Unas preguntas sobre el proceso de paz

La intolerancia del gobierno colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual se refiere a su contraparte en actos públicos y  privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado” y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión, únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante generoso, está percepción de la realidad  podría tener  alguna relación con los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir, cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán  como heredero de las banderas de su padre, y una vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para  su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto Santofimio Botero en el Congreso de la República.  Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento que Gaviria fue ungido como su sucesor.

En aquellos años, apenas iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares, además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas, bombas  explosivas y  minas antipersonales.  Con las políticas adelantadas en los ocho años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo de un proceso de paz a la sombra auspiciado por  dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política de quien las realiza.

Durante el proceso de desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.

En el proceso de paz que se adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad, justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante relevante.  Pocas de sus víctimas han sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”.  ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas contra el Estado?  Y en la eventualidad que se considerara esa posibilidad,  ¿no debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?.  La “organización rebelde” se niega siquiera a pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose víctima con un discurso del siglo pasado.  El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.

Decir esto no significa que alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que es “para el bien de todos”.

Chávez y la revolución del humo

A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del gobierno venezolano de la muerte del “Comandante máximo de la Revolución Bolivariana” o “Cristo de los Pobres “, como lo llama su sucesor Nicolás Maduro es preciso realizar alguna reflexión sobre la entidad de la presunta revolución ocurrida en Venezuela después de catorce años de gobierno del Coronel Hugo Chávez.

Cuando Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 el precio del barril de petróleo no alcanzaba los nueve dólares y la situación económica era precaria debido a varios lustros de bajos precios del crudo, situación que  ocasionó la adopción de medidas de ajuste económico en los segundos mandatos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes habían gobernado en épocas pretéritas en plena bonanza económica por el elevado costo del barril de petróleo que se presentó en la década de los setenta. Ambos expresidentes eran recordados por la infinita generosidad con la cual repartieron recursos en sus primeros mandatos y el  recuerdo de esa época fue fundamental para sus reelecciones.

El nuevo presidente proponía algunas reformas institucionales, consideraba que Cuba era gobernada por una dictadura y descartaba reformas que atentaran contra el derecho de propiedad en su país. La conversión en  “Comandante” de la “Revolución Bolivariana” fue concretándose en la medida que los precios del barril del petróleo se dispararon, aunado a un acercamiento a la dinastía que gobierna Cuba y al intento de derrocamiento en 2002. Manejando en menos cinco años un presupuesto que cuando menos cuadriplicaba el de su antecesor, el Presidente y su equipo dieron el remoquete de socialista a su gobierno y promocionaron la distribución de renta como  algo que ocurría por sus preferencia ideológicas y no por el alto precio internacional del petróleo. Con fondos  en las arcas jamás imaginados en 1999, poco quedaba ya del tímido Coronel que había llegado al poder como símbolo de cambio, abriéndose paso al megalómano que hablaba varias horas por televisión de cuanto tema existiera a semejanza de su inspirador Fidel Castro (según El diario El Universal  entre 1999 y 2010 había transmitido más de 1.300 horas en 2.000 alocuciones en cadena nacional.[1]), siendo  el paso siguiente el logro del control total del Estado, para lo cual era necesario lograr el quebrantamiento de la división de poderes, ahogar cualquier expresión contraria a sus políticas y crear enemigos que permitieran inventar una  cruenta lucha  para la cual  el Comandante había sido llamado por la historia a salvar a su patria.

El poder legislativo trasladó sus funciones al ejecutivo mediante las denominadas leyes habilitantes por medio de las cuales autorizó al Presidente a legislar en su lugar y bajo cuya modalidad se expidieron 224 normas entre 1999 y 2012. Entre 2006 y 2011 la Presidencia de la Asamblea Nacional fue ejercida por Cilia Flores, esposa del Canciller Nicolás Maduro. Con el poder judicial, debido a la ausencia de mayoría automática en el Tribunal Supremo se resolvió modificar su composición en mayo de 2004  pasando de 20 a 32 integrantes, situación que tuvo como consecuencia el  control del máximo tribunal de justicia  por magistrados afines a la “revolución.” La obsesión por acallar las voces contrarias a las políticas oficialistas fue otra de las “batallas” que libró decididamente el gobierno revolucionario, situación para  lo cual las renovaciones de licencias fueron un  elemento decisivo para acallar voces de contradictores públicos cumpliendo todos los requisitos de ley. Sin embargo, su lucha más frontal fue contra el gobierno  imperialista de Estados Unidos al cual no dudaba en insultar en público pero en privado mantenía unas vigorosas relaciones comerciales que lo convertían en el tercer socio comercial de Estados Unidos en la región, solo superado por México y Brasil sin existir entre su país y el norteamericano un Tratado de Libre Comercio.

El siglo XXI ha sido de abundancia para los venezolanos por los precios del petróleo que han permitido mejorar de manera sustancia los recursos del gobierno y la respectiva redistribución de los mismos a la población. Más de una década después de este periodo de oro no se ha creado riqueza en ese país. La iniciativa privada ha sido herida de muerte por un gobierno que aplica políticas que no respetan la propiedad privada y no estimulan a nacionales y extranjeros a invertir recursos o capital humano en el país debido  a la promulgación de añejas y fracasadas ideas sobre la división de la sociedad entre buenos y malos. Una década que debió marcar un cambio coyuntural en una nación afortunada por la naturaleza fue desperdiciada dividiendo a la sociedad y auspiciando la confrontación entre iguales. La revolución consistió en cambiar el sistema democrático en el cual es fundamental la división de poderes y la oposición por la imposición de un gobernante vitalicio, todopoderoso, sin vigilancia de nadie que por refrendar su poder en elecciones desiguales cada seis años tenía la autoridad para gobernar sin rendir cuentas a nadie diferente a su persona.. Solo la temprana desaparición del “Comandante Supremo” impidió que éste condenara a los habitantes de su país a vivir  gobernados por el mismo breve periodo que llevan en Cuba los Castro. Y a pesar de tener todo a su favor, el país que más armas compra de la región en mercados internacionales es a su vez el más violento, refugio predilecto de narcotraficantes y terroristas de Colombia y otros lugares. La deuda externa desbordada, la inflación descontrolada, el cambio de divisas desenfrenado, la producción de PDVSA por debajo de su capacidad en los mayores años de precio del petróleo con el triple de empleados a su servicio son apenas algunas de las herencias que el aplomado diplomático Nicolas Maduro y su esposa Cilia, pareja que seguramente aspirara a dirigir la “revolución” las próximas dos décadas, deberá afrontar en los próximos meses, porque pareciera que ni siquiera un barril de crudo a los actuales precios podrá contener la  caída de una “revolución” que lejos de obras concretas, lo único que dejara como recuerdo es la retórica de su carismático líder.

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[1] Diario El Universal, 15 de febrero de 2011.

Morir por la patria.

El cabo tercero Rafael Cortez Cabezas y los soldados profesionales  Jaime Alberto Mejía Rodríguez, Richard Arturo Orozco Aguilar, Juan Carlos Piñeros Duarte, Víctor Hugo Ramírez Lozano, Iván Darío Ríos y Wilson Tique Guzmán murieron  a mediados de febrero pasado en enfrentamientos con las farc en el departamento de Caquetá. Los “alzados en armas” pretendían tomarse la Inspección de San Antonio de Getucha, ubicada en el municipio de Milán, al norte del departamento. En dicha Inspección de algo más de dos mil habitantes la energía eléctrica llegó hace menos de cinco años, solo la quinta parte de la población ha cursado educación secundaria y de conformidad con el último Censo únicamente el 20% de las viviendas cuenta con acueducto y alcantarillado. Para estos integrantes del Ejército no hubo funerales rimbombantes, minutos de silencio ni mucho menos se levantarán bustos que recuerden su sacrificio.  Estos jóvenes entregaron sus vidas por defender las instituciones de Colombia de una guerra que se libra en lugares tan lejanos a los sentimientos y los gustos de los gobernantes de Bogotá que parece ocurrieran en otro país.

Y mientras tanto, ¿qué ocurría en la Colombia próspera donde no hay guerra y el metro cuadrado de vivienda cotiza igual que en los lugares más costosos del mundo? El jeep set criollo se encontraba en un mes de matrimonios pomposos de un delfín en Cartagena  y de  la hija de una hiena recién reelecta en su cargo gracias a milagros celestiales en Bogotá. El hermano del aspirante a suceder al actual Presidente llamado Enriquito se encargaba de “manejar” la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá para cambiar de Presidente Ejecutivo y entregarle el cargo a una Exministra del Elefante. Los miembros de las principales Cortes de Justicia continuaron exponiendo sin rubor las razones que sustentan que ellos y los congresistas se pensionen con sumas de dinero exorbitantes a cuenta del erario público. El innombrable presidente del Congreso solicitaba que los cargos públicos se entregaran a políticos porque los tecnócratas no representan a nadie. El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en las mejores épocas del gremio, padre del Ministro de Hacienda, quien por la gracia del creador jamás tuvo culpa por suscribir la conciliación de Dragacol, a su vez exministro de Desarrollo de Gaviria, exministro de Transporte de Pastrana, progenitor también de la Embajadora vitalicia del país en Japón opinaba que no existían motivos para adelantar un paro cafetero. La canciller Holguín, la misma que renunció en épocas de Uribe a la Embajada en la Onu por el nombramiento de familiares de políticos, explicaba en entrevistas radiales la diferencia entre esa época y la actual donde hermanos de congresistas son nombrados en el servicio diplomático debido a sus importantes logros intelectuales. El Viceministro Samper presenta un proyecto al Congreso para la eliminación de varias leyes. El Concejal Serpa comienza a sonar como candidato a la Gobernación de Santander. Gaviria, el jefe del Partido Liberal anuncia que no aspirara al Congreso de la República debido a que se encargara de elaborar las listas de la colectividad roja. Fernández de Soto, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos estimula la participación de las comunidades y las minorías étnicas en los planes de Gobierno según la página web del Ministerio del Interior. La sobrina del Alfonso López Michelsen, Secretaria de Gobierno del nieto del dictador Rojas Pinilla, que junto con su hermano se encuentran detenidos por delitos contra la administración pública será la candidata presidencial del único partido que ha realizado algunos ejercicios de oposición al gobierno más unánime de la historia reciente. Mientras tanto, el país sigue reinando en cifras de desempleo y desigualdad en comparación con el resto de América Latina, dato que parece no importar en momentos en que el Presidente y su aspirante a sucederlo se dedican a regalar amplias casas de 40 metros cuadrados por todo el país. Y pensar que cada vez nos parecemos más a Venezuela de la que nos creemos tan diferentes, obteniendo recursos de la minería y  el petróleo.

Por defender esas instituciones, murieron en un paraje miserable siete colombianos. Paz en sus tumbas.

Las pensiones de los Intocables.

Es difícil recordar una situación en la cual  las opiniones y conceptos de los magistrados de las altas cortes de Colombia coincidieran de manera unánime. Las exposiciones realizadas por los Presidentes de algunas Cortes (Entre Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura son 75 los integrantes de la cúpula de la Rama Judicial), secundados por el Procurador General de la Nación quien  tiene el encargo constitucional de velar por los intereses de la sociedad son recurrentes en citar expresiones como “derechos adquiridos”, “Estado de Derecho”, “independencia y autonomía del Poder Judicial” para justificar la existencia de un régimen especial que permite que sus pensiones de jubilación sean calculadas y pagadas de manera distinta al resto de los ciudadanos.

Con base a normas que no tienen más sustento que la arbitrariedad y el capricho de los legisladores de turno se fueron conformando categorías ciudadanas. Los pensionados privilegiados, congresistas y magistrados, fueron favorecidos por la ley 4 de 1992, posterior a la Constitución de 1991, en épocas de Gaviria. (Un antecedente  sobre la costumbre familiar de aprobar leyes sin leerlas previamente). A partir de allí y bajo el nuevo régimen, mediante diversos fallos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se encargaron de favorecer las condiciones de liquidación de las pensiones de los jerarcas de la Rama Judicial que años después favorecerían a quienes suscribían los fallos. Por ello, más que un asunto accidental en el cual reino la mano invisible del legislador, la situación acontecida con las pensiones del legislativo y el judicial es el resultado de una asociación entre ambos poderes para favorecer a sus integrantes con unas jubilaciones que deberán ser canceladas por el Tesoro Público. De la anterior situación se derivan los “derechos adquiridos” que airadamente Ordoñez solicita respetar con la misma devoción que niega los derechos de las minorías sexuales en Colombia.

Que los Congresistas hubieran legislado a su favor sin siquiera ruborizarse es algo que parece un pecado venial en comparación con el triste papel que hace años juega este “poder” en nuestra democracia, dedicados sus integrantes a apoyar al Gobierno de turno sea cual sea su programa a cambio de lisonjas y nombramientos. Es parte de su esencia. Sin embargo, que aquellos que juzgan de manera irrevocable las diferencias entre los ciudadanos, valiéndose de interpretaciones y escudándose en la independencia del poder judicial hubieran diseñado y ejecutado un plan para saltarse su puesto en la fila y obtener una jubilación muy superior a sus aportes es repugnante. ¿Qué legitimidad puede tener el fallo de un juez dedicado a promover subalternos por breves periodos de tiempo con la finalidad que sus jubilaciones sean dos o tres veces superiores a las que debían corresponderles si esos nombramientos no hubieran sido realizados?

El resultado de ese clima institucional es la ausencia de justicia que padecemos. Como abogado lo último que puede recomendarse es llevar un litigio a la justicia ordinaria pues la inexistencia de plazos y la ineficacia del aparato judicial hacen añorar las descripciones de Kafka sobre los procesos. Acudir a cualquier instancia de la Rama Judicial sirve para encontrar las causas de la violencia y la desigualdad que padece el país. Al igual que con las pensiones, existen diversas categorías dependiendo de la calidad de las partes. Un ejemplo reciente podría ser el publicitado caso del homicidio de Luis Colmenares donde lo más granado del derecho penal hace lo que quiere con el proceso y en menos de un año lo destroza, en contraste con la suerte que tendrán los tres pobres diablos acusados de falso testimonio que tienen garantizado cuando menos un lustro de cárcel representados por abogados de oficio.

En síntesis, lo ocurrido con el asunto de las pensiones de jubilación de magistrados y congresistas es la confirmación de la existencia de una minoría intocable a la cual se le aplican leyes diferentes, centros de reclusión especiales, servicios médicos privilegiados mientras que la gran mayoría debe cumplir las normas del Estado de Derecho que elaboran e interpretan aquellos a quienes  no se les aplican estas normas. Algunos de quienes defienden estas inequidades son profesores y formadores de las futuras generaciones de abogados. Y después nos preguntamos porque tenemos la “justicia” que tenemos.

El arte de cambiar las noticias.

Haciendo un paréntesis en la novena de aguinaldos y previo a la fecha en que para muchos cambiara de ciclo la tierra de acuerdo al calendario maya, quiero realizar una reflexión sobre algunos hechos recientes:

1-El saldo positivo por los festejos del campeonato de Millonarios:” El general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, calificaron de "altamente positivo" el balance en materia de seguridad, en la noche de celebración del título número 14 de Millonarios…”Durante la jornada se registraron tres homicidios. Al referirse a uno de ellos, el General Martínez manifestaba" Al parecer un hombre fue atacado con arma blanca por unos hinchas, porque la víctima llevaba un buzo de color rojizo. Hay dos personas indiciadas en este hecho de intolerancia", ….. Igualmente, se registraron 1.400 riñas en toda la ciudad, 1.299 personas fueron conducidas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) -cerca de 500 cerca del estadio- y 12 personas resultaron heridas. Otro asunto que destacó la Policía tuvo que ver con la incautación de 61 kilos de pólvora dentro del estadio, aunque Martínez descartó que el material haya entrado por los filtros de seguridad….. Así mismo, 1.794 establecimientos públicos fueron cerrados por violar la ley seca.” (El Tiempo, 17/12/12). No pudieron controlar el acceso de pólvora al estadio, 1794 propietarios de establecimientos infringieron la ley seca, hubo 1400 riñas, 1300 detenidos, un muerto por llevar un “buzo de color rojizo” y estos es celebrado por el Director de la Policía Metropolitana. Difícil encontrar un mejor ejemplo de un FALSO POSITIVO. El Tiempo titulo está noticia como “Policía y Distrito destacan buen comportamiento tras final de fútbol.” Clarín en Argentina titulaba una nota sobre la misma noticia de la siguiente manera: “Trágico festejo de los hinchas de Millonarios”

2-Las conexiones de Interbolsa con el Gobierno: ¿Qué ocurriría si uno de los mayores aportantes a la campaña de Petro fuera accionista y Presidente de una sociedad de bolsa que entró en liquidación por manejos irregulares? ¿Qué pasaría si el Secretario de Hacienda del Distrito hubiera sido miembro de la Junta Directiva de esa sociedad hasta antes de ingresar a su cargo? ¿Se les tendría la misma consideración que al Presidente Santos y al exministro Echeverry? Pueden imaginarse los editoriales de El Tiempo llenos de “indignación patriótica” pidiendo explicaciones y exigiendo retiros de cargos mientras se realizan investigaciones.

3-Por el caso de Santo Domingo defendió a Colombia un abogado que solo tenía experiencia como litigante en Consultorio Jurídico: Los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los cuales es acusada Colombia tienen mínimas probabilidades de ser fallados a favor del Estado. Lo que resulta cuando menos divertido es que el ahora apoderado del Estado en estos litigios, el doctor Rafael Nieto Loaiza, experto en derecho internacional  jamás había ejercido la profesión de abogado hasta que intervino ante la CIDH en los alegatos finales del caso Santo Domingo. Su tarjeta profesional es la número 217.564, la cual debe encontrase en inmaculado estado pues debe tener menos de un año de expedición. En honor a la verdad debe indicarse que es posible que en el Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana hubiera reunido la experiencia necesaria para realizar estas actuaciones a nivel internacional.

4-El cambio de 360 grados en las basuras de Bogotá. Tres meses hablando única y exclusivamente del cambio en la recolección y manejo de las basuras en Bogotá  para que después de dos días de iniciado en “nuevo servicio”, el Alcalde contrate a los “monopolios explotadores” de Lime. Aseo Capital y Ciudad Limpia para continuar prestando el servicio.  Y faltan tres años de ideas innovadoras.

Una Feliz Navidad y un exitoso 2013. 

El desacato y los malos ejemplos.

El reconocimiento de un juez que dirime los conflictos entre los particulares o entre éstos y el Estado después de la realización de un juicio en el cual las partes han tenido la oportunidad de presentar los argumentos que fundamentan sus solicitudes, implica el reconocimiento y aceptación de la decisión que adopte sobre los asuntos puestos a su consideración. Este principio aplica a las relaciones entre Estados cuando han acordado mediante un Tratado que sus diferencias sean resueltas por una Corte ajena a ambos.  En un país de abogados no debería costar mucho conocer este principio básico.  Sin embargo, las reacciones al fallo de la Corte Internacional de Justicia –CIJ- en el litigio con Nicaragua demuestran que nos encontramos más cerca del estado de naturaleza de lo que podríamos creer.

La mayor parte del litigio (2001-2012) transcurrió durante la presidencia de Alvaro Uribe, quien se ha convertido en uno de los principales promotores del desacato a lo que ha denominado el “fallo del despojo”. En su opinión, la única sentencia admisible era aquella que acogiera la posición colombiana, razón por la cual, un fallo contrario no tiene cabida dentro del orden jurídico. Está posición tiene un mayoritario respaldo ciudadano. Debido a lo anterior, el presidente Santos que considera cosa juzgada la parte favorable del fallo y error la desfavorable indica que no cumplirá el mismo hasta que no se garanticen los derechos de los colombianos en el lugar. Por su parte, una de las preocupaciones de la Canciller Holguín es el porvenir de la  reserva de biosfera Seaflower calificada por la Unesco en el año 2000 como de importancia global y que ahora tendrá un porcentaje importante en Nicaragua, que ha expresado su intención de explotar petróleo, situación que pondría en peligro al reserva que Colombia ha protegido, como es su costumbre en temas ambientales. (Los ríos Magdalena y Bogotá son muestras de la rigurosa política en la materia). Algunos analistas indican en que la falla en la representación de Colombia en La Haya consistió en que el Excanciller Londoño no vivió durante los once años del litigio en la sede de la Corte, situación que le otorgó ventaja a los representantes nicaragüenses que si lo hicieron y pudieron trabajar un mejor lobby que los colombianos. Como el que las hace, se las imagina, existe en el imaginario la idea que la justicia allí es igual a la interna en la cual entre almuerzos y juergas se “cuadran” fallos.   Como consecuencia del fallo, el país se retiró del Pacto firmado por los Estados Americanos en abril de 1948 en las ruinas de de Bogotá después de asesinato de Gaitán que otorgaba competencia a la CIJ para resolver conflictos entre Estados y de esa manera evitar posibles litigios internacionales. Adicionalmente, el gobierno cambió de abogados y contrato nuevos expertos para que lo guíen en las decisiones que debe tomar en adelante, siendo que las  mismas se resumen a dos opciones: cumplir o no el fallo de la CIJ.

Más allá de lo que ocurra finalmente con la nueva delimitación marítima impuesta por la CIJ, está posición contraria al acatamiento a un fallo emitido por un juez por considerarlo la parte vencida injusto y contrario a derecho llega en un momento bastante inoportuno. En 2013 deberán acelerarse e incrementarse los procesos e restitución de tierras de la ley estrella del Gobierno Santos y cobra plena vigencia la ley 791 de 2002 que cambió la prescripción extraordinaria de bienes inmuebles, para lo cual solo se requieren 10 años de posesión para adelantar ante un juez un proceso de pertenencia. En otras palabras, se ventilaran en los juzgados procesos que involucran el derecho de propiedad y más de un propietario sobre el cual recaiga una sentencia en contra podrá calificar la misma de contraria a derecho y equivalente a un despojo. Puede ser el comienzo de una institución informal: El desacato al fallo judicial por la injusticia del contenido de la sentencia valorado por el perjudicado. El impacto de este tipo de conductas solo puede ser analizado con el transcurso del tiempo. Un recuerdo: 1- Hace 16 años terminaba en la Cámara de Representantes el proceso contra el Presidente que recibió recursos del narcotráfico para su campaña en medio de la absolución lograda gracias a las dádivas entregadas a sus jueces. Hace 8 años la representante Yidis Medina cambiaba  sorpresivamente su votó en la Comisión de la Cámara de Representantes y el proyecto de modificación a la Constitución para permitir una reelección se volvía incontenible. Hace menos de una semana, la reelección de Ordoñez se logró por la votación de 80 senadores, cuarenta de los cuales se declararon impedidos a votar por su “cercanía” al candidato ganador, sin embargo los impedimentos fueron rechazados por el resto de sus colegas. Lo que antes se ocultaba, ahora es público y dejó de ser pecado.

La única parte positiva del fallo es que los funcionarios del Gobierno y los demás ciudadanos al menos por unos días sabemos dónde quedan San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla. 

Nicaragua y la lección del vanidoso.

Cuando el 6 de diciembre de 2001, el presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán radicó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Colombia donde reclamaba la soberanía de las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas y cayos vecinos, la noticia fue recibida con inusitada tranquilidad en el país.

Guillermo Fernández de Soto, Canciller de la época manifestaba que: “Colombia se encontraba preparada desde hace tiempo para enfrentar una demanda de este tipo….Teníamos muchas informaciones, muchas evidencias que nos llevaron a comprender que la demanda por parte de Nicaragua sería inevitable y por supuesto que estamos preparados, listos para defender los intereses y los derechos legítimos de Colombia.” (El Tiempo, diciembre 6 de 2001)  Primera conclusión: La demanda no fue una sorpresa para el Estado colombiano.

Desde ese momento fueron recurrentes los análisis sobre la favorabilidad de la posición colombiana debido al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, la continuidad del ejercicio de la soberanía en las áreas en disputa jamás reñido por la contraparte, situación que en algunas casos llevó a que se vendiera la idea de una posición invulnerable.  Por lo anterior, en esos primeros días se informaba que la única diligencia pendiente era notificarse de la demanda, para lo cual se solicitaría que el Embajador en Holanda de la época, el diplomático Telesforo Pedraza realizara tal gestión.

Colombia presento unas excepciones preliminares en la cuales indicaba que la CIJ carecía de competencia para dirimir la demanda debido a la existencia de un Tratado previo suscrito por ambas naciones y vigente a la fecha. Muy al estilo de un proceso en Colombia, a los seis años fueron falladas las excepciones preliminares propuestas y en diciembre de 2007 se daba a conocer a las partes la decisión, no sin antes haberse hecho públicas declaraciones del presidente Daniel Ortega en las cuales ponía en alerta a la temible marina nicaragüense para hacer respetar por cualquier vía la posición de su país en el mar Caribe.

El Comunicado de la Cancillería de diciembre 13 de 2007, dice en algunos de sus apartes: “"La Corte Internacional de Justicia admitió las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el sentido que no tiene competencia para conocer la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia en lo que respecta a la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuanto este asunto fue resuelto por el Tratado Esguerra - Barcenas de 1928. La Corte también rechazó las pretensiones de Nicaragua sobre la pretendida nulidad del Tratado, que venía sosteniendo hace varias décadas….En efecto, Nicaragua sufre un revés fundamental en su posición ya que siempre pretendió que el Archipiélago de San Andrés le pertenecía y que el tratado Esguerra-Bárcenas supuestamente era nulo e inválido…” Más adelante, se informaba como algo secundario que: “La Corte se declara competente para estudiar el asunto de la delimitación marítima y lo referente a la composición del resto del Archipiélago.”

En el desarrollo de las noticias de esos días se informa que: “Fuentes diplomáticas colombianas consultadas por EL TIEMPO señalaron además que en este momento "Colombia está segura de que todo está impecablemente bien hecho y que no hay discusión frente a nada". Guillermo Fernández de Soto quien fue Embajador ante el Gobierno de Holanda y coagente ante la CIJ al contestar una entrevista de Yamid Amat,  afirmaba: “Lo que demuestra el fallo es que la estrategia jurídica asumida por Colombia desde hace años ha sido la acertada.”,  Sobre las manifestaciones de alegría de contraparte indicaba que: "Solamente las puedo entender como una justificación a la pérdida de la principal reivindicación de Nicaragua. Ese país ha tenido un grave traspié porque lo que fue desde hace muchos años su aspiración histórica, de quedarse con el archipiélago de San Andrés y con todas sus áreas marítimas, la ha perdido. Así como también la frustración de no lograr que la Corte declarara la nulidad del Tratado. Esas dos aspiraciones marcan un camino para cualquier efecto futuro de lo que podría ser un pronunciamiento de la Corte en materia de jurisdicción marítima. Por lo tanto, no pueden estar muy contentos. Por el contrario, Colombia se siente muy satisfecha de que, en las excepciones de competencia, la Corte haya reconocido su soberanía sobre el archipiélago.” Segunda Conclusión: La decisión de la CIJ que resolvió de manera parcialmente favorable las excepciones propuestas fue tomada como un triunfo de la posición colombiana y se considero como un anticipo de la decisión de fondo, por aquello que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

El 17 de noviembre pasado, el Excanciller Julio Londoño  Paredes,Jefe del Equipo de Defensa de Colombia en el proceso con Nicaragua, en un tono triunfalista previo al fallo afirmaba en entrevista con Edulfo Peña y Luis G. Forero para el diario El Tiempo: “Nicaragua, infortunadamente, es un país camorrero…. La sentencia del 2007 ha sentado doctrina y debe entenderse como una circunstancia jurídica que no se puede rebasar? Claro. La Corte ya dijo hasta dónde llegaba el archipiélago. Entonces la Corte tiene que basarse en lo que dijo: llega hasta el meridiano 82. Por lo tanto,necesariamente, Nicaragua está abocada a lo que la Corte dijo. ¿Se descarta que Nicaragua asuma otro alegato igual o peor de absurdo y lo lleve a La Haya, si no queda satisfecha ahora? A La Haya no, porque para la Corte Internacional de Justicia será cosa juzgada, de tal manera que sería un suicidio. Pero Nicaragua advirtió al inicio de las audiencias y después del fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007, que se reservaba el derecho de poder reivindicar sus derechos en otras instancias, que no dijo cuáles eran. En derecho, ¿qué instancias quedan? Pues yo no veo ninguna posible, pero cualquier cosa es posible para un país que les niega la vigencia de los tratados a los vecinos. Yo no veo que Nicaragua tenga opciones diferentes, a pesar de que así lo declaró en mayo en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia. La CIJ es el máximo tribunal del mundo, entonces es cosa juzgada.” Tercera Conclusión: Nunca fue elaborado un Plan B para una decisión contraria a los intereses colombianos debido a que fue una opción descartada desde el año 2007.

El discurso del Presidente Santos en el que reconoce la parte favorable del fallo como cosa juzgada y rechaza la parte negativa a los intereses colombianos como fruto de un error es un inmejorable ejemplo del significado del término incongruencia. Si en el Mundial de 1994 fuimos campeones antes del inicio de la competecia, en el caso del litigio con Nicaragua se celebró un fallo favorable antes de la existencia del mismo. Desde el momento en que Colombia aceptó la competencia de la CIJ para este litigio internacional se comprometió a respetar la sentencia que emanara de esa Corte.  Parece que aprendimos tarde que los  abogados más peligrosos son aquellos que  garantizan a su cliente una victoria.