Uniautónoma: Reflexiones sobre un Estado fallido.

Comienzan los debates presidenciales con propuestas sobre diferentes aspectos de la vida colombiana.  Sergio Fajardo ha planteado como su eje más importante la educación y sin lugar a dudas un cambio de políticas en esa materia permitiría pensar en un país con menor desigualdad que el actual.

Siendo válidas las discusiones sobre esos y otros temas, es necesario que los candidatos dejen de lado la diplomacia y comprendan que en muchos aspectos aunque formalmente existe una dependencia pública que regula determinadas actividades en la práctica su operatividad es nula y los ciudadanos nos encontramos en medio de una selva en que no existen normas ni quien las haga cumplir. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior son algunas instituciones de educación superior (IES) que bajo el amparo de la autonomía universitaria se convierten en repúblicas independientes en las cuales sus autoridades (propietarios en realidad) hacen lo que desean sin tener el más mínimo rubor en incumplir las normas legales. En la actualidad, el caso de la Universidad Autónoma del Caribe demuestra esta afirmación.

Hace un lustro la Universidad se encontraba en una importante crisis por el proceso penal que se adelantó contra su anterior rectora que terminó con sentencias condenatoria en su contra. Los miembros de la Sala General (máximo órgano de administración de la Universidad)  no mostraron ningún reparo en continuar en sus cargos debido a que fueron asaltados en su buena fe por las actuaciones de la rectora. De esta manera pasaron de ser compadres a convertirse en testigos ante la justicia de sus acciones. Jamás consideraron que haber permanecido una década avalando todas las actuaciones de la administradora en desgracia tendría consecuencia alguna sobre ellos. Cinco años después, luego del paso de Ramses Vargas por la rectoría de la Universidad, en la cual despareció todo el patrimonio de la entidad, vuelven a tener la misma actitud. Nuevamente fueron engañados en su buena fe. Y tal como hace un lustro, quieren dar vuelta a la página y seguir como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, algunos de los hechos ocurridos durante el último lustro hacen considerar que lejos de ser espectadores, algunos de los impolutos miembros de la Sala General que hoy se niegan a retirarse de sus cargos con la complacencia del Ministerio de Educación Nacional  fueron protagonistas principales de los mismos.

El 5 de Octubre de 2011 la Universidad Autónoma del Caribe mediante la escritura pública 1752 de la Notaria Novena de Barranquilla logró englobar un lote de más de 35 hectáreas sobre la vía a Cartagena que se denominó el Genovés. Mediante la Licencia Urbanística 617 de 2012 se autorizaron la construcción de un campus universitario en dicha área de terreno. La idea de trasladar la Universidad allí era visionaria debido a la ubicación del predio y a la posibilidad de ampliación del campus, situación que hubiera impactado de manera positiva a la entidad, además de ponerla a la vanguardia de las instituciones educativas del Caribe colombiano.

Dicho proyecto no se concretó y mediante la escritura 349 del 15 de marzo de 2013 de la Notaria Once de Barranquilla, la Universidad procedió a dividir el lote de su propiedad. De tal división resultaron dos lotes: El lote uno de 196.574,04 metros cuadrados y el lote dos de 149.741,02 metros cuadrados. No habiendo pasado quince días de realizar la división, la Universidad resolvió enajenar el lote dos, ( el más valioso por su ubicación y potencial de desarrollo) y mediante la escritura pública número 708 del 28 de mayo de 2013 transfirió su propiedad al Fideicomiso El Genoves por valor de $7.838.324.000. Se vendió una propiedad en la zona de mayor valorización de la ciudad a cómodos $52.345 metro cuadrado. Al parecer el asunto de que la Universidad no tiene ánimo de lucro fue tomado bastante en serio por quienes representaron a la Universidad en dicha negociación. Quien suscribió ese contrato de enajenación de ese activo fue el señor Mariano Romero Ochoa , actual Vicerrector del Medio Universitario, previamente autorizado por la Sala General de la Universidad de acuerdo a las actas 173 de marzo 30 de 2012 y ratificada en acta 180 de marzo de 2013 por los integrantes de la Sala, entre otros, señores Ramses Vargas, Mariano Romero, Paul García y Tamid Turbay.

El 29 de diciembre de  2014 mediante la escritura pública 1876 de la Notaria Once de Barranquilla, el señor Ramses Vargas previa autorización de la Sala General enajenaría el lote uno por un valor de $4.000.000.000 al Fideicomiso Alto Genovés como beneficio en fiducia mercantil- El 27 de octubre del año 2017 dicho inmueble volvería al patrimonio de  la Universidad como restitución de aporte de beneficio de acuerdo a la escritura pública número 3426 del 27 de octubre de 2017. Menos de un mes después, la Universidad volvería a enajenar este inmueble, esta vez, al Fideicomiso Oportunidades Inmobiliarias por un valor de $1.022.316.000. El mismo inmueble que fue enajenado por 4.000 milones en 2014 fue transferido tres años después por el 25% de su valor, una cifra apenas superior a 1.000 millones de pesos.

El pasado 21 de diciembre de 2017 cuando comenzaba a acentuarse la crisis de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad ( que salvo los representantes de estudiantes y profesores en el Consejo Directivo tienen los mismos integrantes) respaldaba de manera unánime la gestión del rector Ramses Vargas según publica la página web de la Universidad en dicha fecha. En esa fecha se nombraba a la señora Sandra Devia como presidenta de la Sala General de la institución. El comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento indicaba: “Dentro de los motivos de la Sala General para escoger a Devia, están su exitoso desempeño profesional, tanto en el sector público como en el privado. Además del acompañamiento que ha realizado, desde los inicios, a la administración del rector Ramsés Vargas Lamadrid en la institución. Devia es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe (Asiesca). La Sala la describió como una “persona leal, de confianza, una trabajadora comprometida con la institución y al servicio de ella”. (tomado de https://www.uac.edu.co/noticias-generales/item/3187-sandra-devia-fue-nombrada-como-la-nueva-presidenta-de-la-sala-general-de-la-universidad-autonoma-del-caribe.html).

Faltaba indicar en dicho comunicado que además de todas las virtudes teologales de la nueva presidenta de la Sala General, la misma también era contratista de la Universidad, tal como se demuestra con el contrato OJ-076- del 28 de marzo de 2016, mediante el cual se contrata al CONSORCIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES SAS con NIT 800.211-293-0 por $300.000.000. La señora Devia Camacho es la representante legal de tal sociedad, situación por la cual en la época que firmó y ejecutó ese contrato tuvo la doble condición de contratista y miembro de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad. Y nadie podía decir nada porque para eso existe la autonomía universitaria.[1]

La veracidad de la anterior información puede verificarse observando los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles en cuestión (040-476402,040-491992 y 040-491993) y las respectivas escrituras públicas. Es una tarea de horas y en el peor de los casos de pocos días. Incluso sobre el lote 2, aquel cuya escritura firmó el actual Vicerrector del Medio Universitario la Fiscalía General de la Nación el 1 de diciembre de 2016 oficio para que se registrara la prohibición de enajenación. Dicha orden fue revocada con inusual velocidad el 22 de febrero de 2017.

Lo anterior simplemente para verificar que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Educación Nacional tienen en su poder los documentos y las pruebas para actuar en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe y sorprende que ante hechos tan evidentes como enajenaciones de inmuebles por valores irrisorios que no admiten mayor análisis no tomen ninguna decisión. Parecieran estar esperando que quienes participaron en las actividades que dieron como resultado la actual crisis de la Universidad se insolventaran y tercerizaran los frutos de sus “hazañas” para llamarlos a responder. ¿Será que pasara lo mismo que con Palacino de Saludcoop que ya cuando fue capturado por las autoridades lo único que tiene para responder por sus acciones es la ropa que tenía puesta el día de la detención.?

A todas estas, a los miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe no les pasa por la cabeza que la recuperación moral y económica de la Universidad depende de su retiro. Algunos de ellos nombrados por su cercanía con el anterior rector y sin ningún antecedente para tener esa dignidad se niegan a retirarse de sus cargos mientras que los más antiguos entienden que el problema no es con ellos y simplemente esperan que se calmen las aguas para seguir de manera vitalicia rigiendo los destinos de la entidad. Con la excepción de Orlando Abello quien renunció a todos los cargos en la Universidad y denunció penalmente al Secretario adulterador (él mismo que invitaba diariamente a actos religiosos a todos los miembros de la comunidad universitaria) nadie parece tener la intención de retirarse de su cargo. El Ministerio de Educación con base en las facultades que le confiere la ley 1740 de 2014 podría suspender a algunos de los miembros de la Corporación sobre los cuales tiene abundante material probatorio sobre sus comportamientos irregulares. Sin embargo, en la medida en que el tema desapareció de los medios de comunicación las acciones del Ministerio brillan por su ausencia y su papel de notario no colabora en nada a restablecer la confianza de los estudiantes, empleados y padres de familia.

A algunos amigos que todavía continúan en la Universidad como docentes quieren cargarles la responsabilidad por el futuro de la entidad. Lejos de que les deban meses de salario se les dice que deben seguir dando clase para salvarla. Muchos están dispuestos a hacerlo, pero dicho sacrificio tiene que tener como contraprestación que aquellos que por complicidad o ineptitud consintieron el saqueo del faraón se retiren de la Universidad. No puede cambiar todo para que toda siga igual. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiscalía no acaban de enterarse de estos temas. Su accionar debía responder a la expectativa que miles de familias tienen de continuar con la educación universitaria de sus hijos por la cual pagaron. El estado vegetativo en que están quedando las investigaciones de las autoridades competentes demuestran de hecho que nos encontramos ante un estado fallido que no hace respetar los derechos de los ciudadanos. Ojalá pronto nos demuestren que estamos equivocados.

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[1] Información tomada de la página 59 del Infome de Visita Administrativa  del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Autónoma del Caribe de Enero 30 de 2018.

Iván Duque y la agenda del pasado.

A dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia avanza con paso de vencedores la candidatura de Iván Duque. Tras el impulso recibido el pasado 11 de marzo en la consulta mediante la cual compitió por la nominación de candidato presidencial con Alejandro Ordoñez y Martha Lucía Ramírez, las encuestas menos favorables a su nombre lo sitúan a gran distancia de los demás candidatos, con posibilidades incluso de triunfar en la primera vuelta electoral.

Duque es un abogado de mi generación que asistió a las aulas universitarias con posterioridad al cambio constitucional de 1991. En lo personal, me parece una persona inteligente y preparada que realizó una tarea interesante como congresista, siendo conocidas sus posiciones políticas por las columnas que desde hace años publicaba en Portafolio. Para llegar a la nominación como candidato del Centro Democrático Duque inició desde hace algunos meses una transformación que comenzó con la alabanza constante a las ejecutorias de su “presidente eterno” en su doble periodo y continuo con hacer propios los principales planteamientos del dueño del partido y sus áulicos. La única manera de ganar la confianza de este grupo que todavía se estremece con la “traición” del presidente que eligieron en 2010 ha consistido en convertirse en el vocero público de las ideas del expresidente Uribe. Sabiendo que el Centro Democrático no es un partido político sino un bien de propiedad del expresidente, la repetición diaria de su credo parece la única manera de convencer a los votantes que no será un segundo Santos. A lo anterior, se suma la circunstancia de tener un adversario en el cual pueden integrarse todos los miedos de cierta parte de la sociedad: un exguerrillero que tuvo afinidades con Chavez y nos convertirá en Cuba. La subida en las encuestas de Gustavo Petro fue fundamental para el ascenso en la intención de voto de Duque, pues la disyuntiva que se le ha presentado a la población es Duque  o Venezuela, lo cual lejos de ser cierto produce una sensación de miedo en la cual los electores votaron y votaran para alejar el demonio de Maduro del país. En adelante la campaña consistirá en continuar presentando a los electores esa dualidad acompañada de las imágenes del candidato identificado como castrochavista en diferentes momentos de su vida en situaciones que demuestran que seremos otra Venezuela y con esa percepción llegara al poder el discípulo amado del expresidente Uribe.

Habiendo establecido la campaña en el escenario perfecto para el regreso al poder del expresidente Uribe, es necesario revisar algunas de las propuestas del candidato  Duque para confirmar que pareciera que Colombia se encontrara en la misma situación de hace dos décadas debido a que se formulan los mismos problemas y soluciones de aquellas épocas.

Una de las propuestas que reitera el candidato líder de las encuestas es el regreso a la penalización de la dosis personal de droga que fue abolida por la Corte Constitucional en la célebre sentencia de Carlos Gaviria de 1994. Esa idea que no ´pudo ser concretada por Uribe en sus dos periodos presidenciales, es defendida por escuderos de su organización como Fernando Londoño, quienes entienden que la desgracia del país está en no poder meter a la cárcel a todos los que encuentren con cualquier cantidad de droga sin importar su destinación ni cantidad. Haciendo a un lado la crisis de cupos del sistema penitenciario del país, la idea pretende criminalizar por igual a jíbaros y consumidores, en el entendido que si algunos de los primeros han adelantado su actividad por la no penalización de la dosis personal, la solución es eliminar por completo tal opción. La justicia colapsada se encargaría diariamente de realizar imputaciones de cargos a quien encuentre con cualquier dosis de alucinógenos. La derrotada teoría de enfocar el asunto de las drogas con represión en lugar de que sea un tema de salud pública tiene el peligro de volver para quedarse en el país con esta propuesta.

La estruendosa derrota del partido de las farc en las pasadas elecciones parlamentarias a pesar de las predicciones de aquellos que indicaban que el cartel de droga más poderosa del mundo con sus miles de millones de dólares encaletados iba a comprar votos por todo el territorio nacional no fue suficiente y es necesario seguir ventilando cambios en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Santos. No contentos con la podada que tuvo la justicia especial para la paz en la Corte Constitucional que convirtió estos tribunales en simples relatores de los hechos ocurridos en el último medio siglo de acuerdo al decir de sus actores (guerrila-fuerzas militares) y estableció que los particulares solo asistirían a esta Corte cuando su voluntad les indicara hacerlo, el candidato Duque propone que se reforme el acuerdo y se excluya a los miembros de las fuerzas armadas de la “justicia de las farc”, para lograr que nuestros héroes sean juzgados por la imparcial y oportuna justicia penal militar. La anterior propuesta va incluida dentro de un paquete en el cual se pretende eliminar el narcotráfico como delito conexo, abriendo la posibilidad de extraditar a los miembros de la guerrilla de conformidad con el capricho del todopoderoso ejecutivo. De esta manera, las farc aún desmovilizadas y políticamente derrotadas siguen siendo uno de los objetivos del centro democrático. No bastando con ver muerto al adversario, se debe desenterrarlo y volverlo a sacrificar para asegurar que el castigo sea adecuado.

A los anteriores principios se suma la idea de eliminar todas las cortes judiciales existentes y crear un único tribunal supremo en asuntos ordinarios, contencioso administrativos y constitucionales. En el  debate de Columbia Duque fundamentó su propuesta en los altos costos que tiene para el fisco el abultado número de magistrados. Uribe insiste en que la condena de la mitad de su gabinete se debe a una persecución política y la mejor manera de saldar esa cuenta es eliminando todas las cortes y creando una cuyos magistrados vitalicios sean elegidos por su movimiento. Este sería el primer paso para sepultar los avances en materia de derechos fundamentales del último cuarto de siglo además de lograr la cooptación del único poder que no pudo dominar en sus ocho años de poder el senador más votado de Colombia.

La segunda versión de las propuestas de menos impuestos directos y mayores garantías para los inversionistas extranjeros hacen parte del menú económico del candidato con mayores opciones para ser presidente. Los temas educativos y ambientales se mencionan en un segundo plano pues parecen propios de mamertos que se oponen al desarrollo del país.

Se suma a lo anterior, el lío del que tendrá el candidato para   pagarle su apoyo a extremistas de la calaña de Alejandro Ordoñez que estará dispuesto a seguirle prestando sus servicios al país desde algún cargo público. Esconder este tipo de personajillos en la nómina del Estado será otra tarea extenuante para el próximo presidente salvo que concuerden con el espíritu perseguidor y revanchista de personajes como el nombrado.

Así, dieciséis años después de la llegada al poder de Alvaro Uribe, las propuestas del candidato más opcionado para llegar a la presidencia son idénticas a las suyas. Guerra a lo que queda de las farc aunque estén de civil, persecución al consumo de droga y concentración del poder en manos del presidente.  Muchos de los temas que hoy propone Duque solo podrían concretarse vía reformas constitucionales, con lo cual,  en la eventualidad de integrar una mayoría parlamentaria importante, estaríamos a las puertas de la más importante contrarreforma que hubiera visto Colombia en el último medio siglo. Por evitar parecernos a Venezuela, el país está entregando un cheque en blanco a un grupo político que nos quiere regresar a la Constitución de 1886. A estas alturas, el único consuelo que queda es que Duque salga igual que Santos y cuando llegue al poder realice un gobierno sensato y equilibrado. La historia dirá si el perro se deja capar dos veces.

Uniautónoma y el abuso de la autonomía universitaria.

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía de la autonomía universitaria. Con base en ella, las universidades pueden seleccionar sus directivas y regirse por sus propios estatutos.  Este derecho de las Instituciones de Educación Superior (IES) busca garantizar su independencia a influencias externas para que logren alcanzar sus objetivos misionales relacionados con los derechos fundamentales a la educación, enseñanza, aprendizaje y la libertad de cátedra.

No obstante lo anterior, cuando las IES se utilizan con otras finalidades, la autonomía universitaria se convierte en un infranqueable escudo que dificulta las labores de inspección y vigilancia de esta clase instituciones y permite que sus directivos se conviertan en todopoderosos señores que no tiene otro límite que su capricho.

El ejemplo más reciente de lo anterior es la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma). ( Con ésta Universidad estuve vinculado un poco más de tres años y termine mi vinculación en noviembre de 2016 por los continuos incumplimientos en los pagos de los salarios y aportes a la seguridad social). Uniautónoma es una importante Universidad del Caribe con medio siglo de vida que hace un lustro tuvo públicos inconvenientes por las acusaciones sobre su rectora, quien terminó condenada por el delito de soborno y en la actualidad es sujeto procesal de otras actuaciones penales, por los cuales responde desde su modesto hogar, tal cual se volvió costumbre para los delincuentes en Colombia. En su reemplazo fue designado el abogado Ramses Vargás quien renunció el día de ayer en medio de una gran polémica que se vive en el centro educativo por sus actuaciones como máximo responsable de la Universidad desde 2013. W Radio ha reemplazado con lujo de detalles en el último semestre a la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación y con un esmero digno de la mejor causa ha logrado poner al descubierto una serie de actuaciones y situaciones que generan más certezas que inquietudes. Sera la Fiscalía quien tendrá la última palabra deseando que esta vez realicen un curso previo de imputación de cargos para evitar que el juez de garantías deje en libertad a sus acusados, como se volvió costumbre desde hace un año.  Dejando de lado el tema penal y los garantistas procesos del Ministerio de Educación, es precios referirse a la manera como la Uniautónoma después de una reforma estatutaria realizada en el año 2016 pasó a ser de facto propiedad de una sola persona.

Uniautónoma es una Corporación que se rige por sus propios estatutos.  Sus órganos de dirección son la Sala General y el Consejo Directivo.  Desde finales del año 2015 comenzó a estructurarse por el rector y sus asesores una reforma a los estatutos de la Corporación con la finalidad de ajustar los mismos a las necesidades de la acreditación institucional buscada por todas las Universidades del país. Después de varios requerimientos del Ministerio por correcciones de la reforma presentada, ésta fue aprobada por el Viceministro de Educación Nacional mediante la Resolución 16835 del 19 de agosto de 2016.

Entre las reformas realizadas se destacan la significativa disminución en la calidad de los requisitos para ser rector de la institución, el aumento de su periodo a diez años y la posibilidad de reelección indefinida. De la misma manera se redujeron al mínimo los  requisitos para ser miembro de la Sala General y del Consejo Directivo. De esta forma, la Sala General paso a quedar integrada por dos clases de miembros: activos y honorarios: los primeros con derecho a voz y voto y los segundos solo con derecho de voz. El periodo de los miembros activos es indefinido, lo cual quiere decir que solo pierden su calidad por su fallecimiento mientras que los miembros honorarios tienen un periodo de 3 años que puede prorrogarse indefinidamente. El Consejo Directivo de la Universidad está integrado por los miembros activos de la corporación, más tres representantes de la Sala General que no pueden ser otros que los miembros honorarios,  a los cuales e agregan un represente de estudiantes y otro de profesores. ( Para asegurar unanimidad total, coincidió que como representante de los estudiantes fue elegida una funcionaria de la entidad que estudiaba al mismo tiempo una carrera de pregrado)}

La elección de miembros de la corporación se realiza por cooptación. Con la reforma estatutaria aprobada y con la posibilidad de elegir miembros activos de la corporación que tendrían como duración en el máximo órgano de decisión de la Universidad el resto de su vida, el 16 de Octubre de 2016 ingresaron en esa calidad a la sala general: Orlando Abello, Director del Centro de Conciliación, María Cristina Vargas, prima del rector y Directora del Programa de Derecho, María Helena Hernández, esposa del rector, Electo Rivera, funcionario de la Universidad y amigo del rector, Winston Vergara, amigo del rector, Alvaro Vargas Osorio, tío del Rector, Pedro Sierra, Vicerrector Administrativo, escudero del Rector, Sonia Lamadrid, madre del Rector. A ellos se unió un par de meses después Patricia Pinilla, funcionaria de la administración Guette que continuó prestando sus buenos oficios en la administración. Vargas. Ellos se unieron al señor Ramses Vargas, Sandra Devia y Efraín Maldonado, quienes desde 2013 alumbraban con su integridad a la Sala General. Aparte de los anteriores, cuatro miembros fundadores continuaban ejerciendo sus funciones.  Por tanto, es claro que el Rector con la reforma realizada y la constitución de la categoría   de miembros activos vitalicios de la fundación se quedó con el control absoluto de la entidad al tener injerencia directa sobre 12 de los 17 miembros de la corporación.

Con papi, mami, tío, esposa y amigos de miembros vitalicios de la máxima instancia de decisión de la Universidad Autónoma del Caribe el poder en cabeza del rector se concentró de una forma que envidiaría el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, para evitar la incomodidad de solicitar la autorización de la Sala General para la realización de actos y contratos, se estableció que la misma era necesaria únicamente para negocios que superaran los 1.455 salarios mínimos legales mensuales (Una suma superior a los 1.100 millones de pesos de hoy). Eso explica la razón por la cual las últimas ventas cuestionadas ni siquiera tienen aprobación de los órganos de dirección de la Universidad.

El señor Vargas renunció el 1 de marzo de 2018 a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe pero no a su calidad de miembro activo de la corporación. Debido a la influencia que tiene sobre los familiares y amigos que vinculó como miembros activos y de facto vitalicios en la corporación es hoy quien ejerce el poder sobre las decisiones que se adopten en este centro educativo. El ingreso de dos nuevas personas a la corporación en calidad de miembros activos y la elección de Victor Armenta como Rector no pudieron realizarse sin el consentimiento del propietario de los votos vitalicios de la máxima instancia de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe. 

El nuevo Rector si bien deberá acatar las directrices del Ministerio de Educación no está sujeto a investigación alguna. La demora del Ministerio en el inicio de sus investigaciones permitió que se realizara este enroque que solo tiene como objetivo entorpecer las actuaciones de las autoridades.

Pareciera que la anunciada refundación con la cual se publicitó toda la gestión de Vargas en los últimos 5 años consistió en valerse de la autonomía universitaria para diseñar una institución que solo respondiera a sus órdenes.  Fue tan exitoso el diseño realizado por el refundador que si el Ministerio de Educación no hace uso de las facultades  que le concede la ley, su influencia perdurará en la Autónoma por los siglos de los siglos. Como todo un faraón.

El fiscal de bolsillo

Cuando el año pasado se comenzó a conocer la magnitud del escándalo por los sobornos entregados por la firma Odebrecht en Colombia, uno de los socios de negocios de la misma, decía socarronamente en una asamblea de accionistas de alguna de sus empresas , que él se acaba de enterar de esa noticia, comentario que fue celebrado ruidosamente por sus áulicos y dependientes en dicha reunión. Sarmiento hacía eco de las palabras que había pronunciado días atrás el propio presidente Santos quien aseguraba jamás haber sido enterado que la firma brasileña dio sustanciales aportes a sus campañas presidenciales de 2010 y 2014.  De esta manera, el presidente de la república notificaba a los colombianos que no sabía con la plata de quien se había financiado su campaña y el hombre más rico de Colombia informaba que desconocía los pormenores de la manera en que había adjudicado uno de los contratos de infraestructura más grandes de la historia del país. Veinte años después del escándalo de la financiación de la campaña de Ernesto Samper por el Cartel de Cali en el que se hizo celebre la expresión “a mis espaldas”, dos importantes figuras nacionales aceptaban la misma defensa del Elefante, “si ocurrió, jamás me enteré y por tanto no debo responder.” 

Mientras en Perú, Panamá, Brasil y Ecuador son procesados importantes empresarios e incluso presidentes y expresidentes de la república, en Colombia con gran alborozo la fiscalía registra la captura de un “sacamicas” de alto nivel como Otto Bula y de funcionarios de tercer y cuarto nivel.  La fiscalía es presidida por un abogado que tuvo comprobada participación en los temas que se investigan: Fue abogado de los delincuentes de Odebrecht y sus socios y también ejerció como servidor público en instancias en que se resolvían solicitudes a éstas personas jurídicas por parte del Estado colombiano. Lo que en cualquier lugar del mundo sería un impedimento del tamaño del océano en Colombia es apenas una anécdota de esas que cuenta el dueño de medio país en sus asambleas. Si Saludcoop y sus propietarios tuvieron fiscal de bolsillo cuatro años no se entiende las razones por la cuales Sarmiento no tendría derecho a tener el suyo propio por un periodo igual. El único denunciante de tan evidente colusión ha sido el senador Jorge Robledo, quien junto a Claudia López ha hecho pública tal situación sin siquiera provocar sonrojo entre poderdante y apoderado.

Sobra decir que el prócer que hoy ocupa la fiscalía fue designado por el periódico de propiedad de su más importante mandante como personaje del año 2017 por su inigualable aporte a la lucha contra la corrupción. Con esa designación, el periódico del Grupo Aval confirmó a sus lectores que desde hace ocho años responde a intereses empresariales por encima de románticos intereses periodísticos. El inexistente cubrimiento por parte del mayor diario del país del derrumbe del puente de la vía Villavicencio Bogotá es una muestra reciente de su ¨política editorial”. Un ejercicio de clase sería comparar ese cubrimiento con el realizado por la tragedia del Edificio Space en Medellín para hacer una reflexión sobre equilibrio en la información.

Desde la expedición de la ley 50 de 1990 y la creación de los Fondos de Cesantías se inició la expansión del grupo económico más grande del país en la actualidad. Cuando por motivos legales no se pudo seguir incrementando el dominio del sector bancario, la infraestructura se convirtió en un sector a conquistar gracias a las reformas del hoy candidato Vargas Lleras quien diseñó unas normas que provocaron la mayor concentración de contratación pública en manos de pocas personas que recuerde la historia de Colombia. La adquisición del diario El Tiempo a la familia del actual presidente permitió que la agenda nacional se maneje al ritmo de las conveniencias del grupo. En esa captura del Estado, la fiscalía era uno de las pocas instituciones que faltaba amansar. La manera como se han desarrollado las investigaciones de los últimos meses han demostrado que tener a su apoderado más prominente como Fiscal ha sido otra brillante jugada del  cerebro de la organización. Por eso, la diferencia entre los investigados e imputados en Brasil y Colombia.

La caída del puente Chilajara no es un episodio normal ni justificable. La concesión de la vía Bogota Villavicencio está cerca de completar venticinco años con los peajes más caros del país y sin esperanza alguna de pronta terminación. La defensa del concesionario en cabeza del presidente fue desafortunada e inoportuna. El silencio de la fiscalía, tan diligente en casos como la avalancha de Mocoa, es sorprendente. Y la ligereza con la cual los medios trataron el tema es apenas comprensible. Los hechos de Chilajara demuestran quienes son los verdaderos dueños del país y como sus pecados son absueltos incluso antes que los confiesen.

Ese malestar que atraganta a los lectores de noticias pareciera comenzar a tener eco en las encuestas para las próximas elecciones. Nos venden cualquier expectativa de cambio como un salto al vacío aprovechando la comparación con la tragedia venezolana pero se guardan de explicarnos que en esta “perfecta república” se ha convertido en un lugar propicio para que saquen ventaja todos los que buscan abogados para los cuales la ética no tiene nada que ver con el derecho.

Es Timochenko el problema?

Diariamente llegan numerosos mensajes por las redes sociales donde ciudadanos indignados recuerdan el pasado  criminal de los miembros de las farc que aspiraran al honorable congreso y la presidencia de la república. No compartir el repudio de estos compatriotas nos convierte en cómplices de los narcoterroristas que quieren convertir este paraíso en otra Venezuela gracias a los blandengues acuerdos logrados por el castrochavista y traidor presidente Santos, por el cual muchos de estos acalorados votaron en 2010 para impedir que el loquito de Antanas Mockus llegara al poder e impidiera continuar con la transformación del país que adelantó la mente más prodigiosa que ha existido desde que tenga memoria la república: el doctor Alvaro Uribe Velez a quien de manera sospechosa la Corte Constitucional le quitó la posibilidad de convertirse en nuestro presidente vitalicio, con el salvamento de voto de dos célebres magistrados: el doctor Salsa y el hoy procesado Jorge Pretelt.

No creo que nadie en Colombia necesite que le recuerden que las farc son un grupo de asesinos y narcotraficantes que perdieron su legitimidad como opción política hace varios lustros. Las encuestas de opinión demuestran que la favorabilidad de los candidatos de la antigua guerrilla es tan baja que su pelea en las encuestas es con el margen de error. El apoyo al acuerdo final suscrito con la guerrilla no implica en lo absoluto un apoyo a su propuesta política ni mucho menos un altar para los líderes de un movimiento popular inexistente.

Preocupa eso si el señalamiento y la satanización de las personas que tengan como ideario político unas ideas de corte socialista e incluso comunista. ‘¿En que lugar de la Constitución se proscribieron estas ideologías? La etiqueta de “comunista” en este país durante muchas décadas ha significado la pérdida de derechos del etiquetado, comenzando por el derecho a la vida. En pleno siglo XXI se continúa satanizando la militancia en grupos políticos que defiendan estas tesis. La primera forma de concretar algún cambio en Colombia es implantando la tolerancia con las ideas ajenas para enterrar esa tradicional categorización de buenos y malos que permite a los primeros hacer cualquier cosa para eliminar a los segundos sin castigo alguno. Resulta obvio que aquellos que hoy defienden la quema de libros como actos pedagógicos no admitan de manera pacífica que la Constitución de Caro fue derogada hace 26 años y el pluralismo lejos de ser una utopía se convirtió en uno de los fundamentos del ordenamiento constitucional.

La manera más sencilla de terminar de derrotar a la farc es dejándolas exponer su tesis sobre estados diseñados al modelo cubano o venezolano. Tristemente quiere manejarse el próximo debate presidencial en una dicotomía inexistente entre regeneración o catástrofe. Los abanderados de la primera son aquellos que consideran inaceptable sentarse en un mismo recinto con los exmilitantes de la farc y consideran que permitir la participación en política de los exguerrilleros nos llevara directo a Venezuela. Las gentes decentes no pueden permitirse el lujo de compartir con genocidas en una misma sala. Todos los que contraríen esa postura son inocentes pecadores o malvados farsantes que desean llevar a la  nación al desastre.  Y mientras transcurre esta eterna y estéril discusión que se prolongara hasta mayo o junio del año entrante, nada se habla del modelo económico ni de los tratados de libre comercio firmados los últimos años que sin darnos cuenta han instaurado un nuevo derecho en Colombia ni mucho menos de la galopante corrupción que permite que personajes de la talla del último gerente de la campaña de Santos confiese en entrevistas radiales sus fechorías mientras sus contrincantes en la segunda vuelta del 2014 tenían  entre los directivos de campaña a asesores directos de Odebrecht sin que autoridad alguna los requiera por nada.

El menor de los problemas de Colombia es que  Timochenko sea o no candidato presidencial. El mayor problema del país es que se utilice esa candidatura para distraer una vez más los problemas reales mientras las esposas de ñoños y los hijos de kikos intentan tomarse en nombre de sus sufridos familiares el Estado por asalto. Ojala no sigamos otros 20 años combatiendo los molinos de viento mientras los astutos zorros de siempre continúan de fiesta.  

Clases de ética del Ministro de Justicia

El pasado domingo 15 de octubre el diario El Tiempo publicó una columna de Enrique Gil Botero, actual Ministro de Justicia en la cual ese funcionario indicaba que una de las claves para solucionar el problema de la corrupción en la rama judicial es incorporar de manera obligatoria a los programas de derecho en Colombia la enseñanza de la ética.

Botero Gil fue un respetado abogado y académico que fue Consejero de Estado en el periodo comprendido entre diciembre de 2008 y diciembre de 2014. A tan solo dos meses de salir de tan alta dignidad por el cumplimiento de su periodo, fueron requeridos de manera urgente sus servicios profesionales por la Fiscalía General de la Nación, entidad con la cual suscribió un contrato de prestación de servicios por diez meses por valor de $751.100.000. Enhorabuena para el ente acusador había finalizado el periodo de Gil como Consejero de Estado y pudo hacerse a sus servicios por esos módicos honorarios, eso sí, iva incluido. Como al parecer el mencionado contrato dejaba tiempo de sobra al exconsejero, fue ternado y elegido como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por un periodo de cuatro años. Nuestra Cancillería, preocupada por postular un candidato de las mismas calidades éticas de nuestro anterior Comisionado, el doctor Rodrigo Escobar Gil, no encontró mejor candidato que el doctor Gil Botero quien para mediados de 2015 era contratista de la fiscalía e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debido a su nombramiento como Ministro de Justicia en marzo de este año, renunció a dicha Comisión.

En marzo de 2012 la muy respetada Corte Suprema de Justicia eligió como Fiscal General de la Nación al doctor Eduardo Montealegre. Una de las primeras discusiones que surgieron con ocasión del nombramiento del nuevo fiscal era si el periodo para el cual había sido elegido finalizaba cuando terminaran los 4 años del periodo de su antecesora Vivian Morales o si éste iniciaba con su posesión en el cargo y por tanto finalizaba en el año 2016. Aunque la Sala de Consulta del Consejo de Estado había entregado conceptos refiriéndose a los periodos institucionales por lo cual Montealegre finalizaría en 2014 su gestión, debido a varias demandas ciudadanas, la Sala Plena de Consejo de Estado en decisión de abril de 2013 con ponencia de la doctora Susana Buitrago Valencia consideró que el periodo del fiscal era personal y con ello el tiempo de Montealegre se confirmó hasta 2016, lapso en el cual alcanzó a impulsar la controvertida reforma  a la entidad mediante la cual creó infinidad de cargos inútiles pero de grandes remuneraciones, además de hacer perder al Estado miles de millones de pesos en faraónicos proyectos como la Universidad de la Fiscalía, de la cual hoy no quedan ni los planos.

La consejera Buitrago Valencia fue ampliamente apoyada por sus pares de la Sala Plena en una votación de 20 a 3, entre ellos el Consejero Enrique Gil Botero. La magistrada ponente finalizo su periodo constitucional en mayo de 2015 y contó con la buena fortuna que a menos de dos meses de su retiro la Fiscalía General de la Nación requirió sus servicios profesionales, para lo cual suscribió el contrato de prestación de servicios 0240 del 26 de junio de 2015 por valor de $174.000.000, incluido iva, por un lapso de seis meses. De esta manera, los impulsores de la tesis del periodo personal de Montealegre fueron incorporados como contratistas a la fiscalía para iluminar la entidad con sus conocimientos jurídicos luego de finalizar su periodo como magistrados. Y pensar que por menos Pretelt de la Vega y Palacios fueron condenados a estar unos años en sus residencias particulares.

El abogado Montealegre realizó una rueda de prensa la semana pasada para leer un comunicado en el cual anunciaba una denuncia penal contra su exfuncionario Gustavo Moreno por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. El exfiscal se refería a una diligencia ocurrida 48 horas antes en un proceso en el cual él no es parte y que no es público en el cual su exsubordinado realizaba algunos comentarios sobre su transparente gestión. Su derecho a la honra está por encima de la reserva sumarial y lo defenderá ante el tribunal divino si fuere necesario.

Soy bastante escéptico a lo que pueda derivarse de la supuesta crisis de la justicia. Estas denuncias y contradenuncias se han originado por las declaraciones de reconocidos delincuentes que buscan obtener beneficios sin importar a quien se lleven por delante. El modelo Lyons, según el cual, se roban 10 se devuelve 1 y se pagan unos meses de cárcel no tendrá como consecuencia el cambio de las costumbres judiciales. Tan cierto es lo anterior, que son las mismas cortes las que pretenden estudiar una reforma para cambiar las costumbres judiciales, es decir, sus costumbres. Sera una babosada como la última reforma judicial, cuyos únicos cambios importantes fueron sepultados por la Corte Constitucional.

Ante la cloaca en que dejamos convertir la justicia en Colombia es poco lo que se puede hacer. Las prácticas de muchos de los hoy cuestionados y aquellos que faltan eran y son conocidas. Nadie los denunciaba porque en el gremio existe el temor de tener que encontrarse un Ricaurte en el camino. Y ante esa posibilidad lo mejor es comer callado. Y por esa actitud, la justicia quedo en manos de Alí  Baba y los 40 ladrones.

Queda por lo menos la posibilidad de llamar las cosas por su nombre y comenzar a escribir, recordando a Borges, nuestra historia judicial de la infamia. Los personajes aquí mencionados tendrían un capítulo especial. Lo que debe terminar es la posibilidad que personajes con estas prácticas continúen envenenando a las nuevas generaciones con su ejemplo mientras son recibidos con aplausos y sonrisas en las aulas universitarias.  El primer caso práctico de la clase de ética de  Gil podía ser una reflexión sobre la conveniencia que los suscriptores de un fallo se conviertan en contratistas del beneficiario a menos de 60 días de finalizar sus periodos. Nuestro problema no se arregla dictando clases de ética. Las cosas cambiaran cuando los cínicos sean señalados y sus prácticas expuestas al público. Mientras ello no ocurra, seguiremos viendo a los bellacos haciendo demandas en defensa de su honra.

La pesadilla de un proceso judicial en Colombia

Por estos días se discute sobre la operatividad que tendrá la Justicia Especial para la Paz (JEP), instrumento creado en las negociaciones con la farc mediante el cual guerrilleros, militares e incluso civiles confesaran los delitos cometidos durante el conflicto armado. Los sectores que critican los acuerdos alcanzados con las farc indican que el mecanismo creado propicia la impunidad y no permite la aplicación de justicia.

Se debaten estos asuntos mientras durante décadas se ha dado la espalda a los inconvenientes de la “justicia ordinaria”. Los padecimientos que sufre un ciudadano cuando debe acudir a solucionar un asunto ante cualquier jurisdicción en Colombia en términos de tiempo y resultados desestimulan la confianza en el Estado y se convierten en el principal rezago en término de competitividad de Colombia. ( En el último Doing Business, en el acápite de cumplimiento de contratos, Colombia  quedó en el puesto 174  entre 190 países)

Ejerciendo la profesión de abogado en la ciudad de Barranquilla comparto las siguientes tres perlas que ilustran, entre otras cosas. la distancia entre la teoría y la práctica de las reformas procesales de los últimos lustros y la ineficiencia de la administración de la rama judicial, de la cual solo parecen beneficiarse los políticos que de la noche a la mañana acaban convertidos en magistrados que administran los recursos del poder judicial.

1-Cuatro horas para radicar una demanda.

Uno de los ejercicios que debe realizar regularmente un litigante es acudir a la Oficina Judicial a radicar una demanda. En Barranquilla esta tarea se realiza en el primer piso del palacio de Justicia. Sus puertas abren a las 7:00 am. Se entrega un número previa pregunta por parte del celador si se trata de más de cinco demandas en cuyo caso se entrega una numeración diferente. Hacia las 7:20 las sillas dispuestas en el lugar para esperar pacientemente el llamado del funcionario de turno son ocupadas en su totalidad, por lo cual las personas que lleguen después de esa hora deben esperar de píe el llamado a entregar los respectivos documentos.  Con el turno 40 entregado a las 7:14 a.m., un experimentado vendedor de puestos me dice que puedo volver en tres horas para ver cuantos turnos faltan. Pensando en un chiste para el cachaco, desecho tal posibilidad y comienzo la espera. Sobre las 9:00 a.m. los turnos no han llegado al 20 y observo como los abogados más “tesos” con una sonrisa dejan expedientes que son recogidos algunos minutos después con el reparto realizado. De igual manera, algunos de quienes piden el turno para cinco expedientes comienzan a buscar afanados para los tres cupos que les quedan en su turno. Adicionalmente los tramitadores profesionales de turnos realizan la oferta del turno 22 pa” que no tenga que esperar más. Mientras ello ocurre, la temperatura del lugar aumenta de manera importante, situación que aunada a la crispación general de todos los ciudadanos en espera desemboca en discusiones de todo tipo. Sobre las 9:45 am un ciudadano de pelo canoso con voz altisonante reclama la atención para los miembros de la tercera edad.  Después de una agría discusión es llamado a una ventanilla para atender su requerimiento. A los pocos segundos llega su abogado que no debe pasar los 30 años y debe realizar la presentación personal de la demanda. En ese momento varios de mis compañeros de infortunio reclaman airados que se atienda al “anciano” que se coló para autenticar la firma de su joven representante. Después de rechiflas y comentarios el avivato triunfa y tramita en cinco minutos lo que otros llevamos esperando tres horas. Cuando son las 10:00 se ubica a mi lado un señor que viene a poner una tutela  para solicitar a su EPS unos medicamentos para un tratamiento que requiere. Tiene el turno 121 y me pregunta si consideró que pasara antes de las doce del día. Le comento que voy a completar tres horas de espera y apenas van por el turno 30, razón por la cual le recomiendo madrugar a hacer fila el día siguiente para garantizar que pueda radicar el documento. Finalmente, a las 10:38 es llamado el turno 40. Antes de que me reciban los documentos se tramita un expediente de un “teso” que hace unos minutos mientras mandaba saludos del Padre entregó una demanda. Después de 220 minutos de espera la opción de pelear por una pronta y cumplida labor no esta en mis planes. Entregó la demanda y a las 10:47 am ha sido repartida a uno de los juzgados laborales de la ciudad. El procedimiento solo ha demorado 3 horas y media. La sala de espera sigue igual de atestada que a la siete de la mañana.

2-La notificación.

La reforma al régimen de notificaciones que permite el envío de citatorios y avisos de notificación mediante una empresa postal buscaba agilizar este trámite que antiguamente se encontraba en cabeza del notificador. Este sistema que lleva varios lustros de aplicación no ha llegado a los juzgados laborales de Barranquilla. La figura del notificador sigue existiendo. De esta manera, el funcionario encargado por cada despacho de adelantar tal tarea recibe el dinero de la notificación y se encarga de enviar citatorios y notificaciones por aviso. El costo de este procedimiento tiene una tarifa superior al costo del envío por una empresa postal del 100 al 150 por ciento dependiendo del destino al que se envíe la notificación.

El notificador sigue existiendo, solo que ahora en lugar de realizar su labor personalmente, se encarga de enviar por la empresa postal los citatorios y notificaciones con un extra pa la gaseosa. Bueno y ¿Qué pasa si el abogado exige que se dé cumplimiento a la norma y envía el citatorio? Sencillo. Si entra en esa discusión, puede lograr enviar el citatorio por sus medios pero garantizara que el proceso ingrese al despacho para fijación de audiencia pública para el Mundial de Qatar en 2022. Esta práctica repetida pública se ha convertido en una costumbre de obligatorio cumplimiento y osar incumplirla solo trae perjuicios para el abogado y la parte que representa.

3-La segunda instancia

La segunda instancia de los procesos laborales es competencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla ubicado a cinco cuadras del palacio de justicia al frente de unos moteles que ofrecen sus servicios las 24 horas del día.

Al preguntar por un proceso en el cual había sido apelada la sentencia el pasado 3 de mayo y no encontrar ninguna noticia del mismo fui enterado que desde el pasado 17 de abril de este año, la Oficina Judicial ( la misma donde se radican las demandas) resolvió no enviar más expedientes al Tribunal debido a que no cuenta con instrumentos para hacer su trabajo. De esta manera, además de la acumulación de expedientes para trámites de segunda instancia  desde hace 40 días, en la práctica se presenta una suspensión del servicio esencial de la administración de justicia sin que a nadie le importe. Y ¿Cuándo considera que se reanudarán los envíos de expedientes, señorita? Respuesta: Eso si ni que fuera adivina. Cuando el Consejo Superior cumpla con la Oficina Judicial.  Es en la práctica un paro indefinido de la segunda instancia que ni importa sino a los desdichados ciudadanos que deben acudir a esas instancias a resolver sus diferencias.

El asunto no es la oralidad ni los precedentes ni tampoco la justicia transicional. Una “justicia” lenta y caprichosa solo beneficia a quienes sistemáticamente incumplen la ley, pues garantizan que sus acciones no serán castigadas. El “nuevo país” que tanto se promulga ha comenzado en ésta época debía comprometerse con una justicia eficiente y sería. Lástima que sean solo deseos. Hoy la Corte Suprema de Justicia, escenario de la designación de ternas para diferentes cargos públicos se demora meses poniéndose de acuerdo en los nombres de los mismos por las peleas politiqueras que se tomaron esa otrora respetable institución. Si para designar una terna o un remplazo se demoran un semestre que podrá esperar un ciudadano que deba aguardar una decisión de un recurso de casación.