La intolerancia del gobierno
colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso
de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual
se refiere a su contraparte en actos públicos y
privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado”
y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un
grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión,
únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante
generoso, está percepción de la realidad
podría tener alguna relación con
los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle
era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de
Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el
Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el
Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director
del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir,
cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó
al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán como heredero de las banderas de su padre, y una
vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para
lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto
Santofimio Botero en el Congreso de la República. Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de
1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento
que Gaviria fue ungido como su sucesor.
En aquellos años, apenas
iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el
narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las
características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de
los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del
narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían
los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron
comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una
organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no
sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de
los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida
que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords
mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares,
además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas,
bombas explosivas y minas antipersonales. Con las políticas adelantadas en los ocho
años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial
que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la
agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo
de un proceso de paz a la sombra auspiciado por
dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado
Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política
de quien las realiza.
Durante el proceso de
desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras
verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un
proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de
estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue
sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes
que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos
políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes
que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.
En el proceso de paz que se
adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad,
justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa
la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en
prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la
rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante
relevante. Pocas de sus víctimas han
sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del
Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis
Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas
en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede
observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en
la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”. ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un
delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día
de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas
contra el Estado? Y en la eventualidad
que se considerara esa posibilidad, ¿no
debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?. La “organización rebelde” se niega siquiera a
pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose
víctima con un discurso del siglo pasado.
El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la
verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.
Decir esto no significa que
alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a
los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre
algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir
respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace
veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que
es “para el bien de todos”.
