Plazas Vega y la justificación de lo injustificable.

Hace algunos días en Bogotá un ciudadano fue asaltado por dos delincuentes que después de amenazarlo, le hurtaron una importante suma de dinero y huyeron en una moto. El ciudadano encendió su carro, persiguió a los hampones, les pasó el carro por encima, matando a uno e hiriendo al otro. La Fiscalía General de la Nación le imputara al conductor asaltado los cargos de homicidio y lesiones personales. Hartos de la inseguridad, muchos ciudadanos han expresado su solidaridad con las acciones del conductor homicida y han mostrado su inconformidad con la acusación que le realizara ante los jueces la fiscalía. Ante la ausencia de un Estado que castigue a los delincuentes, estos comportamientos deberían ser aplaudidos e incentivados. Al fin de al cabo, los ladrones se lo “buscaron”. Con la misma lógica los paramilitares llenaron de horror el país. La anterior noticia se originó de manera concomitante con la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al Coronel Plazas Vega por la desaparición del administrador de la cafetería del palacio de justicia y concedió la libertad al citado oficial. Las primeras declaraciones del oficial al recibir su libertad son las mismas que ha repetido él y sus defensores mediáticos tipo Londoño Hoyos, en los últimos años. La responsabilidad por los hechos ocurridos hace 30 años recae exclusivamente en el M-19, grupo que a sangre y fuego ingresó a la edificación y secuestro a los Magistrados del tribunal más importante del país. Ellos deben responder por todo cuanto ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 pues las fuerzas militares estaban cumpliendo sus funciones constitucionales.  Los civiles que fueron desaparecidos y asesinados son apenas un daño colateral de la defensa de la democracia. Además, lo que originó su muerte, luego de salir con vida del palacio de justicia y  ser torturados fue la sospecha de pertenecer a la guerrilla que había ejecutado la esquizofrénica operación de toma del palacio de justicia.  Todo el que perteneciera a esa organización en ese momento podía ser ejecutado  y/o desaparecido por las fuerzas del Estado por el solo hecho de pertenecer a la misma. Cuando ingresaron a la casa del florero y fueron divididos en buenos y malos, a los ciudadanos que tuvieron el infortunio de ser etiquetados como integrantes del segundo grupo sus derechos les fueron cercenados. El asunto no pasa por el resultado del proceso de Plazas Vega, quien obtiene su libertad en medio de los avances de los diálogos de paz con las farc, en un momento de excepcional conveniencia política de un fallo como estos, indicando que si los comandantes guerrilleros no pagaran cárcel, tampoco deben hacerlo los oficiales de las fuerzas militares.

El tema de fondo es la manera como se ha construido una dialéctica de justificación de la eliminación del otro.  Las etiquetas de guerrillero o ladrón permiten que los particulares o los servidores públicos tomen la justicia por su mano ante el aplauso general del restable público. Quienes dirigieron las operaciones del palacio de justicia fueron alumnos aventajados  del Estatuto de Seguridad de Turbay que enterraron el movimiento estudiantil de los setenta. Nunca fueron juzgados y sus crímenes permanecen impunes. Veinte años después de los hechos del palacio de justicia y ante la noticia de asesinatos de jóvenes humildes, el presidente de turno contestaba que los muertos  no estarían en las zonas donde fueron encontrados “recogiendo café”.  Años después se conocería de la tenebrosa práctica denominada como los falsos positivos, donde se capturaban jóvenes inocentes, se disfrazaban de guerrilleros y se les asesinaba con la finalidad de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.

El M-19 es el principal culpable de los hechos del palacio de justicia. Nadie tiene duda de ello. El derecho de los familiares de las víctimas y la sociedad en general es conocer que ocurrió con las personas que salieron vivas del palacio y fueron asesinadas o jamás volvieron a aparecer. Desde que salieron de la edificación del palacio de justicia, la custodia y cuidado  de estas personas fue responsabilidad del Estado. Echarle la culpa a los bandidos que se tomaron la edificación que a esas horas se encontraban muertos o viviendo sus últimas horas dentro del edificio es un insulto a la inteligencia y un canto a la impunidad.

La eliminación de las causales que justifican la eliminación del otro es la primera terea en la construcción del nuevo país que supuestamente emergerá después del proceso de paz. Es claro que la paz va mucho más allá de la desmovilización de un grupo sin apoyo popular que en su equivocado accionar permitió que nos acostumbramos a justificar lo injustificable.

Entre acosadores laborales y fanáticos religiosos.

La principal función del Defensor del Pueblo de acuerdo con la Constitución de Colombia es la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Por ello resulta impresentable que el funcionario en ejercicio de ese cargo en la actualidad sea identificado por sus subalternos como un recurrente acosador laboral, misógino que atropella diariamente los derechos de los trabajadores de la entidad encargada de promover los derechos humanos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación que tiene por encargo constitucional defender los intereses de la sociedad, desde la posesión de Alejandro Ordoñez se ha dedicado a divulgar, defender y promover la doctrina religiosa de su jefe atacando a las minorías que “contravienen” el culto católico. La participación del ministerio público oponiéndose al matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido una de las actividades desarrolladas durante este tiempo de oscuridad en esa dependencia. Contrastan las posiciones del procurador en materias religiosas con su ligero actuar en materias disciplinarias donde ha sido “generoso” en la firma de revocatorias directas de sanciones de predecesores y subalternos en favor de selectos favorecidos.

En la Contraloría General de la República llegó hace unos meses el exprocurador Maya Villazón a pesar de sus impresentables cartas de presentación de sus gestiones durante ocho años en el Ministerio Público. Conocedor el Congreso de la facilidad del exprocurador de callar cuando es momento de denunciar, no existía candidato alguno que pudiera competir con Maya. Desde el inició de su gestión, al mejor estilo de los contralores departamentales y municipales, demostró que será un ministro del presidente con funciones en el ente de control. En otras palabras, hay contraloría pero no hay contralor.

El creador de la Universidad de la Fiscalía, contratista de Natalia Springer y abogado de los mayores defraudadores de la salud en Colombia tiene todavía más de tres meses para terminar de hacer estragos en la fiscalía. La manera caprichosa en que ha manejado el presupuesto de la entidad y ha seleccionado las investigaciones del ente acusador han logrado poner a esa entidad en el peor momento de su historia. Quedo comprobado que pusieron al ratón a cuidar el queso.

Los órganos de control en Colombia tienen un acosador laboral como defensor del pueblo, un fanático religioso como procurador, un mudo como contralor y un abogado de hampones de cuello blanco como fiscal. No obstante lo anterior, todos seguimos pensando que lo más importante es firmar la paz. Mientras personajes como los mencionados sigan manejando a Colombia, el menor de los problemas del país es que exista o no guerrilla. La paz comenzara a asomarse cuando dejemos de hacer venías a esta clase de individuos que tiene secuestrado el Estado desde siempre y caminan impunes a la vista de todos.

Las instituciones que Colombia no negocia con las farc

Todos celebran los resultados de las elecciones del pasado 25 de octubre como una victoria. El presidente indica que son los comicios donde mayor participación se ha registrado. Vargas Lleras y sus impresentables patrocinados celebran las gobernaciones y alcaldías obtenidas. Serpa levanta al aire los brazos de los temibles nuevos gobernadores de Antioquia y Santander. Con algunas excepciones, la dinámica de las pasadas elecciones continúa demostrando el fracaso de la reforma de 1986 que permitió la elección de autoridades locales y por esta vía sometió  algunas regiones a barones electorales que las manejan a su antojo. Las elecciones de la tía del Gobernador en  Magdalena y la esposa del excongresista Pérez en la gobernación del Meta son apenas una muestra de cómo algunos departamentos quedaron en manos de asociaciones de contratistas y políticos que realizan fuertes inversiones en la campaña para luego tener réditos por cuatro años derivados del presupuesto. Nadie protesta ni tampoco reclama.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) que hace las veces del Consejo Superior de la Judicatura en materia electoral por la calidad de sus integrantes y las labores que adelanta no tuvo inconveniente en acusar de transhumancia a más de un millón de colombianos a una semana de las elecciones por cometer el delito de inscribirse en un lugar diferente al que votaron en las pasadas elecciones. Sin más pruebas que unas débiles presunciones y la violación del artículo 83 de la Constitución procedieron a dejar sin efecto la inscripción y enviar copia a la fiscalía general de la nación de la resolución en la cual adoptaron esa decisión con la finalidad que investigue a los transhumantes. Si apenas estamos llamado a declaración a los que participaron en las desapariciones forzadas y homicidios de la toma del palacio de justicia hace 30 años, no se imagina nadie cuando tendrá tiempo la fiscalía de investigar este “atentado” a la democracia. Así, de manera arbitraria se negó el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos, al mismo tiempo que se descubría gracias a una columna de Daniel Coronel que uno de los asesores del presidente del Consejo Nacional Electoral es un ciudadano  al que se le atribuyen delitos menores como desaparición forzada. De un funcionario con esa calidad de asesores, no se extrañan los pronunciamientos que realiza y los actos administrativos que firma. Siguiendo la doctrina Pretelt, no pasara nada y ese acto inconstitucional e ilegal quedara sin castigo. Mientras el CNE abogaba por la transparencia de las elecciones, en la calle ocurría lo mismo de siempre. Los compradores de votos hacían lo suyo. Listado, votación y pago. No en balde personajes como el gato volador son hoy senadores de la república sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

Y mientras transcurrían los últimos días de campaña, las elecciones y las celebraciones, el exgobernador de Cundinamarca Alvaro Cruz quien hace cuatro años llegaba de manera arrasadora a su cargo en los brazos de Uribe, Vargas Lleras y Santos veía como la suerte le había cambiado de manera radical en 180 grados. Sus amigos de ayer repugnan cualquier asunto que los relacione con el exgobernador. Cruz trato de salvar su pellejo entregándole a un abogado charlatán de la Procuraduría General de la Nación 2.000 millones de pesos para enterrar su proceso en la fiscalía. Su esposa, en otra “época” cercana al nuevo alcalde Bogotá se escucha muy indignada en las grabaciones divulgadas por los medios de comunicación al indicar que fueron estafados por el abogado que les pidió el dinero para arreglar el proceso y que no podían dar más plata porque “ ni que fueran traquetos.” Este señor  que trabajaba en la Procuraduría merece un reconocimiento en los círculos delincuenciales porque engañar a un personaje de talla de Cruz que había perfeccionados sus artes desde la época de Secretario de Obras de Andrés González merece ser reconocido. La situación de ambos en los próximos años será diferente. Cruz antes de un año estará en detención domiciliaria en su casa la lado de su retoño luego de que sus abogados hubieren “demostrado” que no es humano que una persona en sus penosas condiciones permanezca en prisión. El pobre diablo que lo “estafo” deberá entregar los pesos que le quedan al abogado y su reclusión será en la prisión. El costo de haber timado a un pez más grande que él será su permanencia en prisión.

La última conclusión de los eventos de estos días es que nuestro próximo presidente Germán Vargas Lleras en su tarea de conseguir apoyos para cumplir la misión de su vida de llegar a la presidencia tiene un pudor  similar al de Samper. Mientras le pongan votos, no importa antecedentes ni actividad del ciudadano. Hace cuatro años se fundía en abrazos con Kiko Gómez y Alvaro Cruz. En estas elecciones su partido repartió avales al mejor estilo del PIN. Alguna vez Antonio Caballero indicaba que nuestro destino era que todo presidente era peor que el anterior. Vargas Lleras está dispuesto a demostrar que Caballero tenía razón….. Y pensar que esta es la institucionalidad que no estamos dispuesto a negociar con las farc.

Uribe: El vencedor que reniega de su victoria.

A inicios del siglo XXI, un acuerdo como el suscrito  entre el Gobierno y las farc el pasado 23 de septiembre no hubiera sido posible. Para las farc del proceso del Caguán que tenían centenares de militares y policías secuestrados, una influencia considerable en algunas regiones del país y un entorno económico próspero gracias al dinero proveniente del narcotráfico, la única manera de avalar un acuerdo con el Gobierno era impulsando unas reformas estructurales al sistema económico y político que implicaran severos cambios institucionales. Tres lustros después, la guerrilla vanidosa y poderosa de antes celebra hoy de manera ruidosa que sus cabecillas no vayan a la cárcel si cuentan la verdad sobre sus crímenes.

Por ello, resulta paradójico que el protagonista de ese cambio en la posición de la guerrilla en la mesa de negociación sea precisamente el principal opositor de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz. No puede entenderse este cambio de correlación de fuerzas entre Estado y guerrilla sin mencionar la participación de Alvaro Uribe como presidente de Colombia en dos periodos consecutivos y los éxitos de su política de seguridad democrática. Solo un gobierno que tuvo la disposición de enfrentar con decisión la amenaza subversiva, valiéndose como su adversario, de “todas las formas de lucha”, pudo desequilibrar el conflicto en favor del Estado y llevar a la organización guerrillera a firmar lo que hoy está firmando.

Fue tal el efecto Uribe en la política colombiana que consiguió durante la última década que el único tema relevante en la agenda fuera el conflicto con las farc. Para Uribe y sus seguidores la única manera de terminar la guerra contra la “amenaza terrorista” era la rendición de este grupo. La dicotomía era muerte o cárcel, como en los letreros del viejo oeste. Por ello, su furiosa oposición al mandatario qué el mismo hizo elegir. Debido a ello, la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático en oposición al partido creado en 2006 que lleva sus iniciales, de la U y que tenía como su doctrina los pensamientos de su caudillo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron el enfrentamiento entre dos candidatos que tenían las mismas propuestas en todos los campos y solo diferían en la manera de terminar el conflicto con las farc: a bala uno, negociando otro. La radicalización de la posición de Uribe ha tenido aspectos cómicos,  como el de tratar de vender a Santos como un seguidor de las desastrosas políticas de los dictadores de Cuba y Venezuela.  

Después de medio siglo de lucha insurgente, marcada en las últimas dos décadas de “conexidad” con el narcotráfico, las farc han sido derrotadas. No lograron conquistar el poder. En la negociación que se adelanta no se discuten reformas estructurales del Estado. Al contrario, el país y el mundo  al cual regresan a hacer política cambio dramáticamente. Los asuntos agrarios no tienen la importancia de antaño. Colombia lleva varios años suscribiendo incesantemente tratados de libre comercio que dejaron en el pasado la protección a la industria nacional. Lo más relevante es su derrota política. Son unos alzados en armas sin seguidores. Aparte de extranjeros extraviados y confundidos nadie los apoya. Sus referentes en el ámbito latinoamericano han llevado a sus países a la desgracia y el hambre. Su reconocimiento como delincuentes políticos fue una condición que debió cumplir el estado para adelantar el proceso de negociación que parte del pragmatismo pero no de la convicción. Así como Lucas en Chespirito era feliz con que le dijeran “licenciado” sin serlo, las farc sienten pertenecer a una categoría especial de revolucionarios por el reconocimiento de ser delincuentes políticos. Nada más alejado de la realidad. Nadie se siente identificado con secuestradores, asesinos, reclutadores de menores y narcotraficantes. Las farc-ep terminaron siendo un ejército sin pueblo. Aunque algunas de las denuncias que promueven en sus discursos referentes a la concentración de riqueza y la inequidad en Colombia son válidas, pocas personas desean que un grupo que cometió delitos de lesa humanidad durante décadas lleve su vocería.  Su compañía en futuras contiendas electorales será tan deseada como la de Ernesto Samper en la actualidad. Ningún político con aspiraciones a cargos públicos quiere que lo relacionen con personas o grupos que repugnan a la sociedad. Y esa es su más sentida derrota, después de medio siglo de lucha armada, nadie se siente identificado con sus causas e ideas. Por eso, el gobierno sabe que no puede llevar el proceso a una refrendación directa porque la posibilidad de una negativa a los acuerdos alcanzados es una certeza.

Debe celebrarse el fin de un conflicto con una organización guerrillera que se ensaño con  los más pobres destruyendo sus pueblos y hogares. Deben apoyarse los acuerdos que pongan fin a una guerra sin sentido. Y alguien debe decirle a Alvaro Uribe, que lejos de ser una derrota, la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto con las farc es una victoria de la sociedad colombiana que no hubiera sido posible sin su aporte. 

La justicia corrupta que nadie quiere ver.

Con aplausos de sus colegas fue premiada la participación del Doctor Alberto Rojas Ríos, actual magistrado de la Corte Constitucional en el Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de Pereira en los  primeros días de septiembre de este año. El jurista iluminó el recinto con sus disertaciones sobre Las garantías constitucionales en el Código General del Proceso. En el ambiente que rodea el mundo del derecho en Colombia hoy, un personaje cuestionado por sus actuaciones profesionales e investigado por sus actividades como magistrado es un referente a seguir. Por la misma fecha se conocía que el compañero de Sala de revisión en la Corte Constitucional de Rojas, el intachable Jorge Pretelt está dedicado a grabar a los conductores y empleados del magistrado Luis Ernesto Vargas (él miembro de la Corte que a su vez grabó al abogado Víctor Pacheco cuando le narraba  hechos de corrupción el caso Fidupetrol) con la finalidad de demostrar una persecución en su contra orquestada por sus compañeros en el tribunal más importante de justicia en Colombia. Más que demostrar su inocencia, la estrategia de Pretelt ha consistido en demostrar que todos sus compañeros adelantan prácticas iguales o peores a las suyas.

El expresidente de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para el periodo 2010-2014, doctor Rodrigo Escobar Gil será imputado por la Fiscalía  por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Los delitos se derivan de las actuaciones del doctor Escobar Gil como “asesor” de Fidupetrol en una acción de tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, cuyo ponente fue el magistrado Pretelt y que pretendía revocar una millonaria condena impuesta a esa firma por la Corte Suprema de Justicia. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con una celeridad inusual ya realizo indagaciones sobre el comportamiento de Escobar Gil y determino archivar cualquier investigación disciplinaria en su contra al considerar que las actuaciones del exmagistrado no tienen indicios de irregularidad alguna. Para la Sala disciplinaria es absolutamente normal que un prestigioso abogado cobre 400 millones de pesos para ayudar en la elaboración de  un memorial, sin importar que las etapas procesales para la presentación de los mismos hubieran finalizado meses antes de la suscripción del  contrato. La decisión de la imputación de cargos ha debido ser especialmente dolorosa para el fiscal, quien hasta hace unos meses atendía recepciones en la casa a quien hoy la entidad a su cargo cita a audiencia de imputación de cargos. ((http://www.jetset.com.co/sociedad/bogota/galeria/almuerzo-campestre-fiscal/58428  Se observa en la reunión a varios abogados contratistas del Estado de la cuerda del fiscal y al magistrado González quien “denunció” el asunto de Fidupetrol). Para mitigar riesgos, el exmagistrado guiado por sus abogados debe estar en la actualidad consiguiendo registro de enfermedades degenerativas que permitan que en la remota eventualidad que le fuera decretada la detención preventiva, la misma sea  realizada en su domicilio siguiendo el ejemplo de tantos delincuentes que estuvieron en plenitud de condiciones para ejecutar sus crímenes pero a la hora de pagar sus condenas se encuentran irremediablemente enfermos y por ello deben ser “recluídos” en su casas. En últimas, a nuestro ilustre exmagistrado le tocara compartir en la cárcel la Picota en el patio VIP donde el consumo de whisky y la variedad gastronómica que disfrutan sus huéspedes podría traerle problemas con su colesterol.  En Colombia, entre más importante sea el delincuente y más personas haya defraudado son menos rigurosas sus condiciones de reclusión.

Mientras los exmagistrados y magistrados de la Corte más importante de Colombia diariamente dan muestra de probidad, la fiscalía general de la nación se convierte en un ejemplo de ineficiencia y abuso del gasto público. La mayoría de los contratos revelados por los medios de comunicación no son solo innecesarios sino costosos, además de las dudas –que en realidad son certezas- sobre las verdaderas causas de su otorgamiento. El abogado de Saludcoop terminara su periodo enterrando el escándalo de estupefacientes, logrando la impunidad de Palacino y sus amiguetes y acabando la poca credibilidad que aún le queda al ente acusador.

Pero les tengo buenas noticias a los roedores que pululan en las alcantarillas del palacio de justicia. El año entrante, el señor Edgardo Maya Villazón, actual Contralor General de la Nación cumple 65 años, edad de retiro forzosos de los servidores públicos. Es el momento de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el tema y con una Sentencia con razonamientos tan brillantes como la que permitió que Montealegre se quedara cuatro años en la fiscalía, notifique a Colombia que la edad de retiro forzoso no se aplica a ungidos como Maya Villazón. Los magistrados que sean ponentes de la Sentencia podrán recibir millonarios contratos al retiro de sus cargos en la Contraloría General de la República, siguiendo la doctrina Montealegre.

Mientras nos ocupamos de la finalización de los diálogos con las farc y los atropellos del dictador Maduro, el grupo que se tomó la justicia en Colombia sigue avanzando. Los casos de Cartagena y Cartagena y Santa Marta que tienen a los mismos protagonistas (magistrado y abogado) son mucho más escandalosos que el tema Fidupetrol. El manejo de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía como  agencias negociadoras de favores y suscriptoras de millonarios contratos se convirtió en el eje de la actividad de estas instituciones. Los magistrados vergonzantes que son aplaudidos en público y repudiados en privado por un gremio en el cual sus integrantes no quieren denunciar nada de lo que pasa por el temor a ser perjudicados en el desarrollo de sus actividades profesionales son los ingredientes de una crisis que nadie quiere denunciar ni confrontar. Por ello, un personaje como Víctor Pacheco más que un delincuente, parece un visionario. El entendió que la forma de acceso a la justicia en la actualidad se fundamenta en exmagistrados que tengan acceso a quienes firman-pero no redactan- los fallos. Ese pragmatismo se impone en clientes y abogados en la Colombia de hoy. Por eso, no es de extrañar que un presidente de la corte más importante del país utilice expresiones como “nadien” en lugar de nadie.

La crisis con Venezuela: El castigo a la indiferencia.

Cuando en abril de 2013 María Corina Machado y dieciséis parlamentarios fueron agredidos físicamente en el recinto de la Asambleas Nacional por congresistas del partido del elegido presidente Maduro, la comunidad internacional considero que tal situación se refería al orden interno de la república bolivariana. Cuando a inicios del año pasado se presentaron protestas en diferentes lugares de Venezuela, en las cuales grupos de ciudadanos se movilizaron para solicitar cambios en las políticas del país que evitaran  la ruina a todos los habitantes del país sin distingo de credo político y fueron reprimidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, la comunidad internacional no realizó comentario alguno sobre el particular.( http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2014/03/venezuela-entre-la-indiferencia-y-la.html ) El encarcelamiento y posterior procesamiento de los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma por unos cargos tan inverosímiles como absurdos no origino ningún reclamo de gobiernos ni organismos internacionales. El Gobierno de Maduro se acostumbró a violar los derechos humanos a la luz del día y con la mirada complaciente de todas las naciones sudamericanas que debido a la diplomacia petrolera de Chávez tenían favores y deudas pendientes con el país de la revolución  del Siglo XXI.

Por los históricos lazos de hermandad que Colombia tiene con Venezuela, extraño  a los venezolanos la posición “respetuosa” y “diplomática” de Colombia ante su crisis. El régimen de Chávez y Maduro aniquiló de hecho la división de poderes. Las leyes habilitantes le han permitido gobernar sin Congreso y la rama judicial obedece órdenes del palacio de Miraflores. Debido a que el domicilio de los cabecillas de las farc desde hace más de un lustro es Venezuela y éste  gobierno fue designado garante del proceso de paz con esa organización, la justificación de la actitud apática del gobierno colombiano ante la tragedia venezolana eran los superiores intereses de la paz colombiana. Fue tal el grado de sumisión internacional del gobierno colombiano que avaló la candidatura del expresidente Samper a la Secretaría de la Unasur, a sabiendas que su nombramiento era patrocinado por Maduro y Correa. No bien llegado a ese cargo, el nuevo Secretario se convirtió en un vocero de Maduro y su gobierno, destacando la legitimidad del régimen en cuanto pronunciamiento público realizaba.

Nunca pensó el Gobierno del presidente Santos que el vecino que vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos de su país con total impunidad comenzaría a atropellar a ciudadanos colombianos con la finalidad de distraer la atención sobre los severos problemas económicas que afronta su nación y hoy son inocultables con un barril de petróleo a la mitad del valor de cuando se posesionó Maduro. Las medidas adoptadas en varios municipios del Estado del Táchira y la expulsión de miles de colombianos son el inicio de las provocaciones con un país vecino para cambiar la agenda interna de su país. La imagen de un presidente vociferando insultos y al instante bailando cumbias con banderas de ambos países parece sacado de las páginas del bestiario tropical de Alfredo Iriarte.

Ahora, con miles de nacionales expulsados y  la normatividad internacional vulnerada por el gobierno venezolano, el país que comando la indiferencia internacional ante lo ocurrido a sus vecinos  pretende que las demás naciones sudamericanas se unan a su condena antes las actitudes del déspota venezolano. Tuvo que vivir en carne propia Colombia los atropellos del régimen de maduro para convocar a la comunidad internacional a manifestarse sobre el particular. Parecería tarde. Los Evos y Correas del continente no suscribirán condena alguna contra la satrapía venezolana. Se justificaran, como lo ha hecho el Gobierno de Colombia durante los últimos cinco años, en que ese no es un problema de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, tan atentas a las violaciones de los derechos humanos en los setenta ni siquiera consideraran el asunto. Los Castro llevan medio siglo encarcelando, desapareciendo y asesinando opositores y son recibidos con aplausos revolucionarios a cuanto foro asisten. Los déspotas de izquierda parecieran tener patente de corso para violar los derechos humanos. Colombia está recibiendo un castigo por su indiferencia. 

Alberto Rojas: Ejemplo del nuevo abogado

El próximo mes de septiembre se realizara en la ciudad de Pereira el tradicional Congreso  anual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Por espacio de tres días se realizaran conferencias sobre diferentes aspectos del derecho procesal realizadas por miembros del Instituto. En el afiche que promociona el evento para el año 2015 aparece encabezando la lista de los conferencistas el honorable magistrado de la  Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos. El título de su charla será “El Código General del Proceso ante las garantías constitucionales” El magistrado Rojas ha participado con conferencias sobre otros temas en las anteriores ediciones del citado Congreso.

Debido a los escándalos ocurridos el presente año en la otrora respetable Corte Constitucional, en la que sus magistrados se acusaron  públicamente de actuaciones contrarias a la ética e ilegales, el interés mediático se concentró en las actuaciones del honorable magistrado Jorge Pretelt, quien a pesar de las denuncias en su contra y la negativa del Congreso a concederle una licencia, continúa hoy desempeñando sus funciones y enalteciendo al máximo tribunal de Colombia con su presencia. Mientras nos distraíamos conociendo y observando las hazañas de Pretelt, el doctor Rojas Ríos regresaba a la Corte Constitucional por la puerta trasera gracias a una tutela que fallaba unos conjueces del Consejo de Estado en la cual dejaban sin efecto otra decisión del mismo del mismo tribunal. Para no perdernos. El Consejo de Estado anuló la elección de Rojas por considerar que en el proceso de su postulación los consejeros violaron el reglamento de la corporación. Unos meses después, vía tutela otros  conjueces del Consejo de Estado consideraron que en el fallo en el cual se anuló la elección de Rojas se vulneraron sus derechos fundamentales. Y el honorable magistrado regresó a su cargo. El caso es un monumento a la seguridad jurídica.

La anterior situación es apenas una anécdota con relación a la situación de Rojas Ríos. Este abogado fue acusado por una antigua cliente de haberle birlado a ella y sus hijos la indemnización luego de un proceso administrativo. Luego de tramitar el caso ante las instancias penales y disciplinarias, él mismo se terminó por la prescripción de la acción en favor de su abogado. Antes de posesionarse por primera vez como magistrado de la Corte Constitucional debió reconocer que había omitido la inclusión de unos cuantiosos honorarios en su declaración de renta, situación de la cual culpo a la persona que le elabora estas declaraciones.

Sobre un magistrado de la Corte más importante de Colombia no pueden tenerse dudas. Eso al menos se pensaba cuando personas como Ciro Angarita o  Carlos Gaviria integraron dicha corporación. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que así como existe un enfrentamiento entre los seguidores del Nuevo Derecho y sus opositores, en materia del ejercicio profesional existe un nuevo abogado que se diferencia mucho del profesional de antes. El nuevo abogado privilegia las influencias sobre los argumentos. La razón y la justicia han sido relegadas. Causa una sensación entre el temor y la risa observar unos abogados que tienen más escoltas que sus criminales clientes. En ese nuevo orden profesional se han constituido de hecho unas camarillas en las altas cortes y  los tribunales   que manejan a su antojo la justicia en el país.  Ante esta nueva situación, el gremio ha pasado de agache. No denunciar, no criticar y aplaudir han sido las actitudes. Tarde que temprano se necesitara  una mano de los preteles de turno y no haberse agachado al rey podría tener efectos nocivos. De esa alcantarilla salen abogados que se denominan “embajadores” ante las Cortes.  Dicen que el abogado termina pareciéndose a sus clientes. Pareciera que de tanto atender traquetos y nuevos ricos el gremio adoptó los mismos códigos y costumbres.

Ese cambio de valores y de forma de ejercer la profesión explica que en la reunión anual de algunos de los mejores abogados del país se permita a un personaje de la talla de Alberto Rojas Río no solo presentar una ponencia sino recibir el aplauso a rabiar de sus colegas. Una lástima que no pueda asistir el doctor Pretelt para recibir otro aplauso igual.  Alguien que haga entender que con este tipo de comportamientos y este tipo de personajes en el poder, nuestro menor problema son las farc.