Duque: La esperanza de una traición

El 31 de mayo del año 2010 el candidato Juan Manuel Santos lograba un importante triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las cuales se elegía el sucesor de Alvaro Uribe Vélez. Con casi siete millones de votos el candidato del gobierno obtenía el 46,67% del total de los sufragios y pasaba a segunda vuelta contra Antanas Mockus quien obtuvo el 21,50%. Los candidatos Vargas Lleras(10,11%) de Cambio Radical y Rafael Pardo (4,38%) del partido liberal estuvieron prestos a colaborarle al seguro ganador de la segunda vuelta electoral y se convirtieron en funcionarios del gobierno durante las dos administraciones de Santos.  El candidato Gustavo Petro (9,13%) promovió el voto en blanco para la segunda vuelta electoral. El exministro de Defensa del gobierno que terminaba  luego de conocer los resultados de la primera vuelta agradeciendo los mismo a Dios en primer lugar, pronunciaba estas palabras ese 31 de mayo: “Señor Presidente Álvaro Uribe: éste es su triunfo y el de todos quienes queremos conservar su legado. Colombia ha votado por defender sus logros y propuestas. Aquí está su partido, el de La U, triunfando como siempre.”

La segunda vuelta en 2010 fue un paseo triunfal para Santos quien aumentó su votación a nueve millones de sufragios logrando el 69,12% de los votos contra el solitario y valiente candidato Mockus quien obtuvo un 27,47% de los votos. En su primer discurso como presidente electo agradeció nuevamente su triunfo al presidente Uribe y de allí a su posesión no hubo entrevista o intervención en que no se refiriera a su mentor como el presidente más importante de la historia de Colombia, incluso en su discurso de posesión mencionó a Uribe y su esposa quienes fueron ovacionados de pie por los invitados a la ceremonia. El 7 de agosto de 2010 no existía en Colombia un uribista más comprometido, consagrado, adulador y batracio que Juan Manuel Santos.

Sin embargo, una vez posesionado como presidente comenzaron a cesar progresivamente los agradecimientos a la divinidad y los vítores al caudillo. Santos reanudó las relaciones con Venezuela, tramitó la ley de víctimas y restitución de tierras y al tiempo que continuaba operaciones militares ofensivas contra las farc, comenzó acercamientos con esa organización guerrillera para buscar la solución al  conflicto armado en una mesa de negociación. De la misma manera, su gobierno impulsó una nueva dinámica con las minorías y paso la página en el enfrentamiento con las cortes. El costo de adoptar estas decisiones y políticas públicas fue el rompimiento definitivo con su predecesor, quien se convirtió en su opositor más virulento. Sin la decisión de Santos de gobernar según sus propias convicciones y plena autonomía su gobierno hubiera sido la continuación del gobierno de Uribe, muy al estilo de Medvédev con Putin en Rusia.

El anterior resumen es pertinente en la actualidad cuando los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales han elegido presidente de la república. Iván Duque con  una votación superior al 39% del total y más de siete millones quinientos mil votos obtuvo el primer lugar. Gustavo Petro con algo más del 25% y más de cuatro millones ochocientos cincuenta mil votos obtuvo el segundo lugar. Los dos candidatos disputaran la segunda vuelta el próximo 17 de junio que será una mera formalidad por la distancia en votos que los separa y la imagen negativa que trae a cuestas el candidato que ocupo el segundo lugar. En 1998 cuando Horacio Serpa venció en primera vuelta a Andres Pastrana, la diferencia fue de apenas 0,32% y menor a 35.000 votos. En segunda vuelta Pastrana triunfaría por una cifra superior a 450.000 votos y cerca del 5%. En las elecciones de 2014, Oscar Iván Zuluaga el candidato de Uribe para esas elecciones ganó la primera vuelta con una diferencia a su favor de más de 350.000 votos y 3,5%. En la segunda vuelta, luego de recibir diferentes adhesiones e hipotecar el presupuesto de la nación a delincuentes como los ñoños el presidente logró su reelección con una diferencia de 5% y más de 900.000 votos. En esta oportunidad la diferencia entre Duque y Petro es superior a los 2.700.000 votos, equivalente a un 14%. A la gran diferencia alcanzada, se suma la imagen negativa de Petro superior al 45% lo que hace imposible que se produzca el milagro de cambiar los resultados de primera vuelta. El único candidato que hubiera logrado poner en entredicho la victoria de Duque era Sergio Fajardo debido a su escasa imagen negativa y las pocas resistencias que generaba. Eliminado Fajardo en primera vuelta, las posibilidades de evitar el triunfo de Duque se terminaron y las probabilidades  reales de un triunfo de Petro son iguales a las que tiene la selección ñ de Panamá de coronarse campeón en el próximo mundial de fútbol. Al futuro debe tenerse claro que la única manera de disputar con posibilidades de éxito la presidencia de Colombia con el uribismo es con un candidato diferente a Gustavo Petro. De la jubilación de Petro como candidato presidencial dependen las opciones del centro y los movimientos alternativos de poder competir en las futuras elecciones presidenciales. Al estilo de Alvaro Gomez en los setenta y los ochenta, cuya aparición como candidato garantizaba el triunfo del liberalismo, la garantía de la continuidad del uribismo a mediano plazo en el poder depende de que su contrincante sea Gustavo Petro. Ojalá que él entienda esta situación y no estemos repitiendo esta historia en cuatro años con un candidato cuyo único triunfo será pasar a segunda vuelta.

A partir del 18 de junio Duque deberá comenzar a actuar como presidente de la república con la presión de su partido que actúa desde ahora como el partido de gobierno, como pudo demostrarse en las sesiones del Senado de la semana anterior en la aprobación de la consulta anticorrupción y la ley que pretende regular la elección de Contralor. Deberá adoptar prontas decisiones sobre el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, además de concretar los “retoques” al acuerdo de paz con las farc que podrían echar al traste un proceso tambaleante. Le pedirán que concrete con hechos su radical posición con la dictadura venezolana y los sectores religiosos que lo apoyaron irrestrictamente le solicitaran las medidas que borraran de la tierra la diabólica “ideología de género”.

Duque deberá escoger si cumple su programa de gobierno, es leal a sus electores y comienza a aplicar en el país las mismas soluciones del año 2002 como si el tiempo no hubiera transcurrido y los problemas fueran los mismos. O puede escoger no dar un rodillazo al tablero y seguir construyendo sobre lo existente, lo cual implicaría una traición a su mentor, con las consecuencias que ello pueda tener. Hoy por hoy, la traición es nuestra esperanza.

Fajardo y la última oportunidad

“ Las obras de misericordia tienen ganada la conciencia universal desde los tiempos de Jesucristo. Dar de comer al hambriento y posada al peregrino, vestir al desnudo, asistir a los enfermos, enseñar al que no sabe, consolar al triste y enterrar a los muertos, son preocupaciones de todo el mundo cristiano. La controversia política versa, entre otras cosas, sobre los sistemas y procedimientos para arbitrar los recursos necesarios y administrarlos para distribuir las cargas y los beneficios, para establecer el imperio de la justicia y asegurar la bienandanza de los asociados. Yo estoy en completo acuerdo con Gaitán respecto de estos fines que él persigue; pero no conozco los planes de gobierno, ni las soluciones que éstos ofrezcan para los asuntos que requieren actualmente la atención oficial.  No conozco tampoco el equipo de hombres nuevos que él traería a reemplazar  a los colaboradores de los oligarcas liberales en las tareas de la administración. Del conocimiento que tengo de la preparación de Gaitán y de las capacidades  de los amigos que generalmente lo acompañan en sus actividades políticas para manejar los negocios públicos, deduzco, sin embargo, que no es completamente infundado el temor de que la revolución que él anuncia  podría llevar a la país a una situación caótica, rápidamente (…) (Palabras de Alfonso López Pumarejo en entrevista con Hugo Latorre Cabal, diario El Liberal, enero 26 de 1946.)[1]

Siete décadas después las palabras de López Pumarejo recobran vigencia en la actual campaña presidencial, en la cual Gustavo Petro realiza estupendas descripciones sobre los problemas de Colombia pero es menos elocuente en la explicación de las soluciones, indicando que su reciente paso por la Alcaldía de Bogotá muestra la baja capacidad de concretar soluciones reales a los inconvenientes que denuncia con tanta vehemencia. La falta de cuadros que ejecuten sus políticas y el carácter mesiánico del personaje traen como consecuencia que por los cargos importantes de la administración desfilen numerosas personas que duran en su empleo hasta que controviertan cualquier decisión del único propietario de la verdad.  Compartiendo gran parte de su diagnóstico del país, su demostrada incapacidad para generar consensos y atizar divisiones en todos los aspectos no permiten que se concreten ninguna de sus propuestas y por el contrario, garantizan la ingobernabilidad como método de gobierno.

Al otro extremo del espectro se encuentra Iván Duque dispuesto a  revalidar el “legado” del más importante presidente de la historia de Colombia, para lo cual propone volver a negociar lo negociado con las farc, volver a fumigar todo el sur del país y en unión con los líderes católicos y cristianos nos invita a una segunda regeneración en la cual la familia de hombre y mujer sea el eje central de la nueva patria. Duque ha demostrado en esta campaña que por lograr votos “ciegos” es capaz de cualquier cosa. Desde hacer acuerdos con la hasta hace poco archienemiga del uribismo Vivian Morales, actual esposa del reinsertado y renovado Carlos Alonso Lucio quienes promovieron desde la fiscalía procesos penales contra medio gabinete de Uribe hasta repetir oraciones a solicitudes de cualquier pastor a cambio de la lealtad de su iglesia. Lo más peligroso de su candidatura son las cesiones que está haciendo a cambio del apoyo de estos grupos.  Para llegar a la presidencia Duque no tiene problemas en vender a pedazos los derechos de las minorías que se han logrado en los últimos 25 años. El primer paso para volver al siglo XIX es instaurar un Ministerio de la Familia en que se instruya a los ciudadanos sobre la manera de vivir “adecuadamente.”

Vargas Lleras, el político con una de las mayores participaciones en el gobierno en los últimos 16 años observa como “su” presidencia se desvanece  pero conserva la esperanza que todas las maquinarias que le deben cuantiosos favores de los últimos lustros se metan la mano al bolsillo y salven lo que parece un naufragio seguro. En la eventualidad que ello ocurriera, llegaría con una deuda peor que la de Santos es su segundo periodo y seria el gobierno de los Otto Bula. De la Calle ha realizado una estupenda campaña y nos ha dejado a todos el sentimiento de culpa de no haberlo elegido a él en 1994 y haber preferido al candidato del Cartel de Cali. Lastimosamente su hora ya pasó y el voraz César Gaviria en comunión con Simón negociaron su apoyo a Duque para la segunda vuelta antes que siquiera comenzara la campaña.

Queda Sergio Fajardo quien representa la esperanza de cambio en estas elecciones. Realizando una campaña en la calle y en los recintos universitarios sin apoyos de defraudadores de oficio y sin jefes de revancha habla de pasar la página y pensar en el futuro. Las últimas semanas se siente una fuerza silenciosa que lo quiere como presidente. Sus antecedentes y los de quienes lo rodean permiten pensar en un país diferente. Fajardo entendió que la revolución de Colombia consiste en actuar con ética. Ojalá nos demos esa oportunidad.

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[1] Texto tomado del libro El pensamiento de Alfonso López Pumarejo de Alvaro Tirado Mejía. Biblioteca Banco Popular (1986)

Indagatoria por error o el despelote de la justicia en Colombia.

Antecedentes.

Trabajé hace trece años por un lapso de siete meses en una Universidad del oriente del país. Cuatro meses los dediqué a instalar la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad y debido a mi buen desempeño “ascendí” al cargo de asesor jurídico, en el cual solo estuve por el término de tres meses. El ascenso se convirtió en una pesadilla debido a las presiones que se ejercían sobre algunos de los asuntos que se manejaban en esa dependencia. En los tres meses que permanecí en el cargo se establecieron dos doctrinas; la que derivaba de la oficina jurídica y aquella que provenía del asesor jurídico externo de la Universidad, siempre dispuesto a encontrar “salidas” a cualquier asunto que interesara a las directivas de la entidad. El asesor externo destacaría después con las mismas formas como Contralor Departamental y Presidente de una Cámara de Comercio.  Fruto de algunas decisiones en las que fue acogida la doctrina del asesor externo, el rector de la Universidad terminó siendo suspendido por el término de 3 años por la Procuraduría General de la Nación. Años después la “mano” salvadora de Alejandro Ordoñez revocaría de manera directa la sanción del rector y lo dejaría sin antecedente disciplinario alguno. Ordoñez convirtió las revocatorias directas de sanciones disciplinarias en una herramienta política con total impunidad. Aunque si el actual Procurador Carrillo también se benefició de esta figura y levanto su sanción disciplinaria gracias a la “generosidad” de Edgardo Maya después de haber perdido ese litigio ante la justicia contenciosa administrativa, se entiende porque nadie quiere hacer públicas las revocatorias directas realizadas por los procuradores generales de la nación. Los más descarados incluso demandan a la nación por los perjuicios causados por la sanción impuesta y levantada por esta práctica politiquera.

La Citación

Hace un mes llegó a mi domicilio una citación para realizar una entrevista juramentada en compañía de abogado por una fiscalía de la ciudad de Barranquilla. Debido a que la citación contenía mi nombre y los apellidos del rector de la institución en la que había trabajado hace más de una década presumí –de manera acertada- que era para asuntos relacionados con los tres meses en los que laboré como asesor jurídico de la institución.

La Diligencia

Un gran amigo que es abogado y se dedica al derecho penal me acompaño a la citación y puntualmente llegamos a las 2:30 en la fecha indicada. Nos atendió el asistente de la fiscal quien nos indicó que la doctora estaba almorzando y no había llegado a laborar. Después de una hora de espera volvimos a la fiscalía citante (un cubículo con un fiscal, un asistente en nómina y otro ad-honorem con un promedio de expedientes entre 1.000 y 1.300) y allí revisaron la citación e informaron que se trataba de un despacho comisorio de otra ciudad. Entregue mi cédula y me informaron que en breve me llamarían. A los diez minutos pase a la oficina en compañía de mi abogado y cuando comenzó la diligencia nos informaron que se trataba de una indagatoria. Al preguntar sobre los cargos que se me imputaban, el asistente de la fiscal decía  que “ aquí no dice nada” pero igual hacemos la indagatoria. Aducía de una jurisprudencia que le permitía hacer indagatorias sin formular cargos. Todo un monumento al debido proceso. Estábamos en esa discusión, cuando a las cuatro de la tarde llegó bastante agitada la fiscal del despacho. El letargo que genera un almuerzo abundante en la Costa se sumaba a la agitación de la funcionaria por haber tenido que subir unos pocos escalones. Su asistente le informó de que se trataba y una vez sentada y cuando recuperó el aliento me indicó que podía aceptar cargos y tener una rebaja de la mitad de la pena. En ese momento lo que había comenzado como comedia amenazaba con convertirse en tragedia pues la fiscal repetía su oferta. Cuando se le preguntaron cuáles eran los cargos, ella tampoco sabía, pero aclaraba que siempre hacia esa oferta antes de la indagatoria. En ese momento recupere la citación y le indique que nunca fui citado a indagatoria y que al parecer me estaban confundiendo con otra persona. Me preguntaron si yo no era el rector de la Universidad y contesté que nunca ejercí tal cargo y mi nombre no corresponde con aquel. Luego de revisar por primera vez el expediente, indicaron que era un testimonio el que debían practicar y para ello no necesitaba estar acompañado de abogado. Ninguna excusa. Risotadas del asistente de la fiscal y en adelante se desarrolló un testimonio sobre un asunto en particular del año 2005 por el cual el rector estaba siendo procesado. Cuando puede ver el expediente, el despacho comisorio estaba fechado en septiembre de 2016 y estaba marcado como urgente. Respondí las preguntas remitidas y pocos minutos después finalizó la diligencia. El testimonio urgente recogido 18 meses después no pudo ser utilizado en el juicio que fue realizado en noviembre pasado.

La reflexión

¿Qué clase de justicia puede existir con dos personas manejando 1.300 casos penales?

En el juego estadístico, la posibilidad que el delincuente sea procesado es mínima. Si a ello le sumamos, unos funcionarios sobrecargados de trabajo y arbitrariedad, la conclusión es que tenemos un sistema penal amenazante para el ciudadano. Nada más peligroso que ganarse la lotería de un proceso penal.

Pasan a un segundo plano todas las diferencias políticas mientras subsista este sistema penal caótico que solo auspicia la impunidad. Esto que debería ser una calamidad nacional no preocupa para nada a la clase dirigente a quien por el contrario beneficia un sistema que funcione de esta manera. Un buen ejemplo de ello son los resultados de los procesos derivados de los sobornos de Odebrecht. Mientras en diferentes países de América Latina caen presidentes y altos dignatarios en Colombia el asunto terminó con un gris viceministro que pasara menos de un lustro en prisión. Solo en Colombia un contratista de Odebrech termina como Fiscal General de la Nación. En realidad, es un caos muy organizado.

Uniautónoma: Reflexiones sobre un Estado fallido.

Comienzan los debates presidenciales con propuestas sobre diferentes aspectos de la vida colombiana.  Sergio Fajardo ha planteado como su eje más importante la educación y sin lugar a dudas un cambio de políticas en esa materia permitiría pensar en un país con menor desigualdad que el actual.

Siendo válidas las discusiones sobre esos y otros temas, es necesario que los candidatos dejen de lado la diplomacia y comprendan que en muchos aspectos aunque formalmente existe una dependencia pública que regula determinadas actividades en la práctica su operatividad es nula y los ciudadanos nos encontramos en medio de una selva en que no existen normas ni quien las haga cumplir. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior son algunas instituciones de educación superior (IES) que bajo el amparo de la autonomía universitaria se convierten en repúblicas independientes en las cuales sus autoridades (propietarios en realidad) hacen lo que desean sin tener el más mínimo rubor en incumplir las normas legales. En la actualidad, el caso de la Universidad Autónoma del Caribe demuestra esta afirmación.

Hace un lustro la Universidad se encontraba en una importante crisis por el proceso penal que se adelantó contra su anterior rectora que terminó con sentencias condenatoria en su contra. Los miembros de la Sala General (máximo órgano de administración de la Universidad)  no mostraron ningún reparo en continuar en sus cargos debido a que fueron asaltados en su buena fe por las actuaciones de la rectora. De esta manera pasaron de ser compadres a convertirse en testigos ante la justicia de sus acciones. Jamás consideraron que haber permanecido una década avalando todas las actuaciones de la administradora en desgracia tendría consecuencia alguna sobre ellos. Cinco años después, luego del paso de Ramses Vargas por la rectoría de la Universidad, en la cual despareció todo el patrimonio de la entidad, vuelven a tener la misma actitud. Nuevamente fueron engañados en su buena fe. Y tal como hace un lustro, quieren dar vuelta a la página y seguir como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, algunos de los hechos ocurridos durante el último lustro hacen considerar que lejos de ser espectadores, algunos de los impolutos miembros de la Sala General que hoy se niegan a retirarse de sus cargos con la complacencia del Ministerio de Educación Nacional  fueron protagonistas principales de los mismos.

El 5 de Octubre de 2011 la Universidad Autónoma del Caribe mediante la escritura pública 1752 de la Notaria Novena de Barranquilla logró englobar un lote de más de 35 hectáreas sobre la vía a Cartagena que se denominó el Genovés. Mediante la Licencia Urbanística 617 de 2012 se autorizaron la construcción de un campus universitario en dicha área de terreno. La idea de trasladar la Universidad allí era visionaria debido a la ubicación del predio y a la posibilidad de ampliación del campus, situación que hubiera impactado de manera positiva a la entidad, además de ponerla a la vanguardia de las instituciones educativas del Caribe colombiano.

Dicho proyecto no se concretó y mediante la escritura 349 del 15 de marzo de 2013 de la Notaria Once de Barranquilla, la Universidad procedió a dividir el lote de su propiedad. De tal división resultaron dos lotes: El lote uno de 196.574,04 metros cuadrados y el lote dos de 149.741,02 metros cuadrados. No habiendo pasado quince días de realizar la división, la Universidad resolvió enajenar el lote dos, ( el más valioso por su ubicación y potencial de desarrollo) y mediante la escritura pública número 708 del 28 de mayo de 2013 transfirió su propiedad al Fideicomiso El Genoves por valor de $7.838.324.000. Se vendió una propiedad en la zona de mayor valorización de la ciudad a cómodos $52.345 metro cuadrado. Al parecer el asunto de que la Universidad no tiene ánimo de lucro fue tomado bastante en serio por quienes representaron a la Universidad en dicha negociación. Quien suscribió ese contrato de enajenación de ese activo fue el señor Mariano Romero Ochoa , actual Vicerrector del Medio Universitario, previamente autorizado por la Sala General de la Universidad de acuerdo a las actas 173 de marzo 30 de 2012 y ratificada en acta 180 de marzo de 2013 por los integrantes de la Sala, entre otros, señores Ramses Vargas, Mariano Romero, Paul García y Tamid Turbay.

El 29 de diciembre de  2014 mediante la escritura pública 1876 de la Notaria Once de Barranquilla, el señor Ramses Vargas previa autorización de la Sala General enajenaría el lote uno por un valor de $4.000.000.000 al Fideicomiso Alto Genovés como beneficio en fiducia mercantil- El 27 de octubre del año 2017 dicho inmueble volvería al patrimonio de  la Universidad como restitución de aporte de beneficio de acuerdo a la escritura pública número 3426 del 27 de octubre de 2017. Menos de un mes después, la Universidad volvería a enajenar este inmueble, esta vez, al Fideicomiso Oportunidades Inmobiliarias por un valor de $1.022.316.000. El mismo inmueble que fue enajenado por 4.000 milones en 2014 fue transferido tres años después por el 25% de su valor, una cifra apenas superior a 1.000 millones de pesos.

El pasado 21 de diciembre de 2017 cuando comenzaba a acentuarse la crisis de la Universidad, la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad ( que salvo los representantes de estudiantes y profesores en el Consejo Directivo tienen los mismos integrantes) respaldaba de manera unánime la gestión del rector Ramses Vargas según publica la página web de la Universidad en dicha fecha. En esa fecha se nombraba a la señora Sandra Devia como presidenta de la Sala General de la institución. El comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento indicaba: “Dentro de los motivos de la Sala General para escoger a Devia, están su exitoso desempeño profesional, tanto en el sector público como en el privado. Además del acompañamiento que ha realizado, desde los inicios, a la administración del rector Ramsés Vargas Lamadrid en la institución. Devia es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe (Asiesca). La Sala la describió como una “persona leal, de confianza, una trabajadora comprometida con la institución y al servicio de ella”. (tomado de https://www.uac.edu.co/noticias-generales/item/3187-sandra-devia-fue-nombrada-como-la-nueva-presidenta-de-la-sala-general-de-la-universidad-autonoma-del-caribe.html).

Faltaba indicar en dicho comunicado que además de todas las virtudes teologales de la nueva presidenta de la Sala General, la misma también era contratista de la Universidad, tal como se demuestra con el contrato OJ-076- del 28 de marzo de 2016, mediante el cual se contrata al CONSORCIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES SAS con NIT 800.211-293-0 por $300.000.000. La señora Devia Camacho es la representante legal de tal sociedad, situación por la cual en la época que firmó y ejecutó ese contrato tuvo la doble condición de contratista y miembro de la Sala General y el Consejo Directivo de la Universidad. Y nadie podía decir nada porque para eso existe la autonomía universitaria.[1]

La veracidad de la anterior información puede verificarse observando los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles en cuestión (040-476402,040-491992 y 040-491993) y las respectivas escrituras públicas. Es una tarea de horas y en el peor de los casos de pocos días. Incluso sobre el lote 2, aquel cuya escritura firmó el actual Vicerrector del Medio Universitario la Fiscalía General de la Nación el 1 de diciembre de 2016 oficio para que se registrara la prohibición de enajenación. Dicha orden fue revocada con inusual velocidad el 22 de febrero de 2017.

Lo anterior simplemente para verificar que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Educación Nacional tienen en su poder los documentos y las pruebas para actuar en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe y sorprende que ante hechos tan evidentes como enajenaciones de inmuebles por valores irrisorios que no admiten mayor análisis no tomen ninguna decisión. Parecieran estar esperando que quienes participaron en las actividades que dieron como resultado la actual crisis de la Universidad se insolventaran y tercerizaran los frutos de sus “hazañas” para llamarlos a responder. ¿Será que pasara lo mismo que con Palacino de Saludcoop que ya cuando fue capturado por las autoridades lo único que tiene para responder por sus acciones es la ropa que tenía puesta el día de la detención.?

A todas estas, a los miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe no les pasa por la cabeza que la recuperación moral y económica de la Universidad depende de su retiro. Algunos de ellos nombrados por su cercanía con el anterior rector y sin ningún antecedente para tener esa dignidad se niegan a retirarse de sus cargos mientras que los más antiguos entienden que el problema no es con ellos y simplemente esperan que se calmen las aguas para seguir de manera vitalicia rigiendo los destinos de la entidad. Con la excepción de Orlando Abello quien renunció a todos los cargos en la Universidad y denunció penalmente al Secretario adulterador (él mismo que invitaba diariamente a actos religiosos a todos los miembros de la comunidad universitaria) nadie parece tener la intención de retirarse de su cargo. El Ministerio de Educación con base en las facultades que le confiere la ley 1740 de 2014 podría suspender a algunos de los miembros de la Corporación sobre los cuales tiene abundante material probatorio sobre sus comportamientos irregulares. Sin embargo, en la medida en que el tema desapareció de los medios de comunicación las acciones del Ministerio brillan por su ausencia y su papel de notario no colabora en nada a restablecer la confianza de los estudiantes, empleados y padres de familia.

A algunos amigos que todavía continúan en la Universidad como docentes quieren cargarles la responsabilidad por el futuro de la entidad. Lejos de que les deban meses de salario se les dice que deben seguir dando clase para salvarla. Muchos están dispuestos a hacerlo, pero dicho sacrificio tiene que tener como contraprestación que aquellos que por complicidad o ineptitud consintieron el saqueo del faraón se retiren de la Universidad. No puede cambiar todo para que toda siga igual. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiscalía no acaban de enterarse de estos temas. Su accionar debía responder a la expectativa que miles de familias tienen de continuar con la educación universitaria de sus hijos por la cual pagaron. El estado vegetativo en que están quedando las investigaciones de las autoridades competentes demuestran de hecho que nos encontramos ante un estado fallido que no hace respetar los derechos de los ciudadanos. Ojalá pronto nos demuestren que estamos equivocados.

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[1] Información tomada de la página 59 del Infome de Visita Administrativa  del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Autónoma del Caribe de Enero 30 de 2018.

Iván Duque y la agenda del pasado.

A dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia avanza con paso de vencedores la candidatura de Iván Duque. Tras el impulso recibido el pasado 11 de marzo en la consulta mediante la cual compitió por la nominación de candidato presidencial con Alejandro Ordoñez y Martha Lucía Ramírez, las encuestas menos favorables a su nombre lo sitúan a gran distancia de los demás candidatos, con posibilidades incluso de triunfar en la primera vuelta electoral.

Duque es un abogado de mi generación que asistió a las aulas universitarias con posterioridad al cambio constitucional de 1991. En lo personal, me parece una persona inteligente y preparada que realizó una tarea interesante como congresista, siendo conocidas sus posiciones políticas por las columnas que desde hace años publicaba en Portafolio. Para llegar a la nominación como candidato del Centro Democrático Duque inició desde hace algunos meses una transformación que comenzó con la alabanza constante a las ejecutorias de su “presidente eterno” en su doble periodo y continuo con hacer propios los principales planteamientos del dueño del partido y sus áulicos. La única manera de ganar la confianza de este grupo que todavía se estremece con la “traición” del presidente que eligieron en 2010 ha consistido en convertirse en el vocero público de las ideas del expresidente Uribe. Sabiendo que el Centro Democrático no es un partido político sino un bien de propiedad del expresidente, la repetición diaria de su credo parece la única manera de convencer a los votantes que no será un segundo Santos. A lo anterior, se suma la circunstancia de tener un adversario en el cual pueden integrarse todos los miedos de cierta parte de la sociedad: un exguerrillero que tuvo afinidades con Chavez y nos convertirá en Cuba. La subida en las encuestas de Gustavo Petro fue fundamental para el ascenso en la intención de voto de Duque, pues la disyuntiva que se le ha presentado a la población es Duque  o Venezuela, lo cual lejos de ser cierto produce una sensación de miedo en la cual los electores votaron y votaran para alejar el demonio de Maduro del país. En adelante la campaña consistirá en continuar presentando a los electores esa dualidad acompañada de las imágenes del candidato identificado como castrochavista en diferentes momentos de su vida en situaciones que demuestran que seremos otra Venezuela y con esa percepción llegara al poder el discípulo amado del expresidente Uribe.

Habiendo establecido la campaña en el escenario perfecto para el regreso al poder del expresidente Uribe, es necesario revisar algunas de las propuestas del candidato  Duque para confirmar que pareciera que Colombia se encontrara en la misma situación de hace dos décadas debido a que se formulan los mismos problemas y soluciones de aquellas épocas.

Una de las propuestas que reitera el candidato líder de las encuestas es el regreso a la penalización de la dosis personal de droga que fue abolida por la Corte Constitucional en la célebre sentencia de Carlos Gaviria de 1994. Esa idea que no ´pudo ser concretada por Uribe en sus dos periodos presidenciales, es defendida por escuderos de su organización como Fernando Londoño, quienes entienden que la desgracia del país está en no poder meter a la cárcel a todos los que encuentren con cualquier cantidad de droga sin importar su destinación ni cantidad. Haciendo a un lado la crisis de cupos del sistema penitenciario del país, la idea pretende criminalizar por igual a jíbaros y consumidores, en el entendido que si algunos de los primeros han adelantado su actividad por la no penalización de la dosis personal, la solución es eliminar por completo tal opción. La justicia colapsada se encargaría diariamente de realizar imputaciones de cargos a quien encuentre con cualquier dosis de alucinógenos. La derrotada teoría de enfocar el asunto de las drogas con represión en lugar de que sea un tema de salud pública tiene el peligro de volver para quedarse en el país con esta propuesta.

La estruendosa derrota del partido de las farc en las pasadas elecciones parlamentarias a pesar de las predicciones de aquellos que indicaban que el cartel de droga más poderosa del mundo con sus miles de millones de dólares encaletados iba a comprar votos por todo el territorio nacional no fue suficiente y es necesario seguir ventilando cambios en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Santos. No contentos con la podada que tuvo la justicia especial para la paz en la Corte Constitucional que convirtió estos tribunales en simples relatores de los hechos ocurridos en el último medio siglo de acuerdo al decir de sus actores (guerrila-fuerzas militares) y estableció que los particulares solo asistirían a esta Corte cuando su voluntad les indicara hacerlo, el candidato Duque propone que se reforme el acuerdo y se excluya a los miembros de las fuerzas armadas de la “justicia de las farc”, para lograr que nuestros héroes sean juzgados por la imparcial y oportuna justicia penal militar. La anterior propuesta va incluida dentro de un paquete en el cual se pretende eliminar el narcotráfico como delito conexo, abriendo la posibilidad de extraditar a los miembros de la guerrilla de conformidad con el capricho del todopoderoso ejecutivo. De esta manera, las farc aún desmovilizadas y políticamente derrotadas siguen siendo uno de los objetivos del centro democrático. No bastando con ver muerto al adversario, se debe desenterrarlo y volverlo a sacrificar para asegurar que el castigo sea adecuado.

A los anteriores principios se suma la idea de eliminar todas las cortes judiciales existentes y crear un único tribunal supremo en asuntos ordinarios, contencioso administrativos y constitucionales. En el  debate de Columbia Duque fundamentó su propuesta en los altos costos que tiene para el fisco el abultado número de magistrados. Uribe insiste en que la condena de la mitad de su gabinete se debe a una persecución política y la mejor manera de saldar esa cuenta es eliminando todas las cortes y creando una cuyos magistrados vitalicios sean elegidos por su movimiento. Este sería el primer paso para sepultar los avances en materia de derechos fundamentales del último cuarto de siglo además de lograr la cooptación del único poder que no pudo dominar en sus ocho años de poder el senador más votado de Colombia.

La segunda versión de las propuestas de menos impuestos directos y mayores garantías para los inversionistas extranjeros hacen parte del menú económico del candidato con mayores opciones para ser presidente. Los temas educativos y ambientales se mencionan en un segundo plano pues parecen propios de mamertos que se oponen al desarrollo del país.

Se suma a lo anterior, el lío del que tendrá el candidato para   pagarle su apoyo a extremistas de la calaña de Alejandro Ordoñez que estará dispuesto a seguirle prestando sus servicios al país desde algún cargo público. Esconder este tipo de personajillos en la nómina del Estado será otra tarea extenuante para el próximo presidente salvo que concuerden con el espíritu perseguidor y revanchista de personajes como el nombrado.

Así, dieciséis años después de la llegada al poder de Alvaro Uribe, las propuestas del candidato más opcionado para llegar a la presidencia son idénticas a las suyas. Guerra a lo que queda de las farc aunque estén de civil, persecución al consumo de droga y concentración del poder en manos del presidente.  Muchos de los temas que hoy propone Duque solo podrían concretarse vía reformas constitucionales, con lo cual,  en la eventualidad de integrar una mayoría parlamentaria importante, estaríamos a las puertas de la más importante contrarreforma que hubiera visto Colombia en el último medio siglo. Por evitar parecernos a Venezuela, el país está entregando un cheque en blanco a un grupo político que nos quiere regresar a la Constitución de 1886. A estas alturas, el único consuelo que queda es que Duque salga igual que Santos y cuando llegue al poder realice un gobierno sensato y equilibrado. La historia dirá si el perro se deja capar dos veces.

Uniautónoma y el abuso de la autonomía universitaria.

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía de la autonomía universitaria. Con base en ella, las universidades pueden seleccionar sus directivas y regirse por sus propios estatutos.  Este derecho de las Instituciones de Educación Superior (IES) busca garantizar su independencia a influencias externas para que logren alcanzar sus objetivos misionales relacionados con los derechos fundamentales a la educación, enseñanza, aprendizaje y la libertad de cátedra.

No obstante lo anterior, cuando las IES se utilizan con otras finalidades, la autonomía universitaria se convierte en un infranqueable escudo que dificulta las labores de inspección y vigilancia de esta clase instituciones y permite que sus directivos se conviertan en todopoderosos señores que no tiene otro límite que su capricho.

El ejemplo más reciente de lo anterior es la situación que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma). ( Con ésta Universidad estuve vinculado un poco más de tres años y termine mi vinculación en noviembre de 2016 por los continuos incumplimientos en los pagos de los salarios y aportes a la seguridad social). Uniautónoma es una importante Universidad del Caribe con medio siglo de vida que hace un lustro tuvo públicos inconvenientes por las acusaciones sobre su rectora, quien terminó condenada por el delito de soborno y en la actualidad es sujeto procesal de otras actuaciones penales, por los cuales responde desde su modesto hogar, tal cual se volvió costumbre para los delincuentes en Colombia. En su reemplazo fue designado el abogado Ramses Vargás quien renunció el día de ayer en medio de una gran polémica que se vive en el centro educativo por sus actuaciones como máximo responsable de la Universidad desde 2013. W Radio ha reemplazado con lujo de detalles en el último semestre a la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Educación y con un esmero digno de la mejor causa ha logrado poner al descubierto una serie de actuaciones y situaciones que generan más certezas que inquietudes. Sera la Fiscalía quien tendrá la última palabra deseando que esta vez realicen un curso previo de imputación de cargos para evitar que el juez de garantías deje en libertad a sus acusados, como se volvió costumbre desde hace un año.  Dejando de lado el tema penal y los garantistas procesos del Ministerio de Educación, es precios referirse a la manera como la Uniautónoma después de una reforma estatutaria realizada en el año 2016 pasó a ser de facto propiedad de una sola persona.

Uniautónoma es una Corporación que se rige por sus propios estatutos.  Sus órganos de dirección son la Sala General y el Consejo Directivo.  Desde finales del año 2015 comenzó a estructurarse por el rector y sus asesores una reforma a los estatutos de la Corporación con la finalidad de ajustar los mismos a las necesidades de la acreditación institucional buscada por todas las Universidades del país. Después de varios requerimientos del Ministerio por correcciones de la reforma presentada, ésta fue aprobada por el Viceministro de Educación Nacional mediante la Resolución 16835 del 19 de agosto de 2016.

Entre las reformas realizadas se destacan la significativa disminución en la calidad de los requisitos para ser rector de la institución, el aumento de su periodo a diez años y la posibilidad de reelección indefinida. De la misma manera se redujeron al mínimo los  requisitos para ser miembro de la Sala General y del Consejo Directivo. De esta forma, la Sala General paso a quedar integrada por dos clases de miembros: activos y honorarios: los primeros con derecho a voz y voto y los segundos solo con derecho de voz. El periodo de los miembros activos es indefinido, lo cual quiere decir que solo pierden su calidad por su fallecimiento mientras que los miembros honorarios tienen un periodo de 3 años que puede prorrogarse indefinidamente. El Consejo Directivo de la Universidad está integrado por los miembros activos de la corporación, más tres representantes de la Sala General que no pueden ser otros que los miembros honorarios,  a los cuales e agregan un represente de estudiantes y otro de profesores. ( Para asegurar unanimidad total, coincidió que como representante de los estudiantes fue elegida una funcionaria de la entidad que estudiaba al mismo tiempo una carrera de pregrado)}

La elección de miembros de la corporación se realiza por cooptación. Con la reforma estatutaria aprobada y con la posibilidad de elegir miembros activos de la corporación que tendrían como duración en el máximo órgano de decisión de la Universidad el resto de su vida, el 16 de Octubre de 2016 ingresaron en esa calidad a la sala general: Orlando Abello, Director del Centro de Conciliación, María Cristina Vargas, prima del rector y Directora del Programa de Derecho, María Helena Hernández, esposa del rector, Electo Rivera, funcionario de la Universidad y amigo del rector, Winston Vergara, amigo del rector, Alvaro Vargas Osorio, tío del Rector, Pedro Sierra, Vicerrector Administrativo, escudero del Rector, Sonia Lamadrid, madre del Rector. A ellos se unió un par de meses después Patricia Pinilla, funcionaria de la administración Guette que continuó prestando sus buenos oficios en la administración. Vargas. Ellos se unieron al señor Ramses Vargas, Sandra Devia y Efraín Maldonado, quienes desde 2013 alumbraban con su integridad a la Sala General. Aparte de los anteriores, cuatro miembros fundadores continuaban ejerciendo sus funciones.  Por tanto, es claro que el Rector con la reforma realizada y la constitución de la categoría   de miembros activos vitalicios de la fundación se quedó con el control absoluto de la entidad al tener injerencia directa sobre 12 de los 17 miembros de la corporación.

Con papi, mami, tío, esposa y amigos de miembros vitalicios de la máxima instancia de decisión de la Universidad Autónoma del Caribe el poder en cabeza del rector se concentró de una forma que envidiaría el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, para evitar la incomodidad de solicitar la autorización de la Sala General para la realización de actos y contratos, se estableció que la misma era necesaria únicamente para negocios que superaran los 1.455 salarios mínimos legales mensuales (Una suma superior a los 1.100 millones de pesos de hoy). Eso explica la razón por la cual las últimas ventas cuestionadas ni siquiera tienen aprobación de los órganos de dirección de la Universidad.

El señor Vargas renunció el 1 de marzo de 2018 a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe pero no a su calidad de miembro activo de la corporación. Debido a la influencia que tiene sobre los familiares y amigos que vinculó como miembros activos y de facto vitalicios en la corporación es hoy quien ejerce el poder sobre las decisiones que se adopten en este centro educativo. El ingreso de dos nuevas personas a la corporación en calidad de miembros activos y la elección de Victor Armenta como Rector no pudieron realizarse sin el consentimiento del propietario de los votos vitalicios de la máxima instancia de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe. 

El nuevo Rector si bien deberá acatar las directrices del Ministerio de Educación no está sujeto a investigación alguna. La demora del Ministerio en el inicio de sus investigaciones permitió que se realizara este enroque que solo tiene como objetivo entorpecer las actuaciones de las autoridades.

Pareciera que la anunciada refundación con la cual se publicitó toda la gestión de Vargas en los últimos 5 años consistió en valerse de la autonomía universitaria para diseñar una institución que solo respondiera a sus órdenes.  Fue tan exitoso el diseño realizado por el refundador que si el Ministerio de Educación no hace uso de las facultades  que le concede la ley, su influencia perdurará en la Autónoma por los siglos de los siglos. Como todo un faraón.

El fiscal de bolsillo

Cuando el año pasado se comenzó a conocer la magnitud del escándalo por los sobornos entregados por la firma Odebrecht en Colombia, uno de los socios de negocios de la misma, decía socarronamente en una asamblea de accionistas de alguna de sus empresas , que él se acaba de enterar de esa noticia, comentario que fue celebrado ruidosamente por sus áulicos y dependientes en dicha reunión. Sarmiento hacía eco de las palabras que había pronunciado días atrás el propio presidente Santos quien aseguraba jamás haber sido enterado que la firma brasileña dio sustanciales aportes a sus campañas presidenciales de 2010 y 2014.  De esta manera, el presidente de la república notificaba a los colombianos que no sabía con la plata de quien se había financiado su campaña y el hombre más rico de Colombia informaba que desconocía los pormenores de la manera en que había adjudicado uno de los contratos de infraestructura más grandes de la historia del país. Veinte años después del escándalo de la financiación de la campaña de Ernesto Samper por el Cartel de Cali en el que se hizo celebre la expresión “a mis espaldas”, dos importantes figuras nacionales aceptaban la misma defensa del Elefante, “si ocurrió, jamás me enteré y por tanto no debo responder.” 

Mientras en Perú, Panamá, Brasil y Ecuador son procesados importantes empresarios e incluso presidentes y expresidentes de la república, en Colombia con gran alborozo la fiscalía registra la captura de un “sacamicas” de alto nivel como Otto Bula y de funcionarios de tercer y cuarto nivel.  La fiscalía es presidida por un abogado que tuvo comprobada participación en los temas que se investigan: Fue abogado de los delincuentes de Odebrecht y sus socios y también ejerció como servidor público en instancias en que se resolvían solicitudes a éstas personas jurídicas por parte del Estado colombiano. Lo que en cualquier lugar del mundo sería un impedimento del tamaño del océano en Colombia es apenas una anécdota de esas que cuenta el dueño de medio país en sus asambleas. Si Saludcoop y sus propietarios tuvieron fiscal de bolsillo cuatro años no se entiende las razones por la cuales Sarmiento no tendría derecho a tener el suyo propio por un periodo igual. El único denunciante de tan evidente colusión ha sido el senador Jorge Robledo, quien junto a Claudia López ha hecho pública tal situación sin siquiera provocar sonrojo entre poderdante y apoderado.

Sobra decir que el prócer que hoy ocupa la fiscalía fue designado por el periódico de propiedad de su más importante mandante como personaje del año 2017 por su inigualable aporte a la lucha contra la corrupción. Con esa designación, el periódico del Grupo Aval confirmó a sus lectores que desde hace ocho años responde a intereses empresariales por encima de románticos intereses periodísticos. El inexistente cubrimiento por parte del mayor diario del país del derrumbe del puente de la vía Villavicencio Bogotá es una muestra reciente de su ¨política editorial”. Un ejercicio de clase sería comparar ese cubrimiento con el realizado por la tragedia del Edificio Space en Medellín para hacer una reflexión sobre equilibrio en la información.

Desde la expedición de la ley 50 de 1990 y la creación de los Fondos de Cesantías se inició la expansión del grupo económico más grande del país en la actualidad. Cuando por motivos legales no se pudo seguir incrementando el dominio del sector bancario, la infraestructura se convirtió en un sector a conquistar gracias a las reformas del hoy candidato Vargas Lleras quien diseñó unas normas que provocaron la mayor concentración de contratación pública en manos de pocas personas que recuerde la historia de Colombia. La adquisición del diario El Tiempo a la familia del actual presidente permitió que la agenda nacional se maneje al ritmo de las conveniencias del grupo. En esa captura del Estado, la fiscalía era uno de las pocas instituciones que faltaba amansar. La manera como se han desarrollado las investigaciones de los últimos meses han demostrado que tener a su apoderado más prominente como Fiscal ha sido otra brillante jugada del  cerebro de la organización. Por eso, la diferencia entre los investigados e imputados en Brasil y Colombia.

La caída del puente Chilajara no es un episodio normal ni justificable. La concesión de la vía Bogota Villavicencio está cerca de completar venticinco años con los peajes más caros del país y sin esperanza alguna de pronta terminación. La defensa del concesionario en cabeza del presidente fue desafortunada e inoportuna. El silencio de la fiscalía, tan diligente en casos como la avalancha de Mocoa, es sorprendente. Y la ligereza con la cual los medios trataron el tema es apenas comprensible. Los hechos de Chilajara demuestran quienes son los verdaderos dueños del país y como sus pecados son absueltos incluso antes que los confiesen.

Ese malestar que atraganta a los lectores de noticias pareciera comenzar a tener eco en las encuestas para las próximas elecciones. Nos venden cualquier expectativa de cambio como un salto al vacío aprovechando la comparación con la tragedia venezolana pero se guardan de explicarnos que en esta “perfecta república” se ha convertido en un lugar propicio para que saquen ventaja todos los que buscan abogados para los cuales la ética no tiene nada que ver con el derecho.