lunes, 28 de enero de 2013

Las pensiones de los Intocables.


Es difícil recordar una situación en la cual  las opiniones y conceptos de los magistrados de las altas cortes de Colombia coincidieran de manera unánime. Las exposiciones realizadas por los Presidentes de algunas Cortes (Entre Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura son 75 los integrantes de la cúpula de la Rama Judicial), secundados por el Procurador General de la Nación quien  tiene el encargo constitucional de velar por los intereses de la sociedad son recurrentes en citar expresiones como “derechos adquiridos”, “Estado de Derecho”, “independencia y autonomía del Poder Judicial” para justificar la existencia de un régimen especial que permite que sus pensiones de jubilación sean calculadas y pagadas de manera distinta al resto de los ciudadanos.
Con base a normas que no tienen más sustento que la arbitrariedad y el capricho de los legisladores de turno se fueron conformando categorías ciudadanas. Los pensionados privilegiados, congresistas y magistrados, fueron favorecidos por la ley 4 de 1992, posterior a la Constitución de 1991, en épocas de Gaviria. (Un antecedente  sobre la costumbre familiar de aprobar leyes sin leerlas previamente). A partir de allí y bajo el nuevo régimen, mediante diversos fallos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se encargaron de favorecer las condiciones de liquidación de las pensiones de los jerarcas de la Rama Judicial que años después favorecerían a quienes suscribían los fallos. Por ello, más que un asunto accidental en el cual reino la mano invisible del legislador, la situación acontecida con las pensiones del legislativo y el judicial es el resultado de una asociación entre ambos poderes para favorecer a sus integrantes con unas jubilaciones que deberán ser canceladas por el Tesoro Público. De la anterior situación se derivan los “derechos adquiridos” que airadamente Ordoñez solicita respetar con la misma devoción que niega los derechos de las minorías sexuales en Colombia.
Que los Congresistas hubieran legislado a su favor sin siquiera ruborizarse es algo que parece un pecado venial en comparación con el triste papel que hace años juega este “poder” en nuestra democracia, dedicados sus integrantes a apoyar al Gobierno de turno sea cual sea su programa a cambio de lisonjas y nombramientos. Es parte de su esencia. Sin embargo, que aquellos que juzgan de manera irrevocable las diferencias entre los ciudadanos, valiéndose de interpretaciones y escudándose en la independencia del poder judicial hubieran diseñado y ejecutado un plan para saltarse su puesto en la fila y obtener una jubilación muy superior a sus aportes es repugnante. ¿Qué legitimidad puede tener el fallo de un juez dedicado a promover subalternos por breves periodos de tiempo con la finalidad que sus jubilaciones sean dos o tres veces superiores a las que debían corresponderles si esos nombramientos no hubieran sido realizados?
El resultado de ese clima institucional es la ausencia de justicia que padecemos. Como abogado lo último que puede recomendarse es llevar un litigio a la justicia ordinaria pues la inexistencia de plazos y la ineficacia del aparato judicial hacen añorar las descripciones de Kafka sobre los procesos. Acudir a cualquier instancia de la Rama Judicial sirve para encontrar las causas de la violencia y la desigualdad que padece el país. Al igual que con las pensiones, existen diversas categorías dependiendo de la calidad de las partes. Un ejemplo reciente podría ser el publicitado caso del homicidio de Luis Colmenares donde lo más granado del derecho penal hace lo que quiere con el proceso y en menos de un año lo destroza, en contraste con la suerte que tendrán los tres pobres diablos acusados de falso testimonio que tienen garantizado cuando menos un lustro de cárcel representados por abogados de oficio.
En síntesis, lo ocurrido con el asunto de las pensiones de jubilación de magistrados y congresistas es la confirmación de la existencia de una minoría intocable a la cual se le aplican leyes diferentes, centros de reclusión especiales, servicios médicos privilegiados mientras que la gran mayoría debe cumplir las normas del Estado de Derecho que elaboran e interpretan aquellos a quienes  no se les aplican estas normas. Algunos de quienes defienden estas inequidades son profesores y formadores de las futuras generaciones de abogados. Y después nos preguntamos porque tenemos la “justicia” que tenemos.

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