La discusión relativa a la
posibilidad que los integrantes de las farc no sean procesados ni paguen penas
de prisión por los delitos cometidos en
desarrollo de su actividad insurgente es uno de las situaciones que causa mayor
polarización entre los activistas y los opositores al actual proceso de paz.
Según los últimos, la existencia de amnistías o indultos como consecuencia de
la negociación traería como resultado un elevado nivel de impunidad que sería
insoportable resistir para la sociedad colombiana.
La anterior tesis supondría
la existencia de un Estado en el cual como regla general los delincuentes
fueran procesados y condenados por sus crímenes. En Colombia, la excepción es
que ello ocurra, tratándose especialmente de quienes generación tras generación
se dedican a la actividad de desfalcar el erario público. (Una revisión de los
antecedentes familiares de quienes están vinculados al “carrusel de la
contratación” en Bogotá así lo demuestran, incluso sus principales mentores
eran hijos y nietos de personajes públicos que realizaron diversas clases de
acciones similares a la luz de todos y jamás fueron sancionados penalmente) Por
ello, podría decirse que una política pública que se ha mantenido vigente por
décadas es la consistente en permitir el ejercicio de actividades delictivas en
la sociedad sin que sus autores sean procesados ni condenados, o en la
eventualidad que ello ocurra terminen pagando penas ridículas que con estudio y
trabajo del delincuente permitan que su tiempo de permanencia en prisión sea
aún más breve y luego de éste salgan a disfrutar de lo obtenido ilegalmente
ante los ojos de toda la comunidad.
En el año 2007 prescribió la
pena de prisión que recaía sobre Fabio Puyo Vasco quien siete años antes había
sido condenado a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedades
y concierto para delinquir con ocasión de la construcción de la Represa de El
Guavio durante la década de los ochenta. El exgerente de la Empresa de Energía
de Bogotá había sido el único condenado por el monumental desfalco ocurrido
durante la construcción de esa central hidroeléctrica. Puyo huyó a Estados
Unidos y luego a España, lugar donde vive hace más de una década sin pasar un
solo día en prisión. El caso del Metro de Medellín no se queda atrás, con la diferencia
que en ese ni siquiera existieron condenas simbólicas y todas las acciones
prescribieron. ( Uno de los señalados de recibir comisiones era un hermano de
Fabio Puyo Vasco, el señor Iván Puyo Vasco). José Alvear Sanín en el libro “El
negocio del metro” (Señal Editora:1990) expone con lujo de detalles los
pormenores del metro más caro del mundo.
En pocos días quedara en
libertad John Jairo Velásquez Vásquez alías “Popeye” que reconoció el asesinato
de “más o menos” doscientas personas después de una pena efectiva de 22 años de
cárcel que fue reduciéndose por su trabajo y comportamiento en la cárcel,
sumados a su colaboración con la fiscalía en diferentes casos. Víctor Carranza
que murió recientemente de una enfermedad natural logró que el Estado
Colombiano fuera condenado a pagarle una indemnización por haberlo privado
injustamente de su libertad hace algunos años en un proceso penal en el cual lo
absolvieron de todos los cargos. El único de los cabecillas de DMG que no fue
extraditado a estados Unidos pagó una severa
condena de dos años de cárcel por participar en la gigantesca estafa masiva que
protagonizo esa empresa. Y ahora, quienes se enriquecieron debido a los sobornos
y prácticas contrarias a la ley para
obtener contratos estatales se convierten en testigos estrellas que pasarán su
pena en su hogar devolviendo una exigua parte de lo obtenido ilegalmente para
posteriormente salir a disfrutar del botín en público. No debe olvidarse que el
abogado de Palacino, el Gerente de Saludcoop es ahora el flamante Fiscal
General de la Nación. No le pasa a nadie por la cabeza que Obama nombrara al
abogado de Madoff de Fiscal. En Colombia no se tienen este tipo de prevenciones
y por eso no se requiere ser adivino para inferir que pasará con las
investigaciones sobre el desfalco de la salud. Los ratones cuidando el queso.
La respuesta del Estado a las
actividades criminales genera un incentivo en los delincuentes, quienes saben
en últimas que a mayor impacto de sus acciones contra la sociedad mejor será su
condición de reclusión. Mientras tipos como Emilio Tapia, Julio Gómez y todos
sus similares sigan jugando con la justicia, intercambiando tiempo de reclusión
por delaciones a la carta sin daño en su patrimonio más claro es el incentivo
que recibe los integrantes de la sociedad según el cual, “el crimen si paga.”
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