Uribe: El vencedor que reniega de su victoria.

A inicios del siglo XXI, un acuerdo como el suscrito  entre el Gobierno y las farc el pasado 23 de septiembre no hubiera sido posible. Para las farc del proceso del Caguán que tenían centenares de militares y policías secuestrados, una influencia considerable en algunas regiones del país y un entorno económico próspero gracias al dinero proveniente del narcotráfico, la única manera de avalar un acuerdo con el Gobierno era impulsando unas reformas estructurales al sistema económico y político que implicaran severos cambios institucionales. Tres lustros después, la guerrilla vanidosa y poderosa de antes celebra hoy de manera ruidosa que sus cabecillas no vayan a la cárcel si cuentan la verdad sobre sus crímenes.

Por ello, resulta paradójico que el protagonista de ese cambio en la posición de la guerrilla en la mesa de negociación sea precisamente el principal opositor de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz. No puede entenderse este cambio de correlación de fuerzas entre Estado y guerrilla sin mencionar la participación de Alvaro Uribe como presidente de Colombia en dos periodos consecutivos y los éxitos de su política de seguridad democrática. Solo un gobierno que tuvo la disposición de enfrentar con decisión la amenaza subversiva, valiéndose como su adversario, de “todas las formas de lucha”, pudo desequilibrar el conflicto en favor del Estado y llevar a la organización guerrillera a firmar lo que hoy está firmando.

Fue tal el efecto Uribe en la política colombiana que consiguió durante la última década que el único tema relevante en la agenda fuera el conflicto con las farc. Para Uribe y sus seguidores la única manera de terminar la guerra contra la “amenaza terrorista” era la rendición de este grupo. La dicotomía era muerte o cárcel, como en los letreros del viejo oeste. Por ello, su furiosa oposición al mandatario qué el mismo hizo elegir. Debido a ello, la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático en oposición al partido creado en 2006 que lleva sus iniciales, de la U y que tenía como su doctrina los pensamientos de su caudillo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron el enfrentamiento entre dos candidatos que tenían las mismas propuestas en todos los campos y solo diferían en la manera de terminar el conflicto con las farc: a bala uno, negociando otro. La radicalización de la posición de Uribe ha tenido aspectos cómicos,  como el de tratar de vender a Santos como un seguidor de las desastrosas políticas de los dictadores de Cuba y Venezuela.  

Después de medio siglo de lucha insurgente, marcada en las últimas dos décadas de “conexidad” con el narcotráfico, las farc han sido derrotadas. No lograron conquistar el poder. En la negociación que se adelanta no se discuten reformas estructurales del Estado. Al contrario, el país y el mundo  al cual regresan a hacer política cambio dramáticamente. Los asuntos agrarios no tienen la importancia de antaño. Colombia lleva varios años suscribiendo incesantemente tratados de libre comercio que dejaron en el pasado la protección a la industria nacional. Lo más relevante es su derrota política. Son unos alzados en armas sin seguidores. Aparte de extranjeros extraviados y confundidos nadie los apoya. Sus referentes en el ámbito latinoamericano han llevado a sus países a la desgracia y el hambre. Su reconocimiento como delincuentes políticos fue una condición que debió cumplir el estado para adelantar el proceso de negociación que parte del pragmatismo pero no de la convicción. Así como Lucas en Chespirito era feliz con que le dijeran “licenciado” sin serlo, las farc sienten pertenecer a una categoría especial de revolucionarios por el reconocimiento de ser delincuentes políticos. Nada más alejado de la realidad. Nadie se siente identificado con secuestradores, asesinos, reclutadores de menores y narcotraficantes. Las farc-ep terminaron siendo un ejército sin pueblo. Aunque algunas de las denuncias que promueven en sus discursos referentes a la concentración de riqueza y la inequidad en Colombia son válidas, pocas personas desean que un grupo que cometió delitos de lesa humanidad durante décadas lleve su vocería.  Su compañía en futuras contiendas electorales será tan deseada como la de Ernesto Samper en la actualidad. Ningún político con aspiraciones a cargos públicos quiere que lo relacionen con personas o grupos que repugnan a la sociedad. Y esa es su más sentida derrota, después de medio siglo de lucha armada, nadie se siente identificado con sus causas e ideas. Por eso, el gobierno sabe que no puede llevar el proceso a una refrendación directa porque la posibilidad de una negativa a los acuerdos alcanzados es una certeza.

Debe celebrarse el fin de un conflicto con una organización guerrillera que se ensaño con  los más pobres destruyendo sus pueblos y hogares. Deben apoyarse los acuerdos que pongan fin a una guerra sin sentido. Y alguien debe decirle a Alvaro Uribe, que lejos de ser una derrota, la firma del acuerdo que ponga fin al conflicto con las farc es una victoria de la sociedad colombiana que no hubiera sido posible sin su aporte. 

La justicia corrupta que nadie quiere ver.

Con aplausos de sus colegas fue premiada la participación del Doctor Alberto Rojas Ríos, actual magistrado de la Corte Constitucional en el Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de Pereira en los  primeros días de septiembre de este año. El jurista iluminó el recinto con sus disertaciones sobre Las garantías constitucionales en el Código General del Proceso. En el ambiente que rodea el mundo del derecho en Colombia hoy, un personaje cuestionado por sus actuaciones profesionales e investigado por sus actividades como magistrado es un referente a seguir. Por la misma fecha se conocía que el compañero de Sala de revisión en la Corte Constitucional de Rojas, el intachable Jorge Pretelt está dedicado a grabar a los conductores y empleados del magistrado Luis Ernesto Vargas (él miembro de la Corte que a su vez grabó al abogado Víctor Pacheco cuando le narraba  hechos de corrupción el caso Fidupetrol) con la finalidad de demostrar una persecución en su contra orquestada por sus compañeros en el tribunal más importante de justicia en Colombia. Más que demostrar su inocencia, la estrategia de Pretelt ha consistido en demostrar que todos sus compañeros adelantan prácticas iguales o peores a las suyas.

El expresidente de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para el periodo 2010-2014, doctor Rodrigo Escobar Gil será imputado por la Fiscalía  por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Los delitos se derivan de las actuaciones del doctor Escobar Gil como “asesor” de Fidupetrol en una acción de tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, cuyo ponente fue el magistrado Pretelt y que pretendía revocar una millonaria condena impuesta a esa firma por la Corte Suprema de Justicia. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con una celeridad inusual ya realizo indagaciones sobre el comportamiento de Escobar Gil y determino archivar cualquier investigación disciplinaria en su contra al considerar que las actuaciones del exmagistrado no tienen indicios de irregularidad alguna. Para la Sala disciplinaria es absolutamente normal que un prestigioso abogado cobre 400 millones de pesos para ayudar en la elaboración de  un memorial, sin importar que las etapas procesales para la presentación de los mismos hubieran finalizado meses antes de la suscripción del  contrato. La decisión de la imputación de cargos ha debido ser especialmente dolorosa para el fiscal, quien hasta hace unos meses atendía recepciones en la casa a quien hoy la entidad a su cargo cita a audiencia de imputación de cargos. ((http://www.jetset.com.co/sociedad/bogota/galeria/almuerzo-campestre-fiscal/58428  Se observa en la reunión a varios abogados contratistas del Estado de la cuerda del fiscal y al magistrado González quien “denunció” el asunto de Fidupetrol). Para mitigar riesgos, el exmagistrado guiado por sus abogados debe estar en la actualidad consiguiendo registro de enfermedades degenerativas que permitan que en la remota eventualidad que le fuera decretada la detención preventiva, la misma sea  realizada en su domicilio siguiendo el ejemplo de tantos delincuentes que estuvieron en plenitud de condiciones para ejecutar sus crímenes pero a la hora de pagar sus condenas se encuentran irremediablemente enfermos y por ello deben ser “recluídos” en su casas. En últimas, a nuestro ilustre exmagistrado le tocara compartir en la cárcel la Picota en el patio VIP donde el consumo de whisky y la variedad gastronómica que disfrutan sus huéspedes podría traerle problemas con su colesterol.  En Colombia, entre más importante sea el delincuente y más personas haya defraudado son menos rigurosas sus condiciones de reclusión.

Mientras los exmagistrados y magistrados de la Corte más importante de Colombia diariamente dan muestra de probidad, la fiscalía general de la nación se convierte en un ejemplo de ineficiencia y abuso del gasto público. La mayoría de los contratos revelados por los medios de comunicación no son solo innecesarios sino costosos, además de las dudas –que en realidad son certezas- sobre las verdaderas causas de su otorgamiento. El abogado de Saludcoop terminara su periodo enterrando el escándalo de estupefacientes, logrando la impunidad de Palacino y sus amiguetes y acabando la poca credibilidad que aún le queda al ente acusador.

Pero les tengo buenas noticias a los roedores que pululan en las alcantarillas del palacio de justicia. El año entrante, el señor Edgardo Maya Villazón, actual Contralor General de la Nación cumple 65 años, edad de retiro forzosos de los servidores públicos. Es el momento de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el tema y con una Sentencia con razonamientos tan brillantes como la que permitió que Montealegre se quedara cuatro años en la fiscalía, notifique a Colombia que la edad de retiro forzoso no se aplica a ungidos como Maya Villazón. Los magistrados que sean ponentes de la Sentencia podrán recibir millonarios contratos al retiro de sus cargos en la Contraloría General de la República, siguiendo la doctrina Montealegre.

Mientras nos ocupamos de la finalización de los diálogos con las farc y los atropellos del dictador Maduro, el grupo que se tomó la justicia en Colombia sigue avanzando. Los casos de Cartagena y Cartagena y Santa Marta que tienen a los mismos protagonistas (magistrado y abogado) son mucho más escandalosos que el tema Fidupetrol. El manejo de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía como  agencias negociadoras de favores y suscriptoras de millonarios contratos se convirtió en el eje de la actividad de estas instituciones. Los magistrados vergonzantes que son aplaudidos en público y repudiados en privado por un gremio en el cual sus integrantes no quieren denunciar nada de lo que pasa por el temor a ser perjudicados en el desarrollo de sus actividades profesionales son los ingredientes de una crisis que nadie quiere denunciar ni confrontar. Por ello, un personaje como Víctor Pacheco más que un delincuente, parece un visionario. El entendió que la forma de acceso a la justicia en la actualidad se fundamenta en exmagistrados que tengan acceso a quienes firman-pero no redactan- los fallos. Ese pragmatismo se impone en clientes y abogados en la Colombia de hoy. Por eso, no es de extrañar que un presidente de la corte más importante del país utilice expresiones como “nadien” en lugar de nadie.

La crisis con Venezuela: El castigo a la indiferencia.

Cuando en abril de 2013 María Corina Machado y dieciséis parlamentarios fueron agredidos físicamente en el recinto de la Asambleas Nacional por congresistas del partido del elegido presidente Maduro, la comunidad internacional considero que tal situación se refería al orden interno de la república bolivariana. Cuando a inicios del año pasado se presentaron protestas en diferentes lugares de Venezuela, en las cuales grupos de ciudadanos se movilizaron para solicitar cambios en las políticas del país que evitaran  la ruina a todos los habitantes del país sin distingo de credo político y fueron reprimidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, la comunidad internacional no realizó comentario alguno sobre el particular.( http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2014/03/venezuela-entre-la-indiferencia-y-la.html ) El encarcelamiento y posterior procesamiento de los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma por unos cargos tan inverosímiles como absurdos no origino ningún reclamo de gobiernos ni organismos internacionales. El Gobierno de Maduro se acostumbró a violar los derechos humanos a la luz del día y con la mirada complaciente de todas las naciones sudamericanas que debido a la diplomacia petrolera de Chávez tenían favores y deudas pendientes con el país de la revolución  del Siglo XXI.

Por los históricos lazos de hermandad que Colombia tiene con Venezuela, extraño  a los venezolanos la posición “respetuosa” y “diplomática” de Colombia ante su crisis. El régimen de Chávez y Maduro aniquiló de hecho la división de poderes. Las leyes habilitantes le han permitido gobernar sin Congreso y la rama judicial obedece órdenes del palacio de Miraflores. Debido a que el domicilio de los cabecillas de las farc desde hace más de un lustro es Venezuela y éste  gobierno fue designado garante del proceso de paz con esa organización, la justificación de la actitud apática del gobierno colombiano ante la tragedia venezolana eran los superiores intereses de la paz colombiana. Fue tal el grado de sumisión internacional del gobierno colombiano que avaló la candidatura del expresidente Samper a la Secretaría de la Unasur, a sabiendas que su nombramiento era patrocinado por Maduro y Correa. No bien llegado a ese cargo, el nuevo Secretario se convirtió en un vocero de Maduro y su gobierno, destacando la legitimidad del régimen en cuanto pronunciamiento público realizaba.

Nunca pensó el Gobierno del presidente Santos que el vecino que vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos de su país con total impunidad comenzaría a atropellar a ciudadanos colombianos con la finalidad de distraer la atención sobre los severos problemas económicas que afronta su nación y hoy son inocultables con un barril de petróleo a la mitad del valor de cuando se posesionó Maduro. Las medidas adoptadas en varios municipios del Estado del Táchira y la expulsión de miles de colombianos son el inicio de las provocaciones con un país vecino para cambiar la agenda interna de su país. La imagen de un presidente vociferando insultos y al instante bailando cumbias con banderas de ambos países parece sacado de las páginas del bestiario tropical de Alfredo Iriarte.

Ahora, con miles de nacionales expulsados y  la normatividad internacional vulnerada por el gobierno venezolano, el país que comando la indiferencia internacional ante lo ocurrido a sus vecinos  pretende que las demás naciones sudamericanas se unan a su condena antes las actitudes del déspota venezolano. Tuvo que vivir en carne propia Colombia los atropellos del régimen de maduro para convocar a la comunidad internacional a manifestarse sobre el particular. Parecería tarde. Los Evos y Correas del continente no suscribirán condena alguna contra la satrapía venezolana. Se justificaran, como lo ha hecho el Gobierno de Colombia durante los últimos cinco años, en que ese no es un problema de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, tan atentas a las violaciones de los derechos humanos en los setenta ni siquiera consideraran el asunto. Los Castro llevan medio siglo encarcelando, desapareciendo y asesinando opositores y son recibidos con aplausos revolucionarios a cuanto foro asisten. Los déspotas de izquierda parecieran tener patente de corso para violar los derechos humanos. Colombia está recibiendo un castigo por su indiferencia. 

Alberto Rojas: Ejemplo del nuevo abogado

El próximo mes de septiembre se realizara en la ciudad de Pereira el tradicional Congreso  anual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Por espacio de tres días se realizaran conferencias sobre diferentes aspectos del derecho procesal realizadas por miembros del Instituto. En el afiche que promociona el evento para el año 2015 aparece encabezando la lista de los conferencistas el honorable magistrado de la  Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos. El título de su charla será “El Código General del Proceso ante las garantías constitucionales” El magistrado Rojas ha participado con conferencias sobre otros temas en las anteriores ediciones del citado Congreso.

Debido a los escándalos ocurridos el presente año en la otrora respetable Corte Constitucional, en la que sus magistrados se acusaron  públicamente de actuaciones contrarias a la ética e ilegales, el interés mediático se concentró en las actuaciones del honorable magistrado Jorge Pretelt, quien a pesar de las denuncias en su contra y la negativa del Congreso a concederle una licencia, continúa hoy desempeñando sus funciones y enalteciendo al máximo tribunal de Colombia con su presencia. Mientras nos distraíamos conociendo y observando las hazañas de Pretelt, el doctor Rojas Ríos regresaba a la Corte Constitucional por la puerta trasera gracias a una tutela que fallaba unos conjueces del Consejo de Estado en la cual dejaban sin efecto otra decisión del mismo del mismo tribunal. Para no perdernos. El Consejo de Estado anuló la elección de Rojas por considerar que en el proceso de su postulación los consejeros violaron el reglamento de la corporación. Unos meses después, vía tutela otros  conjueces del Consejo de Estado consideraron que en el fallo en el cual se anuló la elección de Rojas se vulneraron sus derechos fundamentales. Y el honorable magistrado regresó a su cargo. El caso es un monumento a la seguridad jurídica.

La anterior situación es apenas una anécdota con relación a la situación de Rojas Ríos. Este abogado fue acusado por una antigua cliente de haberle birlado a ella y sus hijos la indemnización luego de un proceso administrativo. Luego de tramitar el caso ante las instancias penales y disciplinarias, él mismo se terminó por la prescripción de la acción en favor de su abogado. Antes de posesionarse por primera vez como magistrado de la Corte Constitucional debió reconocer que había omitido la inclusión de unos cuantiosos honorarios en su declaración de renta, situación de la cual culpo a la persona que le elabora estas declaraciones.

Sobre un magistrado de la Corte más importante de Colombia no pueden tenerse dudas. Eso al menos se pensaba cuando personas como Ciro Angarita o  Carlos Gaviria integraron dicha corporación. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que así como existe un enfrentamiento entre los seguidores del Nuevo Derecho y sus opositores, en materia del ejercicio profesional existe un nuevo abogado que se diferencia mucho del profesional de antes. El nuevo abogado privilegia las influencias sobre los argumentos. La razón y la justicia han sido relegadas. Causa una sensación entre el temor y la risa observar unos abogados que tienen más escoltas que sus criminales clientes. En ese nuevo orden profesional se han constituido de hecho unas camarillas en las altas cortes y  los tribunales   que manejan a su antojo la justicia en el país.  Ante esta nueva situación, el gremio ha pasado de agache. No denunciar, no criticar y aplaudir han sido las actitudes. Tarde que temprano se necesitara  una mano de los preteles de turno y no haberse agachado al rey podría tener efectos nocivos. De esa alcantarilla salen abogados que se denominan “embajadores” ante las Cortes.  Dicen que el abogado termina pareciéndose a sus clientes. Pareciera que de tanto atender traquetos y nuevos ricos el gremio adoptó los mismos códigos y costumbres.

Ese cambio de valores y de forma de ejercer la profesión explica que en la reunión anual de algunos de los mejores abogados del país se permita a un personaje de la talla de Alberto Rojas Río no solo presentar una ponencia sino recibir el aplauso a rabiar de sus colegas. Una lástima que no pueda asistir el doctor Pretelt para recibir otro aplauso igual.  Alguien que haga entender que con este tipo de comportamientos y este tipo de personajes en el poder, nuestro menor problema son las farc.

Carta a una sombra: El retrato de Colombia

Dia 1.

El Olvido que Seremos fue un libro que marco mucho mi vida. La relación que el autor describe que tiene con su padre es muy parecida a la que yo tengo con el mío. Por ello, cuando supe que existía un  documental basado en el libro no dude un momento en asistir de inmediato a verlo. Debido a que mi esposa y mi hija no se encuentran por estos días conmigo en Barranquilla dispongo un tiempo adicional al usual y por ello el mismo día del estreno corrí presuroso a ver la película. En la única sala que presentaban la película en Barranquilla era en el Centro Comercial Buenavista, así que acudí a dicho lugar. Las señoritas de la taquilla me informaron que debido a una reunión que se realizaba en la Sala 5 la película no se proyectaría el día jueves y por tanto debía aguardar hasta después de las cinco para ver la película. Cuando uno es una persona de familia, las ausencias de la propia le causan comportamientos diversos. A mi, me causan insomnio y aburrimiento. Por ello, el mismo día (jueves 2 de julio) decidí asistir a cine a las 9:10 para ver la película. Luego de una larga fila de 25 minutos, previa verificación en el portal de Cine Colombia y en los anuncios electrónicos de la taquilla que informaban de su proyección, la señorita de la taquilla con una risa burlona me indicó que la película no se pasaba y que “ para que no preguntaba antes”, a lo cual no respondí nada pues no parecía tener mucho futuro una discusión con un personaje con ese tipo de razonamientos. Al carro, dormir y volver mañana.

Día 2

Me dirigí a observar la película en la función de 1:10. Pague la boleta, entre a la sala y me ví acompañado por otras dos personas que esperaban como yo, la función de dicha hora.  A los pocos minutos llegó un funcionario de Cine Colombia informando que el aire de algún equipo se había dañado y por tanto no se proyectaría la película pero que podíamos entrar a ver Terminator o Dragon Bull Z en las salas contiguas, Ante la negativa del ciento por ciento de los espectadores, nos firmaron una boleta con la cual podríamos asistir a cualquier película.  El funcionario informo que no sabía si hoy se arreglaría el inconveniente pero aseguro que mañana era segura la proyección de la película.

Día 3

Al mediodía me traslade a Buenavista con un asunto que se me estaba convirtiendo en un tema personal. Llegue a ver la película y ésta ya no aparecía en las propagandas ni tampoco su afiche en la Sala 5 del Multilplex de Buenavista. Luego de hacer la consabida fila, la señorita me indicó que la película no aparecía en el listado y que “seguramente la habían quitado”. Ante la pregunta si la película sería proyectada, la funcionaria alzó los ojos, me miró con cara de “este cachaco no entiende lo que digo” y me respondió con un plácido no tengo n”idea. En ese momento por terminada mi esperanza de ver en cine “ Carta a una sombra”.

Día 4

Debido a que Paz, mi hija de tres años se levanta temprano, no importa a que horas me acueste, estoy desde las  6 de la mañana levantado. Luego de realizar algunas actividades, comencé a llamar a Cine Colombia para preguntar por la proyección de la película que había vuelto a salir por el portal en Internet. Luego de dos llamadas, me confirmaron que la película sería proyectada.  Contrario a mi disciplina de hacer la fila general, realice la fila de reservas y llegue con la boleta firmada del viernes, la cual me cambiaron por un papel que me permitía entrar a la película. De paso, me dí cuenta de lo que siempre imaginaba. Que aquí la mitad de la gente que hace esa fila no tiene reserva, pero ese es otro tema. Llegue a la sala a la proyección de la 1:10 y en compañía de dos señoras paisas que parecían salidas de la película pude ver por fin Carta a una sombra. La ventaja del teatro a disposición de tan pocos espectadores es que las lagrimas pueden salir sin necesidad de ser disimuladas. No tengo idea si por mi cercanía a los 40 años me estoy volviendo bastante sensible pero gran parte de la película la observe con un nudo en la garganta. Ver un hombre como Carlos Gaviria recordando su lucha con el médico Abad en medio de una sociedad indolente es conmovedor.  Aunque la historia de los Abad es conmovedora, lo que se ve en la pantalla es la historia de Colombia. Un país sitiado por unos criminales de izquierda que por sus abusos crearon un monstruo de derecha, peor incluso que ellos. Y detrás de todo esto, los mismos personajes que manejan el país hace décadas.  Más de un cuarto de siglo después del asesinato de Abad, nuestra sociedad continua su paso al abismo liderada a nivel regional o incluso nacional por personajes vinculados al mundo de las sombras. Lo más impactante de la película es eso. Comprobar que quienes advirtieron eso, fueron asesinados. Comprobar que la decencia murió. Muerta la decencia, no es de extrañar que debamos elegir entre tipos como Santos y Uribe. 

Santos traicionado por sus mejores amigos.

Una de las decisiones más sorpresivas y audaces del Presidente Santos en sus primeros meses de Gobierno fue el restablecimiento pleno de relaciones con Venezuela y el presidente Chavez. El proceso de paz que pretendía  impulsar el gobierno de Santos requería la colaboración de la “revolución bolivariana”. Ese gobierno fue designado, junto a Chile como uno de los países acompañantes del proceso de paz dos años después. Simultáneamente al transcurso del Gobierno de Santos y el proceso de paz, en Venezuela la situación política y económica cambiaba drásticamente. La enfermedad y fallecimiento del presidente Chavez, seguida de la ajustada victoria de Maduro, quien ha ejercido  el poder en medio una reducción de los precios del petróleo y una economía desfalleciente luego de más de quince años de riqueza aparente y corrupción desbordada han traído como consecuencia la tensa situación que vive hoy Venezuela.

En los últimos años el gobierno revolucionario ha  adoptado perfiles autocráticos en los cuales la persecución de los miembros de la oposición y su posterior judicialización, es apenas una de sus caras más conocidas a nivel internacional. A pesar de las evidentes y constantes violaciones de normas internacionales sobre derechos humanos del gobierno venezolano, los países de la región han sido tímidos para denunciar estas actuaciones y han preferido mirar para otro lado con la finalidad de evitar pronunciarse sobre ellas.  En el caso colombiano, la omisión se justificaba en el apoyo que el gobierno venezolano prestaba al proceso de paz. Pareciera que la contrapartida a dicho apoyo era el silencio a la vulneración de los derechos de los venezolanos. Esta posición pragmática y ventajosa es propia de los países dirigidos por jugadores de póquer. Así, mientras Venezuela acompañaba a Colombia en el proceso de paz, encarcelaba los líderes opositores y perseguía a los medios que opinaban en contra del gobierno de Maduro.

Estos acuerdos tácitos con Venezuela comenzaron a hacerse trizas hace menos de un mes cuando el presidente Maduro en alguna de sus rutinarias declaraciones indicaba que la crisis venezolana era causada por los ciudadanos colombianos que habían ingresado a su país. Y hace pocos días, el gobierno venezolano expidió un decreto que  establece las  Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, y dentro de ellas se encuentra el Golfo de Coquivacoa , el cual se encuentra en litigio con Colombia hace varias décadas. El gobierno que esquivo las declaraciones y comentarios sobre la situación venezolana recibe ahora un poco de su medicina. Santos se encuentra en una encrucijada creada por él mismo. En el momento más difícil del proceso de paz, no puede ceder a la provocación venezolana pero tampoco puede guardar silencio. Parece que el tahúr ha perdido la partida con los revolucionarios bolivarianos.

Y el estado del proceso de paz no es muy diferente al estado de las relaciones con Venezuela. Con una guerrilla que ha mostrado en el último mes su desprecio por el derecho internacional humanitario, una opinión pública reacia a que los guerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes y un cese al fuego cada vez mes lejano, de no adoptarse prontas decisiones en la mesa, el proceso comienza a caminar el mismo sendero del Caguán con unas farc pateando a diario el tablero. Inició el tramo de las decisiones. El asunto no es de fechas. Si las farc consideran que pueden seguir indefinidamente conversando  en La Habana sobre lo divino y lo humano mientras cometen crímenes a diario en Colombia, el proceso está muerto. Llego la hora que el tahúr juegue sus restos, porque si demora más su apuesta no encontrará mesa donde realizarla.

De Blatter a Pretelt: La hora de los intocables.

Desde hace varia décadas eran conocidos en todo el mundo los negocios corruptos que realizaba los dirigentes de la Fifa. Periodistas de diferentes nacionalidades habían denunciado la manera como se seleccionaban sedes de campeonatos mundiales y se adjudicaban los patrocinios de los diferentes eventos que realizaba la entidad. A nivel suramericano, personajes de la talla de Grondona, Leoz, Texeira y Figueredo realizaban sus oscuros negocios a la luz del día sin el menor temor de ser judicializados debido a que se consideraban intocables por el poder que les daba ser los jerarcas del fútbol. Al contrario, en muchos de nuestros países eran personajes a quienes se les rendía respeto y muchos les tributaban admiración.(El 19 de julio de 2001 el Congreso colombiano reconoció a Nicolás Leoz con la Orden en el Grado de Gran Caballero. El presidente del Congreso del momento, doctor Mario Uribe Escobar entregó la distinción. Hoy Uribe es un expresidiario y Leóz va rumbo a la cárcel) Tan rentables y beneficiosos eran los réditos de sus actividades que por su cabeza jamás se consideró el retiro como una opción. A estos reyezuelos solo la muerte podría separarlos de sus cargos en Fifa y conmebol. Nunca imaginaron que serían procesados, encarcelados y sus delitos expuestos en público. Hace quince días la  mafia  que actuó con mayor libertad en el último tiempo fue desarticulada. Desde la llegada de Havelange en 1974, continuando con el suizo Blatter desde 1998, fueron más de cuarenta años de comisión continua de delitos.  Pareciera que este mundial de la corrupción apenas comienza debido a que  estos delincuentes con la finalidad de negociar sus penas colaboraran con la justicia y terminaran delatando a quienes falta  procesar.

Mientras tanto en Colombia, semanalmente se conocen noticias sobre el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien cuando no es acusado de solicitar dinero para tramitar decisiones en ese tribunal, es acusado de acumulación ilegal de baldíos o de violentar normas ambientales. El magistrado no conjuga el verbo renunciar y pareciera que solo dejara su lugar en la Corte cuando termine su periodo. Para mantener el nivel ético de la actual Corte, gracias a un fallo de tutela del Consejo de Estado desde hace algunas semanas volvió a ejercer su cargo el magistrado Alberto Rojas quien jamás puedo dar explicaciones convincentes sobre su actuaciones como apoderado de la señora Isabel Victoria Marín y sus hijos, quienes luego de un largo proceso judicial obtuvieron un fallo favorable pero el valor de la condena que pago el Estado nunca les fue entregado por su abogado. Estos dos togados conforman junto al magistrado Vargas, una de las salas de revisión de tutela de la Corte Constitucional.  Puede uno imaginarse la clase de justicia que imparte este dúo dinámico.

No es posible cuantificar el daño que este par de oscuros personajes le ha hecho a la última Corte en la que se guardaba algún nivel de confianza. La fama ganada a pulso, especialmente por los integrantes de la primera Corte Constitucional ha sido pulverizada. Al igual que los directivos de la Fifa hasta hace unos días, estos magistrados que avergüenzan la comunidad jurídica tienen fe ciega en el triunfo de la impunidad por sus acciones. El éxito de su causa puede ser la estocada final que le faltaba a la justicia en Colombia. Las reacciones de los últimos días de ciudadanos que quieren hacer justicia por propia mano por la desconfianza en el sistema judicial son un indicador del nivel de insatisfacción con el servicio más importante que debe cumplir un Estado. Cuando en la Corte más importante del país se sientan a elaborar sentencias y dar votos prepotentes estafadores de viudas y traficante de fallos sin que nadie pueda impedirlo, se está incentivando a los particulares a resolver los problemas entre ellos, pues nadie quiere que sus diferencias las decidan quienes debían estar en el banquillo de los acusados y no con la toga de los jueces.