje como éste para que sirviera de intermediario de sobornos de los nietos de dictador, quienes llevan en sus venas la debilidad por el dinero fácil. Total, a sus ascendientes cercanos la justicia colombiana jamás los procesó por sus múltiples hechos de corrupción. Ellos simplemente repitieron los comportamientos que sus padres y abuelos realizaron y por los cuales obtuvieron reconocimiento social y fortuna personal.

Volvamos al “empresario” Tapia. ¿Dónde se encuentra ahora, que ha caído el telón y se ha descubierto que la fuente de sus extravagantes gastos era dinero proveniente de mordidas millonarias en contratación pública? El doctor Tapia se encuentra “detenido” en su residencia a la espera que un juez apruebe el acuerdo que hizo con la Fiscalía General de la Nación que le permitirá no poner un píe en la cárcel a cambio de dar su valeroso testimonio contra los demás delincuentes que participaron en el asalto a Bogotá bajo el gobierno de los insaciables Moreno Rojas. Está detención no le impide al próspero empresario continuar con sus compromisos diarios en lugares públicos  de la capital a los que acude con su caravana de escoltas. Hace algunos días, al regreso de una “tarde de trabajo”, un vehículo de su escolta fue cerrado, situación que fue registrada en los medios como un atentado contra el “testigo estrella” de la Fiscalía. Sin embargo, a pocas horas de ocurridos los hechos en entrevista a  La Fm, él “empresario” afirmaba que seguiría con su titánica labor de dar testimonio contra sus cómplices en los procesos judiciales que se requirieran. Por su “colaboración”, la Fiscalía mira para otro lado  a la hora de revisar el injustificado aumento patrimonial de Tapia y sus testaferros.

Tapia se constituye en todo un ejemplo a repetirse en el país del Patrón del Mal. Se enriqueció por dinero proveniente de la corrupción a la vista de todos. Cuando debía responder por su actuaciones, realizó un acuerdo con la Fiscalía en el que a cambio de delatar a cómplices de sus delitos no pone un píe en la cárcel, debe devolver apenas una parte de lo robado y circula por Bogotá con caravanas de escoltas que lo protegen. En menos de un lustro, saldrá nuevamente a las calles con pena cumplida, fortuna lavada y chequera lista para continuar su actividad. Robar, delatar y disfrutar. Los verbos que conjugan los delincuentes mientras se burlan de una sociedad cada vez más inerme. Menos mal tenemos con Fiscal General a un individuo que ha dedicado su vida a perseguir el crimen. Solo mentes perversas podrían identificar un conflicto de intereses entre su labor como abogado litigante que recibió más de cuatro mil millones de pesos por interponer unas demandas ante el contencioso administrativo en representación de Saludcoop y su oficio como Fiscal General, en el cual su entidad debería investigar los presuntos delitos cometidos en esa entidad. Pusimos al ratón a cuidar el queso.

P.D. Y siguiendo con lo anterior, a un año del escándalo de Interbolsa, sus artífices y beneficiarios siguen almorzando y departiendo libremente en los mismos sitios que frecuenta Tapia.

Los nuevos dueños del intocable Poder Judicial.

Durante la última década se han adelantado procesos judiciales contra miembros de la Rama Legislativa por hechos que van desde la asociación con grupos al margen de la ley con fines electorales hasta acciones de corrupción en entidades oficiales. De igual manera, han sido llamados a juicio Ministros del Despacho por violaciones a  normas penales. La exigencia de responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias  a integrantes de estas dos ramas del poder público han permitido en algo la depuración del sistema político. Pareciera que el adagio según el cual   “la ley es  para los de ruana” comienza a perder un poco de aplicación con referencia  a los miembros del Congreso y del Gobierno Nacional.

En contraposición con la anterior situación, el fuero de intangibilidad que crece día a día es aquel que cobija a los miembros de las Altas Cortes de Justicia en Colombia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). Estos funcionarios no deben responder ante ninguna autoridad por las acciones u omisiones que cometan en ejercicio de sus cargos. Si alguien tiene plena garantía de impunidad en la Colombia del 2013 son paradójicamente los encargados de administrar justicia. La Constitución establece que quien debe investigar las denuncias contra  los 75 altos magistrados de la Rama Judicial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, institución que jamás ha llevado una sola acusación al Senado contra funcionario alguno. Por ello, es más fácil entender la razón por la cual han permanecido en sus cargos funcionarios que reciben regalos de narcotraficantes o que atropellan los derechos de otros ciudadanos sin siquiera brindar una excusa.

No existe funcionario público dentro de la estructura del Estado en Colombia que pueda solicitar explicaciones a los “altos dignatarios de la justicia”. La investigación fiscal que adelantaba la Contraloría General contra Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que impulsaron el repugnante carrusel de las pensiones en esa entidad mediante el cual funcionarios judiciales multiplicaban de manera geométrica su pensión de jubilación fue enterrada por la Corte Suprema de Justicia al indicar que la única autoridad que puede indagar por las actuaciones de los miembros de la cúpula judicial  es el Congreso de la República. El fallo fue consecuencia de una tutela interpuesta por el abogado de Saludcoop y ahora Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. De esta manera, el Fiscal y los Magistrados de las Cortes en defensa de su fuero notificafron una vez que son intocables.

Mientras nos desgastamos en los últimos años en el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema, no pudimos percatarnos que de manera soterrada y silenciosa la Rama Judicial fue pasando a ser propiedad de un pequeño grupo de personas que manejan los nombramientos de jueces y las decisiones de importancia. La exclusión de miembros de la Academia y litigantes de la conformación de las Cortes es un síntoma del cambio ocurrido. La designación de las 5 vacantes de la Corte Suprema de Justicia ocurrida en los últimos días así lo confirma. Quienes como magistrados negociaron con el Gobierno la ampliación de sus periodos en la vergonzosa reforma a la Justicia después se hicieron nombrar en el Consejo Superior de la Judicatura para seleccionar las ternas de quienes conformaran los cargos vacantes en la Rama Judicial.

Las renuncias de magistrados como Namen y Solarte en los últimos años, unidos a la persecución de Magistrados  como Néstor Raúl Correa Henao en el Consejo Superior de la Judicatura son apenas una muestra de lo que ocurre a quienes piensan diferente a los nuevos dueños del poder judicial. Debe reconocerse que la maniobra distractora fue exitosa. Mientras ganaron apoyo de la opinión por ser la única institución en oponerse al anterior presidente se adueñaron del poder judicial y los últimos acontecimientos han demostrado que quieren ejercer su poder sin ningún control ni medida. Parece que el remedio fue peor que la enfermedad.

La costumbre de no aplicar las normas y los fallos judiciales.

Angelino Garzón, Vicepresidente de la República en un foro en la Universidad Externado la semana anterior manifestó su contrariedad con el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año pasado que accedió a algunas de las pretensiones de Nicaragua sobre la titularidad de las aguas del Mar Caribe que hasta esa fecha se presumían de propiedad colombiana. Fue enfático en señalar que el fallo emitido por ese Tribunal era inaplicable. Con posterioridad a ese pronunciamiento, diferentes voces apoyaron la posición de Garzón y solicitaron al Gobierno Nacional el despliegue de la poderosa flota marina del país para notificar a los nicaragüenses que no será con “fallos judiciales” que le quitarán a la República una parte de su territorio.

 

Juan Daniel Jaramillo, asesor del Gobierno en una entrevista que publica el Diario El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-juan-daniel-jaramillo-ortiz_13013168-4) respalda la tesis del Vicepresidente y concuerda con la posición según la cual el fallo debe acatarse pero no cumplirse. Las firmas internacionales contratadas por el Gobierno con posterioridad al fallo se han dedicado a buscar justificaciones y errores de la Corte Internacional de Justicia para dar argumentos a la decisión de no dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal. Está posición comienza a ganar simpatías entre diversos sectores que consideran un exabrupto que Colombia deba cumplir un fallo en favor de un país que está “por debajo” del nuestro, además de ser una poderosa fórmula para provocar falsos nacionalismos. Peligrosa situación en un gobierno que ha demostrado lo importante que son las encuestas para tomar decisiones.

Más que el caso particular del pleito con Nicaragua, se revela el talante que hemos construido como sociedad por mucho tiempo: La posibilidad de irrespetar la ley y los fallos judiciales cuando contraríen nuestros intereses. El caso más reciente es el de compañías nacionales y extranjeras que con pleno conocimiento crearon estrategias para vulnerar la ley agraria con relación a la prohibición de acumulación de baldíos. 

 

Alguien recuerda que la EPS más grande de Colombia fue intervenida hace dos años por sus manejos financieros y  las exóticas inversiones de sus directivas y a la fecha nadie ha sido llamado juicio por esas actuaciones, indicando que el asesor de confianza de dicha entidad es ahora el Fiscal General de la Nación. Un ejemplo de “inaplicación” de la ley.

 Con Cerromatoso la situación es aún más especial. De vender la participación de Colombia en la década de los noventa a precio de ganga, el Estado  resolvió renunciar  a la reversión de los activos de la concesión que debía realizarse el año anterior y autorizo una prórroga de la misma lesiva para el país. No hubo necesidad de paros ni amenazas de la empresa concesionaria. Simplemente se resolvió inaplicar el fallo.

 El Consejo de Estado en septiembre del año pasado determinó que Claro debía pagar a ETB más de 97 millones de dólares como consecuencia de un largo litigio entre ambas empresas por el uso de unas redes de interconexión. A estas horas Claro con leguleyadas ha resuelto solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sirva fijar de manera exacta el monto a cancelar a ETB. La empresa acata el fallo pero debido a su “imposibilidad” de cumplirlo decide iniciar otro proceso con la finalidad de que le indiquen el monto a pagar. Una forma elegante de inaplicar el fallo.

 La actitud de eludir las consecuencias de un fallo judicial o inaplicar leyes existentes es un elemento fundamental para entender el actual estado de cosas, a lo que debe adicionarse la falta de sanción social para los gambeteadores de la ley.  Estaba desarrollando esa idea cuando leo que en el Congreso de Abogados Javerianos a realizarse en la ciudad de Santa Marta el próximo mes de octubre y en el cual se tratará en una sesión académica el tema de “Etica y probidad: Lucha contra la corrupción”, uno de los expositores invitados es Ernesto Samper Pizano. Qué interesante e instructivo puede ser el testimonio del expresidente. La salva de aplausos del gremio  celebrando los cómicos comentarios del absuelto funcionario recordarán que la inaplicación de la ley a ciertos personajes lejos de ser una excepción, se convirtió en la regla.

24 años sin Galán. La oportunidad pérdida

Se cumplió otro aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Con su muerte hace 24 años el país perdió la única opción política que anteponía las convicciones a las conveniencias. Según varios testimonios, Galán se encontraba desanimado por la respuesta del país en general al atentado contra su vida descubierto a inicios de agosto de 1989 en la ciudad de Medellín. Pareciera que esa situación le hizo ver que se encontraba completamente solo en su romántica lucha contra el clientelismo y el narcotráfico. Sus banderas de renovación, transparencia e igualdad dejaron de ondear desde la oscura noche en que fue cegada su vida en Soacha.

La campaña presidencia que continuo con posterioridad a la muerte de Galán se vio manchada de sangre por el asesinato de otros dos candidatos presidenciales. El político pereirano César Gaviria recibió de manos del hijo mayor de Galán las banderas de éste y con la finalidad de recordar permanentemente el origen de su aspiración y las ideas que representaba, en todas su publicidad incorporó la imagen del líder asesinado junto a la suya. Una vez elegido como presidente Gaviria guardo las ideas y las imágenes de Galán en un cuarto oscuro del que nunca volverían a salir. Si bien es cierto que parte del ideario galanista fue incorporado en la Constitución Política de 1991, debe mencionarse que el carácter y la firmeza en convicciones relativas al  narcotráfico, la justicia, las relaciones internacionales y el desarrollo rural fueron suplantadas por ideas ajenas a las que impulso Galán desde su primera candidatura presidencial. El pragmatismo de Gaviria se vio reflejado en la manera como diseño la política de sometimiento a la justicia con la cual se buscó que narcotraficantes fueran juzgados y condenados a cambio de penas irrisorias. A menos de dos años del magnicidio de Galán, el gobierno elegido en su memoria negoció con su verdugo la incorporación de un artículo en la Constitución que prohibiera la extradición de nacionales y se sometió a todas las condiciones impuestas por un criminal para su entrega a la justicia. Luego, cuando los excesos del delincuente fueron de público conocimiento y el gobierno intento capturarlo, éste huyó de su “lugar de reclusión”. En el debate político que surgió como consecuencia de esta situación, el Gobierno resolvió que su defensa en el Congreso fuera realizada por el senador Alberto Santofimio Botero (http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2012/07/cuando-santofimio-salvo-el-gobierno-de.html), quien dos décadas después sería condenado por el homicidio de Galán. Nunca estuvo en la doctrina del líder asesinado una política de apertura económica como la implementada por Gaviria ni tampoco una política internacional que tuviera como foco principal las relaciones con Estados Unidos.  Las ideas defendidas por Galán y su manera de entender y hacer la política se terminaron con la llegada al poder de quien accedió a éste con su recuerdo como carta de presentación.

El debate que en Octubre de 1980 adelanto el entonces Senador Galán sobre el Convenio suscrito entre Carbocol e Intercor para la explotación de las minas del Cerrejón en el cual se demostró más allá de toda duda las enormes inconsistencias del mismo y se observaba el enorme daño hecho al interés nacional por un contrato confuso redactado por los abogados sofisticados de la época que entregaba el control total del proyecto a la filial de la Exxon fue apenas el preámbulo de una serie de hechos que terminaron con la venta de la participación del Estado en esa empresa por 400 millones de dólares en octubre de  2000 luego de que se habían invertido 1500 millones de dólares en 25 años. (El Ministro de Hacienda de la época era el Dr. Juan Manuel Santos y hasta julio de 2000 había sido Director de Planeación el Dr. Mauricio Cárdenas. Los mismos que ahora como Presidente y Ministro de Hacienda quieren vender Isagen)  Precisamente fue comenzando el siglo XXI cuando el consumo de carbón comenzó a aumentar de manera consistente, al igual que su precio. Colombia fue “socio” del proyecto durante toda la etapa de inversión y cuando los precios del producto fueron bajos. Una vez comenzó la demanda mundial de carbón y su precio se incrementó de manera considerable se precipitó la venta de la participación en el Cerrejón como consecuencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba realizar tal operación como condición para obtener un crédito de 2700 millones de dólares.

La política que siguió a la muerte de Galán ha estado caracterizada por la intervención permanente y constante de los dineros del narcotráfico que lograron inclinar la elección presidencial en 1994. El Estado fue cooptado en diversas partes del país por una combinación de grupos delincuenciales y narcotraficantes que impusieron una forma diferente de hacer política. Desde hace poco más de un lustro se ha comenzado a conocer lo ocurrido y judicializar a sus participantes.

La mayor pérdida con la muerte de Galán fue la extinción de una forma de hacer política que no contara con el clientelismo y el dinero como sus protagonistas principales. Sumado a lo anterior y por la debilidad institucional propia, en diversos frentes de la vida nacional se ha secuestrado el interés general para lograr el avance del interés particular. Lo más repugnante de esta situación es que todo ocurre bajo el manto de la legalidad. El reciente capítulo de los baldíos es apenas una muestra de cómo intereses particulares no tienen ningún límite ético ni legal para  lograr sus propósitos. Y el Gobierno, en especial el actual, ha demostrado de qué lado está.

El 18 de Octubre de 1981 en Rionegro (Antioquia), Luis Carlos Galán lanzaba su candidatura a la Presidencia de la República por el Nuevo Liberalismo. Un extracto muy breve de sus postulados y el diagnóstico de una realidad que tres décadas después se mantiene igual:“…..Tales postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana; unificar a la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas; asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de América; acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos oprimidos por la miseria; conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad del territorio; reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad, por encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aún más en aras de un teórico progreso; lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria de tal manera que todos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo espiritual.

Entendemos que estos grandes propósitos nacionales sólo serán posibles si recuperamos la dignidad de los poderes del Estado; si modernizamos la organización de las distintas colectividades políticas; si transformamos la vida político-administrativa del país dentro del marco de una nueva ética social y si aseguramos que el poder de intervención del Estado tenga como fin fundamental garantizar a la nación que Colombia nos pertenece a todos y no a unos pocos privilegiados que aprovecharon la debilidad de nuestras instituciones democráticas para conseguir las más grandes concentraciones de poder económico y político que haya registrado nuestra historia.”