lunes, 7 de mayo de 2018

Indagatoria por error o el despelote de la justicia en Colombia.


Antecedentes.
Trabajé hace trece años por un lapso de siete meses en una Universidad del oriente del país. Cuatro meses los dediqué a instalar la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad y debido a mi buen desempeño “ascendí” al cargo de asesor jurídico, en el cual solo estuve por el término de tres meses. El ascenso se convirtió en una pesadilla debido a las presiones que se ejercían sobre algunos de los asuntos que se manejaban en esa dependencia. En los tres meses que permanecí en el cargo se establecieron dos doctrinas; la que derivaba de la oficina jurídica y aquella que provenía del asesor jurídico externo de la Universidad, siempre dispuesto a encontrar “salidas” a cualquier asunto que interesara a las directivas de la entidad. El asesor externo destacaría después con las mismas formas como Contralor Departamental y Presidente de una Cámara de Comercio.  Fruto de algunas decisiones en las que fue acogida la doctrina del asesor externo, el rector de la Universidad terminó siendo suspendido por el término de 3 años por la Procuraduría General de la Nación. Años después la “mano” salvadora de Alejandro Ordoñez revocaría de manera directa la sanción del rector y lo dejaría sin antecedente disciplinario alguno. Ordoñez convirtió las revocatorias directas de sanciones disciplinarias en una herramienta política con total impunidad. Aunque si el actual Procurador Carrillo también se benefició de esta figura y levanto su sanción disciplinaria gracias a la “generosidad” de Edgardo Maya después de haber perdido ese litigio ante la justicia contenciosa administrativa, se entiende porque nadie quiere hacer públicas las revocatorias directas realizadas por los procuradores generales de la nación. Los más descarados incluso demandan a la nación por los perjuicios causados por la sanción impuesta y levantada por esta práctica politiquera.
La Citación
Hace un mes llegó a mi domicilio una citación para realizar una entrevista juramentada en compañía de abogado por una fiscalía de la ciudad de Barranquilla. Debido a que la citación contenía mi nombre y los apellidos del rector de la institución en la que había trabajado hace más de una década presumí –de manera acertada- que era para asuntos relacionados con los tres meses en los que laboré como asesor jurídico de la institución.
La Diligencia
Un gran amigo que es abogado y se dedica al derecho penal me acompaño a la citación y puntualmente llegamos a las 2:30 en la fecha indicada. Nos atendió el asistente de la fiscal quien nos indicó que la doctora estaba almorzando y no había llegado a laborar. Después de una hora de espera volvimos a la fiscalía citante (un cubículo con un fiscal, un asistente en nómina y otro ad-honorem con un promedio de expedientes entre 1.000 y 1.300) y allí revisaron la citación e informaron que se trataba de un despacho comisorio de otra ciudad. Entregue mi cédula y me informaron que en breve me llamarían. A los diez minutos pase a la oficina en compañía de mi abogado y cuando comenzó la diligencia nos informaron que se trataba de una indagatoria. Al preguntar sobre los cargos que se me imputaban, el asistente de la fiscal decía  que “ aquí no dice nada” pero igual hacemos la indagatoria. Aducía de una jurisprudencia que le permitía hacer indagatorias sin formular cargos. Todo un monumento al debido proceso. Estábamos en esa discusión, cuando a las cuatro de la tarde llegó bastante agitada la fiscal del despacho. El letargo que genera un almuerzo abundante en la Costa se sumaba a la agitación de la funcionaria por haber tenido que subir unos pocos escalones. Su asistente le informó de que se trataba y una vez sentada y cuando recuperó el aliento me indicó que podía aceptar cargos y tener una rebaja de la mitad de la pena. En ese momento lo que había comenzado como comedia amenazaba con convertirse en tragedia pues la fiscal repetía su oferta. Cuando se le preguntaron cuáles eran los cargos, ella tampoco sabía, pero aclaraba que siempre hacia esa oferta antes de la indagatoria. En ese momento recupere la citación y le indique que nunca fui citado a indagatoria y que al parecer me estaban confundiendo con otra persona. Me preguntaron si yo no era el rector de la Universidad y contesté que nunca ejercí tal cargo y mi nombre no corresponde con aquel. Luego de revisar por primera vez el expediente, indicaron que era un testimonio el que debían practicar y para ello no necesitaba estar acompañado de abogado. Ninguna excusa. Risotadas del asistente de la fiscal y en adelante se desarrolló un testimonio sobre un asunto en particular del año 2005 por el cual el rector estaba siendo procesado. Cuando puede ver el expediente, el despacho comisorio estaba fechado en septiembre de 2016 y estaba marcado como urgente. Respondí las preguntas remitidas y pocos minutos después finalizó la diligencia. El testimonio urgente recogido 18 meses después no pudo ser utilizado en el juicio que fue realizado en noviembre pasado.
La reflexión
¿Qué clase de justicia puede existir con dos personas manejando 1.300 casos penales?
En el juego estadístico, la posibilidad que el delincuente sea procesado es mínima. Si a ello le sumamos, unos funcionarios sobrecargados de trabajo y arbitrariedad, la conclusión es que tenemos un sistema penal amenazante para el ciudadano. Nada más peligroso que ganarse la lotería de un proceso penal.
Pasan a un segundo plano todas las diferencias políticas mientras subsista este sistema penal caótico que solo auspicia la impunidad. Esto que debería ser una calamidad nacional no preocupa para nada a la clase dirigente a quien por el contrario beneficia un sistema que funcione de esta manera. Un buen ejemplo de ello son los resultados de los procesos derivados de los sobornos de Odebrecht. Mientras en diferentes países de América Latina caen presidentes y altos dignatarios en Colombia el asunto terminó con un gris viceministro que pasara menos de un lustro en prisión. Solo en Colombia un contratista de Odebrech termina como Fiscal General de la Nación. En realidad, es un caos muy organizado.


1 comentario:

  1. Eso lo que indica es desorden. Supongo que los repartos deben ir fechados y con términos. Los cuadernos que llevan los tenderos donde registran lo que fían, muestran más organización. Si eso es un testimonio solicitado con un despacho comisario, como será construyendo con la modorra que da el almuerzo y la pereza que da volver a un despacho que se maneja con autonomía osiosa y sin entes de control con dientes.

    ResponderEliminar