Antecedentes.
Trabajé hace trece años por un
lapso de siete meses en una Universidad del oriente del país. Cuatro meses los dediqué
a instalar la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad y debido a
mi buen desempeño “ascendí” al cargo de asesor jurídico, en el cual solo estuve
por el término de tres meses. El ascenso se convirtió en una pesadilla debido a
las presiones que se ejercían sobre algunos de los asuntos que se manejaban en
esa dependencia. En los tres meses que permanecí en el cargo se establecieron
dos doctrinas; la que derivaba de la oficina jurídica y aquella que provenía
del asesor jurídico externo de la Universidad, siempre dispuesto a encontrar “salidas”
a cualquier asunto que interesara a las directivas de la entidad. El asesor
externo destacaría después con las mismas formas como Contralor Departamental y
Presidente de una Cámara de Comercio.
Fruto de algunas decisiones en las que fue acogida la doctrina del
asesor externo, el rector de la Universidad terminó siendo suspendido por el
término de 3 años por la Procuraduría General de la Nación. Años después la “mano”
salvadora de Alejandro Ordoñez revocaría de manera directa la sanción del
rector y lo dejaría sin antecedente disciplinario alguno. Ordoñez convirtió las
revocatorias directas de sanciones disciplinarias en una herramienta política
con total impunidad. Aunque si el actual Procurador Carrillo también se
benefició de esta figura y levanto su sanción disciplinaria gracias a la “generosidad”
de Edgardo Maya después de haber perdido ese litigio ante la justicia
contenciosa administrativa, se entiende porque nadie quiere hacer públicas las
revocatorias directas realizadas por los procuradores generales de la nación.
Los más descarados incluso demandan a la nación por los perjuicios causados por
la sanción impuesta y levantada por esta práctica politiquera.
La
Citación
Hace un mes llegó a mi
domicilio una citación para realizar una entrevista juramentada en compañía de
abogado por una fiscalía de la ciudad de Barranquilla. Debido a que la citación
contenía mi nombre y los apellidos del rector de la institución en la que había
trabajado hace más de una década presumí –de manera acertada- que era para
asuntos relacionados con los tres meses en los que laboré como asesor jurídico
de la institución.
La
Diligencia
Un gran amigo que es abogado y
se dedica al derecho penal me acompaño a la citación y puntualmente llegamos a
las 2:30 en la fecha indicada. Nos atendió el asistente de la fiscal quien nos
indicó que la doctora estaba almorzando y no había llegado a laborar. Después de
una hora de espera volvimos a la fiscalía citante (un cubículo con un fiscal,
un asistente en nómina y otro ad-honorem con un promedio de expedientes entre
1.000 y 1.300) y allí revisaron la citación e informaron que se trataba de un
despacho comisorio de otra ciudad. Entregue mi cédula y me informaron que en
breve me llamarían. A los diez minutos pase a la oficina en compañía de mi
abogado y cuando comenzó la diligencia nos informaron que se trataba de una
indagatoria. Al preguntar sobre los cargos que se me imputaban, el asistente de
la fiscal decía que “ aquí no dice nada”
pero igual hacemos la indagatoria. Aducía de una jurisprudencia que le permitía
hacer indagatorias sin formular cargos. Todo un monumento al debido proceso. Estábamos
en esa discusión, cuando a las cuatro de la tarde llegó bastante agitada la
fiscal del despacho. El letargo que genera un almuerzo abundante en la Costa se
sumaba a la agitación de la funcionaria por haber tenido que subir unos pocos
escalones. Su asistente le informó de que se trataba y una vez sentada y cuando
recuperó el aliento me indicó que podía aceptar cargos y tener una rebaja de la
mitad de la pena. En ese momento lo que había comenzado como comedia amenazaba
con convertirse en tragedia pues la fiscal repetía su oferta. Cuando se le
preguntaron cuáles eran los cargos, ella tampoco sabía, pero aclaraba que
siempre hacia esa oferta antes de la indagatoria. En ese momento recupere la
citación y le indique que nunca fui citado a indagatoria y que al parecer me
estaban confundiendo con otra persona. Me preguntaron si yo no era el rector de
la Universidad y contesté que nunca ejercí tal cargo y mi nombre no corresponde
con aquel. Luego de revisar por primera vez el expediente, indicaron que era un
testimonio el que debían practicar y para ello no necesitaba estar acompañado
de abogado. Ninguna excusa. Risotadas del asistente de la fiscal y en adelante
se desarrolló un testimonio sobre un asunto en particular del año 2005 por el
cual el rector estaba siendo procesado. Cuando puede ver el expediente, el
despacho comisorio estaba fechado en septiembre de 2016 y estaba marcado como
urgente. Respondí las preguntas remitidas y pocos minutos después finalizó la
diligencia. El testimonio urgente recogido 18 meses después no pudo ser
utilizado en el juicio que fue realizado en noviembre pasado.
La
reflexión
¿Qué clase de justicia puede
existir con dos personas manejando 1.300 casos penales?
En el juego estadístico, la
posibilidad que el delincuente sea procesado es mínima. Si a ello le sumamos,
unos funcionarios sobrecargados de trabajo y arbitrariedad, la conclusión es
que tenemos un sistema penal amenazante para el ciudadano. Nada más peligroso
que ganarse la lotería de un proceso penal.
Pasan a un segundo plano todas
las diferencias políticas mientras subsista este sistema penal caótico que solo
auspicia la impunidad. Esto que debería ser una calamidad nacional no preocupa
para nada a la clase dirigente a quien por el contrario beneficia un sistema
que funcione de esta manera. Un buen ejemplo de ello son los resultados de los
procesos derivados de los sobornos de Odebrecht. Mientras en diferentes países
de América Latina caen presidentes y altos dignatarios en Colombia el asunto
terminó con un gris viceministro que pasara menos de un lustro en prisión. Solo
en Colombia un contratista de Odebrech termina como Fiscal General de la
Nación. En realidad, es un caos muy organizado.
Eso lo que indica es desorden. Supongo que los repartos deben ir fechados y con términos. Los cuadernos que llevan los tenderos donde registran lo que fían, muestran más organización. Si eso es un testimonio solicitado con un despacho comisario, como será construyendo con la modorra que da el almuerzo y la pereza que da volver a un despacho que se maneja con autonomía osiosa y sin entes de control con dientes.
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