La paz que divide.

No parece que se hubiera firmado el acuerdo que pone fin después de medio siglo a las farc como organización insurgente y permite su llegada a la actividad política como organización que participara en la vida política de Colombia. El final de una estéril y degradada confrontación en vez de unirnos como sociedad nos separa de una manera impensada. La idea de aniquilar al adversario y escupir sobre su lápida fue bien promocionada y tiene más seguidores que aquella de suscribir un acuerdo que trate en algo de remediar las exclusiones históricas de la sociedad colombiana.

Y nos venden la historia de la división del país entre santismo y uribismo, como si esas dos facciones no fueran en esencia lo mismo. Los santistas de hoy fueron los uribistas de ayer. Un puñado de dirigentes a quienes lo único que los conmueve es el acceso al presupuesto y las entidades oficiales para perpetuar su continuidad en el poder. Así, el odiado Roy de hoy era el compadre de Uribe ayer. Las alimañas que saquearon impunemente la dirección nacional de estupefacientes durante el gobierno de Uribe hacen parte hoy de la Unidad Nacional de Santos. Uribe gobernó ocho años sobre las espaldas de la misma coalición que Santos lo ha hechos los últimos siete. Y con los mismos métodos. Una diferencia entre ambos podría ser que mientras Uribe fracasó en el intento de ubicar cómplices suyos en la fiscalía y el ministerio público, Santos dio una clase magistral al colocar dos exministros suyos en estas posiciones para garantizar impunidad total sobre los hechos y acciones de su gobierno el próximo lustro. De manera especial, la repugnante elección de un batracio de todas las horas como Carrillo en la Procuraduría permitirá que no existan sanciones disciplinarias para sus cercanos en los años por venir. En la Contraloría, tuvo otro acierto Santos al imponer la elección de Maya, quien tiene probadas credenciales en omisión de cumplimiento de sus funciones en beneficio de quienes lo hubieren promovido al cargo. En la designación de fiscal y órganos de control Santos fue un alumno aventajado de Uribe.

Y nada mejor para terminar de dividir los ciudadanos de un país que mezclar las creencias religiosas en las decisiones públicas. Durante el segundo semestre de 2016 Colombia se mantuvo alerta a la discusión sobre la implantación de la ideología de género que pondría en riesgo la niñez y la juventud colombiana. Para lograr erradicar de raíz el tema, la exfiscal y ahora Senadora Vivian Morales y su angelical esposo presentaron un referendo que busca modificar la constitución para establecer que la adopción solo será permitida a parejas heterosexuales tan respetables como ellos. Ellos lo hacen por los niños. El partido del expresidente Uribe, tan ofendido y preocupado por la participación de los miembros de las farc en política, respaldo rabiosamente la propuesta del exguerrillero Lucio, quien ahora es un devoto cristiano que se ha convertido en un ciudadano ejemplar. Esperemos que la Corte Constitucional nos salve del exabrupto de legislar de acuerdo a las creencias religiosas de un grupo en particular.

En últimas, los acontecimientos de este año han mostrado que el pluralismo, la  tolerancia y la libertad son valores escritos en la Constitución pero que no tienen eco en el país de hoy. Seguimos siendo una parroquia conservadora, arribista, excluyente y señaladora que asocia una discurso sobre la inequidad con el comunismo donde continua siendo un escandalo que dos hombres o mujeres se besen en la boca pero que no tiene problema en que más de un centenar de defensores de derechos humanos sean asesinados por "fuerzas oscuras" Durante gran parte del siglo XX el discurso religioso estuvo más pendiente de la cama de los feligreses que de la acciones de los mismos. Y así, mientras se "controlaba" el líbido de hombres y mujeres, nos matamos en todas las formas imaginables por las causas más estúpidas posibles.

Hoy, que tendríamos la posibilidad de construir una nueva forma de relacionarnos, elegimos nuevamente dividirnos. El principal argumento de los opositores del Acuerdo Final con las Farc es la ausencia de justicia y la promoción  de la impunidad. Esos mismos actores denuncian en el exterior las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y piden asilo político en otras naciones cuando ellas les son contrarias. Es decir, quienes acusan al sistema judicial de corrupto son los mismos que se oponen al acuerdo por su ausencia de sometimiento a la justicia nacional.

Pareciera el camino abonado para la llegada al poder de un Frankestein tipo Alejandro Ordoñez quien poniéndonos a discutir sobre futilidades nos devuelva a finales del siglo XIX. Sería la mejor manera de continuar el statu quo de hombres blancos, heterosexuales, buenos y trabajadores tipo Pablo Victoria que dirigen a los coscorrones a la guacherna promiscua y vaga que necesita ser conducida con disciplina. Ojala no olvidemos las dolorosas lecciones del pasado.

Los escoltas de Ordoñez

El señor Alejandro Ordoñez Maldonado, exprocurador General de la Nación cuya segunda elección fue declarada nula por el Consejo de Estado después de un tormentoso trámite de varios años en los cuales el devoto jurista dedicó sus mejores esfuerzos a dilatar y enredar el proceso en su contra tenía a su disposición y la de su familia únicamente 16 carros blindados con más de 70 personas dedicadas a garantizar su seguridad. Las funciones de la Procuraduría no incluyen la acusación y persecución de delincuentes pues esa tarea la “cumple” la fiscalía general de la nación. El procurador es un representante de la sociedad que vigila el cumplimiento de la Constitución, defiende los intereses colectivos y es la suprema  autoridad en materia disciplinaria de los servidores públicos. Durante sus dos periodos como procurador, Ordoñez dedico su energía a imponer sus creencias religiosas  y sus doctrinas personales sobre el resto de los ciudadanos, destacándose por su persecución a las minorías en contravía del espíritu de la Constitución de 1991.

Los medios de comunicación informan desde la semana anterior que el ahora político Ordoñez suscribió un acto administrativo para mantener intacto su sobrio esquema familiar de seguridad hasta el año 2020. Luego de que se hicieran públicos los documentos mediante los cuales el exprocurador se había favorecido a sí mismo asegurándose un contingente de seguridad por cuatro años propio de Alejandro VI, con su amabilidad habitual manifestó que si era mucho inconveniente le quitaran su custodia pues él era protegido por fuerzas metafísicas.

El asunto de fondo no es que Ordoñez conserve o no su numerosa escolta. Es el abuso del poder en que sin rubor alguno incurren servidores públicos en Colombia a diario. ¿Cuántos exfuncionarios civiles y militares conservan de manera perpetua esquemas de seguridad que terminan como misión principal acompañando a las esposas de los ex a hacer mercados?

Los esquemas de seguridad pagados por el Estado y algunas veces por entidades privadas se  convirtieron en un accesorio de primera necesidad para arribistas y personajes del jeep set criollo que entienden que su nivel de importancia social es proporcional al número de escoltas y carros se seguridad que les abran paso. Causa risa el caso de individuos que únicamente están amenazados por sus propias acciones pero viven rodeados de escoltas que garantizan su vida de los múltiples criminales que quieren ponerle fin a su preciada existencia. Más risa causa ver a los seguidores de Ordoñez justificando su abuso en las declaraciones del delincuente Popeye, homicida oscuro y siniestro quien aumenta sus seguidores en redes sociales con sus lúcidos pronunciamientos sobre este y otros temas. Muy pocos argumentos deben tenerse para fundamentar una petición en los dichos de uno de los sicarios de Pablo Escobar.

Mientras se van descubriendo los abusos de personajillos de la talla de Ordoñez, el país completa un mes después del plebiscito que no respaldo el acuerdo final con las farc. Cada vez es más evidente que ninguna de las dos partes tenía un plan b y en la marcha ambas improvisan una posición que oculte su falta de planificación. Mientras tanto, nuestros políticos dedicados a los que más les gusta: campañas y puestos. Vargas Lleras, el único precandidato que ha tenido la oportunidad de manejar a su antojo tres ministerios en la época anterior a su elección inunda la prensa con sus “realizaciones” en todo el país y se enfrenta al gobierno al que pertenece por la reforma tributaria. El papá del Director de Planeación, celebra con el papa de Horacio el Concejal de Bogotá y el papá del Director de la Agencia Nacional de Tierras  la llegada a la Procuraduría del exministro de Gaviria y Santos, el doctor Fernando  Carrillo, indicando que es una conquista del glorioso partido liberal que de esta manera vuelve a apoderarse del Ministerio Público. En el Centro Democrático, los tres aspirantes a muñeco del jefe se pelan por salir en las fotos cerca del colombiano del siglo.  El partido conservador derrotado en las justas por la Procuraduría intenta posicionar a sus candidatos para el 2018.

Todos desde sus carros blindados y con escoltas pagados por los contribuyentes enfocan su interés a lo único que les importa: los puestos y los contratos.  Lo demás no tiene ninguna relevancia. Gane el que gane en año y medio ellos seguirán con sus esquemas de seguridad gobernando a Colombia con completa impunidad.

Bienvenidos al pasado

En su declaración tras los resultados del plebiscito el exprocurador y candidato presidencial Alejandro Ordoñez indicaba que “ Colombia defiende a la familia y a nuestros niños.” Minutos después el ganador de la jornada, el expresidente y senador Alvaro Uribe en la lectura de un comunicado que parecía el triunfo de su partido en la tercera vuelta presidencial manifestaba que “Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia sin ponerla en riesgo. Los valores de familia defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales.”

¿Cuándo se negociaron los valores de la familia en el acuerdo final de la terminación del conflicto entre el Gobierno de Colombia y las farc? Pareciera que más de un votante desinformado se opuso al acuerdo en aras de la salvación de la sagrada familia entre hombre y mujer que peligraba por los acuerdo de La Habana. Al contrario de la idea vendida por algunos jerarcas católicos y otros pastores protestantes sobre la depravación que azotaría Colombia por cuenta del cumplimiento de lo acordado, las farc son un ejemplo de organización machista donde la mujer no tiene cabida en puestos de mando y su papel no pasa de ser de acompañante de los hombres la organización armada. Ahora, hablar de ideología de género en las farc o en el acuerdo en general es lo mismo que hablar de modestia en Uribe o Santos. Es algo inexistente. No obstante lo anterior, ese argumento fue exhibido con seriedad por grupos religiosos que consideran que sus verdades de fe deben ser el faro que guíe a una sociedad en un país que parece querer regresar al pasado.

La Conferencia Episcopal  invitó a los colombianos a participar en el plebiscito con un voto informado y a conciencia, sin  tomar posición alguna por el sí o por el no. Contrasta esta posición con la adoptada en el plebiscito de 1957, cuando colaboró de manera decidida en el arrollador triunfo del sí que instauró el frente nacional. También es bueno recordar que la contraprestación por ese desinteresado apoyo fue la reforma del preámbulo de la Constitución, el cual rigió hasta 1991 y que era del siguiente tenor: “En nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como elemento esencial del orden social; y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano en plebiscito nacional Decreta:” Pareciera que en esta oportunidad al no estar en juego una reforma de la entidad de la realizada en 1957 sino únicamente la terminación del conflicto con la guerrilla más antigua del continente no valía la pena apoyar el sí en el plebiscito. Antes de 1991, celebraciones religiosas como el tedeum no eran de una confesión religiosa sino que eran propias de la religión de la nación que era un elemento esencial del orden social. Algo parece haber cambiado desde hace 25 años.

No teniendo intereses propios que defender la Iglesia Católica dejó a su suerte el plebiscito que buscaba apoyar los acuerdos para la terminación del conflicto con las farc. Los grupos cristianos alarmados por la presunta ideología de género promovida por una Ministra homosexual cerraron filas en torno a la reconstrucción moral de Colombia que comenzara el día que sea votado el referendo que busca constitucionalizar el principio según el cual solo un hombre y una mujer pueden ser adoptantes promovido por la senadora “liberal” Vivián Morales y cuya vocería recae sobre su esposo Carlos Alonso Lucio quien en todo un ejemplo de conversión  al pasar de ser guerrillero, asesor de paramilitares y expresidiario  a líder moral y evangélico de Colombia.  Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Uribe, el fenómeno político de inicios de este siglo en Colombia hizo propias las preocupaciones de estos grupos religiosos y en comunión con sofistas de la talla de Ordoñez hicieron profecías relacionadas con que la aprobación del acuerdo era la boleta de entrada al comunismo ateo que nos llevaría a la perdición. 

Más allá de la incertidumbre por el limbo en que entra Colombia por los resultados del plebiscito resulta preocupante el resurgimiento de intolerantes grupos religiosos que quieren incorporar a la ley sus dogmas tratando de enterrar los pocos  avances que en materia de pluralismo y laicismo se han  logrado en los últimos lustros. La historia del siglo XIX y parte del siglo XX cuenta guerras auspiciadas por creyentes que pensaron que Iglesia y Estado son lo mismo. Cuando se pensaba que se había superado esta oscura etapa, palabras como tradición, verdad y mayoría vuelven a aparecer en el ambiente y sirven de fundamento para ir por los derechos de la minoría. Ante un Congreso con tan bajo perfil y partidos sin doctrina, la Corte Constitucional se convierte en el último guardián de los derechos de los excluidos. Ojala tenga la fortaleza para resistir esta nueva cruzada de católicos y cristianos. Sería digna de un tedeum.

La hora final de Uribe

Al conocer la imposibilidad de ser reelecto en su cargo de presidente de la república, Don Miguel Antonio Caro quien ejercía la presidencia de Colombia en propiedad desde septiembre de 1894 después de la muerte de Rafael Nuñez pero en realidad era la cabeza del ejecutivo desde años atrás en su calidad de vicepresidente de la república quien ocupaba las largas ausencia temporales del presidente, el ultracatólico y autoritario líder conservador se dio a la tarea de escoger como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del sexenio 1898-1904 a dos ciudadanos que tuvieran la obediencia y sumisión a él como las virtudes más importantes de su personalidad. Escogió al octogenario Manuel Antonio Sanclemente como candidato a la presidencia y José Manuel Marroquín a la vicepresidencia. Elegidos para esos cargos, Sanclemente no pudo posesionarse como presidente  por razones de salud y Marroquín asumió el cargo  nombrando un gabinete con funcionarios diferentes a los sugeridos por Caro y ofreciendo unas reformas que contrariaban las ideas caristas. Desde ese momento, Miguel Antonio Caro se convirtió en el mayor opositor del gobierno que él había elegido y todas sus fuerzas se concentraron en torpedear las ejecutorias del gobierno de Marroquín. El enfrentamiento entre presidente y vicepresidente terminó con un golpe de estado mediante el cual Marroquín se apropió de la presidencia. En ese sexenio el país padeció la guerra de los mil días. A mediados de 1903, Caro como Senador se opuso exitosamente a la aprobación del Tratado entre Estados Unidos y Colombia para la construcción del Canal de Panamá por considerar, entre otras cosas,  excesivas las concesiones entregadas a los norteamericanos. En Noviembre de 1903 Panamá se separaba de Colombia.[1]  Este mesiánico personaje prefirió incendiar el país, auspiciar una de las peores guerras de la historia colombiana y dar la puntada final para la pérdida de Panamá antes de perdonar al traidor que oso ejercer la presidencia de Colombia sin seguir sus instrucciones.

Debido que nuestra historia se repite de manera recurrente, un siglo después, el presidente que impuso la candidatura   de su Ministro de Defensa a la presidencia  debido a la mala idea de su ungido de gobernar sin pedirle permiso se convirtió en el más recio opositor de su antiguo patrocinado. Su posición frente al proceso de paz se fue recrudeciendo en la medida en que fueron avanzando de manera exitosa las negociaciones que su exministro adelantaba con las farc. Aunque Uribe como presidente a través de su Comisionado de Paz trató de lograr acercamientos con la guerrilla para lograr avances en una terminación del conflicto que incluyeron la liberación sin contraprestación de líderes de ese movimiento como alías Rodrigo Granda, su posición respecto de los diálogos de Santos siempre ha sido negativa, tildando la postura del actual gobierno de entreguista y propiciadora de la impunidad. El fin del conflicto que imagina el presidente pasa por ver a los cabecillas de la guerrilla muertos, encarcelados o desterrados mientras entregan sus armas, permitiendo generosamente la participación en política de los impúberes de la organización guerrillera.  La negociación sobre temas de propiedad rural es calificada como una traición y pareciera que nada debe ser cambiado en el país con mayor inequidad de América Latina después de Haití. Al igual que Caro hace un siglo, Uribe prefiere incendiar al país antes de dar una oportunidad para la paz con argumentos tan frágiles como el costo del cumplimiento de los acuerdos. Los sacrificios económicos se justifican en su sentir únicamente para aniquilar a las farc por la vía militar. Nadie tiene derecho a preguntar por costos y medios de pago cuando esos son los motivos. Todos los gastos en que se incurrirá por cumplir lo pactado entre gobierno y farc son recursos perdidos. Mientras sus áulicos lo aplauden el padrino político del actual presidente recorre ciudades y pueblos de Colombia haciendo lo que más le gusta: dividir. La derrota que sufrirá el próximo 2 de octubre marcara el inicio de una nueva etapa en Colombia en la cual el país podrá decir que aprendió las lecciones del pasado. No sería justo que viviéramos otro siglo de guerra por la arrogancia de un líder que se niega a reconocer que su hora ha terminado.

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[1] El Libro Odios Fríos de Gonzalo España (Grijalbo. 2016) describe de maneara inmejorable la atmósfera del poder a finales del siglo XIX en Colombia.

Castrochavismo e impunidad en el acuerdo final de paz

A una semana de la suscripción del acuerdo que pone fin a las negociaciones entre la guerrilla de las farc y el gobierno colombiano, sus opositores repiten a diario diatribas en las cuales se indica que la impunidad es el común denominador del acuerdo que llevará a Colombia por la misma senda de Venezuela y Cuba, en lo que denominan el castrochavismo.

La acusación referente al ingreso del país al castrochavismo no tiene fundamento diferente al capricho de quienes la emiten. En el Gobierno del presidente Santos se han suscrito acuerdos internacionales de inversión con la Unión Europea, Corea, Singapur, Francia y Turquía. Se ha continuado la política del gobierno anterior de ofrecer condiciones especiales de inversión a los extranjeros para que depositen sus recursos en Colombia. La utilización de los contratos sindicales (aquellos que hacen sindicatos con empresas)  se han convertido en el modelo perfecto de tercerización sin que a la fecha se hubiere tomado correctivo alguno. Las reformas tributarias realizadas durante el Gobierno han tenido como fundamento la ampliación de la base tributaria antes que el aumento de tarifas para los contribuyentes con mayores ingresos. Las modificaciones  al régimen de contratación en el cual se eliminó el pago de anticipos ocasiono una singular concentración de la obra pública en pocas manos. Gracias a lo anterior el dueño de la tercera parte del sistema financiero y  propietario del principal diario nacional es ahora el actor más importante en las obras de infraestructura vial del país. Por último, las respuesta del Gobierno a las denuncias sobre acumulación ilegal de baldíos en el sur del país por empresarios nacionales y extranjeros lejos de abrir camino a sanciones ejemplares a quienes en asocio de sus abogados sofisticados cometieron tales acciones ilícitas ha sido promover leyes para sanear esas titulaciones y respetar la “buena fe” de los acumuladores de baldíos.

El acuerdo final en materia de propiedad no establece una expropiación masiva de tierras rurales. La ley de restitución de tierras expedida hace más de un lustro con sus pírricos resultados es el antecedentes más próximo del acuerdo. Fieles a nuestra tradición histórica, creamos leyes innovadoras que promocionamos a nivel internacional ruidosamente pero a nivel interno su ejecución o cumplimiento es nulo o inexistente. En las diferentes intervenciones, tanto del presidente Santos como del jefe del equipo negociador y futuro candidato presidencial Humberto De la Calle siempre se reitera que en los acuerdos no se tocó la sagrada propiedad privada, elemento fundacional de nuestra república. La queja más sentida es la realización de un nuevo catastro rural que traerá como consecuencia el aumento del impuesto predial de las propiedades rurales. Eso, en sí mismo sería una revolución pues muchas de esas propiedades siguen tributando sobre valores catastrales del siglo XIX sin que ningún gobierno se atreva a actualizar a precios reales el valor de las propiedades so pena de ser etiquetado de comunista.

Salvada la propiedad privada, garantizada la inversión extranjera con el compromiso de solución de conflictos en tribunales internacionales de tan grata recordación y mejores resultados para el país, los dardos se lanzan contra la posibilidad que los miembros de las farc puedan ser elegidos a cargos públicos. Y allí, el expresidente Uribe, él mismo que recomendaba a los parlamentarios de su coalición que votarán por los proyectos de su gobierno antes de ser privados de su libertad por la comisión de delitos que iban desde el concierto para delinquir hasta el homicidio, es inflexible: No puede participar en política aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Y suena muy bien. Los criminales que incurrieron en estas conductas no deberían tener derecho a ser elegidos para corporaciones públicas. El único inconveniente de esa tesis es que negarles la elegibilidad política a los miembros de un grupo alzado en armas y reconocido como tal por el mismo Estado con el cual negocia es matar la posibilidad de cualquier acuerdo. Medio siglo después de la creación de las farc  gracias a los buenos oficios del abuelo de  la senadora Paloma Valencia, el acuerdo entrega una participación mínima en el Senado y la Cámara para los periodos de 2018-2022 y 2022-2026. El 5% del Senado y el 3% de la Cámara de Representantes será integrados por representantes de las farc, convertidos en organización política. En el mejor de los casos podrán realizar uno que otro debate pero esa ínfima participación no les permite otra cosa que ser un grito entre la multitud. Se plantea que en la Colombia del sur, la pobre que nadie visita y nadie representa se crearan unas circunscripciones especiales (16) para la elección de representantes a la Cámara de esas regiones que jamás han tenido vocería en el Congreso. En su elección no participarían los actuales partidos sino que sería una competencia entre el nuevo partido de las farc y otras organizaciones. Concediendo que las farc ganaran todas estas circunscripciones, su participación en la Cámara sería del 10% de la totalidad de integrantes de la misma.  Algunos dicen que ese es el inconveniente, que “regalarles” esa participación ocasionara que comiencen su proyecto político y lo más preocupante es que podrían llegar a la mismísima presidencia. Compartiría esa tesis si estuviéramos ante una organización alzada con algún apoyo popular de importancia, sin embargo las farc son el mayor enemigo de las farc. Lo son con el discurso arrogante y soberbio que mantienen aún después de finalizar las negociaciones. Márquez y sus muchachos se niegan a pedir perdón por sus actos atroces y esa actitud hace más daño que cualquier condena que pueda imponerles un juez. Su falta de generosidad y reconocimiento con la oportunidad que la sociedad les está entregando será una de las claves de su fracaso político. Las explicaciones que no quisieron entregar y las excusas que se han negado a presentar serán exigidas por los colombianos en los diferentes escenarios en que incursiones en la vía pública y allí ya desarmados la disyuntiva política será explicar o desaparecer. Mantener la misma actitud que hasta ahora han tenido tendrá como resultado su aniquilamiento político.

¿Generan impunidad estos acuerdos? La respuesta sería positiva si tuviéramos encarcelados a los cabecillas guerrilleros y fruto de los acuerdos salieran libres y exentos de toda culpa. La justicia transicional descansa sobre la base de contar la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto interno en medio siglo. ¿Se contará toda la verdad? Por supuesto que no. Tendremos apenas un acercamiento a lo que ocurrió estas décadas. Pensar que la finalización del proceso sería la imagen de los cabecillas de las farc entrando a la cárcel modelo implicaría que hubiera existido no una negociación sino un triunfo militar del Estado. Parte de lo sapos que no debemos tragar para finalizar con el conflicto con las farc es soportar que sus cabecillas no irán a prisión y participan en política. El tema no debía sorprender tanto a los colombianos. Durante el gobierno de Alvaro Uribe se cometieron miles de falsos positivos, eufemismo para nominar el asesinato y la desaparición de civiles por las fuerzas armadas acusados de ser miembros de la insurgencia. Hoy están en prisión los soldados y mandos menores que participaron en estos operativos. El entonces Ministro de Defensa de la época donde ocurrieron estos hechos es hoy presidente de la república y el entonces presidente es el jefe de la oposición. Pareciera que en los actos atroces de la guerra colombiana, los guerrilleros rasos actuaban en nombre de los comandantes de la organización pero los soldados actuaban en nombre propio, de tal manera que los jefes guerrilleros si son responsables de estas acciones pero los mandos militares son inocentes o víctimas de la sesgada justicia colombiana. La impunidad por los actos cometidos por ambas partes será uno de los costos que serán asumidos en este proceso.

En últimas, para los colombianos que vivimos en las principales ciudades del país no cambiara de manera sustancial la vida después del acuerdo. Así como la guerra se ha mirado con indiferencia y por televisión, los acuerdos para finalizar la misma y sus efectos no tendrán mayor relevancia. Seguiremos escuchando a Julito y Casas preocupados por el aumento en las tarifas de primera clase entre Madrid y Bogotá mientras en la noche la televisión nos entretiene con la edificante vida de Diomedes Diaz o Galy Galeano. Por nuestra desconexión con ese país que queda en el sur que lleva 50 años en guerra, no tenemos derecho para oponernos al acuerdo al que han llegado el gobierno y las farc. Fundamentar la oposición al acuerdo en la impunidad de unos señores que si no fuera por él mismo jamás acudiría a un juzgado o levantar el dedo acusador para señalar que vamos tras el camino de Venezuela no deja de ser una arenga desorientadora y mentirosa que solo quiere jugar con el miedo y la ignorancia de los ciudadanos. El apoyo al acuerdo de paz nace de una visión pragmática de los habitantes de un país mamados de una guerrilla soberbia y asesina que piensan que vivirán mejor sin tener que soportar una guerra absurda en la que se dedica la mayor parte del gasto público a mantener el más numeroso ejército de Suramérica mientras se desatienden otras necesidades prioritarias de la población.  Si no podemos tolerar que unas personas con ideas que no compartimos participen en la actividad política y consideramos que su único destino es la cárcel o el cementerio nos merecemos otros 100 años más de guerra, gobernados por los mismos grupos y personajes que han sido exitosos en vendernos la idea que esto que hemos vivido hasta ahora es la normalidad.

Néstor Humberto y el traje nuevo del emperador.

Parecía imposible elegir un fiscal peor que los anteriores. Del fiscal que mantenía abierta su oficina a nombre de un tercero al fiscal que firmaba lo que sus subalternos elaboraban porque no entendía nada de derecho penal al fiscal obsesionado con las cirugías estéticas y las fiestas con amigos a la fiscal que al momento de su elección luchaba a dentelladas por una pensión por invalidez alegando una pérdida  de capacidad laboral superior al 50% al fiscal que regaló contratos millonarios y jamás investigó a sus clientes que planearon y ejecutaron el mayor robo a las arcas de la salud en la historia de Colombia.

Pero, con mucho esfuerzo y dedicación, lo hemos logrado. Ha sido elegido fiscal general de la nación un exfuncionario de los gobiernos de Samper, Pastrana y Santos que hace doce meses, en su calidad de superministro del gabinete impulsó modificaciones a un proyecto de reforma constitucional que favorecían a quienes un año más tarde lo elegirían como fiscal. De las historias asquerosas y putrefactas  que estamos acostumbrados a escuchar y conocer los colombianos, la elección de este fiscal general es una pieza de colección. Si un día nos miramos al espejo y queremos ver la clase de país que somos, solo tenemos que ver como tramitó su postulación y elección como fiscal general Néstor Humberto Martínez. Todos fuimos testigos de la manera como utilizó un cargo pagado con recursos públicos para impulsar su aspiración. Todos fuimos testigos del amañado concurso público que el tal presidente Santos hizo para seleccionar entre las mejores hojas de vida los nombres que acompañarían la terna para seleccionar al fiscal que había “ganado” su cargo desde mediados de 2015. Y el triste papel de nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria en esta elección sirve para demostrar el estado actual de la administración de justicia en Colombia. Se demoraron más de 100 días para “estudiar” las propuestas y hojas de vida de los tres aspirantes al cargo cuando el fiscal había sido elegido desde 2015. El sainete no pudo salir peor. Un fiscal encargado tratando de hacer en tres meses lo que su jefe no hizo en cuatro años y una Corte que se tomaba recesos de quince días para continuar una votación “cumpliendo” de manera estricta su reglamento. Pobre el país en que un tribunal se demora cuatro meses para seleccionar una persona de una terna. ¿Cómo será con los procesos que debe fallar? Por esos se cuentan por años la resolución de los recursos de casación que se resuelven en estricto derecho en Macondo.

Como si lo anterior no hubiera sido de público conocimiento, el diario El Tiempo de propiedad del principal cliente del nuevo fiscal presionó durante semanas su elección y celebró rabiosamente la misma, indicando que había llegado el gerente que le faltaba a la fiscalía. El nuevo fiscal quien durante el año que demoró su elección adelantó labores como litigante, representando en este lapso a clientes como los ingenios azucareros que impugnaban sanciones impuestas por sus excompañeros de gobierno hace declaraciones como si el proceso que lo llevo a ese cargo hubiera estado enmarcado por la transparencia y la rectitud. Y los medios le hacen el juego. El nuevo fiscal, como el emperador del cuento de Andersen está desnudo pero nadie se atreve a decírselo. Martínez no tiene autoridad moral para investigar ni solicitar la condena de nadie porque su proceso de postulación y elección está empañado por el favorecimiento, las influencias y contraviene la moralidad pública. Lo único que se respetó en su elección fueron las formas.  Pero, en contra de lo evidente, todos felicitan al emperador por su nuevo traje y al fiscal por su justa elección.

Eso debía generar una reflexión pública pero el silencio y el aplauso interesado acallan cualquier propuesta de debate. Mientras tanto, José Obdulio Gaviria propondrá al Senado que se declare la nulidad del proceso al magistrado Pretelt. Embarrando el proceso de esta manera, el ilustre senador logrará dar el aire que le falta a Pretelt con la finalidad que termine su periodo en la Corte Constitucional y regrese a regentar sus “cátedras” en la  academia. Con el Primo de Pablo Escobar y un exministro de Samper administrando justicia Colombia continúa consolidándose como una tierra fértil para la  impunidad.

Impunidad y proceso de paz.

Las imágenes del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno en el centro de la ciudad en saco y corbata con un sobre en la mano sin señal alguna de ser un delincuente condenado a 18 años de cárcel sorprendieron hace algunas semanas en las redes sociales. Horas después de la divulgación del video, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- expedía un comunicado en el cual informaba que el "doctor" Moreno se encontraba atendiendo requerimientos judiciales y por ello había sido trasladad a ese sector de la ciudad.  En cuestión de meses el exalcalde estará pagando su condena en su casa debido a alguna enfermedad a la cual el Inpec no pueda dar tratamiento. Por cuenta de la obesidad y la depresión un juez de ejecución de penas acaba de darle la casa por cárcel a Miguel Nule. Su hermano  Guido ya tenia este beneficio, el cual disfruta a pocas cuadras de Silvia Guette en un exclusivo sector de la ciudad de Barranquilla.  En Medellín, Rodrigo Jaramillo pagar su condena por los delitos cometidos en Interbolsa desde la incomodidad de su casa. Entretanto, los confidenciales de la Revista Semana informan periódicamente lo satisfecho que se encuentra en la prisión Victor Maldonado, quien luego de hacer periódicamente ejercicio en el gimnasio del penal asiste a alguna de las tres cocinas que existen el área BIP (bandidos importantes peligrosos) de la cárcel La Picota. Una de estas cocinas, distinguida por su excelencia gastronómica es manejada por el exsenador Alvaro García, condenado a 40 años de cárcel como autor intelectual de la masacre de Macapeyo en el departamento de Bolívar donde fueron asesinados 15 campesinos y 200 familias fueron desplazadas. La función de resocialización de la pena funciona de una manera fascinante en el sistema pena colombiano.  Estos días el confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias " el papero" que lavó activos en cifra superior a los 300.000 millones de pesos obtuvo su libertad luego de tres años privado de su  libertad, de los cuales, la mitad los pasó en su humilde hogar.

 

Y lo anterior ocurre cuando nuestro sistema judicial actúa con toda severidad.  Existen casos más aberrantes como el de la cúpula de Saludcoop que luego de protagonizar el mayor escándalo de corrupción de la historia del país por las defraudaciones al sistema de salud no será llamada a responder por sus actuaciones. Su abogado, quien durante cuatro años envileció aun más -parecía imposible hacerlo-la Fiscalía General de la Nación no encontró ningún merito para acusarlos ante un juez por delito alguno.  En vista de eso, el Presidente Santos convocó un concurso público para elegir la terna que  presentaría a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General. 155 ciudadanos presentaron su hoja de vida para el juicioso análisis del Presidente y éste eligió los mismos 3 candidatos que tenía en mente desde hace varios meses. Ahora, la Corte Suprema de manera expedita, al mejor ejemplo de nuestra justicia lleva un mes resolviendo los impedimentos de sus miembros, esperando la entrega de un informe del fiscal encargado y programando una audiencia en que los 3 aspirantes expongan los planes de trabajo del ente acusador para la etapa del postcoflicto. (El candidato más opcionado de la terna, quien lleva más de un año en campaña por todas las cañerías institucionales de la república tiene más impedimentos que conocimientos en derecho penal. Los Palacinos de los diferentes sectores de la economía que son clientes de nuestro futuro fiscal respiran aliviados.) La elección que debía realizarse en un par de sesiones de la Corte lleva más de un mes con tendencia a demorarse mientras los magistrados de la Corte Suprema "analizan" las hojas de vida y propuestas de los candidatos. Da risa solo de escribirlo.

 

Uno de los argumentos principales para oponerse al proceso de paz con las farc es la impunidad. La falta de comparecencia de los  lideres de las farc a los tribunales para responder por sus crímenes es considerada inadmisible por algunos sectores. Compartiría esa posición si en Colombia existiera un sistema judicial ágil, respetable y confiable. Por el contrario, la impunidad es nuestra regla y cuando algún hampón de alto turmequé es procesado y condenado termina pasando sus días en la cárcel con mayor comodidad que cuando estaba en libertad. Solo aquí masacradores termina de admirados chefs o estafadores pagan sus penan en sus casas rodeados de lujos y sin responder a sus victimas. ¿Queremos procesar a los sexagenarios lideres guerrilleros para que acaben sus días en "departamentos" por cárcel o de sous chef de otros delincuentes?  ¿Estamos perdiendo algún valor fundamental en la sociedad por no llevar a juicio a unos tipos a los que todos consideramos culpables?  Si el costo de la desmovilización de las farc es que sus jefes no sean judicializados, bienvenido. Tan lamentable es el final de unas guerrillas de más de medio siglo de existencia que su única pretensión real es que sus líderes no terminen presos. La batalla la perdieron las farc por su arrogancia y cinismo hace muchos años. A nadie importan sus ideas ni mucho menos sus propuestas. Este final se da por cansancio de la sociedad pero no por convencimiento de las pureza de su alzamiento en armas de los sesenta. En un país sin justicia , fundamentar en la falta de ella la oposición para no firmar un tratado de paz es un delito de lesa humanidad.

Los autogoles del presidente Santos.

En septiembre de 2015 el presidente Santos y Timochenko se reunieron en Cuba a instancias del dictador a quien irónicamente llaman presidente para tomarse fotografías vestidos de blanco e indicar que la fecha de finalización del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las farc sería el 23 de marzo de 2016. Nadie  había solicitado el establecimiento de fechas límites para finalizar el dilatado diálogo que se adelanta en La Habana, por lo cual  críticos y adeptos del proceso recibieron  de buena manera la noticia el anuncio del plazo final de los diálogos.  Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días el propio gobierno fue recogiendo sus pasos y anunciando que no se sometería a plazos fatales. El Gobierno que se inventó el plazo informaba que no se sometería al mismo. En la actualidad, las conversaciones continúan sin ninguna clase de afán entre las partes. Al contrario, los jefes guerrilleros se dejan fotografiar en cuanto evento social ocurre en la isla pareciendo estar más preocupados por el próximo concierto en la isla  que por la terminación del proceso de paz. Mientras tanto, en Colombia los sectores políticos y académicos se preparan para el banquete que se avecina: el postconflicto. No existe organización que no se encuentre dedicada a construir proyectos para esta “nueva etapa” de la vida nacional. Se preparan redacciones de memorias, cursos de derechos humanos, capítulos de memoria histórica, testimonios de víctimas, talleres de emprendimiento. No se ha firmado el acuerdo final y los congresistas están muy preocupados por la manera en que los recursos van a repartirse. Los próximos años estarán llenos de contratos de objetos vacíos entregados a ongs “especializadas” en postconflicto. Esa es la mermelada que se entregara a cambio del apoyo al proceso de paz.

Son tan bajos los índices de apoyo al proceso que cada día se escucha menos el tema de la refrendación popular de los acuerdos. El gobierno decidió que sería el pueblo quién daría la última palabra sobre lo acordado en la mesa de negociación. Al ver que la participación podía ser un problema no tuvo inconveniente en modificar la ley de participación ciudadana y bajar a la mitad el umbral de votos requeridos para aprobar un referendo. Ahora que las encuestas no lo favorecen no le queda otra salida que “esperar” que un fallo de la Corte Constitucional lo salve del problema indicando que por ser la paz un derecho fundamental no es viable someter su cumplimiento a un mecanismo de participación ciudadana.

Fiel a su costumbre de enredarse solo, el presidente de la república que por mandato constitucional debe entregar una terna para la elección del fiscal general resolvió intempestivamente “organizar” un concurso de méritos para que “todos los colombianos” que reunieran los requisitos para ser fiscal presentaran su hoja de vida con la finalidad de escoger los mejores para ser presentados a la Corte Suprema de Justicia. Más de un centenar de ingenuos, al mismo tiempo que los cuatro que antaño se conocía conformarían la terna presentaron sus documentos en la presidencia de la república para tal efecto. Luego de descartar más de 150 hojas de vida presentadas, quedan 16 candidatos entre los cuales están los nombres que desde el principio se conocía que integrarían la terna. En los próximos días culminara el proceso con la integración de la terna por los nombres que hace varios meses manejan los medios como seguros integrantes de la misma. ¿Había necesidad de este reality donde ya se conocían los finalistas? Santos parece asesorado por sus enemigos en estos temas.

Un plazo que no se cumple, un referendo inviable políticamente y un falso concurso para elegir candidatos a la terna para elegir fiscal son los últimos autogoles de un presidente que luego de seis años en el poder está pasando de ser admirado por su pragmatismo a temido por su vacilación.

Uribe, Lula y la revolución silenciosa.

Finalizando el 2010 terminaba su segundo periodo como Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con una popularidad superior al 80% fruto de los resultados económicos y sociales de su gobierno. Lula logro imponer a su sucesora en el cargo Dilma Rousseff del partido de los trabajadores. El humilde obrero metalúrgico con ideas de izquierda que había logrado convertir al gigante de Suramérica en una potencia mundial se convirtió en un referente obligado de la política suramericana. En agosto del mismo año, terminaba sus dos periodos en la presidencia de Colombia, Alvaro Uribe Velez quien gracias a su política de seguridad democrática consiguió cambiar la inercia del conflicto armado con las farc -amenaza terrorista, en sus palabras-, además de lograr buenos resultados económicos durante su periodo gracias  a su política de confianza inversionista que atrajo capitales extranjeros, especialmente en el área de los hidrocarburos donde se presentó un importante aumento de solicitudes de exploración y explotación  por parte de multinacionales extranjeras. La elección de su sucesor recayó en su Ministro de Defensa, quien recibió su guiño y se comprometió a continuar la tarea del salvador de un Estado inviable. La escena del presidente saliente en la ceremonia de la posesión presidencial lo decía todo. Uribe entregaba el poder únicamente porque la Corte Constitucional impidió el grotesco referendo que pretendía reformar nuevamente la Constitución para establecer la reelección indefinida. Santos debía recordar quien lo había hecho presidente.

Tanto Lula como Uribe, al igual que la mayoría de los presidentes latinoamericanos de la primera década  del siglo XXI, contaron con la fortuna de los elevados precios de los commodities, situación que impacto de manera favorable en la economía  de los países latinoamericanos. Los gobiernos de cada país crearon relatos en los cuales las buenas nuevas económicas eran consecuencia de las políticas y decisiones de  líderes que estaban cambiando la historia. El  repentino exceso de ingresos permitió a los gobiernos crear todo tipo de subsidios y fomentar toda clase de clientelas. Mientras repartían boronas entre la población, las empresas públicas incrementaban sus presupuestos y se dedicaban a gastar sus recursos con el derroche como principal meta. En las épocas de vacas gordas, nadie pregunta por nóminas paralelas ni mucho menos por el costo de los contratos.  Los nuevos ricos gastaron como quisieron sus fortunas y solo la llegada de las vacas flacas permitió conocer el monto de sus extravagancias. En Brasil, los contratistas de Petrobas  se convirtieron en los mayores financiadores de políticos locales, a los cuales entregaban millonarias coimas por los contratos obtenidos de la petrolera estatal. En Colombia, hubo una verdadera feria de títulos mineros, además de registrarse que los Ministros y funcionarios de alto nivel del ejecutivo pasaron a engrosar las nóminas de empresas mineras y petroleras al finalizar sus gestiones públicas.

Lula y Uribe parecían dos figuras intocables, consideradas por algunos como los personajes más importantes de la historia republicana de sus países. No obstante lo anterior, las investigaciones por los excesos en Petrobras en Brasil  y las actuaciones de diferentes miembros de ejecutivo en Colombia comenzaron a erosionar la impoluta imagen de ambos expresidentes. Altos funcionarios enjuiciados, ministros condenados y dudas sobre el crecimiento patrimonial de  cercanas personas a ambos líderes comenzaron a ser noticias diarias. Ambos presidentes sacan pecho por los resultados positivos en sus periodos pero esconden el rostro cuando deben responder por las acusaciones contra los funcionarios de sus gobiernos. Los mensajes de Lula y Uribe sobre las acusaciones de corrupción en sus gobiernos podrían confundirse debido a que tienen el mismo denominador. Son ataques infundados de sus opositores que aliados con el poder judicial quieren arruinar su “legado”. Las imágenes del allanamiento a la residencia de Lula y la detención de Santiago Uribe Velez son el capítulo más reciente de esta historia. Nadie hubiera podido  predecir hace seis años que los presidentes más populares de Colombia y Brasil y su círculo más cercano terminarían tras las rejas o en procesos judiciales respondiendo por sus actos.  En Venezuela robaron tanto que de la mayor bonanza de su historia solo quedan los videos de las excentricidades del comandante del humo, en Bolivia las revelaciones sobre las andanzas de Evo y su excompañera le costaron la derrota en el referendo que pretendía modificar la Constitución para establecer una reelección perpetua. En Argentina, la expresidente Cristina Fernández ha sido citada a declarar el próximo mes de abril.

Muchas veces, pensamos que en nuestros países no pasa nada. Que la justicia es solo para los de ruana. Que hay personas intocables que no responden por sus actos. Todo eso es cierto. Pero también debe decirse que nunca se había logrado que al mismo tiempo en diferentes países se exigieran responsabilidades por vía judicial a los dueños del poder. Con todas las limitaciones que se quiera, eso está ocurriendo. Aquí y ahora. No permitamos que nos metan en insulsas peleas políticas sobre las causas de los procesamientos. La  verdadera revolución es que los poderosos y su círculo respondan ante los jueces por sus actos. En Colombia no ha pasado en 200 años pero nadie pensaba hace seis que buena parte del gabinete de Uribe  estaría hoy condenada por tradiciones de nuestra cosecha como el peculado y la concusión. Algo debe estar pasando para que esto hubiera ocurrido en el periodo del más nefasto fiscal que recuerde la historia del país. 

Reficar: Un escándalo sin culpables.

En Octubre de 2015 el presidente Santos se disfrazó de operario y puso en marcha la unidad de crudo de la renovada refinería de Cartagena. En su orgulloso discurso indicó que debido a las obras realizadas esta refinería era no sólo la más moderna de América Latina sino del mundo. El estilo de Santos ha sido siempre referirse a las cosas que pasan en su gobierno como hechos que no pueden equipararse con ninguno anterior y marcan momentos en la historia universal. (“la menor inflación en veinte años, la menor tasa de desempleo, la resolución más apoyada en la historia de la ONU, etc)

El modesto presidente de Ecopetrol comentaba por los medios de comunicación por esas mismas fechas las bondades de una obra que solo había costado 8.000 millones de dólares. La moderna refinería sale a operación con el precio del barril de petróleo a la baja pero eso no tiene ningún inconveniente debido a que en Colombia la gasolina se paga como si el barril todavía estuviera costando 100 dolares.

A menos de cuatro meses de la publicitada inauguración de la obra “más importante de la historia del país” se conocen los sobrecostos de la misma que superan el valor de venta de Isagen. A partir de ese momento, todos lo que se fotografiaron en la inauguración de la refinería comenzaron a declarar ante los medios de comunicación que de existir dichos sobrecostos, todos era consecuencia de las malas decisiones adoptadas en el gobierno anterior cuando iniciaron las obras y que en los cinco de los seis años en que el actual gobierno manejo el proceso lo que se hizo fue adoptar medidas correctivas. Las imágenes de los Ministros de Hacienda y Minas con el presidente de Ecopetrol,-quien previo a la rueda de prensa había recibido la ceniza más grande y perfecta que se recuerde al inicio de una cuaresma- indicando siete años después de los hechos que el contratista que desarrollo el proyecto estuvo mal seleccionado y que se encuentran prestos a reclamar los sobrecostos daban una mezcla de risa y tristeza. El Ministro de Hacienda, experto en conciliaciones ruinosas para el Estado  es quien comandara las negociaciones para lograr un acuerdo con los contratistas que estuvieron de fiesta un lustro construyendo la refinería más moderna del mundo. Suerte a los asesores jurídicos de Cárdenas, quienes responderán por cualquier exabrupto en una conciliación, pues el Ministro las firma pero no responde por ellas.  El Secretario General y el Director Jurídico del Ministerio de Transporte de 1999 pueden dar un testimonio del  estilo Cárdenas para responder por sus actuaciones.

El abogado de Saludcoop y futuro embajador en Alemania se acordó esta semana del escándalo de Reficar y envió unos fiscales a solicitar documentos y revisar computadores en Cartagena. El  contratante de Natalia Springer aplicara en los últimos días de su gestión para este caso la misma energía que utilizó para el esclarecimiento de los hechos del mayor fraude a la salud de la historia de Colombia. Hay tantos involucrados en la cadena alimenticia de este negociado que los únicos que peligran son quienes no tengan influencia en altos niveles. Por ello, contratistas intermedios serán quienes verán la lupa de la fiscalía y los entes de control. Los gringos, avisados con anterioridad de lo que iba a ocurrir desarmaron su operación en Colombia y solo dejaron el cascarón.  En honor al estilo Santos, un cercano asesor legal de Reficar podría integrar la terna para la próxima elección de fiscal y de esta manera darle un entierro de quinta  a las investigaciones de este escándalo. Las acciones del fiscal que termina su periodo próximamente se convierten en un precedente para este tipo de acciones.

La agitada agenda nacional desplazar este tema en pocas semanas o días. El resto del año se irá entre la finalización de los acuerdos con las farc y Julito entrevistando gurus internacionales que opinen sobre la nominación del presidente y Timochenko para el premio nobel de paz. Con la vieja estrategia de la distracción, mientras todo el país discutía sobre el proceso de paz, se pagaba la construcción de la refinería de Cartagena sin mirar las cuentas de la misma. Nada diferente puede esperarse de un gobernante que gasta millones en almendras y cortinas. Hace años que el principal problema del país no es la guerrilla sino la corrupción pero nadie parece darse cuenta. 

20 años del día en que no renunció Samper.

El 22 de enero de 1996 el exministro de Defensa Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat en la cual manifestó que el presidente Ernesto Samper conocía del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral que le permitió llegar a la presidencia de la república. Esa misma noche, el presidente en un comunicado antes de medianoche indicaba que Botero “mentía para salvarse” y reiteraba el guion de su inocencia. Yo comenzaba tercer año de Derecho en la Universidad Javeriana y esa semana se realizaron algunas marchas estudiantiles que pedían la renuncia de Samper. Habiendo heredado el sectarismo liberal de mi abuelo materno era un activo samperista que defendía al presidente que luchaba por los más pobres y era víctima de una conspiración de derecha que pretendía sacarlo a sombrerazos del poder. En víspera de cumplir 40 años siento que uno de los desaciertos más grandes que he tenido fue apoyar al elefante que aplastó la poca decencia que quedaba en Colombia.  Samper hizo algo peor que privatizar a bajo precio bienes públicos. Los entregó a delincuentes con la finalidad que los tomarán como pago por su docilidad al Gobierno. Al esposo de su defensora y copartidaria Martha Catalina Daniels le entregó Foncolpuertos que terminó siendo uno de los peores escándalos de corrupción de la historia. Al primo de su investigador Heyne Mogollón le entregó Caprecom para que lo desguazara a su gusto. La preclusión de la investigación del Presidente Samper costó cien veces más que la reelección del presidente Uribe. Con una diferencia: Ninguno de los determinadores de este asalto al patrimonio del Estado terminó preso. Por el contrario, siguen hoy más vigentes que nunca en la actividad pública. Incluso se han llenado los cargos públicos de sus hijos, cónyuges y hermanos. Y la peor de todas las consecuencias de la crisis de la financiación de la campaña de Samper por el Cartel de Cali fue la instauración del principio de la irresponsabilidad política. Cobijados por el derecho a la presunción de inocencia nadie renuncia ni responde por sus actuaciones. Los tres lamentables ejemplos de la actualidad con el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Constitucional hablan por sí solos. Todos aspiran a ejercer sus cargos hasta el último segundo del último minuto de la última hora del último día sin importar que a su paso arrastren a las instituciones que representan al descrédito total.

Veinte años después de la declaración de Botero, los protagonistas del escándalo del 8.000 lejos de haberse retirado de la actividad pública son hoy influyentes personajes de diferentes esferas de la vida nacional. Serpa quien juró el retiro de las actividades públicas en 2002 cuando perdió con Uribe es hoy el líder del partido liberal en el Congreso y con autoridad pide renuncias. Cristo después de ser funcionario de palacio y embajador en Grecia se convirtió en Senador y desde 2014 es el Ministro del Interior de Santos. Botero Zea vive en Mexico y desde allí intermedia en la venta de cuadros de su papá a personas tan importantes como el presidente Santos. Néstor Humberto Martínez se convirtió en el abogado de confianza del comprador del Banco Popular en épocas de Samper y dependiendo de los intereses del momento navega entre el sector público y privado sin temor a inhabilidad e incompatibilidad alguna.

La gran enseñanza del cuatrienio de Samper para quienes ejercen funciones públicas es que su permanencia en el cargo debe prevalecer por encima de los intereses nacionales. Y así nos fue. Hoy nos “gobiernan” ministros que firmaron conciliaciones ruinosas y culparon a terceros. Otros laboran para el gobierno mientras sus cónyuges se benefician de millonarios contratos sin que se genere rubor alguno. La Corte Constitucional se desprestigió tanto o más que los demás tribunales donde hoy sus magistrados pelean como pandilleros por cargos y honores. La Defensoría del Pueblo que desapareció con Volmar Pérez volvió a ser conocida por los ciudadanos por las costumbres de su impresentable jefe. Y el Director de la Policía Nacional se mantiene en su cargo a pesar de las denuncias que semanalmente comprometen sus actuaciones pasadas y presentes. El presidente de hace veinte años se ha reencauchado dirigiendo un organismo internacional promovido por los demócratas Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Y es aplaudido y “respetado” en auditorios que desconocen su pasado. Veinte años después, Samper les ganó a todos. A la justicia que nunca pudo procesarlo. A sus contradictores que no lograron hacerlo desaparecer de la actividad pública. A sus conciudadanos, a los cuales burló. Y gano, porque su manera de hacer política se difundió en toda Colombia. Con sus actuaciones previas a llegar a la presidencia y en ejercicio de la misma contestó al maestro Echandía la pregunta de ¿el poder para qué? Sus discípulos aventajados como Samuel Moreno Rojas, nieto del dictador, han dado la respuesta. La salvación del presidente hace 20 años significó la bancarrota moral de Colombia. Lo que estamos presenciado hoy con los venales funcionarios públicos que se niegan a renunciar es apenas una de las herencias dejadas por el triunfador del 8.000.