Es difícil recordar una
situación en la cual las opiniones y
conceptos de los magistrados de las altas cortes de Colombia coincidieran de
manera unánime. Las exposiciones realizadas por los Presidentes de algunas Cortes
(Entre Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y
Consejo Superior de la Judicatura son 75 los integrantes de la cúpula de la
Rama Judicial), secundados por el Procurador General de la Nación quien tiene el encargo constitucional de velar por
los intereses de la sociedad son recurrentes en citar expresiones como “derechos
adquiridos”, “Estado de Derecho”, “independencia y autonomía del Poder Judicial”
para justificar la existencia de un régimen especial que permite que sus
pensiones de jubilación sean calculadas y pagadas de manera distinta al resto
de los ciudadanos.
Con base a normas que no
tienen más sustento que la arbitrariedad y el capricho de los legisladores de
turno se fueron conformando categorías ciudadanas. Los pensionados
privilegiados, congresistas y magistrados, fueron favorecidos por la ley 4 de
1992, posterior a la Constitución de 1991, en épocas de Gaviria. (Un antecedente
sobre la costumbre familiar de aprobar
leyes sin leerlas previamente). A partir de allí y bajo el nuevo régimen,
mediante diversos fallos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se
encargaron de favorecer las condiciones de liquidación de las pensiones de los
jerarcas de la Rama Judicial que años después favorecerían a quienes suscribían
los fallos. Por ello, más que un asunto accidental en el cual reino la mano
invisible del legislador, la situación acontecida con las pensiones del
legislativo y el judicial es el resultado de una asociación entre ambos poderes
para favorecer a sus integrantes con unas jubilaciones que deberán ser
canceladas por el Tesoro Público. De la anterior situación se derivan los “derechos
adquiridos” que airadamente Ordoñez solicita respetar con la misma devoción que
niega los derechos de las minorías sexuales en Colombia.
Que los Congresistas
hubieran legislado a su favor sin siquiera ruborizarse es algo que parece un
pecado venial en comparación con el triste papel que hace años juega este “poder”
en nuestra democracia, dedicados sus integrantes a apoyar al Gobierno de turno
sea cual sea su programa a cambio de lisonjas y nombramientos. Es parte de su
esencia. Sin embargo, que aquellos que juzgan de manera irrevocable las
diferencias entre los ciudadanos, valiéndose de interpretaciones y escudándose
en la independencia del poder judicial hubieran diseñado y ejecutado un plan
para saltarse su puesto en la fila y obtener una jubilación muy superior a sus
aportes es repugnante. ¿Qué legitimidad puede tener el fallo de un juez
dedicado a promover subalternos por breves periodos de tiempo con la finalidad
que sus jubilaciones sean dos o tres veces superiores a las que debían
corresponderles si esos nombramientos no hubieran sido realizados?
El resultado de ese clima
institucional es la ausencia de justicia que padecemos. Como abogado lo último
que puede recomendarse es llevar un litigio a la justicia ordinaria pues la
inexistencia de plazos y la ineficacia del aparato judicial hacen añorar las
descripciones de Kafka sobre los procesos. Acudir a cualquier instancia de la
Rama Judicial sirve para encontrar las causas de la violencia y la desigualdad
que padece el país. Al igual que con las pensiones, existen diversas categorías
dependiendo de la calidad de las partes. Un ejemplo reciente podría ser el
publicitado caso del homicidio de Luis Colmenares donde lo más granado del derecho
penal hace lo que quiere con el proceso y en menos de un año lo destroza, en
contraste con la suerte que tendrán los tres pobres diablos acusados de falso
testimonio que tienen garantizado cuando menos un lustro de cárcel
representados por abogados de oficio.
En síntesis, lo ocurrido con
el asunto de las pensiones de jubilación de magistrados y congresistas es la
confirmación de la existencia de una minoría intocable a la cual se le aplican
leyes diferentes, centros de reclusión especiales, servicios médicos
privilegiados mientras que la gran mayoría debe cumplir las normas del Estado
de Derecho que elaboran e interpretan aquellos a quienes no se les aplican estas normas. Algunos de
quienes defienden estas inequidades son profesores y formadores de las futuras
generaciones de abogados. Y después nos preguntamos porque tenemos la “justicia”
que tenemos.
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