Se cumplió otro aniversario
del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Con su muerte hace 24 años el
país perdió la única opción política que anteponía las convicciones a las
conveniencias. Según varios testimonios, Galán se encontraba desanimado por la
respuesta del país en general al atentado contra su vida descubierto a inicios
de agosto de 1989 en la ciudad de Medellín. Pareciera que esa situación le hizo
ver que se encontraba completamente solo en su romántica lucha contra el
clientelismo y el narcotráfico. Sus banderas de renovación, transparencia e
igualdad dejaron de ondear desde la oscura noche en que fue cegada su vida en
Soacha.
La campaña presidencia que
continuo con posterioridad a la muerte de Galán se vio manchada de sangre por
el asesinato de otros dos candidatos presidenciales. El político pereirano
César Gaviria recibió de manos del hijo mayor de Galán las banderas de éste y
con la finalidad de recordar permanentemente el origen de su aspiración y las
ideas que representaba, en todas su publicidad incorporó la imagen del líder
asesinado junto a la suya. Una vez elegido como presidente Gaviria guardo las
ideas y las imágenes de Galán en un cuarto oscuro del que nunca volverían a
salir. Si bien es cierto que parte del ideario galanista fue incorporado en la
Constitución Política de 1991, debe mencionarse que el carácter y la firmeza en
convicciones relativas al narcotráfico,
la justicia, las relaciones internacionales y el desarrollo rural fueron
suplantadas por ideas ajenas a las que impulso Galán desde su primera
candidatura presidencial. El pragmatismo de Gaviria se vio reflejado en la
manera como diseño la política de sometimiento a la justicia con la cual se
buscó que narcotraficantes fueran juzgados y condenados a cambio de penas irrisorias.
A menos de dos años del magnicidio de Galán, el gobierno elegido en su memoria
negoció con su verdugo la incorporación de un artículo en la Constitución que
prohibiera la extradición de nacionales y se sometió a todas las condiciones
impuestas por un criminal para su entrega a la justicia. Luego, cuando los
excesos del delincuente fueron de público conocimiento y el gobierno intento
capturarlo, éste huyó de su “lugar de reclusión”. En el debate político que
surgió como consecuencia de esta situación, el Gobierno resolvió que su defensa
en el Congreso fuera realizada por el senador Alberto Santofimio Botero (http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2012/07/cuando-santofimio-salvo-el-gobierno-de.html),
quien dos décadas después sería condenado por el homicidio de Galán. Nunca
estuvo en la doctrina del líder asesinado una política de apertura económica
como la implementada por Gaviria ni tampoco una política internacional que
tuviera como foco principal las relaciones con Estados Unidos. Las ideas defendidas por Galán y su manera de
entender y hacer la política se terminaron con la llegada al poder de quien
accedió a éste con su recuerdo como carta de presentación.
El debate que en Octubre de
1980 adelanto el entonces Senador Galán sobre el Convenio suscrito entre
Carbocol e Intercor para la explotación de las minas del Cerrejón en el cual se
demostró más allá de toda duda las enormes inconsistencias del mismo y se
observaba el enorme daño hecho al interés nacional por un contrato confuso
redactado por los abogados sofisticados de la época que entregaba el control
total del proyecto a la filial de la Exxon fue apenas el preámbulo de una serie
de hechos que terminaron con la venta de la participación del Estado en esa
empresa por 400 millones de dólares en octubre de 2000 luego de que se habían invertido 1500
millones de dólares en 25 años. (El Ministro de Hacienda de
la época era el Dr. Juan Manuel Santos y hasta julio de 2000 había sido
Director de Planeación el Dr. Mauricio Cárdenas. Los mismos que ahora como
Presidente y Ministro de Hacienda quieren vender Isagen) Precisamente fue comenzando el siglo XXI
cuando el consumo de carbón comenzó a aumentar de manera consistente, al igual
que su precio. Colombia fue “socio” del proyecto durante toda la etapa de
inversión y cuando los precios del producto fueron bajos. Una vez comenzó la
demanda mundial de carbón y su precio se incrementó de manera considerable se
precipitó la venta de la participación en el Cerrejón como consecuencia de un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba realizar tal
operación como condición para obtener un crédito de 2700 millones de dólares.
La política que siguió a la
muerte de Galán ha estado caracterizada por la intervención permanente y
constante de los dineros del narcotráfico que lograron inclinar la elección
presidencial en 1994. El Estado fue cooptado en diversas partes del país por
una combinación de grupos delincuenciales y narcotraficantes que impusieron una
forma diferente de hacer política. Desde hace poco más de un lustro se ha
comenzado a conocer lo ocurrido y judicializar a sus participantes.
La mayor pérdida con la
muerte de Galán fue la extinción de una forma de hacer política que no contara
con el clientelismo y el dinero como sus protagonistas principales. Sumado a lo
anterior y por la debilidad institucional propia, en diversos frentes de la
vida nacional se ha secuestrado el interés general para lograr el avance del interés
particular. Lo más repugnante de esta situación es que todo ocurre bajo el
manto de la legalidad. El reciente capítulo de los baldíos es apenas una
muestra de cómo intereses particulares no tienen ningún límite ético ni legal
para lograr sus propósitos. Y el
Gobierno, en especial el actual, ha demostrado de qué lado está.
El 18 de Octubre de 1981 en
Rionegro (Antioquia), Luis Carlos Galán lanzaba su candidatura a la Presidencia
de la República por el Nuevo Liberalismo. Un extracto muy breve de sus
postulados y el diagnóstico de una realidad que tres décadas después se
mantiene igual:“…..Tales
postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana; unificar a
la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros
compatriotas; asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de
América; acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo
colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos
oprimidos por la miseria; conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad
del territorio; reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar
los recursos naturales, sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales
del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad, por
encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aún más en aras de
un teórico progreso; lograr que del primero al último colombiano haya igualdad
básica de oportunidades y derechos en nuestra patria de tal manera que todos
puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo
espiritual.
Entendemos
que estos grandes propósitos nacionales sólo serán posibles si recuperamos la
dignidad de los poderes del Estado; si modernizamos la organización de las
distintas colectividades políticas; si transformamos la vida
político-administrativa del país dentro del marco de una nueva ética social y si aseguramos que el poder de intervención del Estado tenga como fin
fundamental garantizar a la nación que Colombia nos pertenece a todos y no a
unos pocos privilegiados que aprovecharon la debilidad de nuestras
instituciones democráticas para conseguir las más grandes concentraciones de
poder económico y político que haya registrado nuestra historia.”
