Los hermanos Gerlein fueron
fundamentales en el triunfo de Belisario Betancur en las elecciones
presidenciales de 1982. La esperada cascada de votos que aportaría la Costa
Caribe en favor del candidato liberal a la presidencia Alfonso Lopez Michelsen
nunca llegó y su triunfo en los departamentos del norte del país con unas
diferencias menores a las esperadas le daría la victoria al candidato de Amagá.
Los hermanos dividieron sus intereses entre la política y los negocios.
Mientras dos de ellos se convertían en importantes congresistas conservadores,
otro construyo una de las empresas con mayor participación en contratación
regional primero y nacional después. El éxito electoral fue de la mano con el
crecimiento de la empresa del hermano contratista, quien se convirtió en uno de
los financiadores más grandes de la política local y regional.
No era precisamente el
altruismo lo que impulsaba el patrocinio de candidatos a corporaciones públicas
en el norte del país. El pago de las campañas abría la posibilidad de adueñarse
de las administraciones desde adentro. Con la reforma a la elección de alcaldes
y gobernadores que inició en 1988 y la descentralización auspiciada por la
Constitución de 1991 el “modelo de negocio” se volvió mas rentable, Ya no se
requería pasar por la antesala de la fría Bogotá para ambientar un nombramiento
de un alcalde o impulsar un proyecto. Bastaba patrocinar generosamente al
aspirante local y algunos miembros de Asambleas o Concejos para tener “alcaldía
propia” Tan exitoso fue el modelo que fue copiado en diferentes partes del país
e incluso replicado por los competidores en su misma plaza. De esta manera, la
unión de grupos de contratistas y políticos se quedaría desde los noventa con
municipios y departamentos. Guajira y Meta son también ejemplos de ese exitoso “modelo”
de negocios.
Cuando la finalidad de la disputa
política es obtener el poder para llegar del presupuesto público los grupos
interesados en obtenerlo no tienen ningún límite en los medios para
conseguirlo. De allí que las elecciones regionales se convirtieron en costosas
campañas en las cuales unos apostadores invertían gruesas sumas de dinero- en
efectivo, por lo general- para lograr la victoria de su candidato. La manera de
asegurar el resultado era “comprando” los votos de los ciudadanos o manipulando
los resultados de las elecciones en la Registraduría. Si a lo anterior, se le
suma un país atravesado por un conflicto armado en el cual se identificaban
zonas de presencia guerrillera y paramilitar, se puede explicar con algún nivel
de claridad el sentido de los resultados en una u otra zona.
Veinte años después de la
nueva Constitución, una de las consecuencias de este modelo de hacer política
fue el nacimiento de una especie de
Vitos Corleones en diferentes partes del país. Personajes que en la sombra
manejaban municipios y departamentos, que cada cuatro años eran visitados y
abrazados por los candidatos presidenciales y que ejercían un dominio total
sobre casi cualquier parte del Estado en su zona de influencia. De esta manera,
los mandatarios locales se convirtieron en la práctica en subordinados, los
representantes de los medios de control, las famosas ías, eran miembros de
segundo nivel del mismo equipo –con algunas excepciones- y la actitud de los
ciudadanos que habitaban estas regiones era de silencio ante lo que ocurría. El
miedo a las reacciones del poder invisible que todo lo manejaba y dirigía traía
de la mano una singular unanimidad periodística, acompañada las más de las veces
de un exagerado gasto de pauta con recursos públicos de los narcisos que solo
querían escuchar aplausos por sus invaluables obras de gobierno.
De esta manera, los crímenes contra
el patrimonio público se comenzaron a disculpar con el “roba pero hace” y otro
tipo de expresiones que indicaban que los ciudadanos debían agradecer que había
llegado al poder una generación de personajes que no se la robaba toda y solo
por ello eran excusables todas sus acciones y fechorías. Ante la abrupta
concentración de poder que ha conocido el país en los últimos 30 años en
diferentes regiones, sus principales protagonistas comenzaron a creer en realidad
que su poder era absoluto. La ausencia total de castigo para sus conductas fue
creando una convicción de intangibilidad que permitió que se perdieran para
siempre las líneas de comportamiento y se le perdiera el temor a cualquier tipo
de reproche por sus desmanes.
Toda esta historia, que se
repite en Colombia con diferentes nombres y clanes permitió que un asesino
fuera Gobernador de La Guajira, un estafador lo fuera de Cordoba y saliera
impune por sus actos, otro clan se adueñara de Santander y un solo contratista
manejara a su antojo por veinte años la gran contratación del departamento del
Meta ante los ojos de toda la comunidad. Con la excepción de la Guajira, los
demás personajes y grupos no han recibido ni recibirán ningún castigo
judicial. En los cafés de todas las
ciudades y pueblos donde han surgido estos nuevos dueños del país conocen su
forma de operar y saben quienes son sus cómplices. Lo saben todos menos la Fiscalía
General de la Nación.
Por ello, las declaraciones
públicas de una de las testigos presenciales de los últimos veinte años de “manejo”
e impulso de este modelo de negocio en el Caribe colombiano debían ser el
centro de investigación de los medios de comunicación en el país. Merlano ha
confirmado en público lo que se repetía en privado a sotto voce y con sigilo en
los cafés de Barranquilla. Y nadie le presta atención. Los cinco días
posteriores a su entrevista los principales diarios del caribe y sus emisoras
enterraron el tema sin aviso previo. El silencio ha sido la manera de ir
quitando de la agenda las denuncias. Las únicas noticias que autorizan a
difundir los “capos” son las relacionadas con el desprestigio de la
denunciante. Que la hija baila mucho y que están averiguando si está embarazada
la detenida. . Y sobre lo demás? No hay noticia. Difícil recordar una
demostración de poder más grande que la actual.
El levantamiento en público
del velo de alguno de los manejadores de la política y el Estado en la Costa
colombiana no tendrá ninguna consecuencia judicial de importancia. Lo saben de
sobra sus protagonistas. Los denunciados han apoyado con las mismas formas y de
la misma manera a los últimos cinco presidentes de Colombia. De todos han
recibido retribuciones por sus contribuciones. Ellos han sabido que la mejor
manera de hacer política es auxiliar al ganador. Y para nada son ingenuos. El
ingreso al débil gobierno actual que se eligió deplorando la mermelada que
ahora reparte a manos llenas no es gratis. Uno de los sanos intercambios que se
harán será sellar la impunidad de los próceres del norte del país para lo cual,
el subordinado del subordinado de Uribe que desde hace algunos días juró como
Fiscal prestara sus buenos oficios. Hay que reconocerle al presidente que la
mejor jugada de los últimos meses fue apropiarse de la Fiscalía en cuerpo ajeno
para lograr una juiciosa coalición hasta 2022. El doctor Barbosa dedicara todos
sus esfuerzos a procesar guerrilleros octogenarios e investigar el asesinato de
Alvaro Gómez Hurtado. De cuando en vez procesara funcionarios medios con el
absoluto compromiso de no tocar a nadie de la coalición de su jefe.
Queda solo la sanción
social porque la judicial no existirá. Aunque ella también será una utopía,
Basta ver las fotos del delincuente Emilio Tapia en el carnaval de Barranquilla
después de tres sufridos años de ser el rey de las fiestas en prisión y en su
casa después de saquear Bogotá con los hermanos Moreno para concluir que
tampoco habrá sanción alguna. De vez en cuando es buenos recordar quienes son
los verdaderos dueños del país.
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