Los autogoles del presidente Santos.

En septiembre de 2015 el presidente Santos y Timochenko se reunieron en Cuba a instancias del dictador a quien irónicamente llaman presidente para tomarse fotografías vestidos de blanco e indicar que la fecha de finalización del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las farc sería el 23 de marzo de 2016. Nadie  había solicitado el establecimiento de fechas límites para finalizar el dilatado diálogo que se adelanta en La Habana, por lo cual  críticos y adeptos del proceso recibieron  de buena manera la noticia el anuncio del plazo final de los diálogos.  Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días el propio gobierno fue recogiendo sus pasos y anunciando que no se sometería a plazos fatales. El Gobierno que se inventó el plazo informaba que no se sometería al mismo. En la actualidad, las conversaciones continúan sin ninguna clase de afán entre las partes. Al contrario, los jefes guerrilleros se dejan fotografiar en cuanto evento social ocurre en la isla pareciendo estar más preocupados por el próximo concierto en la isla  que por la terminación del proceso de paz. Mientras tanto, en Colombia los sectores políticos y académicos se preparan para el banquete que se avecina: el postconflicto. No existe organización que no se encuentre dedicada a construir proyectos para esta “nueva etapa” de la vida nacional. Se preparan redacciones de memorias, cursos de derechos humanos, capítulos de memoria histórica, testimonios de víctimas, talleres de emprendimiento. No se ha firmado el acuerdo final y los congresistas están muy preocupados por la manera en que los recursos van a repartirse. Los próximos años estarán llenos de contratos de objetos vacíos entregados a ongs “especializadas” en postconflicto. Esa es la mermelada que se entregara a cambio del apoyo al proceso de paz.

Son tan bajos los índices de apoyo al proceso que cada día se escucha menos el tema de la refrendación popular de los acuerdos. El gobierno decidió que sería el pueblo quién daría la última palabra sobre lo acordado en la mesa de negociación. Al ver que la participación podía ser un problema no tuvo inconveniente en modificar la ley de participación ciudadana y bajar a la mitad el umbral de votos requeridos para aprobar un referendo. Ahora que las encuestas no lo favorecen no le queda otra salida que “esperar” que un fallo de la Corte Constitucional lo salve del problema indicando que por ser la paz un derecho fundamental no es viable someter su cumplimiento a un mecanismo de participación ciudadana.

Fiel a su costumbre de enredarse solo, el presidente de la república que por mandato constitucional debe entregar una terna para la elección del fiscal general resolvió intempestivamente “organizar” un concurso de méritos para que “todos los colombianos” que reunieran los requisitos para ser fiscal presentaran su hoja de vida con la finalidad de escoger los mejores para ser presentados a la Corte Suprema de Justicia. Más de un centenar de ingenuos, al mismo tiempo que los cuatro que antaño se conocía conformarían la terna presentaron sus documentos en la presidencia de la república para tal efecto. Luego de descartar más de 150 hojas de vida presentadas, quedan 16 candidatos entre los cuales están los nombres que desde el principio se conocía que integrarían la terna. En los próximos días culminara el proceso con la integración de la terna por los nombres que hace varios meses manejan los medios como seguros integrantes de la misma. ¿Había necesidad de este reality donde ya se conocían los finalistas? Santos parece asesorado por sus enemigos en estos temas.

Un plazo que no se cumple, un referendo inviable políticamente y un falso concurso para elegir candidatos a la terna para elegir fiscal son los últimos autogoles de un presidente que luego de seis años en el poder está pasando de ser admirado por su pragmatismo a temido por su vacilación.

Uribe, Lula y la revolución silenciosa.

Finalizando el 2010 terminaba su segundo periodo como Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con una popularidad superior al 80% fruto de los resultados económicos y sociales de su gobierno. Lula logro imponer a su sucesora en el cargo Dilma Rousseff del partido de los trabajadores. El humilde obrero metalúrgico con ideas de izquierda que había logrado convertir al gigante de Suramérica en una potencia mundial se convirtió en un referente obligado de la política suramericana. En agosto del mismo año, terminaba sus dos periodos en la presidencia de Colombia, Alvaro Uribe Velez quien gracias a su política de seguridad democrática consiguió cambiar la inercia del conflicto armado con las farc -amenaza terrorista, en sus palabras-, además de lograr buenos resultados económicos durante su periodo gracias  a su política de confianza inversionista que atrajo capitales extranjeros, especialmente en el área de los hidrocarburos donde se presentó un importante aumento de solicitudes de exploración y explotación  por parte de multinacionales extranjeras. La elección de su sucesor recayó en su Ministro de Defensa, quien recibió su guiño y se comprometió a continuar la tarea del salvador de un Estado inviable. La escena del presidente saliente en la ceremonia de la posesión presidencial lo decía todo. Uribe entregaba el poder únicamente porque la Corte Constitucional impidió el grotesco referendo que pretendía reformar nuevamente la Constitución para establecer la reelección indefinida. Santos debía recordar quien lo había hecho presidente.

Tanto Lula como Uribe, al igual que la mayoría de los presidentes latinoamericanos de la primera década  del siglo XXI, contaron con la fortuna de los elevados precios de los commodities, situación que impacto de manera favorable en la economía  de los países latinoamericanos. Los gobiernos de cada país crearon relatos en los cuales las buenas nuevas económicas eran consecuencia de las políticas y decisiones de  líderes que estaban cambiando la historia. El  repentino exceso de ingresos permitió a los gobiernos crear todo tipo de subsidios y fomentar toda clase de clientelas. Mientras repartían boronas entre la población, las empresas públicas incrementaban sus presupuestos y se dedicaban a gastar sus recursos con el derroche como principal meta. En las épocas de vacas gordas, nadie pregunta por nóminas paralelas ni mucho menos por el costo de los contratos.  Los nuevos ricos gastaron como quisieron sus fortunas y solo la llegada de las vacas flacas permitió conocer el monto de sus extravagancias. En Brasil, los contratistas de Petrobas  se convirtieron en los mayores financiadores de políticos locales, a los cuales entregaban millonarias coimas por los contratos obtenidos de la petrolera estatal. En Colombia, hubo una verdadera feria de títulos mineros, además de registrarse que los Ministros y funcionarios de alto nivel del ejecutivo pasaron a engrosar las nóminas de empresas mineras y petroleras al finalizar sus gestiones públicas.

Lula y Uribe parecían dos figuras intocables, consideradas por algunos como los personajes más importantes de la historia republicana de sus países. No obstante lo anterior, las investigaciones por los excesos en Petrobras en Brasil  y las actuaciones de diferentes miembros de ejecutivo en Colombia comenzaron a erosionar la impoluta imagen de ambos expresidentes. Altos funcionarios enjuiciados, ministros condenados y dudas sobre el crecimiento patrimonial de  cercanas personas a ambos líderes comenzaron a ser noticias diarias. Ambos presidentes sacan pecho por los resultados positivos en sus periodos pero esconden el rostro cuando deben responder por las acusaciones contra los funcionarios de sus gobiernos. Los mensajes de Lula y Uribe sobre las acusaciones de corrupción en sus gobiernos podrían confundirse debido a que tienen el mismo denominador. Son ataques infundados de sus opositores que aliados con el poder judicial quieren arruinar su “legado”. Las imágenes del allanamiento a la residencia de Lula y la detención de Santiago Uribe Velez son el capítulo más reciente de esta historia. Nadie hubiera podido  predecir hace seis años que los presidentes más populares de Colombia y Brasil y su círculo más cercano terminarían tras las rejas o en procesos judiciales respondiendo por sus actos.  En Venezuela robaron tanto que de la mayor bonanza de su historia solo quedan los videos de las excentricidades del comandante del humo, en Bolivia las revelaciones sobre las andanzas de Evo y su excompañera le costaron la derrota en el referendo que pretendía modificar la Constitución para establecer una reelección perpetua. En Argentina, la expresidente Cristina Fernández ha sido citada a declarar el próximo mes de abril.

Muchas veces, pensamos que en nuestros países no pasa nada. Que la justicia es solo para los de ruana. Que hay personas intocables que no responden por sus actos. Todo eso es cierto. Pero también debe decirse que nunca se había logrado que al mismo tiempo en diferentes países se exigieran responsabilidades por vía judicial a los dueños del poder. Con todas las limitaciones que se quiera, eso está ocurriendo. Aquí y ahora. No permitamos que nos metan en insulsas peleas políticas sobre las causas de los procesamientos. La  verdadera revolución es que los poderosos y su círculo respondan ante los jueces por sus actos. En Colombia no ha pasado en 200 años pero nadie pensaba hace seis que buena parte del gabinete de Uribe  estaría hoy condenada por tradiciones de nuestra cosecha como el peculado y la concusión. Algo debe estar pasando para que esto hubiera ocurrido en el periodo del más nefasto fiscal que recuerde la historia del país. 

Reficar: Un escándalo sin culpables.

En Octubre de 2015 el presidente Santos se disfrazó de operario y puso en marcha la unidad de crudo de la renovada refinería de Cartagena. En su orgulloso discurso indicó que debido a las obras realizadas esta refinería era no sólo la más moderna de América Latina sino del mundo. El estilo de Santos ha sido siempre referirse a las cosas que pasan en su gobierno como hechos que no pueden equipararse con ninguno anterior y marcan momentos en la historia universal. (“la menor inflación en veinte años, la menor tasa de desempleo, la resolución más apoyada en la historia de la ONU, etc)

El modesto presidente de Ecopetrol comentaba por los medios de comunicación por esas mismas fechas las bondades de una obra que solo había costado 8.000 millones de dólares. La moderna refinería sale a operación con el precio del barril de petróleo a la baja pero eso no tiene ningún inconveniente debido a que en Colombia la gasolina se paga como si el barril todavía estuviera costando 100 dolares.

A menos de cuatro meses de la publicitada inauguración de la obra “más importante de la historia del país” se conocen los sobrecostos de la misma que superan el valor de venta de Isagen. A partir de ese momento, todos lo que se fotografiaron en la inauguración de la refinería comenzaron a declarar ante los medios de comunicación que de existir dichos sobrecostos, todos era consecuencia de las malas decisiones adoptadas en el gobierno anterior cuando iniciaron las obras y que en los cinco de los seis años en que el actual gobierno manejo el proceso lo que se hizo fue adoptar medidas correctivas. Las imágenes de los Ministros de Hacienda y Minas con el presidente de Ecopetrol,-quien previo a la rueda de prensa había recibido la ceniza más grande y perfecta que se recuerde al inicio de una cuaresma- indicando siete años después de los hechos que el contratista que desarrollo el proyecto estuvo mal seleccionado y que se encuentran prestos a reclamar los sobrecostos daban una mezcla de risa y tristeza. El Ministro de Hacienda, experto en conciliaciones ruinosas para el Estado  es quien comandara las negociaciones para lograr un acuerdo con los contratistas que estuvieron de fiesta un lustro construyendo la refinería más moderna del mundo. Suerte a los asesores jurídicos de Cárdenas, quienes responderán por cualquier exabrupto en una conciliación, pues el Ministro las firma pero no responde por ellas.  El Secretario General y el Director Jurídico del Ministerio de Transporte de 1999 pueden dar un testimonio del  estilo Cárdenas para responder por sus actuaciones.

El abogado de Saludcoop y futuro embajador en Alemania se acordó esta semana del escándalo de Reficar y envió unos fiscales a solicitar documentos y revisar computadores en Cartagena. El  contratante de Natalia Springer aplicara en los últimos días de su gestión para este caso la misma energía que utilizó para el esclarecimiento de los hechos del mayor fraude a la salud de la historia de Colombia. Hay tantos involucrados en la cadena alimenticia de este negociado que los únicos que peligran son quienes no tengan influencia en altos niveles. Por ello, contratistas intermedios serán quienes verán la lupa de la fiscalía y los entes de control. Los gringos, avisados con anterioridad de lo que iba a ocurrir desarmaron su operación en Colombia y solo dejaron el cascarón.  En honor al estilo Santos, un cercano asesor legal de Reficar podría integrar la terna para la próxima elección de fiscal y de esta manera darle un entierro de quinta  a las investigaciones de este escándalo. Las acciones del fiscal que termina su periodo próximamente se convierten en un precedente para este tipo de acciones.

La agitada agenda nacional desplazar este tema en pocas semanas o días. El resto del año se irá entre la finalización de los acuerdos con las farc y Julito entrevistando gurus internacionales que opinen sobre la nominación del presidente y Timochenko para el premio nobel de paz. Con la vieja estrategia de la distracción, mientras todo el país discutía sobre el proceso de paz, se pagaba la construcción de la refinería de Cartagena sin mirar las cuentas de la misma. Nada diferente puede esperarse de un gobernante que gasta millones en almendras y cortinas. Hace años que el principal problema del país no es la guerrilla sino la corrupción pero nadie parece darse cuenta. 

20 años del día en que no renunció Samper.

El 22 de enero de 1996 el exministro de Defensa Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat en la cual manifestó que el presidente Ernesto Samper conocía del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral que le permitió llegar a la presidencia de la república. Esa misma noche, el presidente en un comunicado antes de medianoche indicaba que Botero “mentía para salvarse” y reiteraba el guion de su inocencia. Yo comenzaba tercer año de Derecho en la Universidad Javeriana y esa semana se realizaron algunas marchas estudiantiles que pedían la renuncia de Samper. Habiendo heredado el sectarismo liberal de mi abuelo materno era un activo samperista que defendía al presidente que luchaba por los más pobres y era víctima de una conspiración de derecha que pretendía sacarlo a sombrerazos del poder. En víspera de cumplir 40 años siento que uno de los desaciertos más grandes que he tenido fue apoyar al elefante que aplastó la poca decencia que quedaba en Colombia.  Samper hizo algo peor que privatizar a bajo precio bienes públicos. Los entregó a delincuentes con la finalidad que los tomarán como pago por su docilidad al Gobierno. Al esposo de su defensora y copartidaria Martha Catalina Daniels le entregó Foncolpuertos que terminó siendo uno de los peores escándalos de corrupción de la historia. Al primo de su investigador Heyne Mogollón le entregó Caprecom para que lo desguazara a su gusto. La preclusión de la investigación del Presidente Samper costó cien veces más que la reelección del presidente Uribe. Con una diferencia: Ninguno de los determinadores de este asalto al patrimonio del Estado terminó preso. Por el contrario, siguen hoy más vigentes que nunca en la actividad pública. Incluso se han llenado los cargos públicos de sus hijos, cónyuges y hermanos. Y la peor de todas las consecuencias de la crisis de la financiación de la campaña de Samper por el Cartel de Cali fue la instauración del principio de la irresponsabilidad política. Cobijados por el derecho a la presunción de inocencia nadie renuncia ni responde por sus actuaciones. Los tres lamentables ejemplos de la actualidad con el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Constitucional hablan por sí solos. Todos aspiran a ejercer sus cargos hasta el último segundo del último minuto de la última hora del último día sin importar que a su paso arrastren a las instituciones que representan al descrédito total.

Veinte años después de la declaración de Botero, los protagonistas del escándalo del 8.000 lejos de haberse retirado de la actividad pública son hoy influyentes personajes de diferentes esferas de la vida nacional. Serpa quien juró el retiro de las actividades públicas en 2002 cuando perdió con Uribe es hoy el líder del partido liberal en el Congreso y con autoridad pide renuncias. Cristo después de ser funcionario de palacio y embajador en Grecia se convirtió en Senador y desde 2014 es el Ministro del Interior de Santos. Botero Zea vive en Mexico y desde allí intermedia en la venta de cuadros de su papá a personas tan importantes como el presidente Santos. Néstor Humberto Martínez se convirtió en el abogado de confianza del comprador del Banco Popular en épocas de Samper y dependiendo de los intereses del momento navega entre el sector público y privado sin temor a inhabilidad e incompatibilidad alguna.

La gran enseñanza del cuatrienio de Samper para quienes ejercen funciones públicas es que su permanencia en el cargo debe prevalecer por encima de los intereses nacionales. Y así nos fue. Hoy nos “gobiernan” ministros que firmaron conciliaciones ruinosas y culparon a terceros. Otros laboran para el gobierno mientras sus cónyuges se benefician de millonarios contratos sin que se genere rubor alguno. La Corte Constitucional se desprestigió tanto o más que los demás tribunales donde hoy sus magistrados pelean como pandilleros por cargos y honores. La Defensoría del Pueblo que desapareció con Volmar Pérez volvió a ser conocida por los ciudadanos por las costumbres de su impresentable jefe. Y el Director de la Policía Nacional se mantiene en su cargo a pesar de las denuncias que semanalmente comprometen sus actuaciones pasadas y presentes. El presidente de hace veinte años se ha reencauchado dirigiendo un organismo internacional promovido por los demócratas Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Y es aplaudido y “respetado” en auditorios que desconocen su pasado. Veinte años después, Samper les ganó a todos. A la justicia que nunca pudo procesarlo. A sus contradictores que no lograron hacerlo desaparecer de la actividad pública. A sus conciudadanos, a los cuales burló. Y gano, porque su manera de hacer política se difundió en toda Colombia. Con sus actuaciones previas a llegar a la presidencia y en ejercicio de la misma contestó al maestro Echandía la pregunta de ¿el poder para qué? Sus discípulos aventajados como Samuel Moreno Rojas, nieto del dictador, han dado la respuesta. La salvación del presidente hace 20 años significó la bancarrota moral de Colombia. Lo que estamos presenciado hoy con los venales funcionarios públicos que se niegan a renunciar es apenas una de las herencias dejadas por el triunfador del 8.000.

Plazas Vega y la justificación de lo injustificable.

Hace algunos días en Bogotá un ciudadano fue asaltado por dos delincuentes que después de amenazarlo, le hurtaron una importante suma de dinero y huyeron en una moto. El ciudadano encendió su carro, persiguió a los hampones, les pasó el carro por encima, matando a uno e hiriendo al otro. La Fiscalía General de la Nación le imputara al conductor asaltado los cargos de homicidio y lesiones personales. Hartos de la inseguridad, muchos ciudadanos han expresado su solidaridad con las acciones del conductor homicida y han mostrado su inconformidad con la acusación que le realizara ante los jueces la fiscalía. Ante la ausencia de un Estado que castigue a los delincuentes, estos comportamientos deberían ser aplaudidos e incentivados. Al fin de al cabo, los ladrones se lo “buscaron”. Con la misma lógica los paramilitares llenaron de horror el país. La anterior noticia se originó de manera concomitante con la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al Coronel Plazas Vega por la desaparición del administrador de la cafetería del palacio de justicia y concedió la libertad al citado oficial. Las primeras declaraciones del oficial al recibir su libertad son las mismas que ha repetido él y sus defensores mediáticos tipo Londoño Hoyos, en los últimos años. La responsabilidad por los hechos ocurridos hace 30 años recae exclusivamente en el M-19, grupo que a sangre y fuego ingresó a la edificación y secuestro a los Magistrados del tribunal más importante del país. Ellos deben responder por todo cuanto ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 pues las fuerzas militares estaban cumpliendo sus funciones constitucionales.  Los civiles que fueron desaparecidos y asesinados son apenas un daño colateral de la defensa de la democracia. Además, lo que originó su muerte, luego de salir con vida del palacio de justicia y  ser torturados fue la sospecha de pertenecer a la guerrilla que había ejecutado la esquizofrénica operación de toma del palacio de justicia.  Todo el que perteneciera a esa organización en ese momento podía ser ejecutado  y/o desaparecido por las fuerzas del Estado por el solo hecho de pertenecer a la misma. Cuando ingresaron a la casa del florero y fueron divididos en buenos y malos, a los ciudadanos que tuvieron el infortunio de ser etiquetados como integrantes del segundo grupo sus derechos les fueron cercenados. El asunto no pasa por el resultado del proceso de Plazas Vega, quien obtiene su libertad en medio de los avances de los diálogos de paz con las farc, en un momento de excepcional conveniencia política de un fallo como estos, indicando que si los comandantes guerrilleros no pagaran cárcel, tampoco deben hacerlo los oficiales de las fuerzas militares.

El tema de fondo es la manera como se ha construido una dialéctica de justificación de la eliminación del otro.  Las etiquetas de guerrillero o ladrón permiten que los particulares o los servidores públicos tomen la justicia por su mano ante el aplauso general del restable público. Quienes dirigieron las operaciones del palacio de justicia fueron alumnos aventajados  del Estatuto de Seguridad de Turbay que enterraron el movimiento estudiantil de los setenta. Nunca fueron juzgados y sus crímenes permanecen impunes. Veinte años después de los hechos del palacio de justicia y ante la noticia de asesinatos de jóvenes humildes, el presidente de turno contestaba que los muertos  no estarían en las zonas donde fueron encontrados “recogiendo café”.  Años después se conocería de la tenebrosa práctica denominada como los falsos positivos, donde se capturaban jóvenes inocentes, se disfrazaban de guerrilleros y se les asesinaba con la finalidad de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.

El M-19 es el principal culpable de los hechos del palacio de justicia. Nadie tiene duda de ello. El derecho de los familiares de las víctimas y la sociedad en general es conocer que ocurrió con las personas que salieron vivas del palacio y fueron asesinadas o jamás volvieron a aparecer. Desde que salieron de la edificación del palacio de justicia, la custodia y cuidado  de estas personas fue responsabilidad del Estado. Echarle la culpa a los bandidos que se tomaron la edificación que a esas horas se encontraban muertos o viviendo sus últimas horas dentro del edificio es un insulto a la inteligencia y un canto a la impunidad.

La eliminación de las causales que justifican la eliminación del otro es la primera terea en la construcción del nuevo país que supuestamente emergerá después del proceso de paz. Es claro que la paz va mucho más allá de la desmovilización de un grupo sin apoyo popular que en su equivocado accionar permitió que nos acostumbramos a justificar lo injustificable.

Entre acosadores laborales y fanáticos religiosos.

La principal función del Defensor del Pueblo de acuerdo con la Constitución de Colombia es la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Por ello resulta impresentable que el funcionario en ejercicio de ese cargo en la actualidad sea identificado por sus subalternos como un recurrente acosador laboral, misógino que atropella diariamente los derechos de los trabajadores de la entidad encargada de promover los derechos humanos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación que tiene por encargo constitucional defender los intereses de la sociedad, desde la posesión de Alejandro Ordoñez se ha dedicado a divulgar, defender y promover la doctrina religiosa de su jefe atacando a las minorías que “contravienen” el culto católico. La participación del ministerio público oponiéndose al matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido una de las actividades desarrolladas durante este tiempo de oscuridad en esa dependencia. Contrastan las posiciones del procurador en materias religiosas con su ligero actuar en materias disciplinarias donde ha sido “generoso” en la firma de revocatorias directas de sanciones de predecesores y subalternos en favor de selectos favorecidos.

En la Contraloría General de la República llegó hace unos meses el exprocurador Maya Villazón a pesar de sus impresentables cartas de presentación de sus gestiones durante ocho años en el Ministerio Público. Conocedor el Congreso de la facilidad del exprocurador de callar cuando es momento de denunciar, no existía candidato alguno que pudiera competir con Maya. Desde el inició de su gestión, al mejor estilo de los contralores departamentales y municipales, demostró que será un ministro del presidente con funciones en el ente de control. En otras palabras, hay contraloría pero no hay contralor.

El creador de la Universidad de la Fiscalía, contratista de Natalia Springer y abogado de los mayores defraudadores de la salud en Colombia tiene todavía más de tres meses para terminar de hacer estragos en la fiscalía. La manera caprichosa en que ha manejado el presupuesto de la entidad y ha seleccionado las investigaciones del ente acusador han logrado poner a esa entidad en el peor momento de su historia. Quedo comprobado que pusieron al ratón a cuidar el queso.

Los órganos de control en Colombia tienen un acosador laboral como defensor del pueblo, un fanático religioso como procurador, un mudo como contralor y un abogado de hampones de cuello blanco como fiscal. No obstante lo anterior, todos seguimos pensando que lo más importante es firmar la paz. Mientras personajes como los mencionados sigan manejando a Colombia, el menor de los problemas del país es que exista o no guerrilla. La paz comenzara a asomarse cuando dejemos de hacer venías a esta clase de individuos que tiene secuestrado el Estado desde siempre y caminan impunes a la vista de todos.