Los nuevos dueños del intocable Poder Judicial.

Durante la última década se han adelantado procesos judiciales contra miembros de la Rama Legislativa por hechos que van desde la asociación con grupos al margen de la ley con fines electorales hasta acciones de corrupción en entidades oficiales. De igual manera, han sido llamados a juicio Ministros del Despacho por violaciones a  normas penales. La exigencia de responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias  a integrantes de estas dos ramas del poder público han permitido en algo la depuración del sistema político. Pareciera que el adagio según el cual   “la ley es  para los de ruana” comienza a perder un poco de aplicación con referencia  a los miembros del Congreso y del Gobierno Nacional.

En contraposición con la anterior situación, el fuero de intangibilidad que crece día a día es aquel que cobija a los miembros de las Altas Cortes de Justicia en Colombia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). Estos funcionarios no deben responder ante ninguna autoridad por las acciones u omisiones que cometan en ejercicio de sus cargos. Si alguien tiene plena garantía de impunidad en la Colombia del 2013 son paradójicamente los encargados de administrar justicia. La Constitución establece que quien debe investigar las denuncias contra  los 75 altos magistrados de la Rama Judicial es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, institución que jamás ha llevado una sola acusación al Senado contra funcionario alguno. Por ello, es más fácil entender la razón por la cual han permanecido en sus cargos funcionarios que reciben regalos de narcotraficantes o que atropellan los derechos de otros ciudadanos sin siquiera brindar una excusa.

No existe funcionario público dentro de la estructura del Estado en Colombia que pueda solicitar explicaciones a los “altos dignatarios de la justicia”. La investigación fiscal que adelantaba la Contraloría General contra Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que impulsaron el repugnante carrusel de las pensiones en esa entidad mediante el cual funcionarios judiciales multiplicaban de manera geométrica su pensión de jubilación fue enterrada por la Corte Suprema de Justicia al indicar que la única autoridad que puede indagar por las actuaciones de los miembros de la cúpula judicial  es el Congreso de la República. El fallo fue consecuencia de una tutela interpuesta por el abogado de Saludcoop y ahora Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. De esta manera, el Fiscal y los Magistrados de las Cortes en defensa de su fuero notificafron una vez que son intocables.

Mientras nos desgastamos en los últimos años en el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema, no pudimos percatarnos que de manera soterrada y silenciosa la Rama Judicial fue pasando a ser propiedad de un pequeño grupo de personas que manejan los nombramientos de jueces y las decisiones de importancia. La exclusión de miembros de la Academia y litigantes de la conformación de las Cortes es un síntoma del cambio ocurrido. La designación de las 5 vacantes de la Corte Suprema de Justicia ocurrida en los últimos días así lo confirma. Quienes como magistrados negociaron con el Gobierno la ampliación de sus periodos en la vergonzosa reforma a la Justicia después se hicieron nombrar en el Consejo Superior de la Judicatura para seleccionar las ternas de quienes conformaran los cargos vacantes en la Rama Judicial.

Las renuncias de magistrados como Namen y Solarte en los últimos años, unidos a la persecución de Magistrados  como Néstor Raúl Correa Henao en el Consejo Superior de la Judicatura son apenas una muestra de lo que ocurre a quienes piensan diferente a los nuevos dueños del poder judicial. Debe reconocerse que la maniobra distractora fue exitosa. Mientras ganaron apoyo de la opinión por ser la única institución en oponerse al anterior presidente se adueñaron del poder judicial y los últimos acontecimientos han demostrado que quieren ejercer su poder sin ningún control ni medida. Parece que el remedio fue peor que la enfermedad.

La costumbre de no aplicar las normas y los fallos judiciales.

Angelino Garzón, Vicepresidente de la República en un foro en la Universidad Externado la semana anterior manifestó su contrariedad con el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año pasado que accedió a algunas de las pretensiones de Nicaragua sobre la titularidad de las aguas del Mar Caribe que hasta esa fecha se presumían de propiedad colombiana. Fue enfático en señalar que el fallo emitido por ese Tribunal era inaplicable. Con posterioridad a ese pronunciamiento, diferentes voces apoyaron la posición de Garzón y solicitaron al Gobierno Nacional el despliegue de la poderosa flota marina del país para notificar a los nicaragüenses que no será con “fallos judiciales” que le quitarán a la República una parte de su territorio.

 

Juan Daniel Jaramillo, asesor del Gobierno en una entrevista que publica el Diario El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-juan-daniel-jaramillo-ortiz_13013168-4) respalda la tesis del Vicepresidente y concuerda con la posición según la cual el fallo debe acatarse pero no cumplirse. Las firmas internacionales contratadas por el Gobierno con posterioridad al fallo se han dedicado a buscar justificaciones y errores de la Corte Internacional de Justicia para dar argumentos a la decisión de no dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal. Está posición comienza a ganar simpatías entre diversos sectores que consideran un exabrupto que Colombia deba cumplir un fallo en favor de un país que está “por debajo” del nuestro, además de ser una poderosa fórmula para provocar falsos nacionalismos. Peligrosa situación en un gobierno que ha demostrado lo importante que son las encuestas para tomar decisiones.

Más que el caso particular del pleito con Nicaragua, se revela el talante que hemos construido como sociedad por mucho tiempo: La posibilidad de irrespetar la ley y los fallos judiciales cuando contraríen nuestros intereses. El caso más reciente es el de compañías nacionales y extranjeras que con pleno conocimiento crearon estrategias para vulnerar la ley agraria con relación a la prohibición de acumulación de baldíos. 

 

Alguien recuerda que la EPS más grande de Colombia fue intervenida hace dos años por sus manejos financieros y  las exóticas inversiones de sus directivas y a la fecha nadie ha sido llamado juicio por esas actuaciones, indicando que el asesor de confianza de dicha entidad es ahora el Fiscal General de la Nación. Un ejemplo de “inaplicación” de la ley.

 Con Cerromatoso la situación es aún más especial. De vender la participación de Colombia en la década de los noventa a precio de ganga, el Estado  resolvió renunciar  a la reversión de los activos de la concesión que debía realizarse el año anterior y autorizo una prórroga de la misma lesiva para el país. No hubo necesidad de paros ni amenazas de la empresa concesionaria. Simplemente se resolvió inaplicar el fallo.

 El Consejo de Estado en septiembre del año pasado determinó que Claro debía pagar a ETB más de 97 millones de dólares como consecuencia de un largo litigio entre ambas empresas por el uso de unas redes de interconexión. A estas horas Claro con leguleyadas ha resuelto solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sirva fijar de manera exacta el monto a cancelar a ETB. La empresa acata el fallo pero debido a su “imposibilidad” de cumplirlo decide iniciar otro proceso con la finalidad de que le indiquen el monto a pagar. Una forma elegante de inaplicar el fallo.

 La actitud de eludir las consecuencias de un fallo judicial o inaplicar leyes existentes es un elemento fundamental para entender el actual estado de cosas, a lo que debe adicionarse la falta de sanción social para los gambeteadores de la ley.  Estaba desarrollando esa idea cuando leo que en el Congreso de Abogados Javerianos a realizarse en la ciudad de Santa Marta el próximo mes de octubre y en el cual se tratará en una sesión académica el tema de “Etica y probidad: Lucha contra la corrupción”, uno de los expositores invitados es Ernesto Samper Pizano. Qué interesante e instructivo puede ser el testimonio del expresidente. La salva de aplausos del gremio  celebrando los cómicos comentarios del absuelto funcionario recordarán que la inaplicación de la ley a ciertos personajes lejos de ser una excepción, se convirtió en la regla.

24 años sin Galán. La oportunidad pérdida

Se cumplió otro aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Con su muerte hace 24 años el país perdió la única opción política que anteponía las convicciones a las conveniencias. Según varios testimonios, Galán se encontraba desanimado por la respuesta del país en general al atentado contra su vida descubierto a inicios de agosto de 1989 en la ciudad de Medellín. Pareciera que esa situación le hizo ver que se encontraba completamente solo en su romántica lucha contra el clientelismo y el narcotráfico. Sus banderas de renovación, transparencia e igualdad dejaron de ondear desde la oscura noche en que fue cegada su vida en Soacha.

La campaña presidencia que continuo con posterioridad a la muerte de Galán se vio manchada de sangre por el asesinato de otros dos candidatos presidenciales. El político pereirano César Gaviria recibió de manos del hijo mayor de Galán las banderas de éste y con la finalidad de recordar permanentemente el origen de su aspiración y las ideas que representaba, en todas su publicidad incorporó la imagen del líder asesinado junto a la suya. Una vez elegido como presidente Gaviria guardo las ideas y las imágenes de Galán en un cuarto oscuro del que nunca volverían a salir. Si bien es cierto que parte del ideario galanista fue incorporado en la Constitución Política de 1991, debe mencionarse que el carácter y la firmeza en convicciones relativas al  narcotráfico, la justicia, las relaciones internacionales y el desarrollo rural fueron suplantadas por ideas ajenas a las que impulso Galán desde su primera candidatura presidencial. El pragmatismo de Gaviria se vio reflejado en la manera como diseño la política de sometimiento a la justicia con la cual se buscó que narcotraficantes fueran juzgados y condenados a cambio de penas irrisorias. A menos de dos años del magnicidio de Galán, el gobierno elegido en su memoria negoció con su verdugo la incorporación de un artículo en la Constitución que prohibiera la extradición de nacionales y se sometió a todas las condiciones impuestas por un criminal para su entrega a la justicia. Luego, cuando los excesos del delincuente fueron de público conocimiento y el gobierno intento capturarlo, éste huyó de su “lugar de reclusión”. En el debate político que surgió como consecuencia de esta situación, el Gobierno resolvió que su defensa en el Congreso fuera realizada por el senador Alberto Santofimio Botero (http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2012/07/cuando-santofimio-salvo-el-gobierno-de.html), quien dos décadas después sería condenado por el homicidio de Galán. Nunca estuvo en la doctrina del líder asesinado una política de apertura económica como la implementada por Gaviria ni tampoco una política internacional que tuviera como foco principal las relaciones con Estados Unidos.  Las ideas defendidas por Galán y su manera de entender y hacer la política se terminaron con la llegada al poder de quien accedió a éste con su recuerdo como carta de presentación.

El debate que en Octubre de 1980 adelanto el entonces Senador Galán sobre el Convenio suscrito entre Carbocol e Intercor para la explotación de las minas del Cerrejón en el cual se demostró más allá de toda duda las enormes inconsistencias del mismo y se observaba el enorme daño hecho al interés nacional por un contrato confuso redactado por los abogados sofisticados de la época que entregaba el control total del proyecto a la filial de la Exxon fue apenas el preámbulo de una serie de hechos que terminaron con la venta de la participación del Estado en esa empresa por 400 millones de dólares en octubre de  2000 luego de que se habían invertido 1500 millones de dólares en 25 años. (El Ministro de Hacienda de la época era el Dr. Juan Manuel Santos y hasta julio de 2000 había sido Director de Planeación el Dr. Mauricio Cárdenas. Los mismos que ahora como Presidente y Ministro de Hacienda quieren vender Isagen)  Precisamente fue comenzando el siglo XXI cuando el consumo de carbón comenzó a aumentar de manera consistente, al igual que su precio. Colombia fue “socio” del proyecto durante toda la etapa de inversión y cuando los precios del producto fueron bajos. Una vez comenzó la demanda mundial de carbón y su precio se incrementó de manera considerable se precipitó la venta de la participación en el Cerrejón como consecuencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba realizar tal operación como condición para obtener un crédito de 2700 millones de dólares.

La política que siguió a la muerte de Galán ha estado caracterizada por la intervención permanente y constante de los dineros del narcotráfico que lograron inclinar la elección presidencial en 1994. El Estado fue cooptado en diversas partes del país por una combinación de grupos delincuenciales y narcotraficantes que impusieron una forma diferente de hacer política. Desde hace poco más de un lustro se ha comenzado a conocer lo ocurrido y judicializar a sus participantes.

La mayor pérdida con la muerte de Galán fue la extinción de una forma de hacer política que no contara con el clientelismo y el dinero como sus protagonistas principales. Sumado a lo anterior y por la debilidad institucional propia, en diversos frentes de la vida nacional se ha secuestrado el interés general para lograr el avance del interés particular. Lo más repugnante de esta situación es que todo ocurre bajo el manto de la legalidad. El reciente capítulo de los baldíos es apenas una muestra de cómo intereses particulares no tienen ningún límite ético ni legal para  lograr sus propósitos. Y el Gobierno, en especial el actual, ha demostrado de qué lado está.

El 18 de Octubre de 1981 en Rionegro (Antioquia), Luis Carlos Galán lanzaba su candidatura a la Presidencia de la República por el Nuevo Liberalismo. Un extracto muy breve de sus postulados y el diagnóstico de una realidad que tres décadas después se mantiene igual:“…..Tales postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana; unificar a la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas; asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de América; acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos oprimidos por la miseria; conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad del territorio; reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad, por encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aún más en aras de un teórico progreso; lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria de tal manera que todos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo espiritual.

Entendemos que estos grandes propósitos nacionales sólo serán posibles si recuperamos la dignidad de los poderes del Estado; si modernizamos la organización de las distintas colectividades políticas; si transformamos la vida político-administrativa del país dentro del marco de una nueva ética social y si aseguramos que el poder de intervención del Estado tenga como fin fundamental garantizar a la nación que Colombia nos pertenece a todos y no a unos pocos privilegiados que aprovecharon la debilidad de nuestras instituciones democráticas para conseguir las más grandes concentraciones de poder económico y político que haya registrado nuestra historia.”

Por la cara del marrano: Una ley para Urrutía y otra para los campesinos.

El pasado 5 de junio el Representante a la Cámara Wilson Arias denunció las adquisiciones irregulares de bienes baldíos por parte de una empresa colombiana. De la misma manera, sus investigaciones apuntan  a que la multinacional Cargill, el Grupo Sarmiento, Mónica Semillas y otras empresas privadas han adquirido bienes baldíos contiguos para formar grandes predios en contravía de  normas legales que prohíben de manera expresa tal situación. El debate originado por estas  denuncias tuvo como consecuencia la renuncia del Embajador de Colombia en Estados Unidos, cuya firma asesoró a Cargill y Riopaila en el diseño jurídico que permitió la apropiación de esos inmuebles mediante la creación de diversas personas jurídicas que formalmente eran distintas pero en realidad pertenecían al mismo dueño. La respuesta del Gobierno por intermedio de su Ministro de Agricultura fue vigorosa en un principio al considera que debían reversarse las adquisiciones de baldíos en contra de normas legales. La anterior postura se fue desdibujando y de unas actuaciones irregulares de unos particulares que debían ser investigadas se fue dando paso al “debate” sobre la política agraria en Colombia. De esta forma, en lugar de que los empresarios nacionales y extranjeros respondieran  por sus actuaciones ante la justicia ordinaria, el Gobierno ambienta un proyecto de ley que modifica  la ley 160 de 1994 y “regulariza” la situación de los adquirentes de baldíos que acapararon grandes extensiones de tierra. (Solo los predios adquiridos por  Cargill y Riopaila suman aproximadamente 95.000 Hectáreas). En menos de dos meses, una denuncia de actuaciones irregulares en adquisiciones de baldíos al sur del país terminó no con la judicialización de sus actores intelectuales y materiales sino con la puesta en marcha de una política pública que con la distracción de promover el desarrollo del campo busca legalizar las actuaciones de empresarios y abogados que contrariaron el ordenamiento jurídico de manera vulgar. El Congreso que discutirá la propuesta gubernamental es él mismo que hace poco más de un año aprobó la reforma política sin siquiera leerla. No se requiere ninguna capacidad especial para predecir cuál será el futuro de esta nueva ley que lejos del principio de generalidad tiene destinatarios específicos. Es lo que podría llamarse un  “blanqueo jurídico”, promovido desde la Presidencia de la República.

Mientras ocurría lo anterior, en ese otro país que parece no existir para algunos medios de comunicación, los afectados por diferentes situaciones decidieron movilizarse y en ejercicio de su derecho a protestar iniciaron paros y  realizaron bloqueos de algunas vías. Especial atención ha merecido la situación del Catatumbo en Norte de Santander, donde la comunidad pide la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), la suspensión de la erradicación de los cultivos de coca, el envío de recursos y planes específicos que indiquen como se realizara la sustitución de cultivos que remplacen al de coca. La discusión que ha llegado a los centros de opinión es si esa movilización está o no auspiciada por las farc, pues en la eventualidad de que ello fuera así la “conclusión” es que no pueden siquiera discutirse las peticiones de los campesinos. Igualmente se ha estigmatizado la figura de las ZRC, indicando que las mismas serían territorios sin ley donde la guerrilla quiere promover su constitución  para mandar a sus anchas en las áreas que se distingan bajo esa categoría. La figura de las ZRC no es nueva. Al contrario, existe desde la ley 160 de 1994, siendo su principal objetivo el de fomentar la pequeña propiedad rural, regular la ocupación y aprovechamiento de los baldíos de la nación, en la cual se realizarán  titulaciones a campesinos de escasos recursos. Es requisito la integración de una comunidad organizada a la cual apoyara el Gobierno para la efectividad de sus derechos económicos, sociales  y culturales. Se requirió de los paros cocaleros de 1996 en el sur del país para que el Gobierno mediante el Decreto 1777 de 1996 reglamentara la figura. Entre 1997 y 2002 fueron constituidas 6 ZRC en Guaviare, Pasto-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur de Bolívar (Municipios de Morales y Arenal), Cabrera (Cundinamarca) Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís, Putumayo) y Valle del Río Cimitarra (Magdalena Medio).

Mediante la resolución No. 2060 del 11 de agosto de 2011 del Incoder se inició el trámite administrativo para la selección, delimitación y constitución de la ZRC del Catatumbo, de 365.865 has correspondientes a 339 veredas. El Plan de Desarrollo Sostenible fue socializado y entregado al Incoder en 2012 y se encuentra en proceso de revisión. La ZRC solicitada por los campesinos que están cerca de cumplir dos meses de protesta se encuentra respaldada en una ley vigente hace 19 años y cuyo trámite fue iniciado durante el gobierno del actual presidente. La ZRC constituye un modelo de desarrollo agrícola distinto centrado en pequeños propietarios protegido por el Estado donde no habría cabida para la conformación de latifundistas y mucho menos para la  implementación de megaproyectos agroindustriales que conviertan al campesino en trabajador de salario mínimo. La respuesta del Gobierno ha sido contradictoria. Mientras reconoce el abandono de la zona y las necesidades de inversión, impugna la marcha por la presunta infiltración de las farc, acaso el mismo grupo al cual éste gobierno le retorno el estatus político y con el cual lleva más de un año de diálogos en La Habana. En medio del inmenso desprestigio de las farc, el poco espacio político que les ha quedado se circunscribe a apoyar protestas sociales como las del Catatumbo en las cuales existen peticiones de reivindicación agraria.

Dos problemas con soluciones diferentes. De una parte, la vulneración de la ley por una élite empresarial con ayuda de prestigiosos abogados lejos de ser motivo de repudio y sanción se convierte en una causa defendible por el Gobierno que tramita  leyes exculpatorias y para beneficiarios con nombre propio. De otra, una protesta que busca la aplicación de una norma legal que tiene una vigencia cercana a dos décadas y pretende la promoción de la pequeña propiedad rural en una zona de conflicto es rechazada y condenada. 

 

Y todavía nos preguntamos cuáles son las causas de nuestro eterno conflicto……..

El país que no controla el trago

 

Los accidentes automovilísticos que suceden regularmente en el país ocasionados por conductores que manejan en estado de embriaguez producen repudio y pesar. Se escuchan propuestas de aumentar las penas para quienes incurran en ese tipo de conductas y de ésta manera propiciar que se reduzca el número de conductores que manejan vehículos después de consumir alcohol. Dejando a un lado la discusión sobre la política pública que debe desarrollar el Estado para prevenir y controlar esta situación es preciso buscar algunas causas más profundas que no permiten que la relación que como sociedad tenemos con el alcohol sea modificada.

Es bueno recordar que el mayor patrocinador de la Selección Colombia desde hace 22 años es el mayor productor de bebidas alcohólicas del país. Nuestro equipo, acaso el más importante símbolo de la nacionalidad es un elemento de publicidad de la marca de bebidas que impulsa sus productos con sus triunfos. Pareciera no existir escenario mejor que un partido de fútbol, camiseta amarilla y cerveza sin límite. Es la misma firma que durante las décadas de los setenta y ochenta pulverizó a sus competidores con el desarrollo de prácticas desleales a pesar de existir normas que prohibían las mismas y obtuvo un monopolio que disfruto durante muchos años. Hace 20 años el entonces Ministro de Hacienda del Gobierno de César Gaviria se atrevió a mencionar que dicha empresa evadía impuestos. Nada ocurrió salvo que hoy el exministro denunciante  es miembro de la Junta Directiva de esa empresa. Cuando las pruebas sobre la financiación de su campaña presidencial por narcotraficantes acosaban a Ernesto Samper, una de sus reiteradas defensas era que el grueso de su financiación provenía de los propietarios de la empresa cervecera. Cuando Hernán Darío Gómez protagonizó en estado de embriaguez un escándalo en Bogotá que terminaría con su salida de la Selección Colombia, la empresa patrocinadora presionó el retiro del entrenador por su conducta en contra de las mujeres. Nunca se mencionó que el origen del problema era las bebidas con las cuales se había intoxicado el entrenador.

Hacemos parte de una cultura complaciente con el consumo y abuso  de las bebidas embriagantes. Las consecuencias del mismo, sean riñas, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar han sido siempre consideradas como algo sin mayor importancia. En nuestro entorno de violencia, la muerte producida por algunas de las anteriores situaciones parecería ser lo más parecido a una causa natural. Mientras en la región el 16% de la población  entre 18 y 65 años es abstemia, en Colombia esa cifra solo llega al 4,2%.[1]

En la generación de la que hago parte crecimos consumiendo alcohol mucho antes de llegar a la Universidad. Los eventos en que socializamos en nuestra adolescencia estaban vinculados al consumo de bebidas embriagantes. Aprendimos que no existe bazar ni evento en que el patrocinador de nuestra Selección no esté atento para facilitarnos carpas, sillas, orquestas y personal a cambio de  promover desinteresadamente su producto. Ahora, que somos padres y tíos vemos con preocupación cómo continuamos sin tener una política pública de salud que  desde la enseñanza primaria explique y divulgue los peligros del consumo de bebidas embriagantes, entre ellos, el de conducir vehículos y/o motocicletas.

No es cambiando normas legales sino estimulando comportamientos diferentes desde la infancia que podemos conseguir que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Así como existe en la actualidad un rechazo al consumo de tabaco y normas que prohíben su publicidad en eventos deportivo sería deseable por lo menos comenzar un debate sobre la conveniencia que para los futuros ciudadanos tiene que sus ídolos promuevan el consumo de bebidas embriagantes.  

Pareciera mucho pedir, máxime cuando la empresa que patrocina nuestro equipo nacional es a la vez el mayor patrocinador de quienes acceden al poder por la vía democrática, situación que explica que nuestra realidad en este tema no es una consecuencia de omisiones gubernamentales sino el resultado de una estrategia de un comerciante de un producto que ha ejecutado una política beneficiosa para él y desastrosa para los ciudadanos de un país.

 

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[1] Estudio sobre Patrones de  Consumo nocivo de Alcohol en Colombia 2012. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

27 SAS para burlar la ley

Fue tan burda la forma en que Riopaila adquirió 27 predios en el Vichada para involucrarlos en un proyecto de desarrollo productivo que las explicaciones de sus sofisticados abogados para justificar  la gambeta a la ley sustentada en la “interpretación” que debe hacerse de la misma producen una combinación de risa e indignación.

Risa, debido a que la cantidad de sociedades  por acciones simplificadas  a nombre de la misma persona, con idéntico domicilio y sin capital pagado corresponden a la cantidad de predios individuales que fueron adquiridos mediante un “mandato sin representación”, para luego ceder la propiedad de las personas jurídicas a otras con domicilio en el exterior, manteniéndose formalmente la distinción de 27 predios con 27 propietarios diferentes, situación que permite no violentar la ley agraria formalmente y consiguen la finalidad buscada de establecer una megafinca sin importar la legislación vigente. Si la maniobra la hubiera realizado un abogado del común se haría referencia a una tinterillada pero al ser realizada por un prestigioso bufete de abogados se considera una “estrategia corporativa integral”.

Indignación, por la frescura y desparpajo con la cual se responde ante el hallazgo de una transgresión legal por parte de la azucarera más grande del país y sus asesores. Lo anterior, sin involucrar la justificación brindada para la creación de sociedades españolas con domicilio en Luxemburgo que terminaron de propietarios de las 27 sociedades por acciones simplificadas referente al Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia. En  términos más sencillos, una sociedad de capital colombiano, que deriva sus ingresos de los productos que comercializa en el país desea que sus inversiones en Colombia reciban los beneficios destina dos a las empresas españolas por un acuerdo del gobierno colombiano con ese Estado y que tiene como fin último discutir ante tribunales diferentes a los nacionales las diferencias que pudieren surgir entre esos inversionistas  extranjeros y el Estado. Todos unos patriotas.

Mientras se desarrollaba esa estrategia corporativa para adquirir predios en la altillanura colombiana, el mercado interno del azúcar registraba algunas situaciones poco usuales. Entre 2006 y 2010 los principales ingenios del país, incluido Riopaila mantuvieron constantes su participación en el mercado. En el año 2010 quienes necesitaron azúcar para la elaboración comercial de sus productos pagaron por el insumo cinco veces lo que costaba el Nueva York. Igualmente, en ese lapso existió un bloqueo a la importación de azúcar boliviano por parte de los productores nacionales. Los anteriores hechos están siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio y se encuentran en la actualidad en un proceso administrativo que busca establecer la existencia de un acuerdo de productores que buscaba mantener alto el precio interno del producto, en otras términos, se busca establecer si existía un cartel que fijaba los precios del azúcar.

Los mismos beneficiarios de los elevados precios del azúcar en el mercado colombiano, cuando realizan inversiones en territorio nacional desean que las mismas tengan la protección ofrecida al capital extranjero. Las normas nacionales sirven para aumentar sus utilidades pero prefieren que lo relacionado con sus inversiones, de ser necesario, sea debatido en tribunales extranjeros. Todo lo anterior patrocinado por abogados que tienen como principio guía que la ley no se cumple sino que se interpreta.

Algunos  de los insumos que tienen los populismos son los abusos del poder de las élites y la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia que tienen como resultado la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría, a los cuales se les aplican normas diferentes, dependiendo el rango donde se encuentren. El punto común de los discursos de Maduro, Correa, Evo, Ortega y Cristina es la necesidad de reordenar cada uno de sus países que se encuentran en mala situación debido a las actuaciones de grupos de oligarcas que en el pasado actuaron en contra de los intereses generales. Sin ir más lejos, este tipo de actuaciones abonan el discurso anti establecimiento de un grupo tan poco representativos como las farc. Y cuando llegan al poder líderes con esas banderas lo de menos es como interpretar las normas porque en su afán de construir un nuevo Estado, la única voluntad que cumplen es la suya, con aplausos de la galería. No tengo claro que tan cerca o lejos estará Colombia de este tipo de gobiernos, pero es claro que está clase de abusos allana el camino para que esto ocurra más temprano que tarde,

Colombia y los incentivos para ser delincuente.

La discusión relativa a la posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas de  prisión por los delitos cometidos en desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz. Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería insoportable resistir para la sociedad colombiana.

La anterior tesis supondría la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente ante los ojos de toda la comunidad.

En el año 2007 prescribió la pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los pormenores del metro más caro del mundo.

En pocos días quedara en libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel, sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue extraditado a estados Unidos  pagó una severa condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos y  prácticas contrarias a la ley para obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.

La respuesta del Estado a las actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”