El día que le exigieron a Pedro Gómez cumplir la ley

El paisaje de la sabana de Bogotá comenzó a cambiar de manera drástica hace dos décadas. El afamado constructor de Unicentro adquirió varias hectáreas al lado de la vía que conduce a Sopo y con la autorización de la Alcaldía de Chía procedió a asfaltar la montaña, dividir el predio en cientos de lotes y vender viviendas exclusivas a altos precios. Siguiendo su audaz ejemplo, otros constructores se dedicaron a edificar en los campos de la Sabana, lo que trajo como resultado el paisaje que puede observarse hoy. Montañas cruzadas por carreteras con destino a conjuntos residenciales de acceso limitado. Por la época de esas hazañas no existían los molestos planes de ordenamiento territorial situación que permitía a los mandatarios locales un amplio margen de discrecionalidad para expedir licencias de construcción en zonas que estaban destinadas a la conservación. Aprovechando  vacíos legales se llenaron los cerros orientales de Bogotá de construcciones y barrios privados sin importar las declaratorias de reservas naturales. Solo hasta el año pasado el Consejo de Estado dictó sentencia en una acción popular que confirma que deben respetarse los cerros y prohibirse los desarrollos urbanísticos en esa zona. El asunto es que dicho Tribunal se demoró siete años en “debatir” el asunto y cuando por fin resolvió una acción popular sobre el tema los cerros están inundados de invasiones ilegales y otras muy legales con licencia de construcción firmada por Curador Urbano. En su insaciable búsqueda de terrenos para edificaciones el personaje portafolio del año 2013 por su vida y obra quiso convertir el Seminario Mayor de Bogotá en un conjunto de hoteles y edificios, idea que no pudo concretar debido al escándalo mediático causado por las utilidades que tendría el episcopado por dar en aporte un terreno que en su momento un fiel habría donado con la única destinación de ser un lugar  para la formación de sacerdotes.

En la ciudad de Villavicencio se realizó a mediados de la década pasada la construcción del Centro Comercial Unicentro. La firma dueña de la marca y desarrolladora del proyecto se asoció con el señor Marco Antonio Gil propietario del predio donde se realizó dicha obra. La relación comercial con el señor Gil se terminó en el año 2007 cuando este último ingresó a la lista Clinton. Hace un año Gil, quien tiene el alías de “el papero”, fue detenido y recientemente fue condenado por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a la severa pena de seis años de prisión. Salvo que tenga una lesión como la de Falcao, el papero estará en libertad para asistir al mundial de Rusia en 2018.  Por su parte, su exsocio en el exitoso proyecto de Unicentro Villavicencio manifestó que no tenía idea de las actividades de Gil y por tanto su actuación de buena fe no podía ser puesta en duda por nadie. Este contundente argumento bastó para que la Fiscalía archivara cualquier investigación con relación a la sociedad del papero y el constructor. Pensar que si el constructor se hubiera llamado Pedro Pérez habría tenido que explicar hasta el último de sus días los detalles de sus negocios con el papero. Pero cuando estamos ante personajes de vida y obra tan ejemplar su sola palabra sirve para mitigar cualquier duda sobre su proceder. Medio siglo después el país que describía Salom Becerra en sus libros sigue siendo el mismo.

Durante el segundo semestre del año 2013 se conoció la decisión de la Alcaldía de Chía de no otorgar licencias construcción para el desarrollo de más etapas del Conjunto Encenillos de Sindamanoy en la ciudad de Chía. La constructora que desarrolla el proyecto logró que el Ministerio del Medio Ambiente desafectara del área de reserva natural 72  hectáreas para la construcción de más viviendas campestres que se convertirían en etapas adicionales del proyecto inicial. Era la primera vez que se daba una negativa por parte de la administración de Chía a la empresa del extesorero del partido liberal. La Alcaldía hasta la fecha ha mantenido su decisión, la que tendrá que defender ante los estrados judiciales por las seguras demandas que recibirá por la misma. No obstante lo anterior, la misma firma ha desarrollado el mismo modelo de negocio consistente en urbanizar áreas rurales y asfaltar montañas para construir conjuntos cerrados exclusivos  en los vecinos municipios de La Calera y Sopó. Una vuelta por La Sabana permite observar el estado de sus negocios y la ausencia total de acción de las autoridades ambientales en la protección de los recursos naturales.

Aunado a lo anterior, hace pocos días se conoció la decisión de la Corte Constitucional que ordena la suspensión de la construcción de varias torres de apartamentos en la ciudad de Bogotá en las instalaciones donde funcionaba el Colegio Colsubsidio en un exclusivo sector de la capital colombiana. El meollo del asunto es que el uso del suelo de dicho inmueble era dotacional pero debido a una solicitud realizada por la Caja de Compensación Familiar propietaria del inmueble a la Secretaria de Planeación en el sentido de modificar el uso del suelo, los funcionarios del gobierno de Luchito Garzón en los días previos a finalizar su gestión en diciembre de 2007 resolvieron favorablemente la misma y mediante un acto administrativo autorizaron el uso residencial en dicho inmueble. (Por esos mismos días, en esa misma alcaldía, en otra dependencia se entregaba el contrato de la calle 26 a los hermanos Nule) El único inconveniente que existía es que el cambio de uso de suelo solo puede ser realizado por el Concejo de la ciudad. Sin embargo, con este documento se tramitó  la licencia de construcción, se comercializó el proyecto y comenzó la construcción de los edificios en dicho inmueble. Los vecinos interpusieron los recursos legales contra la licencia de construcción, los cuales no prosperaron. Fue por vía de la acción de tutela que el máximo tribunal constitucional considero afectados sus derechos fundamentales y ordenó la suspensión de la obra. Al saber la noticia, el propietario de la constructora quien fue juez de la república indicó que dicha decisión crea inseguridad jurídica y mediante sus abogados ha solicitado ante la Sala Plena de la Corporación la nulidad de la decisión de la Sala de Decisión que adoptó la determinación que se ha comentado. El tono de las intervenciones del dueño de la constructora afectada en entrevistas como la realizada a Blu Radio han demostrado la soberbia de quien ha realizado su querer en Bogotá y sus alrededores sin que autoridad alguna hubiera tenido jamás la valentía de realizar observaciones sobre  sus proyectos. No se ha dicho la última palabra pero genera algo de satisfacción saber que algunas veces en Colombia las leyes también son para los intocables.

¿Y donde están los derechos de los afectados por las decisiones de Petro?

Pasaron más de diez años y cuatro alcaldes para que en  Bogotá se expidiera la norma que regulara el desarrollo del  Norte de la ciudad, desde la calle 170 hasta los límites con el municipio de Chía. Mediante el Decreto 043 de 2010, el Alcalde de Bogotá expidió la norma que dio vida al Plan de Ordenamiento Zonal del Norte. En desarrollo de dicha norma y mediante un acuerdo de valorización, se comenzaron a recaudar los recursos que permitirían la financiación  de la ampliación de las Avenida Boyacá y Carrera Novena  entre Calle 170 y Calle 200 que permitirían aliviar en algo las congestiones de tráfico que se presentan en la Autopista Norte. La misma norma  establecía los usos de los terrenos de los suelos ubicados en áreas de expansión urbana   en esa zona y la forma de desarrollo a través de planes parciales. Cuando comenzaban a ser recaudados los recursos y se iniciaba el trámite para los procesos de licitación de la construcción de estas vías se dio el cambió de gobierno en Bogotá. A los pocos meses de su posesión el Alcalde Petro sin estudio técnico alguno y soportado en su voluntad resolvió que las vías del Plan Zonal del Norte no se construirían y tampoco se daría prioridad en su administración al desarrollo del norte de Bogotá. Cuando se preguntaba sobre los derechos de los ciudadanos que realizaron transacciones comerciales con base a normas expedidas por el Distrito y quienes confiaban en la construcción de las obras públicas por las cuales habían pagado la contribución de valorización la respuesta era: Quien gana las elecciones, gobierna y decide. Y Petro ganó las elecciones y decidió que no hace las obras. Cosas de la democracia. Situación similar ocurrió con la Avenida Longitudinal del Occidente (ALO) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en los cuales se impusieron las ideas del Alcalde sin tener en cuenta estudios técnicos ni normas legales. Incluso el POT fue expedido por Decreto a pesar de haber sido rechazado por el Concejo en una interpretación de la ley leguleya adoptada por quien se autodenomina un defensor de la democracia. ¿Dónde estaban los derechos de los ciudadanos en esas decisiones? Estas manera de administrar era propia de un demócrata o más cercana a las autocracias regionales donde la voluntad de los soberanos tropicales se impone incluso contra la ley.

Por lo anterior, causa desconcierto ver al emperador de ayer con la Convención Americana en la mano denunciando el atropello de sus derechos. ¿Acaso hablamos de la misma persona que durante dos años adoptó decisiones solo consultando su voluntad? Sí, es la misma persona pero ahora su rol es el de víctima. Se declara víctima de una conspiración  de toda la derecha y el establecimiento colombiano que quieren impedir la finalización de su obra de “gobierno” en Bogotá.  Y en sus discursos se escuchan verdades pero se mezclan tanto los temas, los nombres y los fines que no termina uno por entender si quien habla es un indignado o un gobernante. Pero no, quien habla asumió un cargo complejo para el que no estaba preparado ni tenía equipo de gobierno. El cambio constante de funcionarios no permite que nadie conozca quien es el encargado de los temas en Bogotá. Por ello, un funcionario desorientado como el Alcalde de Bogotá ha recibido no un castigo sino un premio. En un proceso bastante discutible, el Procurador le está haciendo el favor de retíralo de un cargo en el que no sabe qué hacer. Y nadie se acuerda ya de los dos años perdidos en la ciudad sino que todos nos volvimos expertos en derechos humanos y derecho disciplinario. Paradojicamente, Ordoñez le está salvando la carrera política a Petro quien de terminar su obra de demolición de Bogotá en otros dos años habría quedado inhabilitado para acceder a cualquier cargo público por votación. Iba camino de convertirse en otro Lucho Garzón. Pero el vanidoso procurador lo salvó y ahora tenemos un mártir de la democracia para rato. 

Cuando a la cárcel solo van los ladrones de celulares.

Mientras los colombianos nos encontrábamos concentrados en las fiestas de fin de año, un juez le concedió la detención en su domicilio a Rodrigo Jaramillo, principal directivo de Interbolsa, mientras se adelanta el proceso judicial en su contra por las actuaciones que terminaron con el descalabro de la firma que presidía. Su abogado manifestó en los medios de comunicación su contrariedad debido a que Don Rodrigo debió pasar unos días en las casas fiscales de la cárcel La Picota mientras se adelantaban los trámites administrativos para ejecutar la orden del juez y llevarlos a su residencia en Medellín donde estoicamente esperara su juicio, porque él respeta mucho el Estado de Derecho. Según informa la prensa, compartió esos días su lugar de reclusión con los inolvidables empresarios Nule, esos jóvenes intrépidos que viven en condiciones extremas de incomodidad en ese centro carcelario.  Ahora todos sabemos que Jaramillo tiene 70 años, lo que sumado a su afán de colaboración con la justicia y la aceptación de los dos cargos menos importantes que le imputa la Fiscalía lo hace merecedor de la detención en su domicilio del Barrio El Poblado en la ciudad de Medellín. Otras de las imputadas recibió  el mismo beneficio por ser madre cabeza de familia. Seguramente cuando delinquían lea señalaban a sus víctimas su edad y su condición familiar.  Los demás personajes de esta estafa que faltan por imputación de cargos estarán preparando con razones similares sus solicitudes de detención domiciliaria, las cuales serán aceptadas por los jueces de causa. Han tenido más de un año para preparar sus justificaciones y estrategias. Don Rodrigo: Hubiera tenido en su nómina de abogados a Montealegre y su situación sería similar a la de Carlos Palacino y demás vinculados al caso Saludcoop: Impunidad total.

Paralelo con este proceso, el exalcalde Moreno continua cumpliendo su detención en la Escuela de Carabineros de la Policía y Liliana Pardo, la exdirectora del IDU se encuentra en detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia pero tiene un permiso de trabajo que le permite diariamente salir a revisar un cultivo de hortalizas que tiene en una finca cerca a Bogotá. Es lo que llaman la resocialización del delincuente.

En todos los anteriores casos los delincuentes recibieron un trato especial del sistema penitenciario, no fueron obligados a entregar sus bienes para resarcir el daño que cometieron por sus delitos y la mayoría de ellos estarán listos para asistir al Mundial de Futbol en Rusia en 2018 después de haber “pagado” todas sus deudas con la sociedad.

Pero la Fiscalía anuncia una estrategia especial contra los ladrones de celulares, al parecer el único delito que merece cárcel en Colombia.

Petro y las consecuencias de hacer pactos con el diablo.

Hace cinco años el exmagistrado Alejandro Ordoñez Maldonado tenía razones para estar contento. Acaba de ser elegido por el Senado como Procurador General de la Nación de manera apabullante. Con 81 votos a favor había vencido a Camilo Gómez y Germán Bustillo, quienes habían sido ternados por la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. La “campaña” que precedió su elección fue desigual debido a que mientras Ordoñez fue ternado por sus excompañeros del Consejo de Estado con meses de anticipación a la elección, sus contrincantes fueron designados con días de anticipación a la misma, situación que permitió que Ordoñez realizara acuerdos burocráticos con sus electores sin competencia alguna, lo que  explica la importante votación obtenida. Para el momento de su primera elección, Ordoñez era conocido en Santander pero con escasa visibilidad a nivel nacional. Los únicos hechos por los cuales había obtenido figuración fueron la demanda a Daniel Samper Ospina y Fernando Vallejo por una publicación de la Revista Soho en la cual se hacía una representación de la crucifixión de Cristo y por su paso como presidente del Consejo de Estado donde resolvió cambiar un cuadro de Francisco de Paula Santander en una sala de juntas por un crucifijo. Para la fecha de su elección eran conocidas sus ideas sobre la libertad de expresión y su nostalgia por el estado confesional que terminó con la Constitución de 1991.

Como es costumbre en el Congreso  de Colombia, lo que prevalece a la hora de entregar un voto por un funcionario que realizara funciones públicas en las cuales tendrá poder para designar personal son los acuerdos burocráticos por encima de cualquier tipo de consideración. La habilidad del exmagistrado para realizar este tipo de convenios y garantizar la designación en las procuradurías regionales y provinciales a los recomendados de los  caciques de siempre aseguró su elección. Por ello, en ese momento sorprendió el apoyo que el entonces Senador del Polo Democrático Gustavo Petro  dio a la elección de Ordoñez en el Senado. Debido a las suspicacias por su decisión, incluso en el seno de su partido, el Senador Petro expidió un comunicado en el cual explicaba su voto por Ordoñez, en el cual decía entre otras cosas: "Nuestro compromiso con los derechos humanos, el medio ambiente, las reivindicaciones de las mujeres y en especial las de las minorías en su condición de población más vulnerable, incluidas las minorías sexuales, constituyen la razón fundamental para que asumiéramos la decisión de votar en la elección del nuevo Procurador con la responsabilidad de asegurar que quien fuera designado para esa posición garantizara esos compromisos….. Analicé con cuidado las objeciones que se hicieron a su nombre y examiné algunas de sus decisiones como juez. No encontré, ni nadie hizo pública alguna de la que se pudiera concluir que había hecho uso de su investidura para darle rienda suelta a su fanatismo religioso..Con la famosa parodia fotográfica de la última cena que publicó la revista Soho, sintió Alejandro Ordoñez el deber de católico practicante de hacer respetar los símbolos de la religión que profesa. Para ello acudió a los tribunales y se sometió a su decisión. No nos corresponde como líderes de un Partido que defiende la diversidad, el pluralismo y la libertad religiosa, dar ejemplo de intolerancia"  El senador Petro rechazó cualquier acuerdo burocrático con Ordoñez. Sin embargo a mediados de 2009, con tan solo seis meses en el cargo, el nuevo Procurador designaba a un cercano amigo suyo, Diego Bravo Borda como Procurador Delegado ante el Consejo de Estado. En dicho cargo se mantendría por dos años hasta que renunció para acompañar a Petro en su aspiración en la Alcaldía de Bogotá y luego como Gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Pasaron pocos días del inicio del periodo del Procurador para que los ciudadanos fuéramos conociendo su talante. Su primera decisión consistió en absolver a los Ministros del Interior y Protección Social de las acusaciones de haber realizado acciones contrarias a la ley para lograr el voto de parlamentarios para la reforma constitucional que permitió implantar la  reelección presidencial. Aprovechando que el anterior Procurador en una muestra de su carácter dejó sin firmar la decisión que ponía fin a ese proceso disciplinario, modificó la valoración probatoria y absolvió a los exministros. Debido al rechazo de la opinión pública, en tiempo récord armaría otro proceso disciplinario contra el Ministro del Interior que daría como resultado su destitución y serviría para demostrar que no tenía compromisos con el Gobierno de Uribe. A continuación, comenzaría su cruzada contra los derechos de los homosexuales e impediría el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que estableció los casos en los cuales era permitida la interrupción del embarazo. Se iniciaría una selección de personas a las cuales se aplicaría con todo rigor las normas disciplinarias y otras que tendrían inmunidad total con relación a dichos preceptos legales. En dicha deformación de la función pública, persiguió a Alonso Salazar hasta decretar su destitución mientras que creo nefastos precedentes en materia disciplinaria que permitieron que los Gobernadores y Alcaldes que protagonizaron el escándalo de las fiducias fueran exonerados de responsabilidad mientras sus subalternos eran condenados. La segunda instancia comenzó a tener un manejo especial que permitiría que casos como el del Concejo de Villavicencio en pleno que eligió como Contralora Municipal a una persona inhabilitada y por el cual fueron destituidos los concejales  en primera instancia fuera “milagrosamente” revocado en segunda. Ordoñez  llegó a la Procuraduría General de la Nación  a poner en práctica los mismos métodos de Alejandro VI (el papa Borgia)

Con su elección como Alcalde Bogotá, Gustavo Petro comenzó a adoptar decisiones en las cuales se evidenciaba nula planeación y parecían prevalecer sus conceptos personales por encima de los técnicos o legales. El constante cambio de funcionarios en puestos claves revelaba que quien no estaba con Petro estaba contra él. La manera acelerada y desordenada  en la cual ejecutó el cambio del modelo de las basuras en Bogotá fue la oportunidad que sus contradictores estaban esperando para pasar viejas cuentas de cobro. Que tuviera razón en sus denuncias no significaba que no tuviera que respetar las formas. Lo que ocurrió en adelante era previsible. Una batalla de dos megalómanos.  Petro, el reivindicador de la clases populares y Ordoñez el paladín de la lucha contra la corrupción. Por nuestro actual ordenamiento jurídico, quien tenía la de ganar era el Procurador, quien para el pesar de muchos cuenta con las facultades legales para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos mediante el voto.  Y con base en esas facultades, destituyó y terminó la carrera política de su antiguo elector y su exprocurador delegado. Todos los adjetivos con los cuales califica hoy el alcalde destituido al actual procurador no eran desconocidos hace un lustro, cuando el entonces senador  apoyó con su voto la elección de Ordoñez.  Que no nos venga  ahora con cuentos de golpes de estado, extralimitaciones de funciones o turbias conspiraciones. Cuando se le vende el alma al diablo, debe recordarse que éste algún día reclamara la misma. El voto de ayer permitió la llegada del oscuro personaje que hoy entierra su carrera política y nadie puede alegar su propia culpa para eximirse de responsabilidades.

Los nuevos patrones del mal

Mientras en el país nos entretenemos diariamente con el “intercambio de ideas” entre el anterior presidente y el actual mandatario por los diálogos con las farc en La Habana, avanza la conformación de listas de los diferentes partidos políticos para las elecciones de marzo. El partido de la U creado hace 8 años por el actual presidente con base en la imagen y los principios de Uribe es ahora de propiedad de Santos. A él pertenecen personajes del peso intelectual y moral de Armandito Benedetti,  Roy Barreras, Aurelio Iragorri  que se han especializado en salir al auxilio de los vencedores de las elecciones, tengan las ideas que tengan. El partido Liberal, dirigido por el hijo del César, quien luego de confesar públicamente que votó una reforma constitucional que no leyó, defender públicamente  al octogenario y transparente gobernador de Sucre, nombrar por un proceso de meritocracia a la hija del Vicepresidente como Gerente de la Campaña e impulsar la reelección de Ordoñez en la Procuraduría ha demostrado que tiene toda la madera para ser director de esa colectividad y aspirante a la presidencia en 2018. Tiene el cinismo del Elefante, el pragmatismo de su padre y le falta aprender en los próximos años como Ministros de Santos  los artes de la traición y la falsedad. En cuatro años Frankestein estará listo para unirse con quien sea sin ruborizarse para lograr su objetivo de ser presidente. Los conservadores que mientras tengan la seguridad de la burocracia y la contratación jamás volverán a tener candidato presidencial están tranquilos, mientras que los demás partidos tienen como meta pasar el umbral y sostener su representación en el Congreso. Fruto de una “fuerte corriente de opinión”, ha surgido el “Uribe Centro Democrático”, movimiento que busca defender las “ideas” del anterior presidente y que se inauguró con una Convención para elegir candidato presidencial donde los principales destinatarios de saludos del máximo jefe y los aspirantes a Medveded criollos, recibían el mismo desde la cárcel donde esperan sus juicios o donde pagan su condenas por acciones cometidas en los años en que tuvimos el honor de ser gobernados por el líder que prometió en público que acataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Nicaragua pero luego aclaró que esa frase era aplicable solo si él mismo era a favor de su país pues en caso contrario no aplicaba la misma. Su lista al Senado se convirtió en un homenaje a tanto colombiano injustamente condenado por la justicia de este país. La esposa de un condenado por desaparición forzosa, el primo hermano del Patrón del Mal, el hijo del Gobernador detenido, la hermana de un condenado por el proceso ocho mil. Lastimosamente el director de la Hora de la Verdad fue inhabilitado y Popeye no alcanzó a salir en libertad para sumar sus nombres en la lista al Congreso del “nuevo partido”. Mientras ocurre todo lo anterior y el próximo semestre se dedica de lleno a la actividad política, en diversas partes del país están ocurriendo hechos que anuncian las próximas tormentas.

En Acacías, Meta en los últimos dos meses fueron asesinados el Personero Municipal y el Registrador. Nadie se atreve a dar hipótesis sobre el móvil de los atentados pero es evidente que los líos de tierras en la región apenas comienzan y los protagonistas de los mismos inspiran más miedo que las farc o las auc en su peor momento. La noticia de la suspensión de una caravana turística con destino a Caño Cristales en el departamento del Meta por la imposibilidad del ejército de brindar protección en la vía nos recuerda porque debe perseverarse en los diálogos en Cuba. Las noticias sobre la forma de hacer política en la Guajira y los métodos para silenciar a los contradictores y levantar un imperio del silencio en la zona son tan alarmantes como el control que ciertas pandillas o bacrim están teniendo en ciertos sectores populares de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. A lo anterior, se suman los escabrosos detalles que semanalmente se conocen del saqueo a Bogotá en el gobierno de los nietos del Dictador.

El tema de la falta de control territorial del Estado en áreas rurales del país es algo que no es nuevo. Sin embargo, la imposibilidad de controlar áreas urbanas donde grupos de hampones se han apropiado de las funciones del Estado es algo diferente.  Es el inicio de una nueva forma de criminalidad que puede ser mucho más difícil de combatir que cualquiera otra que hubiere existido porque el único móvil de quienes comete está clase de delitos es el dinero. La historia reciente es bastante rica en explicar las consecuencias de no enfrentar los problemas cuando estos comienzan. El contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción hubiera tenido un impacto menor si cuando comenzaron a manifestarse estos fenómenos el Estado hubiera dado respuesta efectiva a los mismos. Se conocen los municipios y barrios donde existe un gobierno paralelo que está imponiendo normas y haciendo justicia.   Este tema debería estar en la agenda del gobierno y los candidatos en el próximo debate electoral…Pero, nuestros dirigentes políticos están más interesados en otros temas: El Ministro de Justicia está dedicado a averiguar si el Presidente puede asistir a actos públicos antes del 25 de enero. El Ministro de Agricultura tiene como función principal escuchar de manera ilegal al Senador Robledo. Y los políticos en lo suyo: El delfín Galán se enfrenta a Serpa por el puesto en la lista de los liberales. Los conservadores adulando al abogado de Saludcoop que temporalmente ocupa la Fiscalía con la finalidad que entierre la investigación por el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes…Y así.

Cuando le presten atención al tema, tocará hacer otra ley de justicia y paz para solicitarles a los dueños de barrios y comunas que se entreguen a las autoridades y desistan de sus acciones. Parecemos destinados a repetir nuestra historia.

Cuando los jueces no se distinguen de los delincuentes

Un abogado señalado de estafar a una viuda y sus hijos es acusado por la Fiscalía General de la Nación de varios delitos y su proceso termina por prescripción de la acción penal en la etapa de juicio debido a las múltiples argucias de sus abogados y su constante cambio de apoderados.  Luego de ello, es elegido magistrado de la Corte Constitucional y desde su posesión se esconde de todos los medios de comunicación para evitar las preguntas por sus actuaciones profesionales y personales. En la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura uno de sus integrantes al parecer recibió aportes para su campaña a una Gobernación de DMG, otro magistrado no paga su cuota alimentaria y uno reconocido con el mote de “El diablo” se hace conocido a nivel nacional por conversar con una persona interesada en un fallo de su despacho a la cual solicita que cuando se reúnan se “encargue” de borrar los registros de sus encuentros. Otros dos miembros de la Sala son investigados por los masivos nombramientos de funcionarios judiciales  en el cargo de magistrados auxiliares por breves periodos de tiempo, gracias a lo cual la pensión de jubilación de estos se duplica o triplica.  Mientras todos ello ocurre, todos los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se van en comisión a Washington a “reunirse” con autoridades norteamericanas por ocho días. Y apenas días después de regresar de este intenso viaje de trabajo se trasladan por once días a Puerto Rico a representar a Colombia en un evento académico. La Sala Penal quedó paralizada por dos semanas por los viajes de todos sus integrantes. (Sobra decir que a mediados de diciembre comienza la vacancia judicial) Paralelo a todo lo anterior, en el Complejo Judicial de Paloquemao son  detenidos funcionarios y jueces que cobraban por el direccionamiento de procesos a algunos despachos judiciales y por el sentido de algunas decisiones.

La situación es que la justicia no fue ajena a los cambios sociales y culturales que han ocurrido en Colombia desde los años setenta. De los marihuaneros, contrabandistas de los setenta, a los narcotraficantes y lavadores de dólares de los ochenta y noventa, pasando a los grupos de contratistas y funcionarios corruptos a nivel nacional y local de las últimas dos décadas, el país se acostumbró a los millonarios repentinos que dedicados a actividades ilegales adquirieron poder y fortuna sin ninguna sanción legal ni social. Por el contrario, su forma de actuar se ha convertido en modelo para quienes desean ascender en la sociedad. Las series de televisión, acaso el único instrumento por el que las nuevas generaciones aprenden ahora algo de historia se ha encargado de recrear con lujo de detalles la biografía de nuestros delincuentes. En una sociedad excluyente la historia de unos hampones que lograron inmensas riquezas por sus actividades delictivas, sin importar su final trágico lejos de ser aleccionadora, se convierte en inspiradora. Con ese contexto de cambios en las relaciones y las fuentes de poder, la justicia fue amoldándose a la nueva realidad e hizo propias las mismas conductas que permitían acceder al “éxito”

Pensar que unas reformas cosméticas podrán alterar el actual estado de cosas es tan cándido como irresponsable. El asunto de fondo es que nadie quiere cambiar nada porque quienes más se benefician del permanente estado de impunidad son los más poderosos.  Basta mirar la situación  de la investigación de la reciente estafa colectiva realizada en la bolsa para lograr contextualizar un poco el tema. O las multas que con argucias infinitas dejan de pagar las multinacionales de comunicaciones. Ni hablar del proyecto de ley que presentará el Gobierno para regularizar las compras ilegales de predios diseñadas por abogados sofisticados. Genera una mueca de horror pensar que el actual Ministro de Justicia  será uno de los impulsores de los cambios en las normas actuales. Y pensar que en otra época esa misma  cartera tuvo el honor de ser representada por personas como el doctor Enrique Low Murtra que aceptaron el cargo para servir al país y no para servirse del mismo.

Por ello, el estado actual de la justicia es un reflejo del estado actual de la sociedad. Las cicatrices y defectos que vemos en el espejo son los mismos que tiene la sociedad. Para sanarlos hace falta mucho más que un proceso de paz. La promoción de una verdadera cultura de valores que en dos o tres generaciones modifique la forma de percibir y de actuar. Pero nuestra inmediatez nos hará elegir en un semestre un nuevo presidente en una campaña entre unas  personas que representan a los mismos con la única diferencia que  unos quieren ver a los miembros de la guerrilla muertos y los otros los quieren ver “haciendo política”, eso sí lejitos de Bogotá y Anapoima, en esas circunscripciones donde solo va la guerrilla y los que viven por allá.  Aparte de esta importante discusión, los demás temas como la educación, la salud, la justicia y la igualdad permanecerán sin espacio en la agenda.

Delinquir, “delatar” y DISFRUTAR

Emilio Tapia es un modelo del delincuente que circunda por los pasillos de todas las oficinas de la administración púbica en Colombia. No crea nada, no aporta nada. Su labor consiste en estar al lado de Alcaldes y Gobernadores manejando a la sombra la contratación pública, decidiendo quienes ganan licitaciones y cómo debe tramitarse el pago de sobornos a quienes adjudican los contratos. De esta manera, personajes sin preparación y con escaso trabajo de la noche a la mañana aparecen como grandes potentados que avanzan por las calles entre caravanas de escoltas. Se requería de un oscuro personaje como éste para que sirviera de intermediario de sobornos de los nietos de dictador, quienes llevan en sus venas la debilidad por el dinero fácil. Total, a sus ascendientes cercanos la justicia colombiana jamás los procesó por sus múltiples hechos de corrupción. Ellos simplemente repitieron los comportamientos que sus padres y abuelos realizaron y por los cuales obtuvieron reconocimiento social y fortuna personal.

Volvamos al “empresario” Tapia. ¿Dónde se encuentra ahora, que ha caído el telón y se ha descubierto que la fuente de sus extravagantes gastos era dinero proveniente de mordidas millonarias en contratación pública? El doctor Tapia se encuentra “detenido” en su residencia a la espera que un juez apruebe el acuerdo que hizo con la Fiscalía General de la Nación que le permitirá no poner un píe en la cárcel a cambio de dar su valeroso testimonio contra los demás delincuentes que participaron en el asalto a Bogotá bajo el gobierno de los insaciables Moreno Rojas. Está detención no le impide al próspero empresario continuar con sus compromisos diarios en lugares públicos  de la capital a los que acude con su caravana de escoltas. Hace algunos días, al regreso de una “tarde de trabajo”, un vehículo de su escolta fue cerrado, situación que fue registrada en los medios como un atentado contra el “testigo estrella” de la Fiscalía. Sin embargo, a pocas horas de ocurridos los hechos en entrevista a  La Fm, él “empresario” afirmaba que seguiría con su titánica labor de dar testimonio contra sus cómplices en los procesos judiciales que se requirieran. Por su “colaboración”, la Fiscalía mira para otro lado  a la hora de revisar el injustificado aumento patrimonial de Tapia y sus testaferros.

Tapia se constituye en todo un ejemplo a repetirse en el país del Patrón del Mal. Se enriqueció por dinero proveniente de la corrupción a la vista de todos. Cuando debía responder por su actuaciones, realizó un acuerdo con la Fiscalía en el que a cambio de delatar a cómplices de sus delitos no pone un píe en la cárcel, debe devolver apenas una parte de lo robado y circula por Bogotá con caravanas de escoltas que lo protegen. En menos de un lustro, saldrá nuevamente a las calles con pena cumplida, fortuna lavada y chequera lista para continuar su actividad. Robar, delatar y disfrutar. Los verbos que conjugan los delincuentes mientras se burlan de una sociedad cada vez más inerme. Menos mal tenemos con Fiscal General a un individuo que ha dedicado su vida a perseguir el crimen. Solo mentes perversas podrían identificar un conflicto de intereses entre su labor como abogado litigante que recibió más de cuatro mil millones de pesos por interponer unas demandas ante el contencioso administrativo en representación de Saludcoop y su oficio como Fiscal General, en el cual su entidad debería investigar los presuntos delitos cometidos en esa entidad. Pusimos al ratón a cuidar el queso.

P.D. Y siguiendo con lo anterior, a un año del escándalo de Interbolsa, sus artífices y beneficiarios siguen almorzando y departiendo libremente en los mismos sitios que frecuenta Tapia.