Reficar: Un escándalo sin culpables.

En Octubre de 2015 el presidente Santos se disfrazó de operario y puso en marcha la unidad de crudo de la renovada refinería de Cartagena. En su orgulloso discurso indicó que debido a las obras realizadas esta refinería era no sólo la más moderna de América Latina sino del mundo. El estilo de Santos ha sido siempre referirse a las cosas que pasan en su gobierno como hechos que no pueden equipararse con ninguno anterior y marcan momentos en la historia universal. (“la menor inflación en veinte años, la menor tasa de desempleo, la resolución más apoyada en la historia de la ONU, etc)

El modesto presidente de Ecopetrol comentaba por los medios de comunicación por esas mismas fechas las bondades de una obra que solo había costado 8.000 millones de dólares. La moderna refinería sale a operación con el precio del barril de petróleo a la baja pero eso no tiene ningún inconveniente debido a que en Colombia la gasolina se paga como si el barril todavía estuviera costando 100 dolares.

A menos de cuatro meses de la publicitada inauguración de la obra “más importante de la historia del país” se conocen los sobrecostos de la misma que superan el valor de venta de Isagen. A partir de ese momento, todos lo que se fotografiaron en la inauguración de la refinería comenzaron a declarar ante los medios de comunicación que de existir dichos sobrecostos, todos era consecuencia de las malas decisiones adoptadas en el gobierno anterior cuando iniciaron las obras y que en los cinco de los seis años en que el actual gobierno manejo el proceso lo que se hizo fue adoptar medidas correctivas. Las imágenes de los Ministros de Hacienda y Minas con el presidente de Ecopetrol,-quien previo a la rueda de prensa había recibido la ceniza más grande y perfecta que se recuerde al inicio de una cuaresma- indicando siete años después de los hechos que el contratista que desarrollo el proyecto estuvo mal seleccionado y que se encuentran prestos a reclamar los sobrecostos daban una mezcla de risa y tristeza. El Ministro de Hacienda, experto en conciliaciones ruinosas para el Estado  es quien comandara las negociaciones para lograr un acuerdo con los contratistas que estuvieron de fiesta un lustro construyendo la refinería más moderna del mundo. Suerte a los asesores jurídicos de Cárdenas, quienes responderán por cualquier exabrupto en una conciliación, pues el Ministro las firma pero no responde por ellas.  El Secretario General y el Director Jurídico del Ministerio de Transporte de 1999 pueden dar un testimonio del  estilo Cárdenas para responder por sus actuaciones.

El abogado de Saludcoop y futuro embajador en Alemania se acordó esta semana del escándalo de Reficar y envió unos fiscales a solicitar documentos y revisar computadores en Cartagena. El  contratante de Natalia Springer aplicara en los últimos días de su gestión para este caso la misma energía que utilizó para el esclarecimiento de los hechos del mayor fraude a la salud de la historia de Colombia. Hay tantos involucrados en la cadena alimenticia de este negociado que los únicos que peligran son quienes no tengan influencia en altos niveles. Por ello, contratistas intermedios serán quienes verán la lupa de la fiscalía y los entes de control. Los gringos, avisados con anterioridad de lo que iba a ocurrir desarmaron su operación en Colombia y solo dejaron el cascarón.  En honor al estilo Santos, un cercano asesor legal de Reficar podría integrar la terna para la próxima elección de fiscal y de esta manera darle un entierro de quinta  a las investigaciones de este escándalo. Las acciones del fiscal que termina su periodo próximamente se convierten en un precedente para este tipo de acciones.

La agitada agenda nacional desplazar este tema en pocas semanas o días. El resto del año se irá entre la finalización de los acuerdos con las farc y Julito entrevistando gurus internacionales que opinen sobre la nominación del presidente y Timochenko para el premio nobel de paz. Con la vieja estrategia de la distracción, mientras todo el país discutía sobre el proceso de paz, se pagaba la construcción de la refinería de Cartagena sin mirar las cuentas de la misma. Nada diferente puede esperarse de un gobernante que gasta millones en almendras y cortinas. Hace años que el principal problema del país no es la guerrilla sino la corrupción pero nadie parece darse cuenta. 

20 años del día en que no renunció Samper.

El 22 de enero de 1996 el exministro de Defensa Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat en la cual manifestó que el presidente Ernesto Samper conocía del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral que le permitió llegar a la presidencia de la república. Esa misma noche, el presidente en un comunicado antes de medianoche indicaba que Botero “mentía para salvarse” y reiteraba el guion de su inocencia. Yo comenzaba tercer año de Derecho en la Universidad Javeriana y esa semana se realizaron algunas marchas estudiantiles que pedían la renuncia de Samper. Habiendo heredado el sectarismo liberal de mi abuelo materno era un activo samperista que defendía al presidente que luchaba por los más pobres y era víctima de una conspiración de derecha que pretendía sacarlo a sombrerazos del poder. En víspera de cumplir 40 años siento que uno de los desaciertos más grandes que he tenido fue apoyar al elefante que aplastó la poca decencia que quedaba en Colombia.  Samper hizo algo peor que privatizar a bajo precio bienes públicos. Los entregó a delincuentes con la finalidad que los tomarán como pago por su docilidad al Gobierno. Al esposo de su defensora y copartidaria Martha Catalina Daniels le entregó Foncolpuertos que terminó siendo uno de los peores escándalos de corrupción de la historia. Al primo de su investigador Heyne Mogollón le entregó Caprecom para que lo desguazara a su gusto. La preclusión de la investigación del Presidente Samper costó cien veces más que la reelección del presidente Uribe. Con una diferencia: Ninguno de los determinadores de este asalto al patrimonio del Estado terminó preso. Por el contrario, siguen hoy más vigentes que nunca en la actividad pública. Incluso se han llenado los cargos públicos de sus hijos, cónyuges y hermanos. Y la peor de todas las consecuencias de la crisis de la financiación de la campaña de Samper por el Cartel de Cali fue la instauración del principio de la irresponsabilidad política. Cobijados por el derecho a la presunción de inocencia nadie renuncia ni responde por sus actuaciones. Los tres lamentables ejemplos de la actualidad con el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Constitucional hablan por sí solos. Todos aspiran a ejercer sus cargos hasta el último segundo del último minuto de la última hora del último día sin importar que a su paso arrastren a las instituciones que representan al descrédito total.

Veinte años después de la declaración de Botero, los protagonistas del escándalo del 8.000 lejos de haberse retirado de la actividad pública son hoy influyentes personajes de diferentes esferas de la vida nacional. Serpa quien juró el retiro de las actividades públicas en 2002 cuando perdió con Uribe es hoy el líder del partido liberal en el Congreso y con autoridad pide renuncias. Cristo después de ser funcionario de palacio y embajador en Grecia se convirtió en Senador y desde 2014 es el Ministro del Interior de Santos. Botero Zea vive en Mexico y desde allí intermedia en la venta de cuadros de su papá a personas tan importantes como el presidente Santos. Néstor Humberto Martínez se convirtió en el abogado de confianza del comprador del Banco Popular en épocas de Samper y dependiendo de los intereses del momento navega entre el sector público y privado sin temor a inhabilidad e incompatibilidad alguna.

La gran enseñanza del cuatrienio de Samper para quienes ejercen funciones públicas es que su permanencia en el cargo debe prevalecer por encima de los intereses nacionales. Y así nos fue. Hoy nos “gobiernan” ministros que firmaron conciliaciones ruinosas y culparon a terceros. Otros laboran para el gobierno mientras sus cónyuges se benefician de millonarios contratos sin que se genere rubor alguno. La Corte Constitucional se desprestigió tanto o más que los demás tribunales donde hoy sus magistrados pelean como pandilleros por cargos y honores. La Defensoría del Pueblo que desapareció con Volmar Pérez volvió a ser conocida por los ciudadanos por las costumbres de su impresentable jefe. Y el Director de la Policía Nacional se mantiene en su cargo a pesar de las denuncias que semanalmente comprometen sus actuaciones pasadas y presentes. El presidente de hace veinte años se ha reencauchado dirigiendo un organismo internacional promovido por los demócratas Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Y es aplaudido y “respetado” en auditorios que desconocen su pasado. Veinte años después, Samper les ganó a todos. A la justicia que nunca pudo procesarlo. A sus contradictores que no lograron hacerlo desaparecer de la actividad pública. A sus conciudadanos, a los cuales burló. Y gano, porque su manera de hacer política se difundió en toda Colombia. Con sus actuaciones previas a llegar a la presidencia y en ejercicio de la misma contestó al maestro Echandía la pregunta de ¿el poder para qué? Sus discípulos aventajados como Samuel Moreno Rojas, nieto del dictador, han dado la respuesta. La salvación del presidente hace 20 años significó la bancarrota moral de Colombia. Lo que estamos presenciado hoy con los venales funcionarios públicos que se niegan a renunciar es apenas una de las herencias dejadas por el triunfador del 8.000.

Plazas Vega y la justificación de lo injustificable.

Hace algunos días en Bogotá un ciudadano fue asaltado por dos delincuentes que después de amenazarlo, le hurtaron una importante suma de dinero y huyeron en una moto. El ciudadano encendió su carro, persiguió a los hampones, les pasó el carro por encima, matando a uno e hiriendo al otro. La Fiscalía General de la Nación le imputara al conductor asaltado los cargos de homicidio y lesiones personales. Hartos de la inseguridad, muchos ciudadanos han expresado su solidaridad con las acciones del conductor homicida y han mostrado su inconformidad con la acusación que le realizara ante los jueces la fiscalía. Ante la ausencia de un Estado que castigue a los delincuentes, estos comportamientos deberían ser aplaudidos e incentivados. Al fin de al cabo, los ladrones se lo “buscaron”. Con la misma lógica los paramilitares llenaron de horror el país. La anterior noticia se originó de manera concomitante con la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al Coronel Plazas Vega por la desaparición del administrador de la cafetería del palacio de justicia y concedió la libertad al citado oficial. Las primeras declaraciones del oficial al recibir su libertad son las mismas que ha repetido él y sus defensores mediáticos tipo Londoño Hoyos, en los últimos años. La responsabilidad por los hechos ocurridos hace 30 años recae exclusivamente en el M-19, grupo que a sangre y fuego ingresó a la edificación y secuestro a los Magistrados del tribunal más importante del país. Ellos deben responder por todo cuanto ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 pues las fuerzas militares estaban cumpliendo sus funciones constitucionales.  Los civiles que fueron desaparecidos y asesinados son apenas un daño colateral de la defensa de la democracia. Además, lo que originó su muerte, luego de salir con vida del palacio de justicia y  ser torturados fue la sospecha de pertenecer a la guerrilla que había ejecutado la esquizofrénica operación de toma del palacio de justicia.  Todo el que perteneciera a esa organización en ese momento podía ser ejecutado  y/o desaparecido por las fuerzas del Estado por el solo hecho de pertenecer a la misma. Cuando ingresaron a la casa del florero y fueron divididos en buenos y malos, a los ciudadanos que tuvieron el infortunio de ser etiquetados como integrantes del segundo grupo sus derechos les fueron cercenados. El asunto no pasa por el resultado del proceso de Plazas Vega, quien obtiene su libertad en medio de los avances de los diálogos de paz con las farc, en un momento de excepcional conveniencia política de un fallo como estos, indicando que si los comandantes guerrilleros no pagaran cárcel, tampoco deben hacerlo los oficiales de las fuerzas militares.

El tema de fondo es la manera como se ha construido una dialéctica de justificación de la eliminación del otro.  Las etiquetas de guerrillero o ladrón permiten que los particulares o los servidores públicos tomen la justicia por su mano ante el aplauso general del restable público. Quienes dirigieron las operaciones del palacio de justicia fueron alumnos aventajados  del Estatuto de Seguridad de Turbay que enterraron el movimiento estudiantil de los setenta. Nunca fueron juzgados y sus crímenes permanecen impunes. Veinte años después de los hechos del palacio de justicia y ante la noticia de asesinatos de jóvenes humildes, el presidente de turno contestaba que los muertos  no estarían en las zonas donde fueron encontrados “recogiendo café”.  Años después se conocería de la tenebrosa práctica denominada como los falsos positivos, donde se capturaban jóvenes inocentes, se disfrazaban de guerrilleros y se les asesinaba con la finalidad de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.

El M-19 es el principal culpable de los hechos del palacio de justicia. Nadie tiene duda de ello. El derecho de los familiares de las víctimas y la sociedad en general es conocer que ocurrió con las personas que salieron vivas del palacio y fueron asesinadas o jamás volvieron a aparecer. Desde que salieron de la edificación del palacio de justicia, la custodia y cuidado  de estas personas fue responsabilidad del Estado. Echarle la culpa a los bandidos que se tomaron la edificación que a esas horas se encontraban muertos o viviendo sus últimas horas dentro del edificio es un insulto a la inteligencia y un canto a la impunidad.

La eliminación de las causales que justifican la eliminación del otro es la primera terea en la construcción del nuevo país que supuestamente emergerá después del proceso de paz. Es claro que la paz va mucho más allá de la desmovilización de un grupo sin apoyo popular que en su equivocado accionar permitió que nos acostumbramos a justificar lo injustificable.

Entre acosadores laborales y fanáticos religiosos.

La principal función del Defensor del Pueblo de acuerdo con la Constitución de Colombia es la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Por ello resulta impresentable que el funcionario en ejercicio de ese cargo en la actualidad sea identificado por sus subalternos como un recurrente acosador laboral, misógino que atropella diariamente los derechos de los trabajadores de la entidad encargada de promover los derechos humanos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación que tiene por encargo constitucional defender los intereses de la sociedad, desde la posesión de Alejandro Ordoñez se ha dedicado a divulgar, defender y promover la doctrina religiosa de su jefe atacando a las minorías que “contravienen” el culto católico. La participación del ministerio público oponiéndose al matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido una de las actividades desarrolladas durante este tiempo de oscuridad en esa dependencia. Contrastan las posiciones del procurador en materias religiosas con su ligero actuar en materias disciplinarias donde ha sido “generoso” en la firma de revocatorias directas de sanciones de predecesores y subalternos en favor de selectos favorecidos.

En la Contraloría General de la República llegó hace unos meses el exprocurador Maya Villazón a pesar de sus impresentables cartas de presentación de sus gestiones durante ocho años en el Ministerio Público. Conocedor el Congreso de la facilidad del exprocurador de callar cuando es momento de denunciar, no existía candidato alguno que pudiera competir con Maya. Desde el inició de su gestión, al mejor estilo de los contralores departamentales y municipales, demostró que será un ministro del presidente con funciones en el ente de control. En otras palabras, hay contraloría pero no hay contralor.

El creador de la Universidad de la Fiscalía, contratista de Natalia Springer y abogado de los mayores defraudadores de la salud en Colombia tiene todavía más de tres meses para terminar de hacer estragos en la fiscalía. La manera caprichosa en que ha manejado el presupuesto de la entidad y ha seleccionado las investigaciones del ente acusador han logrado poner a esa entidad en el peor momento de su historia. Quedo comprobado que pusieron al ratón a cuidar el queso.

Los órganos de control en Colombia tienen un acosador laboral como defensor del pueblo, un fanático religioso como procurador, un mudo como contralor y un abogado de hampones de cuello blanco como fiscal. No obstante lo anterior, todos seguimos pensando que lo más importante es firmar la paz. Mientras personajes como los mencionados sigan manejando a Colombia, el menor de los problemas del país es que exista o no guerrilla. La paz comenzara a asomarse cuando dejemos de hacer venías a esta clase de individuos que tiene secuestrado el Estado desde siempre y caminan impunes a la vista de todos.

Las instituciones que Colombia no negocia con las farc

Todos celebran los resultados de las elecciones del pasado 25 de octubre como una victoria. El presidente indica que son los comicios donde mayor participación se ha registrado. Vargas Lleras y sus impresentables patrocinados celebran las gobernaciones y alcaldías obtenidas. Serpa levanta al aire los brazos de los temibles nuevos gobernadores de Antioquia y Santander. Con algunas excepciones, la dinámica de las pasadas elecciones continúa demostrando el fracaso de la reforma de 1986 que permitió la elección de autoridades locales y por esta vía sometió  algunas regiones a barones electorales que las manejan a su antojo. Las elecciones de la tía del Gobernador en  Magdalena y la esposa del excongresista Pérez en la gobernación del Meta son apenas una muestra de cómo algunos departamentos quedaron en manos de asociaciones de contratistas y políticos que realizan fuertes inversiones en la campaña para luego tener réditos por cuatro años derivados del presupuesto. Nadie protesta ni tampoco reclama.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) que hace las veces del Consejo Superior de la Judicatura en materia electoral por la calidad de sus integrantes y las labores que adelanta no tuvo inconveniente en acusar de transhumancia a más de un millón de colombianos a una semana de las elecciones por cometer el delito de inscribirse en un lugar diferente al que votaron en las pasadas elecciones. Sin más pruebas que unas débiles presunciones y la violación del artículo 83 de la Constitución procedieron a dejar sin efecto la inscripción y enviar copia a la fiscalía general de la nación de la resolución en la cual adoptaron esa decisión con la finalidad que investigue a los transhumantes. Si apenas estamos llamado a declaración a los que participaron en las desapariciones forzadas y homicidios de la toma del palacio de justicia hace 30 años, no se imagina nadie cuando tendrá tiempo la fiscalía de investigar este “atentado” a la democracia. Así, de manera arbitraria se negó el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos, al mismo tiempo que se descubría gracias a una columna de Daniel Coronel que uno de los asesores del presidente del Consejo Nacional Electoral es un ciudadano  al que se le atribuyen delitos menores como desaparición forzada. De un funcionario con esa calidad de asesores, no se extrañan los pronunciamientos que realiza y los actos administrativos que firma. Siguiendo la doctrina Pretelt, no pasara nada y ese acto inconstitucional e ilegal quedara sin castigo. Mientras el CNE abogaba por la transparencia de las elecciones, en la calle ocurría lo mismo de siempre. Los compradores de votos hacían lo suyo. Listado, votación y pago. No en balde personajes como el gato volador son hoy senadores de la república sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

Y mientras transcurrían los últimos días de campaña, las elecciones y las celebraciones, el exgobernador de Cundinamarca Alvaro Cruz quien hace cuatro años llegaba de manera arrasadora a su cargo en los brazos de Uribe, Vargas Lleras y Santos veía como la suerte le había cambiado de manera radical en 180 grados. Sus amigos de ayer repugnan cualquier asunto que los relacione con el exgobernador. Cruz trato de salvar su pellejo entregándole a un abogado charlatán de la Procuraduría General de la Nación 2.000 millones de pesos para enterrar su proceso en la fiscalía. Su esposa, en otra “época” cercana al nuevo alcalde Bogotá se escucha muy indignada en las grabaciones divulgadas por los medios de comunicación al indicar que fueron estafados por el abogado que les pidió el dinero para arreglar el proceso y que no podían dar más plata porque “ ni que fueran traquetos.” Este señor  que trabajaba en la Procuraduría merece un reconocimiento en los círculos delincuenciales porque engañar a un personaje de talla de Cruz que había perfeccionados sus artes desde la época de Secretario de Obras de Andrés González merece ser reconocido. La situación de ambos en los próximos años será diferente. Cruz antes de un año estará en detención domiciliaria en su casa la lado de su retoño luego de que sus abogados hubieren “demostrado” que no es humano que una persona en sus penosas condiciones permanezca en prisión. El pobre diablo que lo “estafo” deberá entregar los pesos que le quedan al abogado y su reclusión será en la prisión. El costo de haber timado a un pez más grande que él será su permanencia en prisión.

La última conclusión de los eventos de estos días es que nuestro próximo presidente Germán Vargas Lleras en su tarea de conseguir apoyos para cumplir la misión de su vida de llegar a la presidencia tiene un pudor  similar al de Samper. Mientras le pongan votos, no importa antecedentes ni actividad del ciudadano. Hace cuatro años se fundía en abrazos con Kiko Gómez y Alvaro Cruz. En estas elecciones su partido repartió avales al mejor estilo del PIN. Alguna vez Antonio Caballero indicaba que nuestro destino era que todo presidente era peor que el anterior. Vargas Lleras está dispuesto a demostrar que Caballero tenía razón….. Y pensar que esta es la institucionalidad que no estamos dispuesto a negociar con las farc.

Uribe: El vencedor que reniega de su victoria.

A inicios del siglo XXI, un acuerdo como el suscrito  entre el Gobierno y las farc el pasado 23 de septiembre no hubiera sido posible. Para las farc del proceso del Caguán que tenían centenares de militares y policías secuestrados, una influencia considerable en algunas regiones del país y un entorno económico próspero gracias al dinero proveniente del narcotráfico, la única manera de avalar un acuerdo con el Gobierno era impulsando unas reformas estructurales al sistema económico y político que implicaran severos cambios institucionales. Tres lustros después, la guerrilla vanidosa y poderosa de antes celebra hoy de manera ruidosa que sus cabecillas no vayan a la cárcel si cuentan la verdad sobre sus crímenes.

Por ello, resulta paradójico que el protagonista de ese cambio en la posición de la guerrilla en la mesa de negociación sea precisamente el principal opositor de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz. No puede entenderse este cambio de correlación de fuerzas entre Estado y guerrilla sin mencionar la participación de Alvaro Uribe como presidente de Colombia en dos periodos consecutivos y los éxitos de su política de seguridad democrática. Solo un gobierno que tuvo la disposición de enfrentar con decisión la amenaza subversiva, valiéndose como su adversario, de “todas las formas de lucha”, pudo desequilibrar el conflicto en favor del Estado y llevar a la organización guerrillera a firmar lo que hoy está firmando.

Fue tal el efecto Uribe en la política colombiana que consiguió durante la última década que el único tema relevante en la agenda fuera el conflicto con las farc. Para Uribe y sus seguidores la única manera de terminar la guerra contra la “amenaza terrorista” era la rendición de este grupo. La dicotomía era muerte o cárcel, como en los letreros del viejo oeste. Por ello, su furiosa oposición al mandatario qué el mismo hizo elegir. Debido a ello, la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático en oposición al partido creado en 2006 que lleva sus iniciales, de la U y que tenía como su doctrina los pensamientos de su caudillo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron el enfrentamiento entre dos candidatos que tenían las mismas propuestas en todos los campos y solo diferían en la manera de terminar el conflicto con las farc: a bala uno, negociando otro. La radicalización de la posición de Uribe ha tenido aspectos cómicos,  como el de tratar de vender a Santos como un seguidor de las desastrosas políticas de los dictadores de Cuba y Venezuela.  

Después de medio siglo de lucha insurgente, marcada en las últimas dos décadas de “conexidad” con el narcotráfico, las farc han sido derrotadas. No lograron conquistar el poder. En la negociación que se adelanta no se discuten reformas estructurales del Estado. Al contrario, el país y el mundo  al cual regresan a hacer política cambio dramáticamente. Los asuntos agrarios no tienen la importancia de antaño. Colombia lleva varios años suscribiendo incesantemente tratados de libre comercio que dejaron en el pasado la protección a la industria nacional. Lo más relevante es su derrota política. Son unos alzados en armas sin seguidores. Aparte de extranjeros extraviados y confundidos nadie los apoya. Sus referentes en el ámbito latinoamericano han llevado a sus países a la desgracia y el hambre. Su reconocimiento como delincuentes políticos fue una condición que debió cumplir el estado para adelantar el proceso de negociación que parte del pragmatismo pero no de la convicción. Así como Lucas en Chespirito era feliz con que le dijeran “licenciado” sin serlo, las farc sienten pertenecer a una categoría especial de revolucionarios por el reconocimiento de ser delincuentes políticos. Nada más alejado de la realidad. Nadie se siente identificado con secuestradores, asesinos, reclutadores de menores y narcotraficantes. Las farc-ep terminaron siendo un ejército sin pueblo. Aunque algunas de las denuncias que promueven en sus discursos referentes a la concentración de riqueza y la inequidad en Colombia son válidas, pocas personas desean que un grupo que cometió delitos de lesa humanidad durante décadas lleve su vocería.  Su compañía en futuras contiendas electorales será tan deseada como la de Ernesto Samper en la actualidad. Ningún político con aspiraciones a cargos públicos quiere que lo relacionen con personas o grupos que repugnan a la sociedad. Y esa es su más sentida derrota, después de medio siglo de lucha armada, nadie se siente identificado con sus causas e ideas. Por eso, el gobierno sabe que no puede llevar el proceso a una refrendación directa porque la posibilidad de una negativa a los acuerdos alcanzados es una certeza.

Debe celebrarse el fin de un conflicto con una organización guerrillera que se ensaño con  los más pobres destruyendo sus pueblos y hogares. Deben apoyarse los acuerdos que pongan fin a una guerra sin sentido. Y alguien debe decirle a Alvaro Uribe, que lejos de ser una derrota, la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto con las farc es una victoria de la sociedad colombiana que no hubiera sido posible sin su aporte.