27 SAS para burlar la ley

Fue tan burda la forma en que Riopaila adquirió 27 predios en el Vichada para involucrarlos en un proyecto de desarrollo productivo que las explicaciones de sus sofisticados abogados para justificar  la gambeta a la ley sustentada en la “interpretación” que debe hacerse de la misma producen una combinación de risa e indignación.

Risa, debido a que la cantidad de sociedades  por acciones simplificadas  a nombre de la misma persona, con idéntico domicilio y sin capital pagado corresponden a la cantidad de predios individuales que fueron adquiridos mediante un “mandato sin representación”, para luego ceder la propiedad de las personas jurídicas a otras con domicilio en el exterior, manteniéndose formalmente la distinción de 27 predios con 27 propietarios diferentes, situación que permite no violentar la ley agraria formalmente y consiguen la finalidad buscada de establecer una megafinca sin importar la legislación vigente. Si la maniobra la hubiera realizado un abogado del común se haría referencia a una tinterillada pero al ser realizada por un prestigioso bufete de abogados se considera una “estrategia corporativa integral”.

Indignación, por la frescura y desparpajo con la cual se responde ante el hallazgo de una transgresión legal por parte de la azucarera más grande del país y sus asesores. Lo anterior, sin involucrar la justificación brindada para la creación de sociedades españolas con domicilio en Luxemburgo que terminaron de propietarios de las 27 sociedades por acciones simplificadas referente al Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia. En  términos más sencillos, una sociedad de capital colombiano, que deriva sus ingresos de los productos que comercializa en el país desea que sus inversiones en Colombia reciban los beneficios destina dos a las empresas españolas por un acuerdo del gobierno colombiano con ese Estado y que tiene como fin último discutir ante tribunales diferentes a los nacionales las diferencias que pudieren surgir entre esos inversionistas  extranjeros y el Estado. Todos unos patriotas.

Mientras se desarrollaba esa estrategia corporativa para adquirir predios en la altillanura colombiana, el mercado interno del azúcar registraba algunas situaciones poco usuales. Entre 2006 y 2010 los principales ingenios del país, incluido Riopaila mantuvieron constantes su participación en el mercado. En el año 2010 quienes necesitaron azúcar para la elaboración comercial de sus productos pagaron por el insumo cinco veces lo que costaba el Nueva York. Igualmente, en ese lapso existió un bloqueo a la importación de azúcar boliviano por parte de los productores nacionales. Los anteriores hechos están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio y se encuentran en la actualidad en un proceso administrativo que busca establecer la existencia de un acuerdo de productores que buscaba mantener alto el precio interno del producto, en otras términos, se busca establecer si existía un cartel que fijaba los precios del azúcar.

Los mismos beneficiarios de los elevados precios del azúcar en el mercado colombiano, cuando realizan inversiones en territorio nacional desean que las mismas tengan la protección ofrecida al capital extranjero. Las normas nacionales sirven para aumentar sus utilidades pero prefieren que lo relacionado con sus inversiones, de ser necesario, sea debatido en tribunales extranjeros. Todo lo anterior patrocinado por abogados que tienen como principio guía que la ley no se cumple sino que se interpreta.

Algunos  de los insumos que tienen los populismos son los abusos del poder de las élites y la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia que tienen como resultado la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, a los cuales se les aplican normas diferentes, dependiendo el rango donde se encuentren. El punto común de los discursos de Maduro, Correa, Evo, Ortega y Cristina es la necesidad de reordenar cada uno de sus países que se encuentran en mala situación debido a las actuaciones de grupos de oligarcas que en el pasado actuaron en contra de los intereses generales. Sin ir más lejos, este tipo de actuaciones abonan el discurso anti establecimiento de un grupo tan poco representativos como las farc. Y cuando llegan al poder líderes con esas banderas lo de menos es como interpretar las normas porque en su afán de construir un nuevo Estado, la única voluntad que cumplen es la suya, con aplausos de la galería. No tengo claro que tan cerca o lejos estará Colombia de este tipo de gobiernos, pero es claro que está clase de abusos allana el camino para que esto ocurra más temprano que tarde,

Colombia y los incentivos para ser delincuente.

La discusión relativa a la posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas de  prisión por los delitos cometidos en desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz. Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería insoportable resistir para la sociedad colombiana.

La anterior tesis supondría la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente ante los ojos de toda la comunidad.

En el año 2007 prescribió la pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los pormenores del metro más caro del mundo.

En pocos días quedara en libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel, sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue extraditado a estados Unidos  pagó una severa condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos y  prácticas contrarias a la ley para obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.

La respuesta del Estado a las actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”

Cuando nadie defiende los ahorradores

Paso desapercibida la semana pasada la noticia sobre la sentencia condenatoria de primera instancia a Pablo Albir Sotomayor, expresidente del Fondo de Pensiones y Cesantías  Porvenir a diez años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad en documento público por la apropiación entre 2002 y 2008 de 10.330 millones de pesos de la entidad que representaba.

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir  tiene la participación mayoritaria en el mercado de las pensiones del régimen de ahorro individual con un 26,5% del total, porcentaje que se incrementara a una cifra superior al 40% del mercado cuando la Superintendencia Financiera autorice la adquisición del Fondo de Pensiones BBVA Horizonte. El Fondo de Pensiones Porvenir hace parte del Grupo Aval, quien por sus entidades bancarias tiene una participación del 28% del mercado financiero colombiano mediante los Bancos Bogotá, Popular, Avvilas y Occidente.

Una de las últimas adquisiciones del grupo fue el diario El Tiempo, que informaba sobre la noticia relativa a la condena del ex directivo de Porvenir  el 2 de mayo pasado con un lacónico “Condenan a expresidente de Fondo de Pensiones.” 

La noticia es mucho más grave de lo que parece. Ha sido condenado por hurto continuado durante seis años la persona encargada de administrar los recursos de quienes realizan aportes para sus pensiones. Es preciso recordar que durante la década anterior y debido a la “crisis internacional”, quienes tenían sus ahorros para su pensión vieron severamente disminuidos los mismos debido a la baja en las inversiones realizadas por estos fondos privados. Para ocultar esta situación, se comunicó a los ahorradores que su inversión en largo plazo tenía los rendimientos mínimos adecuados y  debido a las buenas decisiones de inversión del primer lustro del siglo XXI se habían logrado importantes utilidades, una disminución era natural y ello era normal por el entorno mundial. Hasta allí llegaron las explicaciones sobre las importantes pérdidas ocurridas. El ente de control del gobierno pasó de agache y con tecnicismos se solventó una crisis que hoy parece nunca hubiere existido.  Por ello, ahora que la justicia ha dictaminado que la principal cabeza de la entidad que maneja la mayoría de los recursos del régimen de ahorro individual era un delincuente surge la inquietud de cómo fue el manejo de los dineros que los ciudadanos le confiaron durante su gestión, la cual era aplaudida y promocionada como exitosa en diversos medios de comunicación.

Como abogado, se tiende a creer que existen normas legales diseñadas para regular temas específicos que deben ser cumplidas y acatadas por los operadores financieros so pena de sanciones de los órganos de control que se encuentran verificando el cumplimiento de las mismas, especialmente en campos como el derecho financiero donde se presume tanta sofisticación, teniendo incluso terminología propia entendida por pocos expertos en la materia. La realidad, es que, como muchas cosas en el país, son simple enunciaciones que revisten el carácter de formalidad pero no pasa de ser más que eso. Las situaciones de falta de competencia en el sistema financiero son apenas un ejemplo. La posición dominante de un grupo en el mercado es un hecho innegable, que sin embargo no genera supervisión  ni auditoria ninguna.

Hace seis meses que el desfalco de Interbolsa y la estafa de cientos de inversionistas es conocida por toda Colombia y todavía la fiscalía anda “pensando” si imputa algún delito a quienes deambulan tranquilos por la calle dando declaraciones a los medios, como si nada hubiera ocurrido.  Pablo Albir fue procesado por las autoridades con ocasión de delitos cometidos contra el patrimonio de la entidad que administraba Cuando ocurrió la masiva pérdida de dinero de los ahorradores por la crisis internacional nadie considero prudente preguntar sobre la calidad de las inversiones realizadas. Esa diferencia de comportamientos es una buena muestra del actuar de la justicia. Cuando el afectado fue el Grupo Aval, investigaron, acusaron y condenaron. Cuando los afectados fueron los ahorradores, no existió quien estuviera interesado en averiguar nada.  Y ahora ni El Tiempo se interesa en esas noticias.

Unas preguntas sobre el proceso de paz

La intolerancia del gobierno colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual se refiere a su contraparte en actos públicos y  privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado” y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión, únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante generoso, está percepción de la realidad  podría tener  alguna relación con los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir, cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán  como heredero de las banderas de su padre, y una vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para  su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto Santofimio Botero en el Congreso de la República.  Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento que Gaviria fue ungido como su sucesor.

En aquellos años, apenas iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares, además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas, bombas  explosivas y  minas antipersonales.  Con las políticas adelantadas en los ocho años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo de un proceso de paz a la sombra auspiciado por  dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política de quien las realiza.

Durante el proceso de desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.

En el proceso de paz que se adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad, justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante relevante.  Pocas de sus víctimas han sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”.  ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas contra el Estado?  Y en la eventualidad que se considerara esa posibilidad,  ¿no debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?.  La “organización rebelde” se niega siquiera a pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose víctima con un discurso del siglo pasado.  El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.

Decir esto no significa que alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que es “para el bien de todos”.

Chávez y la revolución del humo

A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del gobierno venezolano de la muerte del “Comandante máximo de la Revolución Bolivariana” o “Cristo de los Pobres “, como lo llama su sucesor Nicolás Maduro es preciso realizar alguna reflexión sobre la entidad de la presunta revolución ocurrida en Venezuela después de catorce años de gobierno del Coronel Hugo Chávez.

Cuando Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 el precio del barril de petróleo no alcanzaba los nueve dólares y la situación económica era precaria debido a varios lustros de bajos precios del crudo, situación que  ocasionó la adopción de medidas de ajuste económico en los segundos mandatos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes habían gobernado en épocas pretéritas en plena bonanza económica por el elevado costo del barril de petróleo que se presentó en la década de los setenta. Ambos expresidentes eran recordados por la infinita generosidad con la cual repartieron recursos en sus primeros mandatos y el  recuerdo de esa época fue fundamental para sus reelecciones.

El nuevo presidente proponía algunas reformas institucionales, consideraba que Cuba era gobernada por una dictadura y descartaba reformas que atentaran contra el derecho de propiedad en su país. La conversión en  “Comandante” de la “Revolución Bolivariana” fue concretándose en la medida que los precios del barril del petróleo se dispararon, aunado a un acercamiento a la dinastía que gobierna Cuba y al intento de derrocamiento en 2002. Manejando en menos cinco años un presupuesto que cuando menos cuadriplicaba el de su antecesor, el Presidente y su equipo dieron el remoquete de socialista a su gobierno y promocionaron la distribución de renta como  algo que ocurría por sus preferencia ideológicas y no por el alto precio internacional del petróleo. Con fondos  en las arcas jamás imaginados en 1999, poco quedaba ya del tímido Coronel que había llegado al poder como símbolo de cambio, abriéndose paso al megalómano que hablaba varias horas por televisión de cuanto tema existiera a semejanza de su inspirador Fidel Castro (según El diario El Universal  entre 1999 y 2010 había transmitido más de 1.300 horas en 2.000 alocuciones en cadena nacional.[1]), siendo  el paso siguiente el logro del control total del Estado, para lo cual era necesario lograr el quebrantamiento de la división de poderes, ahogar cualquier expresión contraria a sus políticas y crear enemigos que permitieran inventar una  cruenta lucha  para la cual  el Comandante había sido llamado por la historia a salvar a su patria.

El poder legislativo trasladó sus funciones al ejecutivo mediante las denominadas leyes habilitantes por medio de las cuales autorizó al Presidente a legislar en su lugar y bajo cuya modalidad se expidieron 224 normas entre 1999 y 2012. Entre 2006 y 2011 la Presidencia de la Asamblea Nacional fue ejercida por Cilia Flores, esposa del Canciller Nicolás Maduro. Con el poder judicial, debido a la ausencia de mayoría automática en el Tribunal Supremo se resolvió modificar su composición en mayo de 2004  pasando de 20 a 32 integrantes, situación que tuvo como consecuencia el  control del máximo tribunal de justicia  por magistrados afines a la “revolución.” La obsesión por acallar las voces contrarias a las políticas oficialistas fue otra de las “batallas” que libró decididamente el gobierno revolucionario, situación para  lo cual las renovaciones de licencias fueron un  elemento decisivo para acallar voces de contradictores públicos cumpliendo todos los requisitos de ley. Sin embargo, su lucha más frontal fue contra el gobierno  imperialista de Estados Unidos al cual no dudaba en insultar en público pero en privado mantenía unas vigorosas relaciones comerciales que lo convertían en el tercer socio comercial de Estados Unidos en la región, solo superado por México y Brasil sin existir entre su país y el norteamericano un Tratado de Libre Comercio.

El siglo XXI ha sido de abundancia para los venezolanos por los precios del petróleo que han permitido mejorar de manera sustancia los recursos del gobierno y la respectiva redistribución de los mismos a la población. Más de una década después de este periodo de oro no se ha creado riqueza en ese país. La iniciativa privada ha sido herida de muerte por un gobierno que aplica políticas que no respetan la propiedad privada y no estimulan a nacionales y extranjeros a invertir recursos o capital humano en el país debido  a la promulgación de añejas y fracasadas ideas sobre la división de la sociedad entre buenos y malos. Una década que debió marcar un cambio coyuntural en una nación afortunada por la naturaleza fue desperdiciada dividiendo a la sociedad y auspiciando la confrontación entre iguales. La revolución consistió en cambiar el sistema democrático en el cual es fundamental la división de poderes y la oposición por la imposición de un gobernante vitalicio, todopoderoso, sin vigilancia de nadie que por refrendar su poder en elecciones desiguales cada seis años tenía la autoridad para gobernar sin rendir cuentas a nadie diferente a su persona.. Solo la temprana desaparición del “Comandante Supremo” impidió que éste condenara a los habitantes de su país a vivir  gobernados por el mismo breve periodo que llevan en Cuba los Castro. Y a pesar de tener todo a su favor, el país que más armas compra de la región en mercados internacionales es a su vez el más violento, refugio predilecto de narcotraficantes y terroristas de Colombia y otros lugares. La deuda externa desbordada, la inflación descontrolada, el cambio de divisas desenfrenado, la producción de PDVSA por debajo de su capacidad en los mayores años de precio del petróleo con el triple de empleados a su servicio son apenas algunas de las herencias que el aplomado diplomático Nicolas Maduro y su esposa Cilia, pareja que seguramente aspirara a dirigir la “revolución” las próximas dos décadas, deberá afrontar en los próximos meses, porque pareciera que ni siquiera un barril de crudo a los actuales precios podrá contener la  caída de una “revolución” que lejos de obras concretas, lo único que dejara como recuerdo es la retórica de su carismático líder.

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[1] Diario El Universal, 15 de febrero de 2011.

Morir por la patria.

El cabo tercero Rafael Cortez Cabezas y los soldados profesionales  Jaime Alberto Mejía Rodríguez, Richard Arturo Orozco Aguilar, Juan Carlos Piñeros Duarte, Víctor Hugo Ramírez Lozano, Iván Darío Ríos y Wilson Tique Guzmán murieron  a mediados de febrero pasado en enfrentamientos con las farc en el departamento de Caquetá. Los “alzados en armas” pretendían tomarse la Inspección de San Antonio de Getucha, ubicada en el municipio de Milán, al norte del departamento. En dicha Inspección de algo más de dos mil habitantes la energía eléctrica llegó hace menos de cinco años, solo la quinta parte de la población ha cursado educación secundaria y de conformidad con el último Censo únicamente el 20% de las viviendas cuenta con acueducto y alcantarillado. Para estos integrantes del Ejército no hubo funerales rimbombantes, minutos de silencio ni mucho menos se levantarán bustos que recuerden su sacrificio.  Estos jóvenes entregaron sus vidas por defender las instituciones de Colombia de una guerra que se libra en lugares tan lejanos a los sentimientos y los gustos de los gobernantes de Bogotá que parece ocurrieran en otro país.

Y mientras tanto, ¿qué ocurría en la Colombia próspera donde no hay guerra y el metro cuadrado de vivienda cotiza igual que en los lugares más costosos del mundo? El jeep set criollo se encontraba en un mes de matrimonios pomposos de un delfín en Cartagena  y de  la hija de una hiena recién reelecta en su cargo gracias a milagros celestiales en Bogotá. El hermano del aspirante a suceder al actual Presidente llamado Enriquito se encargaba de “manejar” la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá para cambiar de Presidente Ejecutivo y entregarle el cargo a una Exministra del Elefante. Los miembros de las principales Cortes de Justicia continuaron exponiendo sin rubor las razones que sustentan que ellos y los congresistas se pensionen con sumas de dinero exorbitantes a cuenta del erario público. El innombrable presidente del Congreso solicitaba que los cargos públicos se entregaran a políticos porque los tecnócratas no representan a nadie. El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en las mejores épocas del gremio, padre del Ministro de Hacienda, quien por la gracia del creador jamás tuvo culpa por suscribir la conciliación de Dragacol, a su vez exministro de Desarrollo de Gaviria, exministro de Transporte de Pastrana, progenitor también de la Embajadora vitalicia del país en Japón opinaba que no existían motivos para adelantar un paro cafetero. La canciller Holguín, la misma que renunció en épocas de Uribe a la Embajada en la Onu por el nombramiento de familiares de políticos, explicaba en entrevistas radiales la diferencia entre esa época y la actual donde hermanos de congresistas son nombrados en el servicio diplomático debido a sus importantes logros intelectuales. El Viceministro Samper presenta un proyecto al Congreso para la eliminación de varias leyes. El Concejal Serpa comienza a sonar como candidato a la Gobernación de Santander. Gaviria, el jefe del Partido Liberal anuncia que no aspirara al Congreso de la República debido a que se encargara de elaborar las listas de la colectividad roja. Fernández de Soto, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos estimula la participación de las comunidades y las minorías étnicas en los planes de Gobierno según la página web del Ministerio del Interior. La sobrina del Alfonso López Michelsen, Secretaria de Gobierno del nieto del dictador Rojas Pinilla, que junto con su hermano se encuentran detenidos por delitos contra la administración pública será la candidata presidencial del único partido que ha realizado algunos ejercicios de oposición al gobierno más unánime de la historia reciente. Mientras tanto, el país sigue reinando en cifras de desempleo y desigualdad en comparación con el resto de América Latina, dato que parece no importar en momentos en que el Presidente y su aspirante a sucederlo se dedican a regalar amplias casas de 40 metros cuadrados por todo el país. Y pensar que cada vez nos parecemos más a Venezuela de la que nos creemos tan diferentes, obteniendo recursos de la minería y  el petróleo.

Por defender esas instituciones, murieron en un paraje miserable siete colombianos. Paz en sus tumbas.

Las pensiones de los Intocables.

Es difícil recordar una situación en la cual  las opiniones y conceptos de los magistrados de las altas cortes de Colombia coincidieran de manera unánime. Las exposiciones realizadas por los Presidentes de algunas Cortes (Entre Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura son 75 los integrantes de la cúpula de la Rama Judicial), secundados por el Procurador General de la Nación quien  tiene el encargo constitucional de velar por los intereses de la sociedad son recurrentes en citar expresiones como “derechos adquiridos”, “Estado de Derecho”, “independencia y autonomía del Poder Judicial” para justificar la existencia de un régimen especial que permite que sus pensiones de jubilación sean calculadas y pagadas de manera distinta al resto de los ciudadanos.

Con base a normas que no tienen más sustento que la arbitrariedad y el capricho de los legisladores de turno se fueron conformando categorías ciudadanas. Los pensionados privilegiados, congresistas y magistrados, fueron favorecidos por la ley 4 de 1992, posterior a la Constitución de 1991, en épocas de Gaviria. (Un antecedente  sobre la costumbre familiar de aprobar leyes sin leerlas previamente). A partir de allí y bajo el nuevo régimen, mediante diversos fallos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se encargaron de favorecer las condiciones de liquidación de las pensiones de los jerarcas de la Rama Judicial que años después favorecerían a quienes suscribían los fallos. Por ello, más que un asunto accidental en el cual reino la mano invisible del legislador, la situación acontecida con las pensiones del legislativo y el judicial es el resultado de una asociación entre ambos poderes para favorecer a sus integrantes con unas jubilaciones que deberán ser canceladas por el Tesoro Público. De la anterior situación se derivan los “derechos adquiridos” que airadamente Ordoñez solicita respetar con la misma devoción que niega los derechos de las minorías sexuales en Colombia.

Que los Congresistas hubieran legislado a su favor sin siquiera ruborizarse es algo que parece un pecado venial en comparación con el triste papel que hace años juega este “poder” en nuestra democracia, dedicados sus integrantes a apoyar al Gobierno de turno sea cual sea su programa a cambio de lisonjas y nombramientos. Es parte de su esencia. Sin embargo, que aquellos que juzgan de manera irrevocable las diferencias entre los ciudadanos, valiéndose de interpretaciones y escudándose en la independencia del poder judicial hubieran diseñado y ejecutado un plan para saltarse su puesto en la fila y obtener una jubilación muy superior a sus aportes es repugnante. ¿Qué legitimidad puede tener el fallo de un juez dedicado a promover subalternos por breves periodos de tiempo con la finalidad que sus jubilaciones sean dos o tres veces superiores a las que debían corresponderles si esos nombramientos no hubieran sido realizados?

El resultado de ese clima institucional es la ausencia de justicia que padecemos. Como abogado lo último que puede recomendarse es llevar un litigio a la justicia ordinaria pues la inexistencia de plazos y la ineficacia del aparato judicial hacen añorar las descripciones de Kafka sobre los procesos. Acudir a cualquier instancia de la Rama Judicial sirve para encontrar las causas de la violencia y la desigualdad que padece el país. Al igual que con las pensiones, existen diversas categorías dependiendo de la calidad de las partes. Un ejemplo reciente podría ser el publicitado caso del homicidio de Luis Colmenares donde lo más granado del derecho penal hace lo que quiere con el proceso y en menos de un año lo destroza, en contraste con la suerte que tendrán los tres pobres diablos acusados de falso testimonio que tienen garantizado cuando menos un lustro de cárcel representados por abogados de oficio.

En síntesis, lo ocurrido con el asunto de las pensiones de jubilación de magistrados y congresistas es la confirmación de la existencia de una minoría intocable a la cual se le aplican leyes diferentes, centros de reclusión especiales, servicios médicos privilegiados mientras que la gran mayoría debe cumplir las normas del Estado de Derecho que elaboran e interpretan aquellos a quienes  no se les aplican estas normas. Algunos de quienes defienden estas inequidades son profesores y formadores de las futuras generaciones de abogados. Y después nos preguntamos porque tenemos la “justicia” que tenemos.