El paisaje de la sabana de
Bogotá comenzó a cambiar de manera drástica hace dos décadas. El afamado
constructor de Unicentro adquirió varias hectáreas al lado de la vía que
conduce a Sopo y con la autorización de la Alcaldía de Chía procedió a asfaltar
la montaña, dividir el predio en cientos de lotes y vender viviendas exclusivas
a altos precios. Siguiendo su audaz ejemplo, otros constructores se dedicaron a
edificar en los campos de la Sabana, lo que trajo como resultado el paisaje que
puede observarse hoy. Montañas cruzadas por carreteras con destino a conjuntos
residenciales de acceso limitado. Por la época de esas hazañas no existían los
molestos planes de ordenamiento territorial situación que permitía a los
mandatarios locales un amplio margen de discrecionalidad para expedir licencias
de construcción en zonas que estaban destinadas a la conservación. Aprovechando
vacíos legales se llenaron los cerros
orientales de Bogotá de construcciones y barrios privados sin importar las
declaratorias de reservas naturales. Solo hasta el año pasado el Consejo de
Estado dictó sentencia en una acción popular que confirma que deben respetarse
los cerros y prohibirse los desarrollos urbanísticos en esa zona. El asunto es
que dicho Tribunal se demoró siete años en “debatir” el asunto y cuando por fin
resolvió una acción popular sobre el tema los cerros están inundados de
invasiones ilegales y otras muy legales con licencia de construcción firmada
por Curador Urbano. En su insaciable búsqueda de terrenos para edificaciones el
personaje portafolio del año 2013 por su vida y obra quiso convertir el
Seminario Mayor de Bogotá en un conjunto de hoteles y edificios, idea que no
pudo concretar debido al escándalo mediático causado por las utilidades que
tendría el episcopado por dar en aporte un terreno que en su momento un fiel
habría donado con la única destinación de ser un lugar para la formación de sacerdotes.
En la ciudad de
Villavicencio se realizó a mediados de la década pasada la construcción del Centro
Comercial Unicentro. La firma dueña de la marca y desarrolladora del proyecto
se asoció con el señor Marco Antonio Gil propietario del predio donde se
realizó dicha obra. La relación comercial con el señor Gil se terminó en el año
2007 cuando este último ingresó a la lista Clinton. Hace un año Gil, quien
tiene el alías de “el papero”, fue detenido y recientemente fue condenado por
los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a la
severa pena de seis años de prisión. Salvo que tenga una lesión como la de
Falcao, el papero estará en libertad para asistir al mundial de Rusia en
2018. Por su parte, su exsocio en el
exitoso proyecto de Unicentro Villavicencio manifestó que no tenía idea de las
actividades de Gil y por tanto su actuación de buena fe no podía ser puesta en
duda por nadie. Este contundente argumento bastó para que la Fiscalía archivara
cualquier investigación con relación a la sociedad del papero y el constructor.
Pensar que si el constructor se hubiera llamado Pedro Pérez habría tenido que
explicar hasta el último de sus días los detalles de sus negocios con el
papero. Pero cuando estamos ante personajes de vida y obra tan ejemplar su sola
palabra sirve para mitigar cualquier duda sobre su proceder. Medio siglo
después el país que describía Salom Becerra en sus libros sigue siendo el
mismo.
Durante el segundo semestre
del año 2013 se conoció la decisión de la Alcaldía de Chía de no otorgar licencias
construcción para el desarrollo de más etapas del Conjunto Encenillos de
Sindamanoy en la ciudad de Chía. La constructora que desarrolla el proyecto
logró que el Ministerio del Medio Ambiente desafectara del área de reserva
natural 72 hectáreas para la
construcción de más viviendas campestres que se convertirían en etapas
adicionales del proyecto inicial. Era la primera vez que se daba una negativa
por parte de la administración de Chía a la empresa del extesorero del partido
liberal. La Alcaldía hasta la fecha ha mantenido su decisión, la que tendrá que
defender ante los estrados judiciales por las seguras demandas que recibirá por
la misma. No obstante lo anterior, la misma firma ha desarrollado el mismo
modelo de negocio consistente en urbanizar áreas rurales y asfaltar montañas
para construir conjuntos cerrados exclusivos en los vecinos municipios de La Calera y Sopó.
Una vuelta por La Sabana permite observar el estado de sus negocios y la ausencia
total de acción de las autoridades ambientales en la protección de los recursos
naturales.
Aunado a lo anterior, hace
pocos días se conoció la decisión de la Corte Constitucional que ordena la
suspensión de la construcción de varias torres de apartamentos en la ciudad de
Bogotá en las instalaciones donde funcionaba el Colegio Colsubsidio en un
exclusivo sector de la capital colombiana. El meollo del asunto es que el uso
del suelo de dicho inmueble era dotacional pero debido a una solicitud
realizada por la Caja de Compensación Familiar propietaria del inmueble a la
Secretaria de Planeación en el sentido de modificar el uso del suelo, los
funcionarios del gobierno de Luchito Garzón en los días previos a finalizar su
gestión en diciembre de 2007 resolvieron favorablemente la misma y mediante un
acto administrativo autorizaron el uso residencial en dicho inmueble. (Por esos
mismos días, en esa misma alcaldía, en otra dependencia se entregaba el
contrato de la calle 26 a los hermanos Nule) El único inconveniente que existía
es que el cambio de uso de suelo solo puede ser realizado por el Concejo de la
ciudad. Sin embargo, con este documento se tramitó la licencia de construcción, se comercializó
el proyecto y comenzó la construcción de los edificios en dicho inmueble. Los
vecinos interpusieron los recursos legales contra la licencia de construcción,
los cuales no prosperaron. Fue por vía de la acción de tutela que el máximo
tribunal constitucional considero afectados sus derechos fundamentales y ordenó
la suspensión de la obra. Al saber la noticia, el propietario de la
constructora quien fue juez de la república indicó que dicha decisión crea
inseguridad jurídica y mediante sus abogados ha solicitado ante la Sala Plena
de la Corporación la nulidad de la decisión de la Sala de Decisión que adoptó
la determinación que se ha comentado. El tono de las intervenciones del dueño
de la constructora afectada en entrevistas como la realizada a Blu Radio han
demostrado la soberbia de quien ha realizado su querer en Bogotá y sus
alrededores sin que autoridad alguna hubiera tenido jamás la valentía de
realizar observaciones sobre sus
proyectos. No se ha dicho la última palabra pero genera algo de satisfacción
saber que algunas veces en Colombia las leyes también son para los intocables.